Este miércoles, la Cámara de Diputados se encontrará en situación de aprobar una reforma a la ley 24.557. Promulgada en octubre de 1995, dicha ley creó un sistema de seguros de trabajo obligatorios que tenía por meta sustraer al empleador de toda responsabilidad legal relativa a las condiciones de trabajo e higiene. Más de quince […]
Este miércoles, la Cámara de Diputados se encontrará en situación de aprobar una reforma a la ley 24.557. Promulgada en octubre de 1995, dicha ley creó un sistema de seguros de trabajo obligatorios que tenía por meta sustraer al empleador de toda responsabilidad legal relativa a las condiciones de trabajo e higiene.
Más de quince años después, el sistema creado por la normativa menemista se encuentra en crisis. Alrededor de una decena de artículos de la misma -entre los que cabe destacar el artículo 39, que buscaba eximir de responsabilidad civil a los contratantes debidamente asegurados- se encuentran suspendidos por diversos fallos judiciales. El más saliente de los mismos, de septiembre de 2004, es el «fallo Aquino«, por el cual la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró inconstitucional dicho intento de eximición.
Normalmente, la reforma de una ley de este tipo sería motivo de alegría. Pero lamentablemente no es el caso, ya que el proyecto que se encamina a aprobar la Cámara de Diputados es aún peor que el esquema vigente por defecto. En primer lugar, por lo que omite: no hay ninguna cláusula vinculada a la cuestión de fondo, es decir, la prevención de los accidentes de trabajo por medio del establecimiento de correctas normas de higiene y seguridad. Tampoco se prevén mecanismos de control de las mismas. Por otro lado, diversos analistas han considerado exigua la lista de enfermedades laborales reconocidas por la iniciativa, lo cual derivaría en una cobertura sumamente restringida.
El nudo de la problemática reside, sin embargo, en otra parte. El problema central de la normativa menemista residía en la creación de un sistema de operadores e intermediarios que lucraban con la prestación de servicios médicos e indemnizaciones tendencialmente insuficientes. Según el diario Tiempo Argentino, en su edición del 27 de mayo del corriente año, las ganancias de estos operadores rondaron, sólo en 2011, $ 12.700 millones, totalizando $ 45.182 millones en los últimos diez años, lapso en que estos ingresos aumentaron casi un 1500 por ciento.
Este esquema obsceno continúa e incluso empeora con la reforma propuesta. El Poder Ejecutivo alega que el actual proyecto intenta subsanar el bache generado por el fallo de los Supremos, que habría derivado en una litigiosidad indebida por parte de los trabajadores. En respuesta, la iniciativa a tratar genera un mecanismo de actualización de las indemnizaciones, mientras que, en su faceta más polémica, suprime la llamada «doble vía», por la cual un trabajador podía cobrar la liquidación de la ART respectiva y proseguir con la acción legal contra su empleador. A partir de ahora, si el empleado acepta la liquidación de la aseguradora, tendrá en principio vedada toda acción posterior. Si decide, en cambio, encarar la acción legal, no sólo no cobrará siquiera la suma que según la propia ART le corresponde, sino que deberá llevar el proceso por intermedio del fuero civil, renunciando involuntariamente a las ventajas protectivas que le otorga el derecho laboral, resumidas en la fórmula latina in dubio pro operario.
Rechazado por la CTA que lidera Pablo Micheli, por la CGT que responde a Hugo Moyano, y más tibiamente, por la fracción de sindicatos oficialistas que representa Hugo Yasky, el proyecto recibió, de todos modos, una holgada media sanción en el Senado el pasado 3 de octubre. Indudablemente, la fractura del movimiento obrero y la incapacidad de muchos de sus referentes de superar diferencias de tenor político le ha jugado en contra en esta ocasión.
Pero no sólo los representantes del mundo del trabajo rechazaron la iniciativa. La Asociación de Abogados Laboralistas presidida por León Pasiek ha dado a conocer en los últimos días un durísimo documento contrario al proyecto. Sin embargo, todo indica que este «engendro de la UIA«, como lo llamó un conocido periodista durante su más reciente diatriba contra el sindicalismo peronista, será ley. Con ello, el país habrá retrocedido más de diez años en materia de legislación laboral, justo en la línea del modelo flexibilizador neoliberal del cual el Sistema de Riesgos de Trabajo ha funcionado como buque insignia. Como reza el conocido candombe, Nunca Menos.
Ezequiel Meler, Profesor de Historia, UBA.
Fuente: http://hoydia.com.ar/-secciones/notas-especiales/item/15039-un-gui%C3%B1o-a-la-uia.html