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Violencia y política contra la 4T

Fuentes: Rebelión

La espiral ascendente de violencia en México ha entrado en dura competencia con las gráficas que muestran las cifras de afectados y muertos por el coronavirus, que aún no encuentran su pico máximo ni la oficialmente anunciada meseta.

El promedio de asesinatos es de casi tres mil al mes y este mes de junio el crimen políticamente organizado desarrolló acciones armadas en Colima, Caborca, (Sonora), Michoacán, Chihuahua, Guanajuato, Matías Romero (Oaxaca), donde atentaron contra el periodista Carlos Sánchez, Jefe de Comunicación Social de esa localidad oaxaqueña, Zacatecas y Durango donde el reportero Luis Ángel Rodríguez recibió amenazas de muerte.

El 26 de junio, amaneciendo en Ciudad de México, un comando que se hizo pasar por trabajadores de la construcción, roció de balas el carro blindado en el que viajaba el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch: murieron dos escoltas del jefe policiaco y una mujer, vendedora ambulante de comida. Omar García resultó con heridas de bala y se recupera favorablemente en el hospital.

La narrativa oficial, repetida por medios periodísticos como La Jornada, de que el narco desafía al Estado en el corazón de México (portada de sábado 27 de junio) transmite la idea falsa de que unos delincuentes muy bien armados son capaces de atentar contra la máxima autoridad policiaca, en operativos que exigen todo un aparato de información precisa de los movimientos de la víctima, además de otros detalles técnicos vinculados a información facilitada desde el interior de los aparatos del Estado; estos incluyen vínculos políticos que desean presentar un panorama de incompetencia y falta de control y respuesta por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de la Cuarta Transformación.

Es por eso que, en todo lo relacionado con el tema narcotráfico, el epíteto “crimen políticamente organizado” se ajusta más a la realidad de un fenómeno social que tiene forma de pirámide, con el ángulo superior coloreado de intereses políticos y gruesos trazos DEA lineados por el exterior de la figura. Relacionado con esto llama la atención las declaraciones del Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldivar, al calificar de crimen de Estado, el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, el pasado 16 de junio en Colima.

ABONANDO EL CAMPO

Una transformación de la política y la vida social en México pasa por reconocer y enfrentar los problemas generados por una guerra impuesta al país, al menos desde el 2000, con Vicente Fox en la presidencia. Fortalecer una base social que respalde, no sólo en las urnas y las encuestas, las líneas básicas para el cambio que apunte a una mayor justicia social. No se está haciendo. Al contrario, el fortalecimiento de la figura presidencial pareciera dar la razón a aquellos que hablaban de un “Mesías tropical”. Desde el “abrazos y no balazos”, hasta aquello de “no robar, no mentir, ayuda mucho para que no dé el coronavirus”; el estéril e innecesario enfrentamiento con la prensa en las conferencias mañaneras, la descalificación de evidencias como que la violencia contra las mujeres se ha disparado a raíz del semiconfinamiento por la pandemia, resultado palpable y consecuencia de una sociedad donde el machismo y el desprecio por la mujer se expresa desde el lenguaje y se concreta en todas las clases sociales y territorios del país. El empeño en impulsar megaproyectos impuestos a los pueblos con el talismán, ya muy devaluado, del desarrollo, el turismo de masas y disfrazados de consultas amañadas y amarradas con las autoridades locales; pretender arrebatarle la base social a la narcodelincuencia con programas sociales que son una copia exacta de la política asistencialista que aplicó el priismo para asegurarse el respaldo de un pueblo agradecido por unas monedas, unas láminas o unas bolsas de cemento para construir.

El pasado 7 de junio en Minatitlán, Veracruz, López Obrador llamó a los actores de la vida pública en México a definirse: a favor o en contra de su proyecto de gobierno… “No, unanimidad no”, dijo en 2006 el escritor Carlos Monsiváis cuando le hicieron saber que una carta firmada por él y varios allegados, en contra del plantón en Paseo de la Reforma de México había causado molestias en el círculo de López Obrador.

CON EL ENEMIGO EN CASA (y pactando)

En política el equilibrio y la valoración de determinados pactos es una constante, pero pactar con oportunistas sin escrúpulos (caso PVEM Partido Verde Ecologista de México) o con fuerzas político-religiosas como el PES, Partido Encuentro Social, termina por derivar en un balance desfavorable. El PES fue uno de los partidos que, en alianza con MORENA, se presentaron a las elecciones federales de 2018 con el nombre de “Juntos Haremos Historia”.

Este jueves 25 de junio cinco legisladores chiapanecos del PES y del Partido del Trabajo, PT, presentaron una iniciativa al pleno del legislativo estatal: una propuesta para declarar Día Estatal de la Oración el próximo día 26 de agosto. Argumentaron que la oración es un valor universal de gran poder para cualquier persona en función de su fe. Evidentemente y a pesar de que los legisladores lo nieguen, están socavando los fundamentos histórico-constitucionales que establecen la clara separación entre Iglesia y Estado.

Así es como se va institucionalizando y teniendo más presencia social y política un movimiento religioso que va ganando fuerza en todo el continente americano y que es contrario a la Teología de la Liberación y su opción por los pobres, más bien hacen apología del lujo y las propiedades con la llamada Teología de la Prosperidad.

En países como Brasil, los evangélicos cuentan con sus propias compañías constructoras para la edificación de iglesias y celebran una Feria de Negocios llamada ExpoCristo. La Asamblea de Dios ofrece dos tipos de tarjetas de crédito a sus fieles: la misionera y la dorada. Y crecen con más fuerza donde hay más pobres. (Revista Polìtica Exterior. Luis Esteban Manrique, 15 de noviembre, 2018).

Con el argumento de mostrar “respaldo total al presidente de la República” y las propuestas que busca impulsar en el Congreso, el presidente de MORENA, Alfonso Ramìrez Cuéllar anunció la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (el partido de las tres mentiras le dicen). El PVEM fue muy activo y colaborador del PRI dando su respaldo a todas las reformas estructurales presentadas por el anterior presidente Enrique Peña Nieto. Estuvo implicado en varios casos de corrupción durante el sexenio peñanietista con gastos millonarios para sobornos y promoción de imagen en beneficio de sus candidatos. En el 2018 presentó una propuesta para la aprobación de la pena de muerte en México. El PVEM ha colaborado con gobiernos del PAN y del PRI. En Chiapas llegó a la gubernatura del Estado con Manuel Velasco a la cabeza en una estrategia política y mediática que imitó la frivolidad, el derroche y los vínculos con el narcotráfico que llevaron a la silla presidencial a Peña Nieto.

Con varios elementos de rancio pasado priista en el gabinete de López Obrador como el secretario de educación Moctezuma Barragán o Alfonso Durazo, actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y con un círculo de asesores económicos como Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca y tiendas de raya Elektra) y Alfonso Romo, empresario agroindustrial del Grupo Monterrey, sin replicar en todo México iniciativas como la de Rafael Barajas, director del Instituto de Formación Política, con iniciativas de nula repercusión social como la publicación de una cartilla moral y con el reforzamiento del presidencialismo, López Obrador va preparando el terreno para una derecha resentida por la derrota electoral de julio de 2018, norteada en cuanto a líneas de trabajo político y liderazgos pero que siguen medrando en las estructuras corruptas y las redes criminales, con capacidad para modular los niveles de violencia políticamente organizada en un país al que le siguen imponiendo la guerra como elemento desestabilizador.

FUENTES: La Jornada, Revista Proceso, Portal digital Chiapas Paralelo.

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