Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y Formosa fueron algunos de los lugares en los que la represión sobre pueblos indígenas y campesinos dijo presente durante los últimos meses. En todos los casos se debe a conflictos territoriales, por avance de la frontera petrolera y agropecuaria. «Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral […]
Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y Formosa fueron algunos de los lugares en los que la represión sobre pueblos indígenas y campesinos dijo presente durante los últimos meses. En todos los casos se debe a conflictos territoriales, por avance de la frontera petrolera y agropecuaria. «Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan nunca más», reclamó una carta abierta a la Presidenta publicada por académicos y organizaciones sociales en enero. El escrito, que lleva la firma de Osvaldo Bayer y Eduardo Galeano (entre otros), recuerda a las últimas víctimas de los pueblos originarios, apunta al modelo económico extractivo y alerta sobre una «escalada de violencia» contra campesinos e indígenas.
Avanzada petrolera
En las afueras de Zapala (Neuquén) opera la petrolera estadounidense Apache, en territorios de comunidades mapuche. Allí se desarrolló el primer pozo de hidrocarburos «no convencionales» de Argentina (yacimiento bautizado «anticlinal»). Territorio de la comunidad Gelay Ko, que denunció contaminación (derrames y posible afectación del acuífero que provee agua a la región) y presiones empresarias para avanzar con nuevas explotaciones.
La empresa Apache también explota el yacimiento Portezuelo Norte, también en cercanías de Zapala. El 15 de octubre la comunidad Winkul Newen («Fuerza de los cerros») denunció el derrame de petróleo en un ducto de la empresa Apache. Dos meses después, el 28 de diciembre, y por orden de la jueza Ivonne San Martín (conocida por sus frecuentes fallos contra el Pueblo Mapuche), una auxiliar del Poder Judicial, policías y la empresa Apache llegaron hasta la comunidad Winkul Newen para que la compañía reactive diez pozos petroleros.
La comunidad resistió el ingreso de la petrolera y, producto del enfretamiento, fue herida en el rostro la oficial de justicia Verónica Pelayes.
«La comunidad resistió a una orden de desalojo dictada por la jueza Ivonne San Martín de Zapala, la cual imponía el ingreso de la empresa Apache a territorio comunitario. Este hecho impune terminó con dos autoridades mapuche detenidas, Martín Maliqueo, werken de la comunidad, y Mauricio Rain, lonko de la comunidad Wiñoy Folil. Repudiamos el accionar policial y judicial en complicidad de la empresa Apache, que sólo acusa y detiene al pueblo originario mapuche por defender sus derechos», denunció el 29 de diciembre la comunidad Winkul Newen. Al día siguiente detuvieron a Relmú Ñamku, también integrante de la comunidad.
Una decena de organizaciones (entre ellas la Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el obispo emérito Marcelo Melani), lamentaron la violencia del 28 de diciembre de 2012: «Nos duele el rostro desfigurado de la señora Verónica Pelayes (la auxiliar de justicia herida con un piedrazo) y lo lamentamos profundamente, también nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad», lamentaron.
En un comunicado de once puntos, resaltaron: «¿Queda alguna duda que la justicia de Zapala, en la figura de la jueza Ivonne San Martín, la secretaria Alicia Fuentes y la camarista Liliana Deiub están a favor de las empresas extractoras de hidrocarburos, sin importarles en primer lugar la gente que vive en los territorios de explotación y sin detener la mirada en la contaminación en todas sus formas producidas por dichas actividades petroleras?» La primera semana de enero, la comunidad Winkul Newen advirtió que «el avance de la multinacional Apache no se detendrá», lo vinculó a la avanzada de explotación de yacimientos no convencionales y responsabilizó al gobierno nacional y provincial.
El 14 de febrero a la mañana, la empresa Apache (con custodia policial) intentó ingresar a la comunidad. «No los dejaremos. Es territorio comunitario. Primero tienen que sanear lo que contaminaron y sentarse a discutir con nosotros el impacto de su actividad en la comunidad», afirmó Relmú Ñamku, vocera de Winkul Newen.
Secuestro en Santiago
Miguel Galván, del Pueblo Lule-Vilela e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) fue asesinado el 10 de octubre de 2012. La organización denunció que recibió una puñalada en la yugular por un «sicario» de un empresario sojero. El crimen sucedió el 10 de octubre en el paraje Simbol, en el límite con Salta. El Mocase-VC (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena -MNCI-) exigió que se apruebe en el Congreso Nacional la ley para frenar los desalojos, nacida de las organizaciones rurales y que fue presentada por el kirchnerismo en diciembre de 2011 (luego del asesinato de Cristian Ferreyra, también del Mocase-VC).
La ley no se aprobó.
