El miércoles, el juez comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, citó a una audiencia donde escuchará las últimas objeciones sobre el acuerdo al que arribaron Vicentín y una parte destacada de sus acreedores.
El juez había rechazado ese acuerdo un año atrás porque lo consideró “abusivo” con algunos acreedores a los que sometía a una quita de la deuda de entre 60/80 %.
El juez también puede escudarse en un par de cuestiones técnicas para evitar un pronunciamiento. Una es que la Corte Suprema de Santa Fe tiene varios recursos extraordinarios por resolver. Por ejemplo, del Banco Provincia de Buenos Aires que impugnó un fallo de la Cámara de Apelaciones: otro de Commodities, una firma cerealera que asegura que el acuerdo de acreedores viola sus derechos constitucionales por la quita de deuda a la que la somete.
También una causa penal en la Justicia de Rosario, por defraudación y estafas iniciada tras el default, en la que se acusa a accionistas y directivos por “asociación ilícita”.
Vicentín tiene 1.600 acreedores, de los que el principal es el Banco Nación, con U$S 300 millones.
Según Estanislao Bougain, director de Vicentín, “la reestructuración del crédito privilegiado del Banco Nación está muy bien encaminada y estamos relativamente cerca de poder llegar a un acuerdo”. Además, aseguró que el juez Lorenzini puede avanzar en la homologación del acuerdo con los demás acreedores porque el del Banco Nación va por cuerda aparte.
Para el resto el acuerdo implicaría el pago inmediato de hasta U$S 30.000 a cada acreedor (con lo que la mitad cobraría toda su acreencia), junto con otro desembolso de U$S 134 millones a prorratear entre todos los acreedores. Al año pagaría U$S 127 millones y recién doce años después abonaría otros U$S 165 millones.
La Cámara de Apelaciones reconoce que los acreedores pierden, pero que eso era mejor que cerrar la empresa.
El convenio incluye el traspaso del 95% de las acciones de Vicentín con menos establecimientos que cuando entró en default, porque los fueron vendiendo en estos cuatro años, a un consorcio formado por Viterra (ex Glencore), Bunge y la cooperativa ACA. El 5% restante quedaría en manos de los anteriores accionistas.
El caso Banco Nación
El lunes 8 de julio se cumplieron cuatro años de una resolución judicial que determinaba la fuga de millones de dólares de parte de un grupo de directivos del consorcio Vicentín en complicidad con funcionarios nacionales ubicados en el Banco Central de la República Argentina, en el Banco Nación y en el gobierno nacional del ingeniero Mauricio Macri.
El 8 de julio de 2020, el fiscal Gerardo Pollicita hizo público un documento que muestra la facilidad con la que algunos directivos de la empresa Vicentín accedían a los créditos del Banco Nación.
Dice el texto en su página 24: “Por último, el 26 de noviembre de 2019, los funcionarios del Banco de la Nación Argentina -Bled, Tortul, Testa, Moschini y González- en menos de una hora -entre las 10.38 y las 11.17- y a pedido de los empresarios Herman Vicentín y Máximo J. Padoán, le concedieron a la firma Vicentín un nuevo crédito por la suma de USD 6.000.000”.
Pero, durante noviembre de 2019, la empresa tuvo 28 créditos por más de 105 millones de dólares.
“…Lo expuesto demuestra que durante el mismo período en el que la firma Vicentín tenía deudas vencidas con el Banco de la Nación Argentina, el dinero para cobrar dichas deudas se encontraba a resguardo del banco en dos cuentas específicamente creadas ante un eventual incumplimiento, sin embargo, los funcionarios del Banco de la Nación Argentina a pedido de los empresarios, decidieron liberar 43.449.104.966 pesos, hasta el 3 de diciembre inclusive, hasta una cuenta corriente de la firma Vicentín que no poseía ninguna limitación, lo que le permitió a estos últimos disponer de los miles de millones de pesos que garantizaban los préstamos, burlando de tal forma, toda posibilidad de cobro por parte de la entidad bancaria.
“En efecto, como se verá a continuación, una vez que los fondos se encontraban en la cuenta corriente de la firma en la misma entidad, los titulares de la firma Vicentín usaron parte del dinero para pagar gastos de la firma -tales como proveedores, impuestos, salarios- pero otra parte significativa de los fondos eran transferidos mes a mes a “cuentas propias” que la firma mantenía en otros bancos, por lo que el destino final de estos últimos resulta de momento desconocido”, dice el escrito del fiscal federal.
Los señores empresarios, hicieron 1.418 transferencias a cuentas propias entre agosto de 2019 y enero de 2020.
En la página 50 se informa que “de los casi de 800 millones de dólares y más de 2.000 millones de pesos que el Banco de la Nación Argentina a lo largo del período agosto a diciembre de 2019 tuvo en las cuentas en garantía de las deudas de Vicentín, al momento en que se efectuó la afectación de los fondos sólo se hallaron en las cuentas apenas poco menos de 8 millones de dólares, lo que demuestra la magnitud del daño ocasionado al patrimonio del Banco de la Nación Argentina”, dice Pollicita.
Directivos y ex directivos procesados por fraude fiscal
Un reciente fallo, el juez federal Aldo Alurralde procesó a 14 directivos y ex directivos de la empresa agroindustrial Vicentín S.A.I.C. por el delito de “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”.
La acusación, respaldada por la AFIP, alega que la empresa utilizó facturas falsas para obtener reintegros indebidos de IVA por más de 143 millones de pesos entre 2016 y 2019. La maniobra fraudulenta implicó el uso de 80 proveedores ficticios algunos con domicilios en lugares absurdos como el Océano Pacífico y una escuela.
