Héctor Guiliano escribió el 8 de Julio, en vísperas de la conmemoración de la Independencia patria: «El presidente Macri vino a gobernar con Deuda y en dos años de gestión reventó el problema del endeudamiento nacional generando una doble deuda pública inmanejable -fiscal, en cabeza del Estado Central, y cuasi-fiscal, en cabeza del BCRA- llevando […]
Héctor Guiliano escribió el 8 de Julio, en vísperas de la conmemoración de la Independencia patria: «El presidente Macri vino a gobernar con Deuda y en dos años de gestión reventó el problema del endeudamiento nacional generando una doble deuda pública inmanejable -fiscal, en cabeza del Estado Central, y cuasi-fiscal, en cabeza del BCRA- llevando al país a una nueva situación de default por incumplimiento de las obligaciones irresponsablemente contraídas.
Frente a la crítica situación creada bajo su administración -no por una crisis heredada, porque esto Macri lo hizo- el Presidente recurrió de emergencia al salvataje del FMI con un préstamo récord histórico, para la Argentina y para el propio FMI, a los fines de poder llegar a completar su mandato.
A partir del Acuerdo Stand-By del 2018 el FMI interviene de hecho las Cuentas Fiscales y cuasi-fiscales Nacionales e impone una serie de condicionalidades financieras, económicas y políticas que el gobierno Macri, en contraprestación a su sostenimiento formal por parte del Fondo y del gobierno de los Estados Unidos, está tratando de cumplir a rajatabla a través de un plan de ajuste destinado a forzar medidas de austeridad que permitan el pago de los intereses crecientes de la Deuda del Estado.
Este andamiaje -en realidad, un armazón precario y sostenido con alfileres de servidumbre financiera y política por parte de la administración macrista- puede mantenerse sólo siempre y cuando lo decidan los capitales financieros que le sirven de apoyo.
Pero se trata de un apoyo de valor muy relativo para el análisis porque no puede saberse si estamos frente a un verdadero espaldarazo al gobierno Macri o simplemente ante un apoyo muy condicionado mientras se cumplen la mayoría de las concesiones a cumplir por el presidente durante lo que le queda de su mandato y que pudiera revertirse en caso que la actual administración -con las PASO mediante- no demuestre probabilidades electorales confiables para las Elecciones del 27.10.
Mientras tanto, la sangría financiera de la Deuda bicéfala de la gestión macrista sigue devastando la Economía Argentina y la situación Socio-Económica del Pueblo Argentino. El BCRA hoy paga diariamente unos $ 3.400 millones solamente de Intereses por la Deuda conjunta de Leliq y Pases Pasivos» (negritas mías).
En los 45′ que duró su estadía en Tucumán el pasado 9 de Julio el Presidente Mauricio Macri manifestó que los próceres de la Independencia «cambiaron el futuro. Igual que nosotros». Y añadió: «Ellos sabían que había dificultades y muchos se oponían, pero actuaron desde la convicción. Sabían que era solo el comienzo, igual que nosotros. Como nos pasa a nosotros, esa transformación era para siempre».
No cabe duda de qué lado hubiera estado Mauricio Macri en 1816, muy lejos de las figuras de Manuel Belgrano y José de San Martín, que resaltó. Mientras ellos lucharon por la Independencia, Macri atornilla el país a la dependencia del FMI, EE UU, la UE y cuanto poder hegemónico circula por el mundo.
Volviendo al tema de la deuda. En estos días se discute que sería necesario renegociar con el FMI el repago del préstamo stand by accediendo a un crédito de facilidades extendidas, que implicaría reprogramar los vencimientos a cambio de que el país se comprometa a reformas estructurales (laboral, impositiva, previsional).
Pero además de la deuda con el FMI, Argentina tiene otra deuda. Son los U$S 125.000 millones en bonos. Para hacer frente a esos compromisos la Argentina necesitaría entre U$S20.000/U$S 25.000 millones anuales.
El Gobierno que asuma el 10 de diciembre tendrá que renegociar con el FMI para alargar el pago de la deuda y permitir una baja de la tasa de riesgo país, que a su vez le abra las ventanas al financiamiento externo. Al decir de Eric Toussaint, portavoz del «Comité para la abolición de las deudas ilegítimas»: «En cada país existen clases locales capitalistas a las que les interesa imponer el sistema deuda».
Las potencias financieras y los gobiernos utilizan el arma de la deuda «odiosa» para someter a los países y a los pueblos. Su liberación, requiere la anulación periódica de la deuda ilegítima.
Las automotrices ajustan y el Smata negocia rebaja salarial y suspensiones
IVECO formalizó la decisión de «reconvertir» su planta cordobesa. A partir de noviembre pasará a ensamblar cabinas producidas en Brasil.
