Así lo expresó el ministro Dujovne ante un grupo de especuladores de Wall Street. También el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó el plan «reformista» y explicó la necesidad de hacerlo cuanto antes. La propuesta fue acompañada por los empresarios al momento de conocerse la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. El titular de […]
Así lo expresó el ministro Dujovne ante un grupo de especuladores de Wall Street. También el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó el plan «reformista» y explicó la necesidad de hacerlo cuanto antes.
La propuesta fue acompañada por los empresarios al momento de conocerse la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. El titular de COPAL (Alimentación), Daniel Funes de Rioja, se mostró favorable a encarar una reforma laboral y pidió «mirar las cosas de acuerdo con el siglo XXI».
El vicepresidente de la UIA consideró que «no se puede tener un sistema laboral respondiendo a las necesidades de la primera y segunda revolución industrial» y criticó las «resistencias al cambio» por parte de diversos sectores.
El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, consideró que para «enfrentar el desafío» que, a su criterio, representa el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea «hará falta una modificación profunda del sistema laboral argentino, reduciendo los enormes costos laborales; transformando el incoherente sistema judicial laboral, que dio lugar a la industria del juicio; eliminando el complejo entramado gremial; actualizando los convenios colectivos; aggiornando totalmente las relaciones laborales en la Argentina y eliminando las trabas y sobrecostos en los servicios».
El empresario Martín Cabrales aseguró que «hay que impulsar una reforma laboral y otras tantas que permitan bajar los costos«. En ese sentido aseguró: «Queremos que haya mayor flexibilización. Que sea más fácil despedir y contratar gente«.
Por su parte, el Frente Sindical para el Modelo Nacional que agrupa a Camioneros, Bancarios, SMATA, los gremios de la Corriente Sindical Federal y ambas CTA, rechazó el acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea adelantado por el macrismo a la opinión pública. Se dirigió además a la propia CGT para señalar la necesidad de constituir una única central obrera que contenga a todos los gremios y sectores del trabajo para fortalecer los reclamos del gremialismo opositor y exigir la declaración de la emergencia ocupacional, que implica el cese de los despidos, la reincorporación de los cesantes y la instalación de la doble indemnización. Reclamó además que haya emergencia alimentaria y de salud para atender en lo inmediato a situaciones como las que han llevado a la muerte de cinco personas por la ola de frío. Se reclama la actualización del salario mínimo vital y móvil, aumento de jubilaciones y pensiones y el cese retroactivo del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo. Y anunció que habrá protestas contra el gobierno en julio como parte de un plan de manifestaciones y acciones coordinadas con la oposición parlamentaria en rechazo a las iniciativas de reforma laboral.
«No sé para qué quieren reforma laboral si con la devaluación que hubo hoy un trabajador está cobrando un 50% de lo que cobraba el año pasado», advirtió el titular del gremio SMATA, Ricardo Pignanelli, y agregó: «Cuando los servicios están en dólares, cuando los combustibles están en dólares y la canasta familiar está en dólares, ¿de qué reforma laboral me quieren hablar? No sé, por ahí quieren que un laburante trabaje 18 horas por día. Parece que la evolución es volver a la Prehistoria».
«Los costos del trabajo en Argentina son muy altos por fuera del salario, no es que los salarios son demasiado altos porque evidentemente no lo son pero alrededor del salario están adosadas muchas cosas que se fueron sumando en las últimas décadas que nos han quitado competitividad sobre todo a las empresas chicas, a los restoranes, a los comercios, a las pequeñas pymes que les cuesta contratar gente por estos altos costos que hay asociados al salario», argumentó Hernán Iglesias Illa, responsable de la Comunicación Estratégica de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Para el Gobierno no es necesario tocar las paritarias, sino «afectar quizás ciertos aportes por encima de los obligatorios que tienen algunos convenios colectivos, de cómo calcular algunos beneficios, de cómo calcular unos aportes a la caja jubilatoria».
Pichetto dixit: De eso no se debe hablar
El precandidato a vicepresidente por Juntos Somos el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, subrayó que la reforma laboral «es una palabra que no se debe usar» porque «los trabajadores la identifican con procesos de ajuste y despido», ante lo cual consideró que se debe avanzar en «un acuerdo económico-social» entre sindicatos y empresarios.
