Luego de 11 años de gobierno hemos resuelto (¿más vale tarde que nunca o ya es demasiado tarde?) modificar la Ley de Abastecimiento vigente para entre otras cuestiones lograr que el Estado regule la actividad de producción, distribución, abastecimiento a precios razonables para un país que produce buena parte de los bienes y servicios que […]
Luego de 11 años de gobierno hemos resuelto (¿más vale tarde que nunca o ya es demasiado tarde?) modificar la Ley de Abastecimiento vigente para entre otras cuestiones lograr que el Estado regule la actividad de producción, distribución, abastecimiento a precios razonables para un país que produce buena parte de los bienes y servicios que consume de manera local.
Sin embargo, los aumentos de precios han caracterizado la política de los dos gobiernos de Cristina Fernández, quien según los especialistas del establishment neoliberal ha desarrollado una emisión monetaria más allá de lo estipulado por el monetarismo, aumentó el «gasto público, de manera exorbitante, aumento la importación de energía eléctrica y combustibles, las importaciones en general y disminuyo las exportaciones.
De esta forma no solamente se perdió capacidad de ahorro en moneda extranjera sino que además disminuyeron las reservas por el pago puntual de casi 200.000 millones de dólares en 10 años, con una devaluación del peso argentino hasta 14 por dólar y una inflación entorno del 35-40% anual, en promedio, con subas de precios de hasta un 69-80 % en alimentos y bebidas, impactando a los sectores de menores ingresos, que en la Argentina constituye el 50 % de los trabajadores registrados que ganan hasta 5.000 pesos por mes, con además un 35 % de trabajadores no registrados que se estima tienen ingresos inferiores a este y por debajo del actual de alrededor de 3600 pesos (aumentado en dos tramos de 3600 a 4400 pesos a partir de este mes y de 4716 pesos a partir del 1° de enero de 2015.
Esta situación real que ha provocado por primera vez en algunos años el descenso de actividad económica, caída de salario real, de ventas, inicio de suspensiones y malestar anímico en la población, esta generando condiciones de inestabilidad e inseguridad psicológica producto de la incertidumbre que es potenciada por los medios de comunicación masivos. Estos fogonean también la situación de inseguridad física que se percibe en determinadas zonas del país, en especial en Buenos Aires.
Con este panorama se espera un final de año cargado de maniobras de zozobra política basadas en situaciones reales aunque magnificadas para desestabilizar y crear psicosis en la población que ve desde los medios de comunicación como su realidad empeora cada día, aumentando la presión sobre los problemas ya existentes producidos por el propio gobierno y agravado por el sector privado quienes parecen ponerse de acuerdo en quedarse con los salarios de los trabajadores, tanto por el pago de impuestos distorsivos IVA o ganancias al salario, o por los servicios públicos cada vez menos subsidiados por el Estado, junto al salvaje aumento de precios de este último año, que no ha sido debidamente frenado por el equipo económico, que parece haber perdido la brújula de la política económica, sucumbiendo ante el poder económico real de los bancos, las empresas y los supermercados.
Cristina Kirchner se ha desconectado de la realidad lanzando planes de consumo para una clase media que se siente ahogada por las deudas y que prefiere refugiarse en moneda extranjera antes que gastar sus pesos en bienes de consumo, ante el temor de no poder pagar las cuotas de los créditos.
Se esperan meses difíciles hasta las elecciones del próximo año que determinará quien de todos los candidatos del capitalismo argentino gane las elecciones para gobernar durante 4 años a la Argentina rica, aún con demasiados pobres.