Actualmente todo se producía en Córdoba, pero la empresa decidió cambiar esto para unos diez modelos de cabinas de camiones -Trakker, Tector 170, 240, 260, Hi Road 360, 440, 480 y 560, Cursor 9 y Cursor 13- que ahora se fabricarían directamente en Brasil y solo se ensamblarían en Córdoba.
Leonardo Almada, secretario de Prensa de SMATA Córdoba, advirtió que el anunció se traducirá en «dejar de trabajar en la parte de chapa, de pintura, de almacenes. Es mucho, es la mitad del camión».
En este contexto, desde el gremio de mecánicos presentaron una nota al gobernador Juan Schiaretti y al ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, pidiendo que intercedan para encontrar una solución.
«Hay un plan que se firmó en el SMATA para cuidar el trabajo, donde se disminuyen horas, se generan suspensiones, y siempre terminan pagando los compañeros, mientras las empresas en vez de generar más trabajo o que no sea grave el impacto, cada vez es peor» , lamentó.
El 1º de junio se cumplió el aniversario número 74 del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Su conducción -liderada por Ricardo Pignanelli- lo «festejó» con nuevas suspensiones en las automotrices a pedido de las patronales.
Ante al escenario de freno productivo que atraviesa el sector al calor de la recesión nacional, ya empezó a mostrar algunos hechos que destacan de qué lado está el sindicato. Veamos:
El mismo día del paro general del 29 de mayo, la empresa Renault de Córdoba firmó con el Smata la suspensión de 1.500 trabajadores, reducción de la jornada laboral y baja de salario al 70%.
También con el visto bueno del Smata la multinacional norteamericana Ford suspendió durante el mes de mayo a 500 trabajadores en su planta de Pacheco (Buenos Aires), con posibilidad de que se extiendan durante todo el 2019.
En la planta de Peugeot ubicada en Tres de Febrero, que está enrolada en la Unión Obrera Metalúrgica liderada por Antonio Caló, suspendieron a 2.000 trabajadores, de los cuales la mitad son contratados.
El sector automotriz es uno de los más afectados en el marco de la recesión nacional y el desplome de la industria. Según datos oficiales que midieron en mayo la utilización de la capacidad instalada fue de apenas del 37 %. Según los datos Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) la producción de automóviles en el mes de mayo se ubicó 16.555 unidades por debajo de lo alcanzado en igual mes de 2018, esto implica una caída interanual de 35,3%.
Sin embargo, las patronales de las automotrices multinacionales y autopartistas que hace años mantienen ganancias millonarias, utilizan el contexto recesivo a su favor para avanzar sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Con la complicidad del Smata intentan trasladar el costo de la crisis sobre los trabajadores que se expresa en rebajas salariales del 30 y 40% según el acuerdo con cada automotriz; más de 11.000 suspensiones, retiros voluntarios y 3.500 despidos en las terminales y 1.500 en las concesionarias según datos del sindicato.
No obstante, Metalpar, que pertenece a una sociedad integrada por la chilena Metalúrgica Paredes y la brasileña Marcopolo, cerró sus puertas en marzo generando 600 despidos directos en la planta de Loma Hermosa, y poniendo en riesgo cerca de 1.000 puestos laborales de proveedoras y autopartistas satélites. Al mismo tiempo, sembró preocupación sobre los trabajadores de la firma Metalsur, que el mismo grupo regentea en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.
A principios de año hubieron 700 suspensiones en Honda, 1.500 en Renault, otras 2.000 en Peugeot y 2.000 en Fiat. Al respecto, Cristiano Ratazzi, el CEO de Fiat, afirmó: «Tuvimos que suspender 2.000 trabajadores. Son cosas que pasan», y precisó que por un acuerdo con el gremio de mecánicos los operarios suspendidos «siguen cobrando el 75% del sueldo».
Para el empresario «No es tan grave» que hayan tenido que parar la planta: «Siempre hemos tenido que suspender trabajadores y luego tomarlos. Nos interesa Brasil, no Argentina».
Con la industria paralizada Ratazzi hizo una lectura más que positiva de la gestión Cambiemos: «El análisis de la gestión de Mauricio Macri es mejor que en los últimos 70 años», dijo.
Por último destacó que «se va camino al superávit fiscal que es algo extraordinario».
General Motors viene con suspensiones rotativas de 1.500 trabajadores desde septiembre de 2018. Este año suspendió su planta rosarina desde el 15 de junio al 15 de julio, afectando a más de 2.500 trabajadores. De manera directa serán casi 1.500 que cobrarán por ese lapso de tiempo un pago del 70% de sus ingresos de bolsillo. Y habrá otros 1.000 afectados en forma indirecta por las empresas proveedoras.
En junio volvieron las suspensiones en Ford y Peugeot, y Volkswagen solo trabaja 4 días de la semana.
