El pasado 12 de mayo del año en curso circuló, por diversos medios electrónicos, una “alarmante” denuncia firmada por el grupo de Martín Esparza y Humberto Montes de Oca enquistado en el Comité Central y las Comisiones Autónomas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La idea principal queda clara desde el inicio: “Se prepara un violento golpe contra el SME”. A lo largo del texto se afirma, sin ninguna prueba de por medio, que ante el proceso electoral que próximamente vivirá el sindicato un grupo de trabajadores busca registrar a una “planilla fantasma” para desestabilizar la vida democrática de la organización gremial. El tono de alarma es, cuando no vacío e hilarante, contradictorio en sí mismo. Hasta donde se sabe, los fantasmas no existen y si no existen no hay de qué preocuparse, entonces ¿por qué una “planilla fantasma” causa tanto temor?, ¿por qué hay que denunciar la existencia de lo inexistente? En el texto también se asegura, en un verdadero acto de nigromancia, que la espectral presencia tiene como objetivo “provocar un clima de tensión y confrontación que desemboquen en actos de violencia que sirvan de justificación para la intervención del Estado, con la hipótesis de que de esta manera podrán lograr la anulación de nuestro proceso electoral democrático”. Ante tal afirmación conviene hacer un paréntesis: o bien Martín Esparza y sus allegados han consultado ya a un oráculo que les permitió ver el futuro y asegurar categóricamente los hechos por venir, o bien son quienes buscan provocar “un clima de tensión y confrontación” cuyo objetivo es generar “actos de violencia”. Asimismo, resulta altamente contradictorio que se denuncie una posible “intervención del Estado” en un problema que concierne a los agremiados del SME, pero líneas después, en el apartado de las “Demandas inmediatas”, se solicite la intervención de las “autoridades del Trabajo”, las “autoridades estatales y federales” y la “Fiscalía General de la República” a quien piden iniciar una investigación de oficio sobre los indicios de “conspiración, asociación delictuosa y alteración del orden”. ¿Entonces la intervención del Estado sólo es válida y legítima si Martín Esparza y los suyos apelan a ella?
En dos momentos se habla de una “conspiración política de carácter golpista” y de una “conspiración cuidadosamente orquestada”. Más allá del preocupante delirio de persecución que dichas formulaciones reflejan, el hecho es que Martín Esparza, Montes de Oca y Miguel Márquez buscan presentarse como víctimas de una conflagración tan fantasmal como falsa. No es casual que el 13 de mayo la Federación Sindical Mundial (FSM) respaldara la idea de la “conspiración” y afirmara, en la misma dirección que el documento del SME, que el solo hecho de que exista una disidencia congregada en el Frente Amplio de Unidad (FAU) es una prueba de los ataques “provenientes de la burguesía”. (1) ¿Por qué la existencia de una o varias corrientes políticas no afines a las malas prácticas del grupo esparcista enquistado en el Comité Central significaría en sí misma una “conspiración”? ¿No se trata en realidad de un intento baladí de victimizarse y de mostrar a la oposición como victimaria? En ese sentido, Martín Esparza, Humberto Montes de Oca y sus allegados han perdido todo rasgo de decencia y decoro político. Si alguien ha sido victimario del SME y de sus agremiados es, precisamente, ese grupo a través de una serie de negocios turbios que va de la creación de la Cooperativa Fénix hasta la renta de espacios sindicales para distintos tipos de eventos sociales y de haberse enriquecido tras recibir liquidaciones millonarias, mientras la mayoría de los trabajadores quedaron en el más absoluto desamparo.
La denuncia es, en realidad, un intento de criminalizar a los distintos núcleos de trabajadores que durante años han sostenido una intensa pelea por democratizar y rescatar al SME de las manos de quienes, en los hechos, se han convertido en una corrupta camarilla movida por intereses económicos particulares. Responsabilizar a Rosendo Flores, Mario Benítez y Ramón Pacheco de cualquier acto de violencia es una maniobra de intimidación con el fin de deshacerse de una oposición que, le guste o no a Martín Esparza y los suyos, sí existe. En cualquier caso, las tres personas directamente aludidas son los representantes más visibles del descontento de cientos de trabajadores que, tenazmente, han resistido a los actos de violencia perpetrados por quienes ahora buscan victimizarse. Quienes han actuado como un “grupo de choque” que genera violencia no son los integrantes del FAU, sino personajes como el ahora diputado Miguel Márquez que en fechas recientes, según lo han denunciado trabajadores de base en resistencia, mandó a agredir una manifestación pacífica en Huauchinango, Puebla. (2)
El texto de denuncia es bastante elocuente del objetivo principal que el grupo esparcista persigue: convertir en real lo fantasmal y pasar por fantasmal lo real. Mientras elucubra y elabora ataques inexistentes, trata de que poco se sepa acerca de su responsabilidad en actos como los del huachicoleo eléctrico. La denuncia hecha por Martín Esparza y Humberto Montes de Oca intenta desviar la atención de esta problemática creada como parte de la descomposición política, la corrupción y los intereses económicos de unos cuantos personajes. El amplio reportaje publicado en el semanario Proceso el 1 de abril firmado por Gabriela Hernández da cuenta del involucramiento directo del grupo esparcista al albergar en instalaciones del sindicato en Nuevo Necaxa, Puebla, granjas de minado de criptomonedas.(3) Además, en el reportaje también se señala que tanto Humberto Montes de Oca como Miguel Márquez se han rehusado a dar entrevistas para hablar sobre el tema. La única y real intención de la “denuncia” en cuestión es, nada más y nada menos, tratar de eludir la responsabilidad del grupo esparcista en un tema tan delicado como éste. De existir una intervención gubernamental en el caso, Martín Esparza, Humberto Montes de Oca, Miguel Márquez y sus seguidores intentan establecer la idea de que son víctimas de una “conspiración” y no los responsables directos de sucesos tan graves y condenables como los señalados por Proceso.
Ante los hechos, a pesar del tono ridículamente amarillista, la supuesta denuncia cae por su propio peso. No es más que un pobre ardid de distracción sin sustento. Bien harían Martín Esparza, Humberto Montes de Oca, Miguel Márquezel en explicar, sin ambages y de cara a las organizaciones sociales, sindicales y populares a las que apelan en la “denuncia”, cómo y por qué están vinculados al huachicoleo eléctrico al que, por mucho que lo intenten, no pueden declarar como “fantasma”.
Notas:
1. El comunicado completo puede leerse en https://latamgremial.com/solidaridad-global-con-el-sme-advierten-violaciones-a-la-ley-federal-del-trabajo-en-mexico/, consultado el 15 de mayo de 2025.
2. Véase https://www.facebook.com/photo?fbid=1260949659365766&set=pcb.1260951232698942&locale=cy_GB, consultado el 15 de mayo de 2025.
3. Proceso, “Granjas ilegales de les de Bitcoin en Puebla con huachicoleo eléctrico del SME”, 1 de abril de 2025, pp. 14-23.
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