El 30 de enero, en la comunidad indígena Tres Leones (en el norte de Santiago del Estero), Juan Santillán fue secuestrado y amenazado por una patota al servicio de un empresario agropecuario. «Primero me apuntaron, me golpearon y tiraron al suelo. Luego me ordenaron que me saque la ropa y a punta de escopeta el señor Alejandro Porta junto con sus cómplices me llevaron por un camino. Me hacen caminar un kilómetro desnudo, paran y me dicen que abra la boca, quieren fusilarme con una escopeta 12/70 automática. Me niego. Me llevan nuevamente hasta la camioneta negra Hilux y me intentan obligar a subir. Me niego. Me afirman nuevamente el caño de la escopeta en la espalda, me dice ‘te vamos a violar’. Me revelo. ‘Matame ya que mierda’, le digo», recordó Santillán, del Mocase-VC. Y afirmó que, antes de dejarlo ir, le advirtieron que si no dejaba el campo iban a asesinar a sus once hijos.
La comunidad Tres Leones señaló que mantiene el conflicto territorial desde hace ocho años y que, en ese lapso, ha realizado «más de 50 denuncias» ante la Policía, juzgados y la Dirección de Bosques provincial (dependiente del Ministerio de Producción).
«A pesar de las denuncias, la policía hace adicionales para los empresarios. No hay investigación para dar con las armas que portan los sicarios, no dan con nuestros animales robados, nada hacen por las amenazas que sufren nuestros hijos, continúan cortados caminos vecinales por los campamentos de bandas armadas que custodian una topadora que realiza desmontes y deslindes en nuestro territorio», denunció el Mocase-VC e hizo responsable «al gobierno provincial de lo ocurrido hasta aquí y de lo que pueda suceder».
Sangre Qom
El 9 de diciembre de 2012 fueron atropelladas en Formosa (ruta 86) la beba Lila Coyipe (de diez meses) y su abuela, Celestina Jara. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el día siguiente. Ambas qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Ricardo Coyipé, también atropellado (esposo de Celestina y abuelo de Lila), denunció que «no fue accidente, lo hizo a propósito» y precisó que el gendarme que los chocó -lejos de auxiliarlo- lo pateó en el piso y amenazó para que no realice la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. «Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando», denunció Coyipé. La comunidad aseguró que el trasfondo es la disputa territorial.
La versión policial, y del gobierno de Formosa, fue que se trató de un accidente. El 5 de enero, en Villa Río Bermejito (en el Impenetrable de Chaco) fue encontrado sin vida el qom Imer Flores (de 12 años). Había sido golpeado, su rostro estaba desfigurado y arrancado de su piel un tatuaje que lo identificaba con su comunidad indígena El Colchón. Luego de que la comunidad tomara la comisaría local, la Policía detuvo al supuesto agresor. «Una ves más el naroqshe (blanco) impregna de dolor y muerte al Pueblo Qom», lamentó el comunicado del Consejo Carashe (autoridades indígenas) del Impenetrable chaqueño.
El gobernador, Jorge Capitanich, lamentó la muerte y la vinculó a un «hecho policial». La comunidad qom lo asoció al racismo histórico, y cotidiano, que pacen los pueblos originarios de la región. El 6 de enero, en la localidad de Laguna Blanca (Formosa), una patota golpeó a Omar Avalos, activo luchador de la comunidad qom La Primavera. Avalos denunció (junto a su esposa, que fue testigo de la golpiza) que los atacantes los acusaban de ser opositores al gobierno provincial.
Tres días después, el 9 de enero, falleció Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años, de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. «La policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo en accidente en la moto. No le creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza», denunció Pablo Asikaj, padre de Daniel, y alertó: «Nos matan por nuestra lucha por la tierra». El gobierno provincial sostuvo que se trató de un «accidente vial, lo que se diga en contrario son falacias».
El joven era sobrino del líder de la comunidad y referente en la lucha qom, Félix Díaz.
Carta abierta
El 17 y 18 de noviembre de 2012 se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre las cuáles sobresalía el Consejo Plurinacional Indígena (espacio de articulación nacido en el Bicentenario argentino -mayo de 2010-). «Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales», denuncia el documento, llamado «Derechos humanos para los pueblos indígenas». En enero pasado, un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura escribieron una carta abierta a la presidenta de la Nación. «Nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren los pueblos indígenas», denuncia el escrito, firmado (entre otros) por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el periodista e historiador Osvaldo Bayer.
La extensa carta repasa hechos históricos que golpearon a los pueblos originarios, argumenta de manera concreta sobre las falencias del Estado y propone políticas activas para revertir la situación. Siempre en un tono respetuoso y con argumentos, interpela a la Presidenta: «Se trata de un problema de extensión nacional y se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes. Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años».
«Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de pueblos indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña», afirma el escrito.
Firmado por miles de personas en pocos días, pide que se investiguen los asesinatos, que se cumplan las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, que intervenga en el modelo extractivo que avanza sobre las comunidades y solicita a la Presidenta: «Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes (los asesinatos)». No hubo ninguna respuesta de funcionarios del gobierno nacional.
Una semana después de la carta abierta, el 4 de febrero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un acto público con Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa, epicentro de la represión contra el pueblo indígena Qom.
Transmitido por la televisión, no hubo mención a la situación indígena, abundaron las sonrisas y los apoyos mutuos. Como si la carta abierta, y los asesinatos de indígenas, nunca hubieran existido.