Semanas atrás, el periodista Marcelo Bonelli informó en el Canal Todo Noticias: «informes de Wall Street dicen que Pichetto es garantía de futuras reformas estructurales», aclarando que dichas «reformas» eran la previsional y la laboral, dos iniciativas centrales del programa político-económico de Cambiemos que se vieron truncadas por la movilización popular. «Esto que sabían JP Morgan, CITI BANK, Unión de Bancos Suizos, ahora también lo sabés vos», agregó el conductor.
Pichetto ya había dejado en claro su postura respecto a la necesidad de una reforma laboral: «Es imprescindible». En el MALBA, durante la tercera edición del ciclo «Democracia & Desarrollo», que se desarrolló bajo el título «Argentina en un año clave: desafíos internos y externos», en relación a cuáles deberían ser los consensos de cara a la generación de puestos de trabajo, el precandidato oficialista ejemplificó: «Hay modelos expansivos dignos de ver, como en Vaca Muerta, donde el sindicato aceptó reformas positivas».
A comienzos de 2017, Guillermo Pereyra, Secretario General de Petróleo y Gas Privado, había acordado con el Gobierno la modificación del Convenio colectivo para el yacimiento neuquino, quitando beneficios y flexibilizando a los trabajadores.
«Acuerdos de este tipo necesitamos en todo el país», dijo el presidente el 10 de enero de 2017, en el acto de presentación del pacto entre petroleras, gremios y gobierno en Vaca Muerta. El anexo de 25 artículos al Convenio colectivo habilitó cambios en los esquemas de trabajo, extendió las jornadas laborales, generalizó los contratos a término, eliminó el pago por «horas taxi» -tiempo de traslado- y modificó las condiciones de operación nocturna y bajo rigores climáticos.
Al momento de la presentación, las petroleras estimaron que la flexibilización les permitiría reducir entre un 30 y 40% los costos laborales. Este ahorro «derramaría», dijeron, en un incremento de las plantillas de los empleados.
«En Vaca Muerta este año trabajan 30.000 personas […] el año que viene van a ser 80.000 y en un par de años va a ser medio millón de personas trabajando en generar energía para los argentinos y para el mundo», afirmó Macri el 18 de julio de 2018, durante una visita a los yacimientos neuquinos. La realidad, como es habitual, desmiente el pronóstico presidencial. En la actualidad el ministerio del Trabajo contabiliza unos 84.000 trabajadores registrados en «Explotación de minas y canteras», la rama de actividad que incluye a los trabajadores petroleros de todo el país. Apenas un 5% más que los 80.000 empleos que se registraban en enero de 2017, cuando se firmó la flexibilización.
El módico incremento en la tasa de empleo contrasta con las supertasas de producción y ganancia empresaria. En febrero de este año el yacimiento registró un incremento del 193% en la producción de gas y petróleo. Para la misma época, Tecpetrol (del Grupo Techint, la principal operadora privada en Vaca Muerta) declaró un aumento del 338% en sus ganancias anuales.
Por el contrario, la desigualdad salarial «derrama» en pobreza. El Índice del Precio al Consumidor marca una fuerte distorsión en los precios de los productos de consumo masivo y la vivienda, que se incrementan al ritmo de los salarios petroleros y se alejan del poder adquisitivo del resto de la población.
Mientras el salario promedio de la industria petrolera se ubica en $ 144.000, en la construcción es de $ 42.000, en gastronomía de $ 23.000, en docencia $ 21.000 y $ 28.000 en turismo.
El «derrame» flexibilizador también trajo muerte. En el último año se registraron ocho incidentes fatales en Vaca Muerta. Los trabajadores y especialistas relacionan el aumento de «accidentes laborales» a la reforma que permite contratar personas de escasa o nula formación, propicia las multitareas, modifica los cronogramas de descansos y provoca excedentes de horas trabajadas. O sea: los operarios murieron por falta de capacitación y cansancio, mientras las petroleras y sus contratistas embolsan ganancias récord apalancadas con subsidios estatales.
La Bancaria vs Mercado Libre
Como ya se había esbozado el 20 de junio cuando aprovechó un acto oficial del Día de la Bandera para criticar al camionero Hugo Moyano, Mauricio Macri volvió a subir a su ring a los sindicalistas para hacerlos parte de la campaña electoral.