También la japonesa Toyota paralizó durante 4 horas la producción todos los días lunes de mayo y junio, estimándose que la reducción de la fabricación de la Hilux sería de un 5%.
Las autoridades de la empresa informaron que: «Los trabajadores van a cobrar el 100% de su sueldo y nadie será suspendido» y que para no generar exceso en la producción los obreros deberán realizar capacitaciones.
En abril Toyota suspendió a sus operarios el 1, el 18 y el 28, en la planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 5.000 empleados agremiados al sindicato de mecánicos (Smata).
La empresa ya le había comunicado al personal que mes a mes irá viendo las necesidades de parar la producción de acuerdo al ritmo de las ventas y había cortado la actividad de los sábados, día que los empleados aprovechaban para hacer horas extra y la firma para abultar la cantidad de unidades fabricadas. Además, anunciaron sus planes de frenar la producción una semana completa en julio.
Este efecto se traslada a las autopartistas, por ejemplo, en Lequipe Monteur (conjunto de paneles) e Irauto (techos), que emplean en su mayoría a mujeres, las suspensiones superan a 200 trabajadoras y más de 50 despidos.
Caída sin freno Jorge Cadús escribió en «Complejo automotriz: Caída sin freno»: «Dos años después del lanzamiento del Plan Un Millón de Vehículos, las políticas públicas implementadas por Mauricio Macri desataron una situación de crisis estructural en el complejo automotriz que terminaron boicoteando ese programa: plantas que producen al 15% de su capacidad instalada, cierre de empresas emblemáticas, suspensiones, retiros voluntarios y despidos, caída sostenida en la producción, derrumbe de las exportaciones e invasión de autos importados. Muy lejos de las promesas del 0KM, la situación pone al descubierto uno de los costados más oscuros de la destrucción del trabajo en tiempos de la Alianza Cambiemos.
El 15 de marzo del 2017, el presidente Mauricio Macri presentó el plan «Un millón de vehículos», que planteaba la interacción del Gobierno Nacional, las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe y los sectores empresariales y sindicales para llegar a esa cifra de producción en el año 2023.
«Hoy es un día muy especial e histórico para la industria», enfatizó entonces Macri, remarcando que el plan «gira sobre dos ejes fundamentales que son producir un millón de automóviles y cuidar a la familia de trabajadores de esta industria» (sic).
Aquel acuerdo fijaba como primer objetivo incrementar la producción hasta llegar a 750.000 vehículos en 2019; para luego dar otro salto y alcanzar el millón de unidades en 2023. En forma simultánea, se suponía aumentar la integración de autopartes producidas localmente; y diversificar los mercados de exportación con la idea de vender por lo menos un 35% de la producción a destinos extra Mercosur.
Dos años después, la situación del complejo automotriz aparece como el costado más oscuro de la destrucción del trabajo en los tiempos de la Alianza Cambiemos: plantas que producen al 15% de su capacidad instalada cuando no deben bajar las persianas, suspensiones, retiros voluntarios y despidos, caída sostenida en la cantidad de unidades producidas, derrumbe de las exportaciones, y una inédita invasión de autos importados».
El estudio «El complejo automotriz en los 3 años de gestión de Cambiemos. Cada vez mas lejos del millón», producido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señala que la producción de vehículos cayó 16,5% entre 2015 y 2018, cuando se pasó de fabricar 543.467 unidades a 466.649 unidades. En forma paralela, devela que «se comprueba un fuerte y constante reemplazo de producción local por importada»: en 2018 se vendieron 46,8% autos nacionales menos que en 2015. Es decir que el resultado de los tres años de gestión macrista expone la apertura comercial. Así, «al cabo de tres años de la gestión de Cambiemos, se da un proceso de crecimiento de la participación de los vehículos importados en las ventas de las terminales a los concesionarios, pasando del 52,7% en 2015 al 71% en el año 2018, mostrando una dinámica que pareciera estructural en esos niveles», concluye el trabajo del CEPA.
Bajo amenaza de despidos se impone la reforma laboral de hecho
En Córdoba directivos de Renault y representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) firmaron un acuerdo con el objetivo de «proteger la fuente laboral y minimizar las pérdidas económicas» por el que la empresa se compromete a no despedir y los trabajadores aceptan bajar sus salarios.
El acuerdo contempla una reducción de la jornada laboral y de sus sueldos, que quedarán al 70% del nivel actual.
El convenio se hizo ante el Ministerio de Trabajo provincial y el texto regirá hasta el 31 de marzo de 2020. Prevé una reducción de la jornada a seis horas y dos turnos de trabajo para los operarios comprendidos en el Convenio colectivo de trabajo 15/89 «E».
El primer turno es de 6 a 12 y el otro, de 12 a 18 horas. Por el tiempo de reducción de jornada diaria, la terminal pagará el 70% del salario neto.
