Cumplidos los plazos impuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la excarcelación de Milagro Sala, el gobierno jujeño volvió a demorar el traslado de Sala al inmueble ubicado en la localidad de El Carmen, a 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, donde vivía la parlamentaria del Mercosur al ser detenida hace […]
Cumplidos los plazos impuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la excarcelación de Milagro Sala, el gobierno jujeño volvió a demorar el traslado de Sala al inmueble ubicado en la localidad de El Carmen, a 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, donde vivía la parlamentaria del Mercosur al ser detenida hace 589 días. Dieciocho días después del límite impuesto por el organismo internacional al Estado argentino, el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, dijo a la prensa que demorarían de dos a tres días en colocar cámaras alrededor de la casa donde la justicia dispuso trasladar a la líder de la Tupac Amaru.
Ekel Meyer, el ministro de Gerardo Morales que el 16 de enero de 2016 detuvo a Sala en su casa del barrio Cuyaya de la capital jujeña, aseguró en un medio de esa provincia que terminarían de colocar las cámaras para controlar el perímetro de la casa de El Carmen en las próximas 48 a 72 horas. El viernes pasado el juez penal residual Pablo Pullén Llermanos había asegurado que solo restaban detalles para el traslado, pero el anuncio del ministro volvió a estirar los plazos.
«El Estado Nacional lleva 18 días de incumplimiento de la medida cautelar que emitió la Comisión y según la cual Milagro Sala debería estar fuera de la cárcel para evitar que se produzca un daño irreparable en su integridad física. Los jueces siguen demorando un cumplimiento que, de todas formas, sería parcial dado que la CIDH resolvió que debía cumplirse con la resolución de Naciones Unidas según la cual el estado la debía liberar en forma inmediata o, eventualmente, otorgarle la prisión domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica», señalaron los abogados defensores de la diputada del Parlasur.
Los abogados dijeron que la prisión domiciliaria implica que la persona esté en su domicilio, con sus afectos y con la única restricción de no salir. Lo mismo consideró en declaraciones a la prensa el presidente de la CIDH, Francisco de Eguiguren, tras conocerse el traslado de Sala a una vivienda que no es su domicilio y que será controlado como si se tratara de una cárcel de máxima seguridad y con la vigilancia de una fuerza federal, algo expresamente prohibido por ley.
«Los jueces establecieron toda una serie de restricciones que son contrarias al régimen domiciliario y además dispusieron el control de Gendarmería, que es absolutamente ilegal en tanto es violatorio de la ley 24660 que prohibe expresamente que fuerzas de seguridad nacionales estén a cargo de la custodia de un detenido, ademas de enviarla a un lugar que no es el que solicitó y negándole que cumpla la detención en el lugar en el que el año pasado Raul Noro, su marido, había estado privado de su libertad por 4 meses», indicaron los abogados.
Por otra parte, reclamaron que la resolución de la CIDH fue emitida el 27 de julio. «Es una burla que a mas de un mes sigan utilizando excusas dilatorias y que son además contrarias a la ley. Esto no hace mas que dar cuenta del ensañamiento que hay en contra de Milagro y del montaje de un monumental show mediático que solo pretende seguir estigmatizando a la diputada del Parlasur», señalaron.
Controles
En las últimas horas, esa fuerza de seguridad nacional montó dos trailers que será utilizados como una especie de casa, y además la Policía de la Provincia hará un anillo perimetral permanente a fin de limitar el acceso a la zona.
El dispositivo de control que el juez Pullen Llermanos dispuso para Sala es aún más estricto que el régimen carcelario. Además de gendarmes, cámaras perimetrales, y una pulsera electrónica permanente (incluso bajo la ducha) incluyó restricciones para el ingreso y permanencia de visitantes a la casa: los únicos que no tendrán límite temporal serán parientes sanguíneos y afines -«hasta el cuarto y segundo grado», dijo el juez- para lo que tendrán que mostrar documentación.
Los visitantes -no familiares- podrán ingresar hasta cuatro personas a la vez y en el horario de 7 a 19, los días martes, jueves y sábados. El límite máximo es de veinte personas por cada día de visita. Y al ingresar al inmueble deberán dejar accesorios y aparatos electrónicos, y no se permitirá el ingreso de vehículo motorizado de ninguna clase. Sala deberá, además, someterese a un control médico y psicológico dos veces por semana.