A dos meses de iniciado el gobierno de Cambiemos diversas organizaciones rurales de base alertan sobre la profundización del modelo del ‘agronegocios’ a expensas de la agricultura familiar, campesina e indígena. Aunque durante los gobiernos kirchneristas la política del sector apuntaló el avance de un modelo agrícola de gran escala y concentrado, ciertos sectores entendían […]
A dos meses de iniciado el gobierno de Cambiemos diversas organizaciones rurales de base alertan sobre la profundización del modelo del ‘agronegocios’ a expensas de la agricultura familiar, campesina e indígena.
Aunque durante los gobiernos kirchneristas la política del sector apuntaló el avance de un modelo agrícola de gran escala y concentrado, ciertos sectores entendían que había dentro del Estado espacios para disputar bajo otras formas de producción de alimentos. Las medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri ya no dejan margen a las propuestas del campo popular. Pedro Peretti, miembro de la Agrupación Grito de Alcorta -desprendimiento de Federación Agraria-, Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y Fernando Frank de los ‘Campesinos del Valle de Conlara’ analizan lo que dejó el kirchnerismo en materia agropecuaria, junto a las rupturas y continuidades que presenta en el nuevo escenario político. Como síntesis del panorama que se avecina, Peretti sugiere: «Todos los que queremos derrotar al neoliberalismo en el campo, debemos estar en la misma vereda».
Balance K
Pedro Peretti es un histórico dirigente federado de Máximo Paz (Santa Fe). Desde hace varios años que mantiene una línea disidente con las últimas dirigencias de la FAA ya que entiende que sus posturas, aliadas a Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, se han olvidado de defender las banderas tradicionales de la entidad, por ejemplo la agricultura con agricultores, «con rostro humano». Sobre los doce años de gobiernos kirchneristas, Peretti reconoce «grandes logros, en materia derechos humanos, ciencia, derechos laborales». Pero no duda en plantear que «el lugar donde menos transformaciones positivas existieron fue en el agro».
El principal error, dice, fue «no identificar al sujeto agrario, cosa que sí hizo el peronismo del 45/55, apuntando sus políticas a los arrendatarios y los peones». Respecto a estos temas, Peretti profundiza sus análisis y propuestas en el libro ‘La chacra mixta y otras yerbas’ (Perspectiva Bicentenario, 2014).
En un contexto de alza del precio de los commodities, con la soja a la cabeza, en los últimos quince años se duplicó la superficie sembrada con esa oleaginosa, al pasar de casi diez millones de hectáreas a inicios del período a unos veinte millones de hectáreas en la actualidad. Ante ese avance de un nuevo modelo de producción contrapuesto al de la chacra mixta y las producciones diversificadas, la política pública era la herramienta para regular este sistema que tiende a la concentración, a eliminar puestos de trabajo directo, y a limar el arraigo rural.
Peretti entiende que la clave para empezar a cambiar este avance sobre los chacareros pasaba por diferenciar en tamaño y producción a los diversos actores del sector. «No quieren hacer creer que un Estado que administra miles de cuentas previsionales diferenciadas no puede medir y catalogar por tamaño y volumen a unos cientos de miles de productores, aproximadamente unos 60 mil sojeros o 29 mil trigueros, que por otra parte ya lo hace AFIP».
Los Campesinos del Valle de Conlara son una organización de base de la provincia de San Luis, autónoma de los partidos políticos. Desde ese colectivo, Fernando Frank agrega que el Plan Estratégico Agroalimentario lanzado por el kirchnerismo «fue también un desastre». Ese trabajo realizado por el anterior gobierno nacional, con apoyo de las gobernaciones provinciales y 43 universidades, fijó metas productivas para el sector hacia 2020. Por ejemplo, apunta a aumentar la superficie sembrada con granos destinados a la exportación de 33 a 42 millones de hectáreas. Para el integrante de los ‘Campesinos del Valle’ durante el proceso de redacción «se manoseó mucho la participación y terminó siendo sólo un elogio de los agronegocios, un revivir de la Argentina agroexportadora más clásica y retrógrada».
