En mayo de 2008 tres miembros del Consejo de Ancianos de la comunidad triqui, en Oaxaca, México, dialogaban sentados a la sombra de los arcos del palacio de San Juan Copala que hasta hacía dos años era la sede de la Agencia Municipal subordinada al Gobierno regional y estatal del país, y que ahora funcionaba […]
En mayo de 2008 tres miembros del Consejo de Ancianos de la comunidad triqui, en Oaxaca, México, dialogaban sentados a la sombra de los arcos del palacio de San Juan Copala que hasta hacía dos años era la sede de la Agencia Municipal subordinada al Gobierno regional y estatal del país, y que ahora funcionaba como instalaciones del municipio autónomo.
-¿Será que así somos los triquis, violentos, como dicen? Preguntaba uno de ellos a su compañero y sin esperar respuesta, como si estuviera reflexionado en voz alta, él mismo se contestaba. -No, no es así. Esta violencia viene de otro lado. Es al gobierno al que le conviene, porque si hay muertos a cada rato la gente deja de organizarse, se olvida de los proyectos, tiene miedo y se divide. Y sin organización, los recursos no llegan, se quedan allá, con ellos.
Sus compañeros asienten. Son muchos años de inestabilidad y violencia sucedidos para que un grupo de caciques y supuestos líderes locales dispongan del escenario ideal para intermediar en el saqueo de los recursos naturales y el aprovechamiento de la mano de obra triqui.
Confían, y en ello han gastado muchas vidas, que ejercer el derecho a un gobierno autónomo les permita superar el sometimiento político y económico en que se encuentran.
Pero los gobernantes de México colgaron en la entrada de sus despachos el letrero de ‘Reservado el derecho de admisión’. -Este derecho lo admitimos, adelante, este derecho no puede pasar, pareciera que dijeran, y así se sacuden los derechos de las comunidades indígenas. De la misma manera que prohíben también el derecho de la solidaridad.
Así lo denunciaron el pasado 11 de abril 400 personas de 24 países asegurando que «se criminaliza, en México y en América Latina, a las personas y organizaciones que ejercen el derecho legítimo a solidarizarse con los movimientos y procesos sociales que nos parecen pertinentes».
Su advertencia estaba, lamentablemente, fundada. Dos semanas después, una caravana de paz y observación de derechos humanos se dirigía a San Juan Copala. Querían explicar que en apenas un año han sido asesinadas 19 personas, y que desde enero la población se encuentra cercada por un grupo armado -presuntamente vinculado con el Gobernador de Estado en Oaxaca- que impide la entrada de alimentos. Querían solidarizarse. Querían ser parte de ellos y ellas. La caravana unos pocos metros antes de llegar al pueblo fue interceptada y regada a balazos que acabaron con la vida de Jyri Antero Jaakola, observador internacional finlandés y de Betty Cariño Trujillo de la organización CACTUS.
Betty, hasta ese día, no se apeó de su expedición personal. Su militancia por los derechos humanos le llevó a implicarse en campañas a favor por las personas afectadas por la minería, a colaborar con las redes ‘sin maíz no hay país’ y trabajar decididamente a favor de la organización de las mujeres de los pueblos indígenas. «Si no nos organizamos, pasa que una niña o un niño mueren por una picadura de un alacrán por no poder llevarla a que reciba atención. Ahora las mujeres pusieron en común unos ahorros y así hicieron un fondo que se prestaba para cubrir necesidades urgentes y que es revolvente».
Si se le preguntaba por la tenencia de la tierra explicaba que «está en manos de los hombres, pero en la tierra que es comunitaria las mujeres hemos ganado mucho espacio. Cuando tenemos las mujeres organizadas que quieren trabajar la tierra y tenemos las semillas, vamos donde las autoridades locales y si hay tierra no te pueden decir que no».
«Los cambios que el trabajo de las mujeres está produciendo» -decía ella- «son muchos. El rol que se ha asignado a la mujer es el de procrear, tener hijos, sacarlos adelante, servir a los hombres. Es a partir de que las mujeres nos organizamos y participamos en la vida comunitaria que se va generando otro rol de vida, para construir el mundo que queremos, con más incidencia comunitaria. Es tener en las manos la libertad para construir un mundo más igual.»
Todo esto contaba Betty en sus viajes a la comunidad foral de Navarra, invitada por Mugarik Gabe Nafarroa que viene dando apoyo a su organización. Como rompiendo el silencio delataba: «Al Estado Mexicano no le gusta este tipo de procesos pues no les coinciden con la idea que ellos tienen de país, ni a los caciques locales, ni a las multinacionales que compiten por los recursos que tenemos en nuestras tierras»
NOTA: El pasado jueves 20 de mayo, en San Juan Copala fueron asesinados el principal líder de este municipio, Timoteo Alejandro Ramírez (de 44 años de edad) y su esposa Cleriberta Castro (de 35 años de edad).