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Una huelga histórica con escasos resultados y un futuro abierto

Fuentes: Rebelión / El Pimentón

Una versión preliminar fue publicada en la prensa de agosto de la agrupación Estrella Roja, a quienes les agradecemos.

La Transferencia del subte. Sintonía fina, subsidios y tarifazo.

Al comenzar su segundo mandato, Cristina Kirchner dejo un mensaje claro y contundente: llego el momento de la «sintonía fina». La inflación y el lento deterioro del superávit comercial y las cuentas fiscales ponían de manifiesto los límites de productividad del capitalismo dependiente argentino.

En este marco, una de las primeras iniciativas políticas en el segundo mandato apunto a la quita o reducción de subsidios estatales a los servicios públicos, a las empresas de servicios públicos y al combustible, que crecieron sideralmente desde 2007 al punto de ser una de las principales causas que explican la desaparición del superávit fiscal primario [1]. Recortar subsidios implicaba directamente un aumento de tarifas en un esquema donde las privatizaciones se mantienen, la ganancia empresaria no se cuestiona y sólo parece concebible cubrir el «aumento de los costos» con subsidios o incrementos tarifarios, que implican un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores en un contexto inflacionario [2].

A fines de diciembre, empezó a cobrar fuerza la versión de que se concretaría el traspaso del servicio de subterráneos a manos de la Ciudad de Buenos Aires, concretándose finalmente a principios de enero. Enmarcada en sus viejos reclamos de autonomía, al PRO, le resultaba difícil eludir el compromiso.  Por su parte, el gobierno nacional lograba avanzar en el ajuste de sus cuentas públicas y, repartir el costo político del ajuste con un sector opositor con pretensiones electorales de cara al 2015.

En adelante, Macri tendría una nueva y explosiva responsabilidad en su gestión, asumir los costos económicos del servicio y afrontar los conflictos que emanen del subte donde la UTA solo conserva la personería gremial y la representación real la tiene la AGTSyP surgida por iniciativa de un cuerpo de delegados con tradición combativa y hoy dirigida por sectores que son afines la política del gobierno nacional.

El 3 de enero el gobierno porteño y el ejecutivo nacional firmaban un acta acuerdo de traspaso de los servicios de los subterráneos y el premetro. Solo cuatro días después el macrismo dispuso un aumento de un 127% (1,10$ a 2,50$) el boleto, generando una bronca generalizada entre los usuarios.

Los «Metrodelegados» (el cuerpo de delegados y la dirección de la AGTSyP) promovieron el armado de una «multisectorial» que tuvo por objetivo enfrentar el mencionado tarifazo. Se convoco a sectores políticos, sindicales y sociales de todo el arco ideológico y se busco realizar medidas de acción y concientización como la junta de firmas y el levante de molinetes.

En los hechos, la multisectorial fue hegemonizada por distintos sectores afines al gobierno Kirchnerista. Los defensores de la política del gobierno nacional cuestionaron el tarifazo del gobierno porteño pero circunscribieron la denuncia y la lucha al ámbito de la Capital Federal sin dar cuenta del avance de conjunto sobre las tarifas de servicios públicos y de transporte motorizado por el Kirchnerismo, bajo el argumento de que la presidenta no iba a realizar medidas antipopulares. Fue por eso que la coordinadora a pesar de la fuerza de las organizaciones que reunió, resulto impotente de canalizar el rechazo, al aumento, en acciones contundentes de protesta para revertir la medida, por ejemplo, sacando el conflicto a la calle. La amenaza de desborde era grande y las organizaciones Kirchneristas no querían correr riesgos.

Así y todo, en este conflicto la dirección del sindicato tuvo como una de sus políticas principales buscar la solidaridad y el apoyo de otros sectores, retomando la tradición de las luchas en el subte en los últimos años donde cada medida fue fortalecida por el acompañamiento de otros sectores. Entre ellos, podemos citar, la solidaridad en la gran huelga de 4 días por las 6 horas y el apoyo al plebiscito destinado a conformar su propio sindicato (la AGTSyP) y barrer a la UTA de los subtes.

Se inicia el reclamo de paritarias por salario y condiciones de trabajo (el conflicto de marzo-abril)

Progresivamente los trabajadores empezaron a mostrar su bronca por las condiciones de trabajo y por el ajuste salarial que implican los niveles de inflación existentes. El enojo de las bases se acentuó cuando el 20 de marzo un mecánico en el taller de la estación Congreso de Tucumán murió electrocutado producto de las pésimas condiciones de trabajo en la cual desempeñan sus tareas. Esa muerte no era la primera y reactualizaba la de otro trabajador en el taller Constitución durante 2011.