El convenio prevé, además, suspensiones temporales (se mantendrá el pago del 70% del sueldo neto) de las actividades productivas en la planta de vehículos particulares y pickups, la posibilidad de que el personal adelante vacaciones y la prórroga de 480 contratos a plazo fijo.
La terminal asume el compromiso de mantener los 1.500 puestos de trabajo vigentes, «no produciendo despidos por razones económicas o falta de trabajo».
Mientras, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba busca un acuerdo similar con la UOM, pero el gremio se resiste a esa propuesta.
«Ante la sugerencia de algunos sectores de la industria metalúrgica de querer que la UOM firme el mismo convenio que firmó SMATA con Renault, nosotros nos vamos a resistir y no vamos a flexibilizar para nada nuestro convenio», afirmó el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica Córdoba, Rubén Urbano.
En Toyota, cuya planta está ubicada en la localidad bonaerense de Zárate, la receta fue similar. Los lunes continuarán trabajando medio turno por la mañana, sin producir pero con la gente adentro para evitar conflictos. Además hubo suspensiones el 21 de junio y del 29 de Julio al 2 de agosto inclusive.
La otra decisión trascendente en la terminal japonesa es que se pactó que los contratados, aproximadamente el 34% del total del personal operativo, permanecerá en esa condición hasta 5 años para no aumentar los costos empresariales. Hoy ese período suele rondar entre los 18 meses y los 2 años.
¿Cómo piensa enfrentar la crisis Pignanelli?
«¿Cuántas medidas de fuerza hicimos? Eso no mueve el amperímetro. El pueblo reclama y a esos reclamos no les prestan atención. Nos tenemos que concentrar en tratar de cambiar el modelo en agosto y en octubre, porque si no la vamos a pasar muy mal«, declaró recientemente quien fue uno de los primeros dirigentes de la CGT que salió a aplaudir la fórmula Fernández – Fernández.
Eso no quita que puedan hacer alguna medida aislada para descomprimir la bronca existente, como una marcha a la Virgen de San Nicolás donde pidieron «trabajo y un modelo productivo nacional que abarque a todos quienes hoy no lo tienen», pero sin que tenga nada que ver con un plan de lucha considerando el estado del sector automotriz.
Plan de descuentos
El Gobierno otorgó en junio un subsidio a las terminales automotrices por cada unidad que vendieron con un descuento de al menos $ 50.000 para los autos chicos y $ 90.000 para las unidades medianas.
Pese al plan de descuentos promocionado por el Gobierno, la venta de 0km sigue estancada. Sumaron en junio 35.954 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). La cifra representa una caída de 44,4% en comparación a las 64.659 unidades del mismo mes del año anterior. Y también marca un retroceso de 2,2% contra las 36.771 unidades que se habían patentado en mayo.
No obstante, para las concesionarias, de no haber habido un plan de estímulo a las ventas, los patentamientos del mes pasado no hubieran llegado a las 28.000 unidades.
El Gobierno decidió prorrogar el plan en julio, ya que el cupo de subsidios de $ 1.000 millones, fue ejecutado aproximadamente en un 50% en junio.
Créditos UVA
La indexación de los créditos UVA continúa poniendo en jaque a miles de familias argentinas. Hace 45 días el denominado Colectivo de Hipotecados UVA Autoconvocados presentó un pedido de audiencia al presidente Macri para exponer sus dificultades y escuchar las propuestas oficiales para resolver la situación.
Si bien les prometieron que recibirían una respuesta inmediata, pasaron 45 días y no hubo señal alguna. Los afectados recordaron también que hace más de tres meses el propio mandatario aseguró que se adoptarían medidas para aliviar la situación de quienes cayeron en la trampa de esta modalidad crediticia.
Además denuncia que «el Banco Central de la República continúa haciendo publicidad engañosa, promocionando esta línea de crédito para acceso a la vivienda -la única que ofrece-, e incluso, hace algunas semanas se anunció una nueva línea de ProCreAr».
En su informe «Vivienda sin fondos, el impacto regresivo del recorte en políticas de vivienda», la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), verificó un drástico recorte en el presupuesto destinado al Area de Vivienda para el 2019.
La función Vivienda y Urbanismo del ministerio del Interior redujo su partida un 44,3% respecto del 2018. El programa Infraestructura Urbana se recortó un 53,5%. Se eliminaron las funciones de Urbanización Integral de Barrios y Mejoramiento del Hábitat en Localidades Vulnerables de la secretaría de Infraestructura Urbana. El programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano se recortó un 38,8%. La secretaría de Integración Socio Urbana tiene asignados un presupuesto acotado de $ 264.011.654, para las funciones que presenta.
