La primacía de las instituciones por sobre la dinámica social y su articulación parece ser un paradigma en boga. La remembranza del concepto de la República aplica de igual forma a dicha dicotomía. Nadie reniega de ello, por el contrario, pero la alquimia comunicacional funge como una apropiación de los conceptos a favor del usufructo […]
La primacía de las instituciones por sobre la dinámica social y su articulación parece ser un paradigma en boga. La remembranza del concepto de la República aplica de igual forma a dicha dicotomía. Nadie reniega de ello, por el contrario, pero la alquimia comunicacional funge como una apropiación de los conceptos a favor del usufructo de los sectores sociales poderosos. Una visión que disocia las instituciones estatales de las personas que están regidas por sus consecuencias. Esta mirada conlleva una racionalidad que propone una superioridad ética de las primeras respecto de las segundas, un alejamiento de la barbarie social en función de la fortaleza de las instituciones. La perdurabilidad y cosificación como valor en sí, con independencia de sus consecuencias.
Éste discurso ha sido inoculado por diversos actores políticos que exceden a la coalición de gobierno e incluso llega al vecindario del PJ más ortodoxo. Es un discurso sesgado que a su tiempo busca travestir el derecho que le asiste al pueblo de poner en tensión la arquitectura dada. Esta línea de pensamiento abreva de un hilo conductor que niega y esconde tensiones ontológicas del devenir de una sociedad.
Cualquier lógica alternativa de desautorizar la existencia de tales conflictos es una coartada discursiva de los sectores que incrementan sus beneficios sobre tal plataforma.
La gobernabilidad es presentada como un valor abstracto y oponible al reclamo genuino de quienes son afectados por las políticas que emanan de dicha gobernabilidad. El ataque a la República es la respuesta defensiva cuando diversos actores sociales presionan exigiendo la modificación del rumbo económico. El neologismo «grieta», discurre en el mismo andarivel. Aclaro que este neologismo se plantea en términos lingüísticos, puesto que tensión, oposición, enfrentamiento de intereses es el esquema fundante de la República, en tanto la Carta Magna instituye el sistema partidos políticos para la existencia de la misma República. Partidos políticos que representan diversos grupos de interés. La «argentinidad» no existe como tal, pese a los esfuerzos intelectuales de diversas corrientes doctrinarias. El diálogo y el consenso en boca de los intelectuales orgánicos de las derechas encuentra su basamento en las teorías asociativas con un desprestigio per se de lo disociativo. Una lectura alternativa de esta idea dejaría en evidencia que el punto de partida es una verdad dada, indiscutible, superior, que requiere para su implementación de la asociación de todos los actores políticos, obviando la existencia de intereses contrapuestos y preparando el terreno para la más sublime puesta en escena de las derechas: hacer que los oprimidos actúen intereses que no le son propios.
Existe una trazabilidad histórica, incluso previa a la constitución de la Argentina como estado nación, de la presencia de dos polos que condensan intereses y cosmovisiones antagónicas, pese a la victoria militar del puerto sobre los territorios, del librecambismo respecto al proteccionismo, de la imposición de un modelo de acumulación por sobre criterios distributivos, de los opresores y los oprimidos, jamás la facción vencida lo fue en términos absolutos, con las consecuentes recidivas a través de la lucha política, las cuales lograron abrir ventanas temporales para rediseñar el esquema impuesto. Esto que los charlatanes de feria etiquetan como grieta, remite a este hecho fáctico histórico que no ocurre en casi ningún lugar del mundo. El empate hegemónico es un patrimonio de la historicidad de nuestras propias luchas.
Una filosofía política madura contemplaría el concepto de argentinidad con una visión dinámica, exponiendo que tal cosa sería el estado de correlación de fuerza de los diversos intereses en pugna. Una cristalización necesaria para asir un concepto. Estas disquisiciones son el preámbulo para discutirlo en contexto, para brindarle una materialidad política que solvente como este debate superestructural opera concretamente en la realidad.
Gobernabilidad:
La brusca devaluación del peso, buscada en parte por el gobierno, sumado al desmejoramiento de todas las variables macro y micro económicas y, al cambio de humor social, condujeron desde una tensión cambiaria a una crisis económica, puesto que todos esos factores instituyeron una crisis irremontable de confianza respecto del liderazgo del presidente Macri, así como de la capacidad de pago de capital y servicios de deuda. Tal crisis de confianza se profundizó al punto de echar a rodar una crisis política que es el escenario en el cual nos encontramos.
