El cambio en el Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas por Daniel Scioli y, en el Ministerio de Economía, de Martín Guzmán por Silvina Batakis, abre una nueva etapa en el gobierno de Alberto Fernández.
En el primer caso, se propiciaba una inserción exportadora concentrada en pocos rubros de la actividad económica, que son a su vez fuertemente liderados por grandes corporaciones, dado que alrededor de 70% de las ventas externas totales es controlado por las 200 empresas más grandes del país y, el 75% de las importaciones lo realizan 600 empresas [1].
Paralelamente, Martín Guzmán ejecutó un severo plan de ajuste fiscal propiciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), aún antes de firmar el acuerdo de marzo 2022. Recordemos por ejemplo que no pagó la cuarta cuota del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en diciembre de 2020 y que redujo el déficit fiscal del 8,34% del PIB en el año 2020 a 3,78% del PIB en el año 2021.
En un documento oficial “El desarrollo productivo en la Argentina post-pandemia” de octubre de 2020, Matías Kulfas y su equipo afirmaban que el problema argentino es la falta de un Estado inteligente que, mediante políticas de fomento y mecanismos de coordinación, apuntale la integración productiva traccionada centralmente por sectores con ventajas comparativas estáticas, donde muy pocos tienen superávits estables: la producción primaria de los sectores agropecuario y minero, la industria alimenticia y especialmente el complejo oleaginoso-cerealero que son las principales fuentes de divisas.
Lo que nunca se preguntaron Kulfas y su equipo fue cuánta mano de obra demanda por ejemplo una tonelada de soja o maíz (incluso su industrialización), qué efecto multiplicador tiene hacia el resto de las producciones y, menos que menos, cómo impacta su exportación en el precio de los alimentos en el mercado interno.
Las industrias que apuntalaban su gestión son las del sector siderúrgico (acero y aluminio), de maquinarias agrícolas y automotrices, todas ellas con nombre y apellido y que no requieren del Estado argentino para desarrollarse.
Obviamente no es la visión de Daniel Scioli que proviene de sectores medios de nuestra sociedad y que es consciente de la necesidad de impulsar el mercado interno. Silvina Batakis, que siempre trabajó en la gestión pública, no bien asumió como ministra dijo queno piensa devaluar porque el dólar multilateral es de equilibrio y que el componente más importante de la demanda agregada [2] es el consumo. Por ende y para tal fin, se debe recomponer el poder adquisitivo del salario.
Es seguro que el tipo de cambio oficial de 132,50 pesos por dólar al 7 de julio de 2022 es competitivo: lo demuestra acabadamente el superávit comercial acumulado desde el 1° de enero de 2020 al 31 de mayo de 2022 (último dato de la balanza comercial argentina) que es de 30.473 millones de dólares, por lo que no es un problema del tipo de cambio.
Es que el Banco Central (BCRA), en claro incumplimiento de sus misiones y funciones, dilapidó el total de ese superávit e incluso disminuyó las reservas internacionales en 2.832 millones de dólares, dado que eran 45.190 millones de dólares en diciembre de 2019 para ser solo de 41.642 millones de dólares el 1° de julio de 2022.
Para demostrar que el tipo de cambio no necesita devaluarse, y que hacerlo sería nocivo para la población, el salario promedio medido en dólares disminuyó en un 62,65% desde diciembre de 2015 a la fecha (salario promedio equivalente a 1.736,26 dólares de diciembre 2015 a 1.067,48 dólares en abril 2022) . En ese marco, los candidatos de los grandes medios y del Frente Renovador propiciaban una devaluación de la moneda en torno al 30%.
Con ello no solamente se deteriora aún más la capacidad adquisitiva de los trabajadores (en actividad y jubilados y pensionados), sino que repercute en la reducción del mercado interno, con lo que la recesión económica destruye riqueza y hogares. En la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el tipo de cambio (valor del dólar) y el salario real, porque básicamente exportamos el mismo bien que consumimos.
Los que plantean el supuesto atraso cambiario, es más los que compran dólares paralelos (llámese blue o contado con liqui) a valores exorbitantes y con ello, propician la remarcación de precios independientemente de su costo —incluso para bienes y servicios que no tienen componentes importados (como pueden ser los materiales para la construcción o la harina y el pan)—, lo hacen sin comprender cuál es la función del tipo de cambio que es la de relacionar los precios internos con los externos y solo ven su aspecto de huida del dinero y del circuito legal.
Es cierto que se tienen fuertes compromisos de pagos de deuda, incluido los vencimientos con el FMI, pero no se puede permitir pagar supuestas (o reales) deudas de empresas que operan en el mercado local, cuando esas mismas empresas compraron divisas a precio oficial en los años del gobierno de Cambiemos.