Cierres y despidos
La popular marca de galletitas y bizcochos Tía Maruca de San Juan se encuentra en la cuerda floja. Según dejaron trascender desde la firma, es inminente una convocatoria a concurso de acreedores, debido a las deudas que afronta la empresa y la caída en las ventas. En ese marco, unos 400 trabajadores ven peligrar sus puestos laborales, al tiempo que denuncian continuos atrasos en los pagos de sueldos.
El Palacio de la Papa Frita, que nació en 1952 y pasó a la historia por su atracción turística y gastronómica de las típicas milanesas con papas soufflé argentinas, cayó víctima -como otros locales de comidas- de la recesión macrista. No pueden afrontar el pago de la renovación del alquiler: más de $ 250.000.
La marca de indumentaria de capitales españoles Zara que opera en Argentina -entre otros 200 países- consideró que nuestro país es el único con «hiperinflación» en todo el mundo. La empresa tiene 11 locales en la Argentina con su marca y emplea a unas 885 personas, cuya estabilidad laboral peligra en esta situación.
Así el grupo Inditex, dueño de la popular marca de ropa, redujo su número de fabricantes y proveedores en la Argentina: pasó de 37 proveedores en 2017 a 26 en 2018. También redujo de 36 a 30 el número de fábricas de confección asociadas a proveedores. Todavía no hay noticias oficiales de reducción de personal, pero sí preocupación entre sus empleados.
En Quilmes cerró la papelera Ansabo, dejando en la calle a 40 trabajadores quienes denuncian que la empresa les adeuda salarios, aguinaldo y vacaciones. Este nuevo cierre de fábrica en el distrito se suma al de Eitar de hace algunas semanas donde 240 trabajadores quedaron en la calle.
Los directivos de la fábrica alimenticia Suschen de La Matanza cerraron su planta y despidieron a todo su personal: 105 operarios. La firma funcionó durante 43 años y producía, entre otras golosinas, las famosas Mielcitas y los sorbetes Naranju.
Los operarios se mantienen en las instalaciones custodiando las máquinas y a la espera de una respuesta de sus dueños, Roberto y Maxi Duhalde, a quienes acusan de «vaciar la firma y desaparecer». A su vez, mantuvieron una reunión en la cartera laboral, de la que se fueron sin respuestas favorables.
Suschen, además de las mielcitas y los sorbetes Naranju, producía alfajores, obleas y bizcochitos. Los trabajadores denuncian que no recibieron las indemnizaciones correspondientes y, por esta razón, se quedarán en la planta custodiando el predio y las máquinas que les han dado de comer durante más de 40 años.
La Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) movilizó al Congreso de la Nación para denunciar un «fraude laboral» de parte del Laboratorio Elea Phoenix. La firma declaró un proceso preventivo de crisis para intentar despedir 120 trabajadores, entre ellos 26 delegados.
La cadena de venta de electrodomésticos Frávega
Los empleados despedidos se manifestaron el miércoles frente a la sede central de la empresa, ubicada en Valentín Gómez 2813. Allí pidieron sin éxito ser recibidos por autoridades. En la manifestación los trabajadores estuvieron acompañados por delegados de empresas como Coppel, Dexter, Vital, Brinks, Carrefour, Walmart, Ribeiro y Rodo, que forman parte de la oposición política en el interior del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).
La firma aceitera Vicentín ubicada en el Gran Rosario despidió cinco trabajadores de manera inesperada. Antes había abierto retiros voluntarios. Desde el sindicato evalúan las acciones a seguir.
El Grupo Editorial SM, con sede en España confirmó el cierre de su filial argentina y el despido de algo más de 200 personas. De hecho del plantel de trabajadores sólo quedarán 5 abocados a llevar adelante la representación comercial del cierre.
Paula Ferioli fue la primera mujer que tomó la flamante Licencia por Violencia de Género en el INAES. Presentó copia de la denuncia a su ex pareja y de otras certificaciones pertinentes para acreditar su situación. Sin embargo, en junio, a poco de reintegrarse al trabajo, fue avisada telefónicamente de su inminente despido.
Paula tiene 35 años. Es abogada y mamá de dos nenes. Trabaja como contratada en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) desde hace más de seis años.
El miércoles 17 de julio a las 12:00, los trabajadores y trabajadoras del Instituto se reunirán en una asamblea abierta en la vereda del organismo (Belgrano 172, Ciudad de Buenos Aires) para debatir qué hacer en relación contra la violencia y discriminación sobre Paula.
Hace pocos días se conoció el caso de Anahí de la Fuente (28), comunicadora, maquilladora profesional y trabajadora del Centro Cultura San Martín, que fue despedida de la institución luego de denunciar a su jefe y director del Centro, Diego Pimentel, por acoso sexual y laboral. También lo denunció una compañera de ella, que prefirió no dar su nombre. «El sigue trabajando como funcionario, no hubo respuesta institucional en relación a eso», dijo Jimena Gibertoni, abogada de las querellantes e integrante de la Red de Abogadas Feministas.
