Un abogado que representa a sindicalistas víctimas de la dictadura militar (1976-1983) interpuso hoy una doble demanda contra la empresa estadunidense Ford Motor Company, y su filial Ford en Argentina, en una causa que investiga el secuestro de integrantes de la comisión gremial interna de esa compañía el 24 de marzo de 1976. En la […]
Un abogado que representa a sindicalistas víctimas de la dictadura militar (1976-1983) interpuso hoy una doble demanda contra la empresa estadunidense Ford Motor Company, y su filial Ford en Argentina, en una causa que investiga el secuestro de integrantes de la comisión gremial interna de esa compañía el 24 de marzo de 1976.
En la misma causa se solicitó una orden de captura contra el ex presidente de la Ford argentina, el chileno Nicolás Enrique Courard, y otros ex ejecutivos como el ex gerente, Pedro Müller, y el entonces responsable de relaciones industriales, Guillermo Galárraga.
También están involucrados en la causa el ex jefe de seguridad, el militar Héctor Francisco Sibilla, y el ex director de la Escuela de Ingenieros, Antonio Francisco Molinari, todo ellos relacionados con la filial de Ford en General Pacheco, provincia de Buenos Aires.
El querellante es el delegado sindical de Ford, Pedro Norberto Troiani, víctima de la dictadura. Su abogado, Tomás Ojea Quintana, fue quien presentó la demanda.
Troiani fue secuestrado, al igual que sus compañeros, por las Fuerzas de Seguridad cuando se encontraban en la fábrica, y privados de su libertad en un improvisado centro de detención en terrenos de la misma planta, donde había un campo deportivo.
Según el relato de Troiani, él y los demás secuestrados fueron encapuchados «nos golpearon, sufrimos todo tipo de torturas, incluso con la picana eléctrica y hubo simulacros de fusilamientos».
En esa empresa, donde en su momento hubo más de 5 mil trabajadores, se fabricaban los autos Ford Falcon verde oliva, que las fuerzas de seguridad y grupos de tareas utilizaron para secuestros.
Veinticuatro delegados de la comisión interna y otros empleados secuestrados declararon que fueron identificados por sus captores por la fotografía del carnet de la empresa, y que los ejecutivos tenían estrecha relación con los militares.
La empresa está acusada de ejecutar un plan para castigar la actividad gremial. Mediante esta medida de «terrorismo empresarial» podían llevar a cabo despidos sin protestas del gremio. Según otro trabajador, Vicente Ismael Portillo, «las fuerzas militares utilizaron para nuestros secuestros medios suministrados por la empresa».
Una investigación similar se llevó a cabo contra la empresa alemana Mercedes Benz que comprobó lo que familiares y víctimas consideran una abierta colaboración de esas trasnacionales en el esquema de guerra sucia de la dictadura militar.
Esta acción ocurre a pocos días de que en Uruguay se identificó al coronel retirado, Eduardo Ferro, como uno de los asesinos de la joven María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, quien fue trasladada desde Argentina a Uruguay en la Operación Cóndor, en 1976.
Según investigadores , este y otros balnearios se convirtieron en un verdadero «refugio» de ex torturadores y criminales de la pasada dictadura en uruguaya (1973-1985).
Una investigación del periodista Roger Rodríguez, publicada en el periódico uruguayo La República, en 2002, reconstruye el secuestro de María Claudia, quien fue llevada embarazada a Uruguay, donde estuvo cautiva hasta que nació su hija, que fue entregada a la familia de un policía uruguayo.
Aún se buscan los restos de la mujer, los de su esposo Marcelo fueron hallados en Argentina. La hija del matrimonio fue localizada en 2000.
Ferro era gerente del Hotel Las Dunas de Manantiales, en Punta del Este, en el vecino país que funciona como refugio de ex militares de las dictaduras. Entre ellos figuran los coroneles retirados, José Baudean y Calixto de Armas. Se denunció que ambos estuvieron bajo las órdenes del coronel Regino Burgueño, quien estaría en Miami y habría tenido bajo su mando a militares clave en la Operación Cóndor, como José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Pajarito Silveira, Ricardo el turco Arab y, precisamente, Eduardo Ferro.
Este ex alumno de la Escuela de las Américas ha sido acusado de cumplir tareas del Organismo de Operaciones Antisubversivas (OCOA) desde 1975, y en el centro clandestino de detención y torturas ubicado en los fondos del Batallón 13 de Montevideo.
También cumplió órdenes en Argentina y está acusado de haber sido parte del comando conjunto que secuestró el 12 de noviembre de 1978 en Porto Alegre, Brasil, al matrimonio uruguayo de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz junto a dos hijos de la joven. El matrimonio sobrevivió gracias a organismos de derechos humanos de Brasil.