Multitudes marcharon en numerosas plazas del país en favor de la recomposición del presupuesto universitario. Tomaron parte múltiples sectores, dentro y fuera de la comunidad universitaria. “Milei cumplí la ley” fue una consigna multiplicada por miles de pequeños carteles artesanales.
Acompañada por múltiples muestras del tradicional ingenio del pueblo argentino para la generación de lemas. A veces en tono dramático. Otras con toques de humor. Siempre con eficacia a la hora de la manifestación de rechazo a las medidas antipopulares e incitación a la lucha contra ellas.
Desde el poder ejecutivo provocaron con una nueva poda presupuestaria en la víspera de la marcha. Pretenden dar muestra de que siguen impertérritos en sus políticas, que su orientación de clase es más importante que cualquier costo político y conveniencia de coyuntura.
Creemos que el presidente no miente cuando afirma que está dispuesto a perder las elecciones. Su persistencia no es mero capricho, como a menudo se afirma. Es consecuencia en el cumplimiento de una estrategia. Con un sentido de clase unívoco.
No pueden mantenerse expectativas en el veredicto de la Corte Suprema sobre la medida cautelar interpuesta a favor del cumplimiento de la ley de financiamiento. Un tribunal que ha mostrado hasta ahora acompañamiento a las políticas destructivas del gobierno.
Menos aún remitirlo todo a las elecciones y un eventual cambio de gobierno. Es el movimiento real de la sociedad, no las instituciones establecidas, el que posee la clave para la generación de un cambio. No cosmético ni provisorio, profundo y definitivo.
La gestión de La Libertad Avanza destruye el presupuesto de la universidad. Y de toda la educación. También el de ciencia y tecnología. El de políticas sociales. El de cultura. Un ataque frontal contra los recursos que atienden distintas necesidades de la mayoría de la población.
Universidades públicas, ¡afuera!
En el terreno específico de la universidad, la dotación de recursos medida en proporción del PBI es hoy la más baja en más de 20 años. Hay renuncias masivas de docentes e investigadores, deterioro edilicio y de equipamiento. A la hora del gasto, se le asigna mucha mayor prioridad al pago de la deuda externa.
El combate, para el punto de vista de la extrema derecha y sus socios, es de alcance histórico. Incluye lo financiero y a la vez lo excede con amplitud. En su lógica acierta el gobierno cuando se propone la “batalla cultural” en torno a la educación superior.
Quiere universidades públicas menos masivas; con arancelamiento, restricciones al ingreso, migración creciente a los establecimientos privados de docentes y alumnos. Mayor incidencia del empresariado en el proceso educativo.
Las universidades públicas conservan prestigio y adhesión popular. Lo saben. Quieren que eso desaparezca. A eso alude la ministra Sandra Pettovello cuando proclama su propósito: “…desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber…”.
Que “la gente” deje de respaldarla es el propósito de largo alcance. Que crea en superficialidades y mentiras que pretenden desacreditarla. Después vendría un sistema mercantilizado, con vouchers; becas en universidades privadas, investigaciones científicas y técnicas orientadas por las empresas. Negocio de la salud sin “interferencia” de los hospitales universitarios.
Y sin que se hable más del derecho a la educación. Que sea un servicio que se vende y se compra, una mercancía más. El que no pueda con el pago que no estudie. Y que abandone el sueño de una sociedad con rasgos igualitarios. En la que es común encontrarse con trabajadoras y trabajadores de bajos ingresos, sólo con educación primaria, que tienen hijas e hijos que completaron la educación superior.
Necesitamos ser muchos más. Con objetivos más audaces.
La movilización, que fue muy cuantiosa, debió ser aún más masiva. Una multitud arrolladora como la del 23 de abril de 2024, en la primera marcha. Para el forzamiento de la derrota desde abajo del gobierno de La Libertad Avanza se necesitará la confluencia potente de todos los sectores sociales. Y en particular la concurrencia en masa del estudiantado, mucho más allá del activo de agrupaciones y centros de estudiantes y su periferia.
Es imperativa, de nuevo, la comprensión de que la defensa de la universidad no es una puja sectorial. Lleva aparejado el sostén de una democracia verdadera y el camino de la derrota de un proyecto que quiere el regreso del país al “orden conservador” anterior a 1916.
Uno en el que las universidades de empresas y “fundaciones” tomen la posta, un siglo después, de las casas de estudio elitistas, reaccionarias y antidemocráticas anteriores a la reforma de 1918.
La lucha de las universidades es también un compendio posible del combate por una sociedad justa e igualitaria. En choque abierto contra las políticas que disminuyen el presupuesto de hospitales dedicados al tratamiento del cáncer. Al mismo tiempo que bajan impuestos para la importación de autos de lujo. Ellos tienen clara su orientación de clase. La respuesta efectiva requiere una claridad aún mayor desde abajo.
Es en suma una parte sustancial del enfrentamiento con esta nueva ronda de ofensiva y revancha social por parte de las clases dominantes. Una que no puede ser contrarrestada con negociaciones y “compases de espera”. Ni siquiera con medidas de fuerza esporádicas sin continuidad ni profundización.
Necesitamos confianza en nuestras propias fuerzas y mayor potencia en la acción. Articuladas sobre la voluntad y conciencia de que podemos dar término a un sistema putrefacto.
Hagamos la traducción cabal al presente y al futuro cercano de aquella frase liminar de la reforma universitaria de 1918: “Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”.
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