Macri se refirió al conflicto que enfrenta al gremio bancario, que conduce Sergio Palazzo, con la compañía Mercado Pago, de Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre.
«Ese señor es otro prepotente, Palazzo, y quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente, porque ahora hay gente que en estas plataformas digitales nuevas puede colocar su dinero a interés por día, y vamos todos a pagar en forma electrónica», disparó Macri.
«La Argentina va rumbo a que en los próximos meses todos paguemos con el teléfono; la verdad es que el Gobierno va a estar apoyando estos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras, que tiene esta persona Palazzo», expresó.
La ira del Presidente se disparó cuando el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, enfatizó: «Lo que sostengo es que los trabajadores de las empresas fintech tienen que estar encuadrados dentro de las relaciones de trabajadores bancarios. Lo cual les representaría un sueldo mayor, condiciones mejores de las que tienen, y obviamente el sector empresario está negando esa posibilidad (por lo que veo en sus declaraciones), porque tiene un costo mayor para ellos. En realidad son trabajadores bancarios porque venden productos financieros, los ofrecen y los operan, y están desarrollando una actividad que es estrictamente bancaria».
«Claramente acá no hay una discusión respecto a la forma, los modos o a una declaración respecto a encuadramiento: acá hay una discusión de fondo que está sosteniendo un empresario emblemático como es el denominado ‘unicornio azul’ que es Mercado Libre y su dueño, porque es el abanderado del proyecto de flexibilización laboral que tratan de imponer en la Argentina», agregó Palazzo.
«Recordemos que hay un video muy claro de 2018 donde este empresario les habla a sus trabajadores y les dice (sabiendo que la inflación terminó siendo 47,5%), que ‘si no aceptan un 5% de aumento salarial ustedes no tienen que estar trabajando en esta empresa porque el salario no es importante’. Esta es la política que buscan», finalizó.
Galperín, a quien le sobra prensa desde los grandes medios, no tardó en responder: «Repudiamos el camino de la violencia verbal y las amenazas que dificultan el desarrollo de la industria en el país».
No es la primera reacción antisindical de Galperín. En el invierno de 2011 se desató un conflicto en la sede de Costa Salguero. La empresa despidió a Elina Escudero y otros trabajadores que se habían presentado para conformar la primera Comisión interna en la historia de Mercado Libre. La empresa tenía a la mitad de sus trabajadores en el convenio de Empleados de Comercio, pero no quería aceptar ni la elección gremial ni tampoco el aumento pactado por el gremio. La justicia laboral llegó a ordenar la reincorporación de las y los despedidos. Ocho años después, Mercado sigue Libre de delegados.
En marzo de este año el conflicto fue con Camioneros. Los Moyano reclamaron el encuadre de quienes realizarían las tareas en el nuevo centro logístico de la empresa en el Mercado Central. Pero Galperín se negó y llegó a un acuerdo con el Sindicato de Carga y Descarga para encuadrar a 80 jóvenes de entre 20 y 23 años, la mitad varones y la mitad mujeres. «Queremos bajar el tiempo de entrega a 48 horas, como Brasil y México» dijo ML para promocionar su lanzamiento.
Escribe Lucho Aguilar en La Izquierda Diario: «Mercado Libre es parte de lo que algunos llaman «capitalismo de plataformas», igual que las famosas Rappi y Glovo. Como dice la periodista Natalia Zuazo, «las plataformas online son las fábricas de la era de las redes y las empresas con mayor valor del mundo. Apple, Facebook, Google, Amazon, Mercado Libre conectan a consumidores y productores para intercambiar bienes, servicios y trabajo, a cambio de una ganancia. Al hacerlo, crean mercados con sistemas de pagos, tecnologías y hasta sistemas de reparto que trabajan para ellas. El valor de las compañías no reside en el software, sino en las redes de usuarios y los datos».
Galperín ha logrado montar un modelo de negocios que imita en parte al Amazon de Jeff Bezos. Aprovechan las nuevas tecnologías para crear un sistema de comercio y distribución continental, que se valoriza por la cantidad de datos que manejan de millones de usuarios. Pero además, de una precarización brutal de sus trabajadores y trabajadoras. Las huelgas en Amazon en los últimos años han desnudado las condiciones en que trabajan cientos de miles, sobre todo de mujeres y jóvenes.