Cien empresas compraron 24.769 millones de dólares en esos cuatro años, y a muchas de ellas la actual administración del BCRA les vendió esas divisas sin límite alguno y al tipo de cambio oficial, sin plantearles que primero utilicen los dólares que compraron. (El BCRA sabe fehacientemente quiénes son, porque fue el que elaboró el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.) El total de divisas vendido por el BCRA al sector privado por servicio de su deuda externa, por adelanto de importaciones y giro de utilidades, suma en los años 2020 y 2021: 22.291 millones de dólares.
Emergencia cambiaria
La Emergencia Cambiaria fue establecida por el Decreto N° 2581 del 10 de abril de 1964, con la finalidad de que el BCRA, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservara las reservas internacionales y programara su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos y obligara al sector privado a financiar de otro modo sus importaciones y los pagos de su deuda.
A su vez impuso fechas perentorias (dependiendo del nomenclador arancelario del bien o servicio que se trate) para liquidar las operaciones de exportación.
La Emergencia Cambiaria nace de la situación comercial y financiera:
- el decreto 2581/64 que estableció el régimen de liquidación de divisas, se emitió en 1964 y,
- se dejó sin efecto en 1991 por Decreto 530/91 dado el ingreso de divisas por las privatizaciones y el plan de convertibilidad durante el “menemismo”.
- se restableció en los primeros días de diciembre de 2001 por Decreto N° 1606/2001, ante el fin de dicho plan y el “salto al vacío” con el tipo de cambio.
- Los Kirchner gobernaron en el marco de la Emergencia Cambiaria, y
- Cambiemos mediante la Resolución N° 893/2017 derogó el Decreto 2581/64.
- Pero cuando se le descontroló el sistema cambiario y financiero, volvió a establecer la emergencia mediante el Decreto 609/2019-
Por ese decreto, hasta el 31 de diciembre de 2019, el contravalor de la exportación de bienes y servicios debía ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que estableciera el BCRA, que conforme lo previsto en su Carta Orgánica, definiría en qué supuestos el acceso al mercado cambiario para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados, así como las transferencias al exterior, requerirían autorización previa del BCRA, con base en pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario. También facultó al BCRA a establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones tendientes a eludir lo dispuesto, a través de títulos públicos u otros instrumentos.
El problema fue que el gobierno de Alberto Fernández no solo no lo incluyó en la ley 27.541/19 de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia de casi todo menos la “Emergencia Cambiaria”, sino que cuando venció el plazo estipulado por el Decreto 609/2019 —el 31 de diciembre de ese año—, no lo renovó. Esa grave falta es lo que le permitió al BCRA dilapidar las reservas internacionales y con ello debilitar todo el frente externo del país y nuestra moneda.
El problema radica que en más de 30 meses de gestión, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA y los otros organismos de contralor del Estado: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) -del Ministerio Público Fisca-; el Ministerio de Seguridad; la Superintendencia la Comisión Nacional de Valores (CNV); la AFIP; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), no se abocaron a ello.
Y tampoco rearmaron equipos de supervisores e inspectores a efectos de controlar y aplicar el poder de policía coordinado con uso de la fuerza pública en las inspecciones, que incluya el secuestro de los fondos que no tengan explicación contable o de origen y hasta sanción penal de los infractores.
En síntesis
Es ardua la tarea del nuevo elenco gobernante y muy poco el tiempo de que dispone, pero debe contar con toda la fuerza del Estado para librar la lucha contra los especuladores que son los mismos que compraron los dólares para fugarlos en todos estos años y que, en ese afán, ni siquiera cubren su operatoria con medios legales. Por eso la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debe tener un rol preponderante y exigir:
- Que las empresas y las personas que compraron dólares demuestren fehacientemente el origen de los fondos;
- Que todos los que operan en el Contado con liqui o en el dólar Bolsa (MEP -Mercado Electrónico de Pago) exhiban la procedencia de los recursos y si pagaron los impuestos correspondientes;
- Que el BCRA en el marco de la emergencia cambiaria acreciente las reservas internacionales y que programe su utilización con fines públicos, y a la vez exija que las grandes empresas se autofinancien .
A la prueba nos remitimos: asume la nueva ministra de Economía y la AFIP intima a los 2.521 argentinos que aparecen en los Pandora Papers con empresas y fideicomisos no declarados en sus declaraciones jnurídicas impositivas en el país.
Controlado el tipo de cambio, los precios dejan de crecer. Lo demostró Néstor Carlos Kirchner, que cuando asumió el 25 de mayo de 2003 el tipo de cambio oficial estaba a 3,50 pesos por dólar (y el paralelo superaba ampliamente los cuatro pesos por dólar), terminó su mandato el 9 de diciembre de 2007 con un tipo de cambio oficial de 2,70 por unidad de moneda estadounidense, y el paralelo no existía.
Notas
[1] Se estima un total de 609.000 empresas en la Argentina actual.
[2] Demanda Agregada = Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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