Reclamos salariales
Aunque desde las 0:00 de este sábado volvieron a circular los colectivos, la secretaria general de UTA Córdoba, Carla Esteban, explicó que luego del paro de este viernes, se reunirán en asambleas para analizar cómo prolongar el reclamo que consiste en un incremento del 20% y una suma de 16.000 pesos en tres cuotas, como la que fue otorgado a sus colegas de Buenos Aires pero el fracaso de la reunión entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) el jueves pasado volvió a foja cero la situación.
El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires (SPIQYP) acaba de lanzar protestas. Un plenario de delegados de la organización dispuso asambleas de dos horas por turno a partir del lunes y hasta el miércoles al mediodía con quite de colaboración por la demora en el acuerdo de recomposición salarial.
Tras la protesta, el gremio comandado por Facundo Aveiro volverá a reunirse con los empresarios en la Secretaría de Trabajo. Allí reafirmará su reclamo de un aumento salarial del 49% más el pago de un bono para compensar lo perdido en materia de ingresos en el 2018.
Hasta el momento los empresarios fueron subiendo sus ofrecimientos iniciales, pero se plantaron en el 28%, el corset paritario que el Gobierno Nacional dispuso para las negociaciones de este año a través del ministerio de Producción y Trabajo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Chubut inició un paro por 60 horas que «comenzó el miércoles al mediodía y se extenderá hasta esta medianoche del viernes», confirmó el interventor Guillermo Quiroga, quien no descartó continuar esta semana con la protesta.
Además del sueldo de junio, el dirigente gremial reclamó que «se nos pague el retroactivo que está pendiente y se nos cargue el sueldo con los aumentos pactados en paritaria».
Desde el gobierno, el ministro de Economía, Luis Tarrío, explicó que «intentaremos depositar hoy la masa salarial, aspiramos a pagar todo pero es muy difícil, aunque algo seguramente podremos depositar».
En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut, Carlos Milani, dijo que «en el caso nuestro no solo no se nos pagó el sueldo sino que está pendiente un retroactivo para los jubilados, que fue pactado en paritaria y todavía estamos esperando».
Milani se quejó además por «el plan de ajuste» que implementó el gobierno de Mariano Arcioni y que «incluye un recorte de viáticos que para nosotros es fatal porque eso impide el trabajo de los maquinistas en el interior, que es el corazón de nuestro quehacer como organismo vial».
También la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Chubut inició una protesta frente a la Casa de Gobierno, en Rawson, en demanda del pago del medio aguinaldo y dos quincenas de una empresa constructora que está ejecutando planes oficiales de viviendas en esta provincia y que argumenta que desde la administración no le pagan los certificados de obra ejecutada.
En el marco de la lucha que vienen llevando a cabo en reclamo del pago de varias quincenas y el aguinaldo que la patronal adeuda, los trabajadores de Molinos Minetti de Córdoba sostienen una ocupación de la planta. Esta ocupación fue resuelta luego de múltiples medidas de lucha, entre ellas una movilización al Ministerio de Trabajo realizada el jueves pasado.
La Comisión interna de trabajadores y trabajadoras del canal de noticias C5N anunciaron en un comunicado el comienzo de un plan de lucha que comenzó con un paro de 7 a 8.10 en reclamo del pago completo de sus sueldos. «La realidad es que C5N lidera el rating gracias al enorme esfuerzo que venimos haciendo los y las trabajadoras, pero aún no tenemos el sueldo completo», denunciaron. «La gerencia ha decidido seguir adelante con la programación, llevando al personal jerárquico a cumplir las tareas. Lamentamos si por esto se afecta tu acceso a los programas que ves a diario, pero hoy nosotros necesitamos ser escuchados», sostienen. La Comisión interna llama a difundir su conflicto en las redes sociales con los hashtags #ParoEnC5N y #LaRealidad.
Las trabajadoras y los trabajadores de Editorial Perfil, reunidos en asamblea general, decidieron exigir a la empresa una definición por escrito sobre el pago del aguinaldo , las miserables paritarias (parte de 2018 y todo 2019) pactadas con la burocracia de la UTPBA, que no representa a ningún trabajador de los medios de prensa escrita, y el bono de fin de año de $ 5.000 que todavía no saldó.
A una semana del inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, los estatales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los judiciales Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los profesionales médicos de la Cicop insisten con sus planteos al Gobierno de María Eugenia Vidal para que se abra la negociación paritaria.
La AJB confirmó un paro provincial de 24 horas para este jueves y adelantó que si no se concretara la convocatoria de la administración de Vidal están dispuestos a no retomar actividades después de la feria por el receso invernal. En esta perspectiva, se declararía un nuevo paro el 5 de agosto y se convocarían asambleas al día siguiente para evaluar los pasos a seguir.