Lejos del verso del emprendedurismo y el liberalismo, Mercado Libre y las empresas «Fintech» reciben de parte del Estado exenciones impositivas, evitan contribuciones a la seguridad social, hay leyes que los favorecen y siempre consiguen otros beneficios».
Desde la Asociación Bancaria denuncian que:
- Hay violencia laboral en Mercado Pago, comenzando por la violencia del fraude que supone negarle las condiciones de nuestro Convenio Colectivo a sus trabajadores, imponiéndoles salarios y otras condiciones laborales que las que corresponden.
- Lo mismo sucede con los trabajadores de las empresas denominadas Fintech y de otras plataformas digitales que de manera abierta o encubierta tienen por actividad principal real la financiera.
- Estas entidades operan sin el necesario control para salvaguardar el interés público, los derechos de los usuarios y del patrimonio de los terceros que en definitiva están administrando. Esas entidades se apropian sin consentimiento, control y debido resguardo de datos personales de millones de personas, con riesgo cierto para las personas físicas y jurídicas involucradas en sus operaciones. Las mismas pueden suponer incluso maniobras de elusión tributaria, e incluso de lavado de dinero.
- Se expanden, además, gracias a irresponsables exenciones tributarias y elusión consentida de contribuciones a la seguridad social, inclusive del 50% del impuesto a las ganancias que, como impuesto al salario, pagamos los trabajadores en forma íntegra.
- El gobierno y el Banco Central siguen haciendo concesiones gratuitamente, sin contrapartida y sin control de la actividad financiera, que constituye un servicio público, pues a través de ella se multiplica, e inclusive se suplanta, la emisión de moneda que es una función indelegable del Estado, con beneficio para grandes grupos financieros.
La respuesta de Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre fue atacar al gremio, «frente a las declaraciones del secretario general de la Asociación Bancaria, Mercado Pago repudia el camino de la violencia verbal y las amenazas que dificultan el desarrollo de la industria en el país. Y aclara: Mercado Libre nace con el propósito de democratizar el comercio en la región a través de la tecnología. Gran parte de los servicios financieros que brinda Mercado Pago son de apoyo al ecosistema de comercio electrónico; por ejemplo, procesamos pagos que facilitan el comercio online y en el mundo físico, otorgamos créditos de capital de trabajo y de consumo, etc. La Asociación Bancaria es un sindicato de actividad y no de oficio/profesión, y como la actividad principal de Mercado Libre es el comercio, cualquier reclamo de encuadre queda sin base legal».
En la Argentina ya hay operando más de veinte empresas que ofrecen servicios financieros -como préstamos o diversas inversiones- sin ser consideradas bancos o sin estar reguladas como tales.
Para finalizar, desde el gremio bancario expresan que van a «continuar con las acciones para garantizar los intereses de todos los trabajadores que se encuentran representados por nuestra organización sindical, incluso los que laboran en las citadas empresas».
Por otro lado, también anunciaron que seguirán «reclamando que el Congreso de la Nación revise las situaciones que aludimos, pues hasta el momento no nos ha escuchado».
La mediática pelea entre el líder de los bancarios, Sergio Palazzo, y Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, en torno al encuadre de los empleados de Mercado Pago volvió a poner en el centro del debate a la legislación laboral y en particular a los Convenios colectivos de trabajo.
El secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, salió a dar la versión oficial: «Palazzo quiere que los trabajadores de las fintech se rijan por un Convenio firmado cuando no había computadoras, no había teléfonos móviles, ni cajeros automáticos», disparó el reemplazante de Jorge Triaca.
En medio de una nueva embestida del gobierno por concretar la Reforma Laboral, el secretario general de la Federación de Empleados de la Industria del Papel, Ramón Luque, cuestionó duramente a las empresas que al sumar nuevas tecnologías en sus establecimientos «sólo piensan en obtener mayores ganancias» y no reparan en «precarizar la relación laboral y expulsar mano de obra», teniendo como resultado «cientos de trabajadores que quedan en la calle sin el beneficio de una obra social o una jubilación».
Así, el líder papelero expresó un profundo rechazo a toda «imposición» de parte de las empresas que signifique la «alteración de las condiciones de trabajo, violando Convenios de trabajo y leyes laborales que resguardan a los trabajadores».