Se comenzaron a discutir las demandas en las asambleas, donde se voto un plan de lucha exigiendo una recomposición salarial del 28% más un 2% de antigüedad y mejores condiciones de trabajo. Las primeras acciones se orientaron a levantar los molinetes, buscando estrechar puentes con los usuarios al mismo tiempo que buscar un perjuicio a la empresa. Luego, se aposto por hacer paros escalonados y aumentando las horas en distintas semanas, la del lunes 9/04 y la del lunes 16/04.

Al no haber soluciones a los reclamos planteados, el plan de lucha tuvo continuidad en el mes de mayo con un paro de 36 horas. La medida se efectuó el miércoles 16 y el jueves 17. La misma semana los trabajadores votaron continuar la acción de lucha si no había respuestas a sus reclamos antes del martes 22. Sin embargo, el paro votado fue «suspendido» por una decisión de la dirección del sindicato y de un sector de delegados afín a su política sin consultar a las bases.

Las asambleas fueron realizadas el mismo día martes con los trenes en funcionamiento y con la influencia de la directiva sobre las bases de lo conveniente de aceptar la propuesta. La decisión de levantar llego luego de que la dirección de AGTSyP acordara aceptar un aumento por fuera de la paritaria entre el 15-19% (según la categoría) antes de que lo discutieran las bases en asamblea. La suma ofrecida (entre $900-$1200) iba en línea con el techo salarial del gobierno nacional.

El acuerdo salarial estaba por debajo de los $1370 (25%) que consiguieron los chóferes de Córdoba, luego de un paro de tres días en desacuerdo con el 17,6% pactado por UTA Nacional para el transporte automotor público. De las condiciones del servicio (subtes que no frenan bien, falta de personal y vagones/frecuencias) y de trabajo (trabajadores electrocutados) no decía nada la propuesta del gobierno nacional aceptada por los gremios (UTA-AGTSyP)

En los túneles, delegados y activistas enmarcados con la directiva del gremio sostuvieron que era muy buen acuerdo «dentro de lo posible» y daba un piso fenomenal para obtener la paritaria reclamada en agosto.

La huelga de los 10 días

Llegando a fines de julio se aproximaba el vencimiento del acuerdo pactado en mayo sin noticias de propuesta alguna por parte de la empresa. En este marco, el martes 31 de Julio, en una reunión del cuerpo de delegados se planteo la cuestión de si desarrollar o no un plan de lucha, y en ese sentido de que forma desarrollarlo.

La mayoría de los delegados acordaron llevar como propuestas a las asambleas de las líneas realizar un paro el día viernes 3 de agosto y otro el día lunes. Pero al mismo tiempo la UTA propuso un paro de 72 horas desde el día lunes. Esta situación cambió el escenario ya que la dirección de la AGTSyP no quería perder la iniciativa dando lugar a que la UTA firmase un acuerdo salarial con el cual después tendrían que salir a parar. Acto seguido, la dirección gremial de AGTSyP anuncio un paro por todo el fin de semana.

La decisión, seguía los ritmos marcados por la UTA y llegaba nuevamente de forma inconsulta. Esta situación provoco que durante el sábado y el domingo la dirección del gremio tuviera que recorrer las 6 líneas del subte dando explicaciones acerca de una decisión de cúpula.

El 3 de agosto, la legisladora porteña por el Frente Para la Victoria, Lubertino, presento un recurso de amparo «en defensa de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires» donde se planteaba la intervención de la justicia para que convocase a las partes a formar un ámbito de negociación y resolución del conflicto. Horas más tarde la UTA por medio de un comunicado informo la suspensión de su medida de fuerza.

Durante el fin de semana la política de la dirección era ir a un paro por tiempo indeterminado e ir resolviendo cada 24 horas acerca de la continuidad. Algunos trabajadores se sorprendieron ante la propuesta de la directiva dado que en el conflicto anterior había hecho lo imposible por levantar el paro. La debilidad de esta política se evidenció el día martes a la mañana cuando por medio de sus delegados propuso a los trabajadores que acepten una propuesta que estaba muy lejos de lo que estaban reclamando.

La propuesta consistía en un 23% de los cuales un 11,5% iba al básico y el otro 11,5 era no remunerativo. Se recategorizaba al boletero (por más trabajo, la SUBE) y al peón de limpieza; 1 día mas por semana de vacaciones; y duplicar la reserva de puesto de trabajo en caso de enfermedad.

Mas aún, no se trataba de una paritaria, es decir no había ninguna autoridad oficial que lo homologase, y dicho acuerdo vencía el mes de diciembre. Como era razonable, dada la disposición de lucha de los trabajadores, la propuesta fue rechazada de modo contundente en las líneas A y B, y tuvo una aceptación dividida en las otras líneas. Además del rechazo, la propuesta ya había perdido validez porque la UTA no se sentó a negociar ya que no firmaría un acuerdo que no tuviera homologación oficial. La propuesta quedo en la nada y el paro se prolongaba.