Frente a la actual crisis política, el discurso central de la coalición de gobierno y de los sectores aliados dentro del PJ exige gobernabilidad. Aquí me detengo. ¿Qué implica la gobernabilidad? El oficialismo lo dimensiona como la posibilidad de cierta estabilidad política, no económica, que le permita continuar ejerciendo el poder, es decir, implementando las políticas de su agenda estratégica. Ahora bien, quién es víctima directa de tales políticas, ¿no le asiste la posibilidad, en términos políticos, de resistir, de enfrentar, de intentar ejercer acciones que impidan la profundidad del daño que se ocasiona? A mi entender, sí, le asiste. Con lo cual, el concepto de gobernabilidad no reposa en facilitar con actitud pasiva la reproducción de un estado de cosas, sino que la gobernabilidad es un producto que debe ser generado, producido, expandido por quien ejerce el poder estatal a través de sus actores. Es el resultado de la racionalidad, de la coherencia y de la justicia de las políticas aplicadas.
Más allá del vínculo existente entre el gobierno nacional y sus gobernados, descolla el vínculo entre gobernantes nacionales y provinciales, donde sus representaciones son disímiles, máxime, si sus posiciones devienen de proyectos políticos, al menos en principio, opuestos. ¿Cómo descifrar el concepto de gobernabilidad en un vínculo de tales características? Quizá, ambas visiones compartan algo: la búsqueda y la necesidad de reproducirse, es decir, de generar las condiciones para desarrollar políticas que mejoren sus condiciones de reproducción. No podemos dejar de evaluar, desde la lógica de los caudillos provinciales, que parte trascendente de este fenómeno, implica un escenario donde ningún jugador pueda disputar su propia base de representación. Conseguirlo cuesta, y la fotografía de los consensos para el presupuesto 2019 lo corroboran. Pragmatismo dixit.
La República:
La República para los ciudadanos resulta un axioma apetecible. Dirigentes oficialistas de blondas cabelleras vociferan a través de infinitas bocas de expendio comunicacionales la diatriba de la República. El meta mensaje es menos digno: la República para los ciudadanos con derechos. Esto, no es un concepto que sobrevuele el acervo de la totalidad de la población. Es entonces una acepción del concepto de República acotada y elitista. República en boca de la coalición de gobierno implica el derecho de exigir y ejercer la defensa de las instituciones a través de las cuales despliegan su agenda/política contra toda oposición. Es el reclamo existencial de la superioridad de su agenda por sobre los reclamos de los «agendados». No estamos frente a una reivindicación de tipo liberal sobre el significado de la acepción de República. Prueba irrefutable de ello es la descomposición de los balances al instituir como presidente la Corte Suprema de la Nación, al abogado de uno de los grupos económicos más poderosos del país. El mismo jurista que fue designado por decreto presidencial violando toda legislación y reduciendo las instituciones a polvo. No es el punto central, porque la República para ellos significa otra cosa. Tampoco contemplan una visión de República en la cual sea reprochable que los CEOs de las empresas más importantes representen diversos ministerios en las áreas donde anteriormente actuaban en la esfera privada. El choque de intereses, según esta visión no lesiona a la República. En su boca, República es solo una coartada, una buena por cierto, de la cual el amplio campo popular debería tomar nota para comenzar su recuperación conceptual.
La República implica desde esta visión un concepto que intenta vincularse con lo emotivo, lo sensible, aquello que no tiene repuesto, como si la democracia corriese riesgo en las ocasiones en que las élites ven hostigar a la República. La democracia que supimos conseguir se pone en riesgo si agreden la institución presidencial, ergo, si acosan al presidente. Sin embargo, desde esa visión no existiría erosión de la democracia, y por consiguiente de la República, el hecho de una estafa colosal al romper el contrato electoral, al incumplir, la coalición de gobierno, una lista interminable de promesas. Lo planteo a título ilustrativo buscando el divorcio definitivo de la apropiación de un término por parte de las derechas y la culpa social que lleva a algunos sectores medios a respaldarlos.
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