El jueves se confirmó la peor de las suposiciones: la Cámara Civil y Comercial prorrogó la cautelar en beneficio de Clarín. Este fallo puntual reaviva el debate sobre la necesidad de una reforma constitucional para democratizar la justicia. «Nunca falta un buey corneta cuando un pobre se divierte», dice el tango. Y eso ocurrió sobre […]
El jueves se confirmó la peor de las suposiciones: la Cámara Civil y Comercial prorrogó la cautelar en beneficio de Clarín. Este fallo puntual reaviva el debate sobre la necesidad de una reforma constitucional para democratizar la justicia.
«Nunca falta un buey corneta cuando un pobre se divierte», dice el tango. Y eso ocurrió sobre el fin de semana, cuando sectores populares y democráticos se aprestaban a paladear una victoria sobre Clarín. Un fallo de la Cámara Civil y Comercial les arrebató la alegría, al prorrogar la medida cautelar del trienio que protege a la poderosa empresa.
Las expectativas de muchísimos argentinos y el propio gobierno nacional, no eran mera expresión de anhelos. Había un fallo de la Corte Suprema de la Nación del 22 de mayo afirmando que aquel privilegio del pulpo fenecía el 7-D. Es el más alto tribunal y se suponía que sería acatado por instancias inferiores.
Pero el dictamen de la mencionada Cámara, el jueves 6, ignoró olímpicamente a la Corte. Valió mucho más la voz empresaria que urgía a la protección de sus 250 licencias de TV y radio.
Los autores del fallo fueron los camaristas María Najurieta y Francisco de las Carreras. El día anterior a su bochornoso fallo decidieron rechazar las impugnaciones a camaristas, entre ellos De las Carreras, por su abierta relación con el holding. El magistrado concurrió a Miami con pasajes y hotel cinco estrellas pagados por Certal, una ONG de tupidos vínculos con la beneficiada por la cautelar. Eso le valió una justa impugnación, pero los jueces y partes decidieron que el alegre viajero siguiera en su puesto y fallara a favor de su generoso benefactor, que le hizo conocer esa parte del mundo.
Y el jueves 6, la dupla afín al monopolio se despachó con una resolución doblemente cuestionable. Desafiando el fallo de la Corte, prorrogó la cautelar hasta que haya un fallo sobre la cuestión de fondo (si los artículos 45 y 161 de la ley Nº26.522, son constitucionales o no).
Como estos camaristas suelen no dejar nada librado al azar cuando se trata de ser genuflexos ante las corporaciones económicas, incurrieron en un segundo aspecto temerario. Dispusieron que aún en el caso que el juez Horacio Alfonso, quien entiende en la cuestión de fondo, fallara en contra de Magnetto, recién allí comenzaría a contarse el año de plazo para la desinversión de las licencias sobrantes.
Najurieta y De las Carreras les dieron a la cadena ilegal algo más de un año de tiempo para seguir burlando la norma. El daño ya es enorme y deja a la población un mensaje cuasi mafioso: no vale el apego a la ley, aunque haya sido votada por el Congreso, promulgada por el gobierno nacional y entendido el más alto tribunal de justicia.
El gobierno trató de asimilar el golpe. Roberto Caballero, director de Tiempo Argentino, razonó que se habían esperado tantos años que se puede esperar un tiempo más. Es cierto, pero esa opinión suena liviana. No indaga sobre los errores que pudo haber cometido el gobierno para ser embocado de esa forma, sobre el final del partido, cuando todo estaba supuestamente controlado y ya se arrojaban papelitos.
Jauría de Magnetto
Unas horas antes de la polémica resolución de Najurieta-De las Carreras, un comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias y de la Ciudad Autónoma, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, fue como un rayo que anticipaba la inminente tormenta desde Tribunales.
Aunque la Corte Suprema no suscribió formalmente el documento, la entidad que encabeza la lista está coordinada por dos de sus integrantes: Elena Highton y Carmen Argibay. No es cuestión de escudarse en cuestiones formales. Se conoce que otros supremos, incluso el titular de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, estuvieron en la cocina de ese plato contaminado.
Joaquín Morales Solá en «La Nación» sostuvo que el documento llevó las firmas de las citadas féminas del alto tribunal. Horacio Verbitsky en Página/12 negó esa circunstancia y escribió que sólo hubo firmas de los organismos, lo que no disminuye la gravedad del asunto.
Lo cierto es que la autodenominada Comisión de la Independencia Judicial golpeó centralmente al gobierno. De costadito, en cambio, hizo un suave regaño a los dueños de Clarín. Ese resultado surge del análisis de los seis capítulos del pronunciamiento: cuatro son un ataque frontal al Poder Ejecutivo y los dos restantes hacen solicitudes a los dueños de medios.