Pasaron otras 2 jornadas hasta que el jueves a la noche, el secretario adjunto, Nestor Segovia, después de todo un día de negociaciones, declaro que en los medios que tenían voluntad de negociar, y que incluso habían dejado de lado la cuestión salarial para mostrar su voluntad de resolver el conflicto.

La resolución de dejar de lado la recomposición salarial en la discusión fue tomada unilateralmente por la directiva. La pregunta obvia es ¿qué sucedió en el medio?

En medio de negociaciones y operaciones políticas y mediáticas el secretario general de AGTSyP, Pianelli, participaba de una reunión de la CTA-Yasky con la presidenta Cristina Fernandez y con los ministros Abal Medina, Randazzo y Tomada, dándole así evidentes elementos al macrismo para deslegitimar y atacar la construcción político gremial y el reclamo paritario. La «inocente» argumentación de que esa reunión estaba pautada de antaño y que tenía otra agenda política se derrumba cuando se pone de manifiesto su vinculación con el kirchnerismo y Nuevo Encuentro, que en este caso termino debilitando la posición de los trabajadores frente al macrismo, que envalentonado presiono con sanciones económicas (absolutamente ilegales) contra el gremio.

Simultáneamente, cabe pensar que llego un mensaje desde el gobierno nacional planteando que el estado nacional no iba intervenir para resolver el conflicto.

Buscando una salida: acuerdo precario y levantamiento del paro

Finalmente, un acuerdo mínimo fue negociado y aprobado por la gran mayoría de los trabajadores que participaban del paro, salvo por la línea B que por muy poca diferencia rechazo el acuerdo quedando en minoría y acatando la decisión mayoritaria del resto del subte.

Lo que será de cumplimiento efectivo es lo firmado con los metrodelegados que implica un costo económico más bajo.

  • Vacaciones: tendrán un día más por cada semana de vacaciones, ya que el domingo pasará a computarse como día hábil.
  • Licencias: agregarán un día por nacimiento y por fallecimiento de un familiar. También se incorporó la licencia por adopción de 10 días.
  • Recategorización:
    • o Los boleteros pasarán a cobrar el sueldo de la categoría superior por ocuparse de la tarjeta SUBE. Este es el reclamo por el que el año pasado mereció el cruce de la presidenta Cristina Kirchner, cuando los fustigó por «alegar que recargar la tarjeta les provocaba tendinitis».
    • o También serán recategorizados los peones, es decir los que están más al fondo de la escala salarial, que subirán un escalón, y el personal de los talleres.
  • Los trabajadores con enfermedades de tratamiento prolongado, a los que hasta ahora se les reconocía un año de licencia paga, cobrarán su sueldo por seis meses más en caso de no tener el alta.
  • Metrovías pagará los días de paro.

Sin embargo, no hubo ningún tipo de acuerdo salarial y la paritaria sigue pendiente. Simplemente se extendió el precario acuerdo provisorio de mayo (no remunerativo) hasta diciembre.

Dentro de lo conseguido, las recategorizaciones aparecen como lo más significativo ya que afectan al salario de esos trabajadores. De hecho este factor parece una de las claves para comprender porque muchos de ellos terminan aceptando levantar el paro a pesar de la nula resolución de la cuestión salarial. El balance en este punto es contradictorio, en el corto o mediano plazo, el pase de categoría sube el piso salarial para algunos sectores, y en teoría es una conquista más duradera que un simple aumento con su categoría anterior, pero en un plano más general, sin acuerdo paritario o con aumentos detrás de inflación, a la larga todas las categorías se atrasan y baja tanto el piso como el promedio salarial general.

Otro punto importante es la extensión de licencias, ya que hay varios trabajadores llevaban ya un año por licencia por enfermedades laborales crónicas y de otro modo quedaban en la calle.

El pago de los días de paro es, sin duda un punto importante, porque permite contener y limitar  los costos de un paro prolongado que no termino con conquistas importantes.

Elementos para un balance provisorio: Una huelga histórica con magros resultados

En líneas generales, entendemos que se trato de un conflicto defensivo, porque estando centrado en el plano de la lucha salarial, se caracterizo por correr desde atrás no solo a la inflación sino al resto de los convenios ya firmados tanto en términos temporales (la mayoría de los convenios ya estaban cerrados) como en términos de montos y de condiciones. Si bien se pedía 28% que está por encima de la inflación, el 23% que circulo es similar al promedio de los convenios firmados y finalmente no se consiguió. De momento solo sigue hasta diciembre el magro acuerdo de mayo (por fuera de la paritaria). Todo aumento futuro aparece subordinado al giro del dinero de los subsidios a Roggio.