Entre los procesados se encuentran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, y varios miembros de la familia Vicentín. Todos enfrentan la posibilidad de penas de prisión de hasta nueve años, agravadas por la participación de múltiples personas en la maniobra delictiva.
Los procesados, Los ex directores Sergio Roberto Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Oscar Vicentín, Herman Roberto Vicentín, Oscar Silvio Vicentín, Norma Susana Vicentín, Rubén Darío Vicentín, Máximo Javier Padoán, Cristian Andrés Padoán, Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Martín Sebastián Colombo y Yanina Boschi, enfrentarán embargos de 100 millones de pesos cada uno, como parte de las medidas judiciales tomadas para asegurar el resarcimiento del daño al Estado. La resolución de este caso puede marcar un precedente importante para futuros litigios contra prácticas empresariales ilícitas.
Son considerados coautores responsables del delito de aprovechamiento de beneficios fiscales.
El procesamiento es un gran paso frente a las expectativas truncadas con la marcha atrás del gobierno de Alberto Fernández, que en 2020 había anunciado la intervención de la empresa.
En aquel momento se alimentaron las ilusiones populares en una intervención del estado en el control del mercado externo y el fortalecimiento de políticas en beneficio del consumo interno.
Cuatro años después, un juez federal demostró que aquella habría sido una medida política de enorme justicia.
Es un gran paso en este contexto en que el presidente de la Nación defiende como «héroe» a quien fuga dinero, mientras preparan con el RIGI preparan un paquete de medidas para profundizar la evasión fiscal.
“Cuellos Blancos”
«Cuellos Blancos: El caso Vicentín» es un documental que puede verse en distintos cines del país. Investigado, dirigido y guionado por Andrés Cedrón, expone y recopila la magnitud de la estafa que llevó adelante la agroexportadora contra sus trabajadores, productores y el Banco Nación. Además, el entramado político, judicial, mediático y de los distintos gobiernos que continúa la impunidad de la empresa y sus directores hasta el día de hoy.
Mientras en los tiempos que corren del gobierno de Milei y la Libertad Avanza busca mostrar que los empresarios y capitalistas son hábiles emprendedores, gente «de bien» que con mucho esfuerzo y sacrificio se la rebuscó, construyó empresas, dio trabajo y triunfó a base de sus méritos, el documental de Cedrón sobre Vicentin es un gran desmitificador de ese discurso para mostrar como uno de los grandes pulpos de la exportación argentina construyó su “imperio” sobre la base de la explotación, la corrupción, la impunidad y a costa del Estado nacional a lo largo de toda su historia.
El documental comienza con un recuento detallado de la crisis financiera de Vicentin, que declaró la quiebra en 2019 y se acogió al concurso preventivo de acreedores en 2020, perdiendo 1.380 millones de dólares en 6 meses. La investigación retrata cómo este colapso no fue un evento aislado, sino que fue preparado luego de años de manejo fraudulento, evasión fiscal, fuga de divisas amparadas por la justicia y distintos actores del Estado.
A lo largo de la película, se exponen las maniobras fraudulentas de Vicentin, incluyendo la manipulación de precios de transferencia y el uso de empresas fantasmas en países como Paraguay, Uruguay y Panamá, para triangular sus operaciones y también para la fuga de 791 millones de dólares que vaciaron de la empresa, así como operaciones e intercambios de activos de la empresa como con la multinacional Glencore sin cobrar un solo dólar.
Un punto fuerte de la película es el recorrido histórico de cómo la empresa y la familia Vicentin fueron construyendo su poderío. La cesión de tierras del Estado para su complejo oleaginoso, la estatización de la deuda privada de las empresas, entre las que se encontraba Vicentin, que hizo Cavallo durante la última dictadura militar y el régimen privatizador de Menem que permitió la construcción de esos enormes puertos privados como los de la zona de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe repartidos en tan solo un puñado de empresas, fueron parte constituyente del pulpo que aglomera cerca de 30 empresas. Pero también toda esa estructura se construyó históricamente sobre la precarización y la explotación de sus trabajadores, incluso con la detención y desaparición durante el golpe de estado de 1976, de 22 obreros del emporio de granos ubicado en la localidad de Avellaneda en 1975, 14 de los cuales eran delegados. Muchos fueron secuestrados en el propio establecimiento laboral, por organizarse por las deplorables condiciones de trabajo y sueldos de miseria, donde además fueron víctimas de innumerables vejaciones y torturas.
Un punto crucial del documental es la complicidad política de esta gran estafa. Por un lado, como el Macrismo facilitó la estafa de Vicentin al Banco Nación aprobando el 40% de los créditos en el último mes de su gestión y por otro, el intento fallido del gobierno de Alberto Fernández de expropiar Vicentín en el año 2020, que pasó de la intervención a la expropiación, la expropiación al rescate y del rescate a que Vicentín perpetúe su impunidad.
Cedrón presenta una investigación muy bien lograda que denuncia contundentemente la estafa de Vicentin y una puesta en escena del ciclo de impunidad que rodea a los grandes capitalistas. incorporando voces como Efrén Venturini, ex trabajador de Vicentín y delegado detenido durante la dictadura; de Daniel Yofra por la Federación Aceitera y de Daniel Succi del Sindicato Aceitero, de periodistas como Alejandro Bercovich y Carlos del Frade, además de fiscales, abogados, interventores, entre otros.
DIRECCIÓN: Andrés Cedrón
GÉNERO: Documental
DURACIÓN: 100’
ORIGEN: Argentina
AÑO: 2024
CALIFICACIÓN: ATP (Apta para Todo Público)
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Agencia Farco
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