Diego Montón, forma parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (Mendoza) y es dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina, que nuclea a unas 25 mil familias en doce provincias. Desde esa organización se plegaron al gobierno nacional durante la etapa de Cristina Fernández, ocupando cargos en la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF). Montón coincide en que el kirchnerismo «fue una gestión durante la cual el agronegocio fue la principal propuesta agraria en sintonía con la ofensiva del capital financiero a nivel global». No obstante, destaca que «fue posible avanzar en términos de organización y de desarrollo de políticas públicas acorde a demandas históricas del sector».
Los diversos referentes rurales de base coinciden en que el kirchnerismo fomentó la concentración del agro.
Para Peretti la creación de la SAF y la sanción de la ley 27.118/2014 destinada a la agricultura familiar fue «un gran logro» del kirchnerismo. Sin embargo «una interna increíble dentro de ese espacio le sacó el financiamiento», que iba a ser de un piso de 1.500 millones de pesos. Es decir, las metas apuntadas a fortaleceR aspectos productivos y cuestiones de fondo que planteaba la norma como el freno a los desalojos rurales quedaron sólo en el papel. Frank también comparte que la política kirchnerista de institucionalizar la agricultura familiar fue un paso importante, que permitió «avanzar en la discusión del desarrollo rural, saliendo de las políticas focalizadas de alivio de la pobreza típicas del FMI».
Estas acciones del Ejecutivo anterior -sostiene Montón- permitieron «avanzar en programas para el acceso al agua, apoyo a ferias locales y mercados, radios comunitarias campesinas, reformas en el Código alimentario y Senasa en términos de exigencias diferenciadas, y el sello de la agricultura familiar».
Dentro de la avanzada del ‘agronegocios’ hubo varias concesiones clave otorgadas por el proceso político precedente. Frank enumera algunos puntos. Un ejemplo, la Ley de Bosques (2007) impulsada por el kirchnerismo «no frenó los desmontes». Pese a ser una norma de avanzada, la falta de impulso y financiamiento permitió que Argentina perdiera más de tres millones de hectáreas de monte nativo en una década. En un caso similar, «la ley anti extranjerización de la tierra no frenó la concentración». No obstante no existen datos serios surgidos desde el Estado acerca de la propiedad y uso de la tierra rural en el país. «No se hizo ningún censo rural serio en doce años. No sabemos cuántas unidades productivas se perdieron y eso es imperdonable», denuncia Frank. Por último, el miembro de los ‘Campesinos del Valle’ agrega que «se aprobaron muchos eventos transgénicos» durante el kirchnerismo, un total de 27, contra siete avaladas en los gobierno previos. En paralelo, «no vieron el problema de los agrotóxicos en su tremenda dimensión: multiplicaron 1279 por ciento el consumo de herbicidas entre 1991 y 2011, según datos del INTA.Y sostienen al glifosato, el 2,4-D y la atrazina mientras muchos países avanzan en las restricciones».
Al grande, todo y más
Con ese escenario como base, Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación decidido a profundizar la agricultura de gran escala. El primer gran gesto para los sectores hegemónicos del agro fue el nombramiento de Ricardo Buryaile como ministro de la cartera del sector, ahora rebautizada como de ‘Agroindustria’. Pocos días después de su asunción, el ex dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas acompañó al presidente en el anuncio de la quita total de retenciones a las exportaciones de trigo, girasol y maíz. Además bajaron un cinco por ciento las retenciones a la soja, quedando en un treinta por ciento, y con el objetivo de una baja gradual para alcanzar el cero por ciento en 2022.