Desde ATE se convocó para el miércoles de esta semana a una jornada de lucha en toda la provincia, con movilización hacia el Ministerio de Trabajo provincial, en la ciudad de La Plata. Marcelo Villegas, titular de la cartera de Trabajo bonaerense, afirmó hace algunos días que las paritarias estaban «cerradas» para este sector, ante lo que el secretario General de ATE Buenos Aires, Oscar de Isasi, respondió: «Nosotros no vamos a asumir pasivamente el tener salarios de hambre. Consideramos que es fundamental que se reabra la paritaria y un nuevo aumento salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo».
Por último, la Cicop (que organiza a los profesionales médicos de la provincia) reconoció la semana pasada que el gobierno había iniciado conversaciones informales para avanzar abrir la discusión paritaria y exige que formalice la propuesta. El comunicado de la organización plantea «la imperiosa necesidad de que las negociaciones informales en curso culminen, tal como se comprometió el Gobierno a hacer en estos próximos días, en la convocatoria a la Paritaria de la Ley 10471».
Movimientos sociales
El lunes al mediodía, referentes de los principales movimientos populares del país -CTEP, CCC, Barrios de Pie, FOL, FPDS, Movimiento Octubres, entre otros-, rodeados de las fuerzas represivas del Estado, realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco, que tuvo como objetivo anunciar las ollas populares que se realizarán en todo el país el próximo miércoles 17 de Julio y la ya tradicional Marcha de «San Cayetano» del 7 de Agosto.
«Tenemos 6 Leyes presentadas en el Congreso, con la de Emergencia contra la Violencia de Género, y tuvo tratamiento una sola Ley que fue la de «relevamiento de Barrios Populares», con lo cual es absolutamente necesario volver a la calle. Nosotros como siempre lo hacemos en forma pacífica, aunque sectores del gobierno están diciendo que nosotros lo queremos hacer en forma violenta. Jamás tuvimos un hecho de violencia producido por los Movimientos Populares», expresó Esteban «Gringo» Castro, Secretario General de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).
El sindicalista que estaba a los tiros es amigo del PRO
«Muestran la hilacha, no cometen errores, es lo que hacen. Dos facciones de ellos se cagaron a tiros en un frigorífico. Ayer nos vinieron a patotear estos neo kirchneristas y vimos a otro sindicalista patotero amenazando a uno de los empresarios más pujantes de la Argentina», dijo el Jefe de Gobierno Porteño.
Por su parte, Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, también culpó al mismo sector: «Los gremios en donde tenemos problemas son los que se han encolumnado públicamente dentro del kirchnerismo», sentenció.
Sin embargo, los agresores actuaron bajo el liderazgo de Alberto Fantini, un gremialista allegado Macri y que se encuentra enrolado en las 62 Organizaciones que estuvieron lideradas por Gerónimo «Momo» Venegas. Fantini, incluso, mostró tener un vínculo muy cercano al ex Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con quien compartió fotos y jornadas de debate sobre el impacto de la tecnología en el mundo laboral.
También fue uno de los doce dirigentes gremiales que en febrero de 2018 viajaron a Europa junto al ex ministro para «conocer modelos de diálogo social» en recorrida por España, Holanda y Alemania. El tour le costó oficialmente al Gobierno 3,4 millones de pesos.
Fantini, secretario general de la Federación de la Carne, es acusado por los trabajadores de Eco-carne, antiguamente conocido como Cocarsa, de patotearlos para conseguir el 2% que le reportaría la afiliación de los 300 empleados del frigorífico.
El día del tiroteo, los seguidores de Fantini llegaron en tres micros a la entrada del primer turno y comenzaron a agredir a los obreros con piedrazos y balazos, que dejaron a dos heridos en terapia intensiva.
Hasta ahora no se conocen aclaraciones sobre sus dichos ni de Horacio Rodríguez Larreta ni del ministro Sica. Muestran la hilacha.
Repudian declaraciones de Macri
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas repudió las declaraciones del presidente Mauricio Macri, que eligió esta vez medios de comunicación extranjeros para renovar sus ataques contra las organizaciones sindicales. El presidente adelantó que se encuentra dispuesto a apelar a cualquier instrumento, incluida la criminalización de la acción gremial, para imponer las políticas precarizadoras que desde esos espacios se resisten.
Se trata de un discurso repetido sistemáticamente desde el inicio de esta gestión gubernamental -esta vez como eslogan de campaña electoral- que pretende asociar al sindicalismo con la violencia y la razón de decadencia económica del país.
Cabe recordar que la acción colectiva se encuentra garantizada en el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en diversos Convenios de la OIT, entendida como toda actividad necesaria para remover los obstáculos que dificulten la realización plena de la persona que trabaja.