Partiendo de esta caracterización, el saldo no puede ser positivo. Es necesario asumir que se trata claramente de una derrota, aunque no de una derrota profunda (no se quebró la organización, no hubo represión, ni despidos) que es igualmente significativa por sus efectos en el plano nacional y para la clase trabajadora en su conjunto, y que dentro del subte repercutirá tanto en la disposición de las bases para las futuras luchas como en el apoyo de la base a la dirección.

Las reivindicaciones conseguidas, operan como un contrapeso relativo aunque insuficiente (tomando en cuenta la magnitud del conflicto) que permite amortiguar el golpe pero no altera el resultado general.

También está el plano político y en este caso el conflicto se politizo desde el vamos por todos los costados. De un lado, la disputa entre el Kirchnerismo y el Macrismo, entre el gobierno nacional y el Porteño. Simultáneamente, por la compulsa sindical entre la UTA y la AGTSyP, mediada nuevamente por le gobierno nacional que sostiene a la burocracia y se niega a otorgar la personería gremial.

Pero también porque la construcción político-gremial en el subte en la última década desarrollo prácticas democráticas y combativas de cara a la burocracia sindical, la patronal y los poderes políticos de turno. Practicas que hoy se ven limitadas y cruzadas por una tendencia a la adaptación por los alineamientos de la dirección gremial de la AGTSyP (Pianelli y Segovia) con la  CTA Yasky,  y por esta vía y otras opciones políticas (Nuevo encuentro, Miles) hacia un encuadramiento y una subordinación al gobierno nacional.

Como si fuera poco, el grupo Roggio, las privatizaciones y sus negociados que cobran mayor centralidad en la agenda política de coyuntura, en el marco abierto por la tragedia de once en 2012 (mas cuando Roggio fue beneficiado por el gobierno con la concesión del ferrocarril Mitre y Sarmiento) y el comienzo del juicio a Pedraza y su patota por el asesinato de Mariano Ferreyra, y sin embargo durante el conflicto, quedaron relegados a un segundo plano desplazados en función de la disputa del gobierno con el Macrismo.

Desde hace varios años, los trabajadores del subte y sus delegados vienen siendo parte importante de la avanzada de los trabajadores argentinos. Evitar despidos; evitar la desaparición de guardas, conseguir las 6 horas en 2004; romper el techo salarial del 19,5 por un 44% en 2005; pasar a convenio a los tercerizados; barrer a la UTA, son algunas de sus mayores conquistas. Estos logros fueron producto de un sólido poder obrero construido durante años anclado en el método asambleario, generando debate y toma de conciencia de los intereses inmediatos y mediatos de la clase.

En este contexto resulta sintomático que el conflicto más largo en el subte no haya contado con el apoyo de sectores externos por decisión de la dirección del gremio.

En lugar de reforzarse una línea histórica de independencia del sindicato, de autonomía organizativa y defensa irrestricta de los intereses económicos de los trabajadores frente a todas las variantes patronales, los trabajadores del subte quedaron encerrados en una interna patronal entre dos partidos patronales, y la conducción del conflicto se vio sujeta a la especulación política en base a ecuaciones que nada tenían que ver con las demandas planteadas.

La pregunta que deberíamos hacernos en este caso es ¿que ganan los trabajadores del subte con el traspaso de la concesión  a la capital? La respuesta no parece nada clara. De momento si resulta claro que al colocar esta preocupación por delante de las reivindicaciones obreras se perdió contundencia en las denuncias y las medidas de lucha y se renuncio conscientemente a sacar el conflicto a las calles para no perjudicar el gobierno nacional. Al tomar partido por uno de los gobiernos llevó a suspender medidas de lucha, tomar decisiones de acciones de fuerza y cambiar las posiciones votadas en el marco de las negociaciones; prácticas que tienden a romper con esta tradición de lucha forjada durante años.

Lo acontecido no debe ser motivo de lamento sino de aprendizaje. La fortaleza de las bases de la organización conquistada y su tradición de lucha junto a la precariedad del acuerdo alcanzado son suficientes para esperar nuevas batallas. Sacar las lecciones adecuadas de estas luchas y retomar el camino de la independencia política y solidaridad de clase serán claves para que los trabajadores del subte puedan seguir avanzando en sus conquistas.

Notas:

[1] Luego de la masacre de 11 el gobierno se vio forzado a retroceder, momentáneamente en esta política, aunque intentaría retomarla en más de una ocasión, convocando a un consejo del transporte tripartito (Nacion, Provincia y Ciudad) de momento sin éxito.

[2] Si bien la quita de subsidios comenzó afectando a barrios de ingresos mayoritariamente altos o medios, el aumento tarifario terminaría afectando a toda la población con excepción parcial de quienes perciben la jubilación mínima, la AUH o sean discapacitados. En cuanto al transporte público, el carácter clasista del aumento es aumento es evidente.

Blog: http://elpimenton.wordpress.com/2012/09/10/una-huelga-historica-con-escasos-resultados-y-un-futuro-abierto

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.