Ante estos primeros movimientos, Peretti afirma que habrá «un problema central a mediano y largo plazo: una tremenda concentración vertical de las empresas, el nuevo gran demonio que acecha a la agricultura familiar». «Se tiende a reemplazar productores de carne y hueso, por grandes empresas que van desde lo primario hasta la venta. Se va hacia un modelo de mega-empresas verticales. A eso apuntan todas las mediada del macrismo», analiza el referente del ‘Grito de Alcorta’.
Fernando Frank apunta a que el domino de la agricultura industrial «va a profundizarse». «La quita de retenciones se va a notar en los territorios con más desmontes, más soja y maíz», puntea. Montón profundiza: «la quita de retenciones y devaluación son formas de trasladar grandes porcentajes de la renta nacional a los sectores concentrados a costa de disminuir el ingreso de los sectores populares, las pequeñas y medianas empresas, y los comerciantes». Con una mirada federal, desde el MNCI observan que «mientras Macri miente diciendo que defiende las economías regionales, en Rio Negro los pequeños productores están tirando su producción, y los trabajadores comen poca fruta por lo cara que la venden los supermercados». Los ejemplos se replican con «los pequeños vitivinicultores que están en quiebra, mientras el vino se vende carísimo; al igual que ocurre con los yerbateros, los tabacaleros, los horticultores, los productores de chivos, corderos y bovinos, a los que se les paga poco y sus productos se venden carísimos».
En tanto se da luz verde al gran empresariado agrario, «la Secretaria de Agricultura Familiar está siendo desmantelada», denuncian Montón y Frank. «Aún no se ha anunciado ni una sola medida que tenga que ver con las demandas y necesidades de los campesinos, indígenas y agricultores familiares», compara el dirigente del MNCI. Y no deja de lado «el descontrol de las fuerzas policiales y militares, y los mensajes represivos del Ejecutivo» que tienden a gestar «un escenario muy peligroso campo adentro, donde los empresarios inescrupulosos pretenden avanzar sobre los derechos campesinos».
Unirse y hacer fuerza
En este contexto los movimientos dentro del campo de las organizaciones populares se agudizan en pos de resistir la avanzada del agronegocios y sus impacto ambientales, alimentarios, y socio-culturales. Diversos espacios que supieron distanciarse durante el gobierno kirchnerista, encuentran hoy nuevas lecturas acerca de cómo defender la agricultura campesina, indígena y familiar.
«La soberanía alimentaria y la reforma agraria tienen más vigencia que nunca», plantea Montón.
«Hubo muchas señales de acercamientos durante todo el año pasado, y me parece que ha sido muy impactante estos primeros meses de Macri. Ante eso las uniones y prácticas concretas se van a ir viendo pronto, pero todavía no están tan claras», dice Frank.
Peretti pide mirar el pasado reciente, donde entiende «se regaló la burguesía agropecuaria a la derecha». «Hay que tener una crítica, mirar ancho, lejos y profundo. Le hizo mucho daño al debate político, ciertos espacios que se dedicaron a adjetivar a todo el sector como ‘gauchocracia’ y eso fue un regalo a la derecha». Ahora, «el triunfo de Macri nos pone a todos en la misma trinchera; todos los que tienen ganas de derrotar al modelo neoliberal en el campo, chacareros, campesinos, peones, agricultores, productores tenemos que estar juntos porque enfrente tenemos cuentas publicitarias millonarias para invisibilizarnos».
«Nos hemos ido articulando, muchas organizaciones, de diversas expresiones, campesinas, indígenas, de pescadores y agricultores familiares, y ahora estamos reflexionando sobre cómo vamos a reordenar estas articulaciones en función del nuevo escenario», plantea Montón. «Hay diversidad, pero hay mucha fuerza organizada», valora el dirigente de la Vía Campesina, que no duda en que «la soberanía alimentaria y la reforma agraria tienen más vigencia que nunca, pues son respuestas apropiadas a las consecuencias de la crisis sistémica: alimentaria, climática y financiera». «Los pueblos saldremos de la mano de la economía popular, pues no será posible la justicia de la mano del capital financiero y las transnacionales».
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