Al mismo tiempo calificó de «desafortunados» los intentos del sector empresario de imponer sistemas de trabajo de los años 40 en pleno siglo XXI, que lejos de ser avances e invenciones son viejas metodologías para oprimir al trabajador» porque «si una máquina está diseñada para producir 1.000 toneladas, por más esfuerzo que un trabajador realice no logrará producir 2.000».
En ese sentido Luque afirmó que «no debemos permitir que se asocie innovación tecnológica a propuestas retrógradas innecesarias. Todo desarrollo debe servir para beneficiar a la comunidad toda, poniéndose énfasis en los más débiles y de menores recursos». Frente a esta «revolución industrial» debemos encontrar la «fórmula para controlar sus efectos negativos».
Actualización de los Convenios de Trabajo
Según las estadísticas que publicaba anualmente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, desde 2005 hasta 2017 se negociaron por año entre 1.500 y 2.000 acuerdos colectivos. Un número muy importante que se compone de pactos por actividad o sector, de acuerdos en el ámbito público y también entendimientos por empresa o establecimiento productivo. Este universo genera que una porción mayoritaria de quienes trabajan (concretamente 9 de cada 10 asalariados) lo haga tutelado por un Convenio colectivo.
Un estudio realizado por el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) señala que «hasta 2014 se habían contabilizado 506 convenios activos sectoriales o de actividad». Esos pactos que regulan las condiciones laborales «generalmente actualizan anualmente sus salarios a través de acuerdos colectivos, además de introducir otros temas no salariales aprovechando la constitución de las comisiones paritarias».
Al analizar la composición de esos 506 convenios, se percibe que el 54 % (273) fueron pactados entre 2003 y 2014, el 22 % (111) fue firmado en la ronda de negociación de 1975, el 14 % (73) proviene de paritarias concertadas en la década de los noventa y un 10 % (49) corresponde al período 1988-1990, cuando se reinstaló la negociación colectiva en la Argentina, después de la prohibición que impuso la dictadura y que se extendió durante los primeros cuatro años del gobierno democrático.
Entonces, más de la mitad de los convenios sectoriales activos resultan relativamente nuevos, ya que son fruto de la etapa que se inauguró en 2003 cuando se reactivó la negociación colectiva. Estos convenios del «Siglo XXI» son, en algunos casos, renovaciones para un mismo ámbito de aplicación que emergieron como consecuencia de actividades económicas dinámicas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información como, por ejemplo, las telecomunicaciones. Mientras que otros son resultado de la constitución de nuevas unidades de negociación de sectores débilmente regulados o directamente sin regulación. Eso se dio en los casos de los remiseros y los motoqueros, por ejemplo.
A pesar de representar un porcentual menor sobre el total, todavía sostiene un considerable peso específico en el mercado laboral la ronda de negociación de 1975. Eso tiene que ver con que se conservan vigentes Convenios colectivos de muy amplia cobertura como los de Comercio, Sanidad, Bancarios, Metalúrgicos y Construcción que alcanzan a algo más de 2 millones de trabajadores. Estos CCT tuvieron una intensa actividad de «retoques» en los cuales se introdujeron nuevos contenidos laborales y se adaptaron sus regulaciones a las nuevas realidades productivas y necesidades de los trabajadores.
El mismo estudio del CETyD también explica que todos los convenios sectoriales, incluso los vigentes desde hace cuatro décadas, sufrieron adaptaciones desde el inicio de la ronda paritaria de 2003 abordando alguna o varias de estas categorías: Condiciones de trabajo; Capacitación y formación de los trabajadores; Seguridad de los trabajadores en el proceso productivo; Regulación de las relaciones con los sindicatos; Ampliación de derechos para colectivos discriminados (mujeres, discapacitados, etc.); Nuevas categorías laborales.
Aunque todavía sobreviven situaciones absurdas como la presencia de un «plus por computación» en actividades que ya son casi totalmente digitales. Sin embargo esas excepciones están lejos de ser regla y son una causa más para pedir la profundización de una negociación colectiva que generó el piso de derechos más alto de América Latina y que es sistemáticamente atacada.
Fuentes: Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, El Destape, Ambito Financiero, Redacción Canal Abierto, InfoGremiales y La Izquierda Diario.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.