Lo saliente fue el punto 2: «Exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia».
Esa afirmación hace suya las gravísimas e infundadas acusaciones de los dueños de medios hegemónicos, respecto a que la ley de medios de la democracia sería un mero instrumento de persecución gubernamental contra la prensa. Y, a consecuencia de ello, siempre según esa óptica magnettista, el Estado perseguiría a los jueces «independientes» que no aceptan esa cruel ofensiva contra el periodismo.
Ese fue el sentido fundamental del pronunciamiento de las corporaciones judiciales y quedó meridianamente claro por su inmediata consecuencia: el fallo de la Cámara Civil y Comercial.
En lo relativo a la prórroga de la cautelar, eso contradijo lo dictaminado por la Corte del 22 de mayo. Pero en el fondo, no hubo tanta contradicción sino acople, pues era inimaginable que Najurieta y De las Carreras fallaran de ese modo sin el paraguas de la Comisión de la Independencia Judicial acusando a la presidenta de la Nación. Todo fue el mismo día: primero la corporación y luego la Cámara. Detrás de ambos, ya se sabe quién daba órdenes.
Haber frustrado un festejo democrático del 7-D fue celebrado por los amigos de Magnetto, entre ellos muchos políticos de la oposición, con Mauricio Macri y José M. de la Sota al frente. Este alineamiento automático no era novedad. Ya en 2009, cuando se discutía la ley en el Congreso, los diputados del PRO se ausentaban y los del PJ cordobés reprochaban que la norma les impediría ver al ratón Mickey.
Esos políticos están chamuscados ante la opinión pública y el mandamás de Clarín prefirió que los voceros de su postura fueran, además de los jueces amigos, los enviados de la SIP. Estos dueños de medios de comunicación con sede en Miami tienen cierta envoltura «periodística» y ladraron como parte de la jauría.
La reflexión
Aún con el fallo adverso de la Cámara Civil y Comercial, y el tiempo con que favoreció al monopolio, eso no significa que la batalla por la ley de medios haya concluido. Está en pleno desarrollo. Hay avances y retrocesos. El 6-D fue de éstos y ya vendrán días mejores. Hoy domingo 9, en Plaza de Mayo y otras plazas del país habrá festivales y actividades culturales y políticas donde se expresarán sectores populares determinados a continuar la brega por una plena aplicación de la 26.522.
Aunque no está confirmada, hay versiones de que en el histórico paseo, además de las canciones de artistas populares, podría hablar la presidenta de la Nación, regresada de la Cumbre del Mercosur en Brasil.
Es altamente recomendable que Cristina Fernández diga lo suyo a la población, en esta hora de festejos por los 29 años de democracia y de vigencia de los derechos humanos, pero también de preocupación e incertidumbre por los recientes fallos judiciales.
Una cosa es un palco con Charly y Fito, con canciones, palmas y baile. Y otra es que, antes o después de esos artistas, hable la presidenta, haga un discurso político analizando la situación y trazando orientaciones sobre cómo sigue esta pelea antimonopólica.
Que no está todo perdido se deduce también de la órbita tribunalicia, pues la Jefatura de Gabinete de ministros y la AFSCA fueron con un «per saltum» a la Corte Suprema. Los abogados de Magnetto pidieron al tribunal que lo rechazara sin análisis, pero eso fue denegado por inadmisible. Mañana se analizarán el pedido del gobierno y el avocamiento solicitado por Martín Sabbatella.
Según como se falle, continuarán las apelaciones de uno u otro lado, lo que alargaría la solución del conflicto. Lo malo es ese retardo de justicia, pero lo bueno es que en estos días -que valen por años- siguen cayendo muchas vendas y avivándose las conciencias. Hay camaristas que se bajan la venda para ver la cara del cliente y reconocer su billetera, pero al mismo tiempo esos fallos bochornosos quitan las anteojeras de muchos argentinos que creían en Clarín y en la virginidad judicial.
El mal del monopolio tiene cura: la ley de medios. Pero la colonización de la justicia por las corporaciones demanda una reforma constitucional siguiendo el modelo de Bolivia, de elección popular de los órganos judiciales superiores.
La pugna seguirá en los estrados durante algún tiempo. Lo que puede decidir el resultado final de esta pulseada política es si la población se involucra más en el asunto. Sin ánimo de ofender a sus señorías, en esto debe hablar el soberano, alto y claro, desde la calle. Es lo que estuvo faltando en este tiempo de tanto mirar a Tribunales.