Desde la AAL repudiamos esta práctica que se impulsa desde la más alta magistratura. En lugar de garantizar la vigencia del Estado de derecho, Macri se pronuncia contra la actividad sindical e incita a la proliferación de denuncias penales contra algunos dirigentes gremiales con el objetivo de erosionar la libertad de expresión y el legítimo ejercicio del derecho de huelga.
Estos ataques tienen la evidente finalidad de reimpulsar los proyectos de reformas laborales regresivas en perjuicio de la clase trabajadora argentina. En todos los casos, los destinatarios constituyen organizaciones representativas de trabajadores y trabajadoras que se oponen a las mismas.
Por todo eso desde la AAL, instamos al cese de estas prácticas antisindicales y nos solidarizamos con los gremios de camioneros, bancarios y pilotos de avión, bregando por la vigencia de los derechos fundamentales.
Pablo Biró, secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), denunciado por el presidente como uno de los sindicalistas que «no entiende» el nuevo momento de la Argentina, le respondió: «La confusión y estigmatización de los dirigentes sindicales es lo único a lo que pueden aspirar porque los resultados de su gestión son malísimos». Y agregó: «No me quieren voltear a mí, lo que buscan son los derechos de los trabajadores a los que represento. Quieren la reforma laboral, quieren romper los convenios de trabajo y no lo vamos a permitir».
El secretario General del gremio de Canillitas, Omar Plaini, sostuvo que el Gobierno «provoca» a los sindicalistas para «generar violencia». Al respecto detalló: «Hay una ofensiva del Gobierno. El objetivo es que no haya sindicatos, quieren organizaciones débiles, y todo el tiempo está buscando cómo provocar, cómo generar violencia».
Por su parte, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, respaldó a su colega bancario Omar Palazzo, respecto de quien el periodista Daniel Muchnik sugiriera que «en Estados Unidos se acabó con Hoffa, matándolo»: «No podemos permitir que se ataque a un dirigente sindical por defender a los trabajadores y reclamar por sus derechos». El presidente Macri también había definido a Palazzo como «prepotente» y «patotero» por su planteo respecto de la posible incorporación al gremio bancario de los trabajadores de Mercado Libre.
«El Gobierno se comprometió con el FMI a eliminar la legislación laboral 60 días después de las elecciones» , afirmó Héctor Daer, dirigente de Sanidad y la CGT, y planteó que «Con la reforma que pretende el Gobierno, la mitad de los trabajadores quedan sin derechos laborales».
¿Neutrales?
Las declaraciones periodísticas de las últimas horas, en las que se asegura que la histórica Confederación General del Trabajo -que tradicionalmente ha respaldado al PJ- «novedosamente esta vez no apoyará a ningún candidato en las elecciones presidenciales», encendió alarmas e hizo que rápidamente, Héctor Daer, secretario general de la central obrera desmienta la versión a poco de publicarse la noticia.
Y a través de una seguidilla de twits volvió a indagar: «¿Cómo va a ser neutral la #CGT si este Gobierno quiere sacarle la indemnización a los/trabajadores/as?», ¿Cómo va a ser neutral la #CGT si este Gobierno deja a más del 35% de la población en la pobreza y llevó la desocupación a dos dígitos?
También se preguntó: ¿Cómo va a ser neutral la #CGT si todo lo que hizo este Gobierno fue para enriquecer aún más a los que más tienen y más ganan?, así Daer enumeró uno a uno los perjuicios sufridos por los trabajadores en la «era Cambiemos».
También Hugo Moyano había reaccionado ante la posibilidad de que desde Azopardo no se explicitara ninguna postura, en el intento de que todo el arco sindical se encolumne detrás de la fórmula del Frente de Todos, para engrosar las filas del espacio que integra Cristina Kirchner.
El líder camionero pidió que «si la CGT no dice a quién va a votar, por lo menos diga a quien «no va a votar» para evitar lo que él considera «complicidad» con un gobierno que le ha hecho mucho daño a los trabajadores. Lo mismo expresó Roberto Baradel, titular del SUTEBA.
Por otra parte, Rodríguez de UPCN afirmó que la central obrera es «apartidaria» aunque la mayoría de los dirigentes «seamos peronistas». Y en sentido opuesto, Guillermo Pereyra, el petrolero que permitió la «flexibilización de los convenios de trabajo» en el sector, aseguró que «la CGT no puede acompañar a Alberto Fernández porque hay compañeros de distintas extracciones».
Fuentes: www.enredando.org.ar, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, El Destape Radio, La Nación, InfoGremiales, Anred, Red Eco Alternativo, APU, argentina.indymedia, Clarín, Diario Popular, Página12, Tiempo Argentino, Ambito Financiero, Télam
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