A punto de cumplir dos meses al frente del poder ejecutivo, ya se encuentra a la orden del día la reorganización de un gobierno tan flamante como golpeado.
A partir del desbarranque de la llamada “ley ómnibus” el recorrido de la gestión que encabeza Javier Milei ha tomado diversos rumbos paralelos, todos a ritmo de vértigo.
Tres caminos para “reducir daños”.
Uno fue el de tratar de convertir la derrota en afianzamiento, de modo de minimizar la importancia de la truncada ley, cuyos objetivos serían alcanzables por otros medios. La actitud no colaborativa de parte de la oposición llamada “amigable” era evaluada como otro elemento fortalecedor del gobierno, porque los dejaría en evidencia más que nunca como “la casta” guiada por intereses espurios y ajenos al bien de la nación.
El propio jefe de Estado intentó apuntalar el desprestigio de la oposición “desleal” con un acumulado de ataques e insultos pocas veces visto. Desde la publicación de un listado de “traidores”, hasta la designación de gobernadores y legisladores como un “conjunto de delincuentes” fueron instrumentos discursivos “vía twitter”. Al mismo tiempo que reafirmaba la voluntad de avance, de modo que la ocasional derrota, presentada como prevista por el gobierno, se convierta en un hito hacia la victoria final, que se hace pasar por inexorable.
Otra línea ha sido la búsqueda de la rápida revancha, mediante la producción de perjuicios concretos a los causantes de la derrota, con los gobernadores de provincia al frente. El anuncio de nuevos ajustes tuvo como medida “estrella” el retiro del subsidio a los transportes, que produciría un alza vertical de los pasajes, cuyo precio ya está de por sí elevado. Está claro que los afectados directos serán los habitantes del llamado “interior” del país, ya afectados por el recorte de las transferencias por fuera de la coparticipación. Además, y por encima del objetivo fiscal, se espera que la carambola del descontento consiguiente pegue bajo la línea de flotación de los mandatarios locales.
El peronismo de Córdoba y el “massismo” de Salta acaban de ser despojados de posiciones de poder que alcanzaron en virtud de su rol de “socios menores” del gobierno. El “cordobesista” titular de Anses, Osvaldo Giordano y la secretaria de Minería Flavia Royón, del Frente Renovado de Salta, fueron obligados a renunciar. Queda claro que el “que las hace las paga”, diría la ministra Patricia Bullrich.
El tercer camino recién amaga a ponerse en marcha. Es el de ampliar la base de apoyo e incluso el cambio de la composición del gobierno. El naufragio de los acuerdos parlamentarios anteriores podría redundar tanto en la formación de un interbloque como en el ingreso de nuevos funcionarios. En ambos casos, que podrían darse por separado o al mismo tiempo, el nuevo arreglo se haría con PRO, que mostró su identificación “mileísta” con el respaldo a la ley en toda la línea y la acusación pública de infidelidad a los compromisos de quienes matizaron su actitud benévola a la hora de los votos.
Bullrich lo hizo público ayer, al admitir que se trabaja en un “rediseño político” del gobierno. Y se proclamó la primera abanderada de esa nueva iniciativa. Más bien sería Mauricio Macri el que puso en el ruedo una vez más la idea de “colonizar” al gobierno de La Libertad Avanza, como ya intentó hacer antes de la asunción, sin lograrlo. Ahora sí contaría con el beneplácito del presidente, quien tras su discurso “anticasta” parece procurar un entendimiento, desplegado desde un acuerdo parlamentario permanente al cogobierno. Y con una mirada puesta en la convergencia electoral para el próximo turno.
La integración más franca del partido fundado por Macri al elenco de gestión podría acelerarse para cubrir las vacantes producidas por los desplazamientos recientes.
La acción desde abajo.
Una pregunta necesaria es cómo afectan estos avatares de la situación a los intereses de la mayoría de la población. Puede responderse que, más allá del tropezón en los designios del gobierno, los objetivos que se juegan después de la caída sufrida el martes son los de la profundización del ajuste y de retomar cuanto antes el sendero de reestructuración regresiva de la sociedad argentina.
Como ya enunciamos, las primeras medidas tomadas después de la frustración parlamentaria desembocan en nuevas agresiones contra el nivel de vida de los sectores menos favorecidos. En el campo político, la gestión de La Libertad Avanza se apresta a radicalizarse aún más. Y esta vez sin aspiraciones de apoyarse en una entente «amplia” con aroma a “centroderecha” sino de confluir con el sector de la derecha “tradicional” que extremó sus posiciones desde bastante antes de las elecciones del año pasado.
Al punto de que ya se la puede caracterizar como otra vertiente de la ultraderecha, aunque ahora sume a antiguas “palomas” como Diego Santilli o María Eugenia Vidal.
El derrape de la ley de Bases y puntos de partida… no frena otras resoluciones del gobierno que no dependen de ella. Allí está el DNU: Hay amparos en curso y medidas cautelares otorgadas, en particular en torno a sus disposiciones en materia laboral. Pero el decreto sigue vigente y produce daños, con sus disposiciones de desregulación generalizada en beneficio de los grandes capitales. Y en perjuicio una vez más de la vida de la población, como al dejar a los inquilinos en manos de los propietarios.
Se mueven con indiscutible acierto las asambleas populares, movimientos sociales y partidos de izquierda que, al minuto de caerse la votación, llamaron a continuar la lucha contra el “decreto tiránico” y ya lanzan iniciativas para hacerlo. Lo que será sólo una parte entre otras del combate contra la destructiva ofensiva en detrimento del ingreso y las condiciones de vida de trabajadores, jubilades y amplios sectores de capas medias.
A la hora de pensar las perspectivas desde el movimiento popular se requiere atención hacia el momento de debilidad que vive el gobierno. Y a las dificultades para encarar una reorganización de las alianzas y el personal político, apenas iniciada una gestión. Amén del hecho de que esa fragilidad expresa una fenomenal crisis, de largo alcance, que afecta a todas las fuerzas políticas del sistema. Y al conjunto de la representación política.
Estas circunstancias esbozan las líneas de una oportunidad para la construcción “desde abajo”, por medio de instancias que sobrepasen a la indispensable resistencia en pos de objetivos económicos o reivindicaciones específicas.
Esa construcción debería avanzar en dirección a propuestas políticas nuevas, de reformulación de la sociedad argentina en un sentido progresivo, con el impulso de una democracia raigal y concentración de fuerzas para preparar una batalla decisiva contra la verdadera “casta”. La del concentrado y excluyente poder económico, social, político, cultural y comunicacional que aspira a oprimir con fuerza renovada al pueblo argentino.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.