Cualquiera que haya leído alguna vez el clásico de Eduardo Galeano «Las venas abiertas de América Latina», habrá sentido ese deja vu al conocer la reacción del gobierno español ante la decisión soberana de Argentina de expropiar YPF. Sin duda, se trata de un hecho que debe alegrar -como lo ha hecho- a la sensibilidad […]
Un dato para comenzar: el mundo capitalista vive, una vez más, una de sus crisis cíclicas de sobreproducción. A muchos parecerá que la alusión a la crisis a esta altura significa poco más que un ejercicio retórico, pero no debemos olvidar que la crisis económica constituye uno de los elementos estructurantes del capitalismo como modo de producción, y que sus «salidas» van por lo general acompañadas de la colonización y apropiación de nuevos mercados, especialmente del denominado Tercer Mundo. En los tiempos que corren, la crisis se ha instalado en pleno corazón del capitalismo, afectando visiblemente a los «eslablones débiles» de la parte central de la cadena: Grecia, Italia, y por supuesto España. Por otro lado, hasta ahora los países latinoamericanos han logrado sobreponerse a los efectos recesivos de la economía mundial: Argentina crece desde hace al menos un lustro al 8%, Brasil se ha instalado ya como un gigante mundial, y el resto de la economía continental exhibe síntomas de buena salud. Es en este contexto que el gobierno español -enraizado en la derecha empresarial y nacionalista heredera de Franco- clama por apoyo y represalias a la UE, a los EEUU, al mundo occidental. Esto es: un gobierno, la dirección de un Estado, llamando a más estados a hacerse parte de un «conflicto» entre una firma privada y los intereses soberanos de otro Estado…
Desde nuestra perspectiva continental, en cambio, debemos tener en cuenta que la decisión de expropiar YPF y de iniciar el proceso de nacionalización del petróleo argentino no constituye un hecho aislado, y más bien se enmarca en una política que viene siendo adoptada por algunos estados latinoamericanos desde hace más de una década. Puesto que durante los años ’80 y ’90 la política económica de este lado del mundo se centró en generar las condiciones para el ingreso de la inversión extranjera directa sobre recursos y sectores que fueron privatizados para estos fines, siguiendo las recetas del Consenso de Washington. El centro de la economía mundial, en lenta recuperación de la crisis de los setentas, se hacía de este modo de gran parte de nuestros recursos naturales -renovables y no renovables- y de los sectores estratégicos de los servicios -transportes, telecomunicaciones, electricidad y servicios higiénicos-, vendidos a firmas trasnacionales, dentro de las que la «españolas» (y las comillas al gentilicio deben indicar que estas empresas son, ante todo, capital privado y no patrimonio de un Estado-nación) fueron parte importante.
A contramano de la tendencia de la época, a fines de los ’90 sería Venezuela el primer país en nacionalizar el petróleo, las telecomunicaciones y la electricidad, seguido por Bolivia que hizo lo propio con el agua y el gas, aún cuando este último recurso tuvo que ser reasignado, bajo nuevas condiciones, a capitales brasileños; hoy en día el gobierno de Evo Morales tiene en carpeta expropiaciones en la gran metalurgia, las telecomunicaciones y la electricidad. La propia Argentina, en un gesto sin precedentes, hace un par de años estatizó los fondos previsionales de su población.
Es en medio de este proceso de largo alcance que el gobierno de Fernández toma la decisión de nacionalizar (en el vago sentido que tiene este concepto en la discusión pública) su petróleo. Lo que destaca es que no sea un país del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas) quien lo hace, pero aun así debemos recordar que el año 2005, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, fueron justamente los tres países mencionados los que decidieron abandonar las conversaciones con EEUU para la implementación del ALCA. Argentina estuvo entonces, con Kirchner, del lado de la ruptura con la liberalización a ultranza y el comercio desigual; ahora, con Fernández, se ubica del lado de la recuperación de un sector estratégico no solo para ese país sino para todo el continente.
La experiencia acumulada en estos años motiva dos conclusiones provisorias. La primera tiene que ver con que hoy, más que ayer, se dan condiciones propicias para discutir el modelo de desarrollo en el continente. Con diversos enfoques y a ritmos disímiles, una porción de la región (si es que no ya un bloque regional) ha tomado el contracamino de la desliberalización parcial de sus sectores estratégicos, lo cual bien puede ser la señal de un nuevo período post-neoliberal de rasgos aún por definirse. Ciertamente, el ALBA constituye el proyecto más avanzado en esta materia en tanto sus principios convocantes -cooperación, complementariedad, solidaridad entre los pueblos- socavan las bases ideológicas y prácticas del librecomercio. Uno de los debates estratégicos del ALBA es, justamente, la creación de una organización pública latinoamericana de hidrocarburos. Con todo, el capitalismo neoliberal tiene aún mucho terreno ganado sobre todo en países como Chile, Perú y Colombia, donde las reservas naturales -minería, pesca, cultivos, energía- son día a día puestas al servicio de la acumulación privada. Potenciar el debate, esto es, profundizarlo analíticamente pero también socializarlo y agitarlo entre la población, es uno de los comienzos para cambiar esta tendencia.
La segunda conclusión, estrechamente ligada a la anterior, es que la significación geopolítica de este tipo de eventos no debe nublar el debate sobre las características específicas que toman los procesos de expropiación y nacionalización, debido a que en algunos casos se mantiene inalterada la estructura privada del sector, y en otros incluso los recursos son «revendidos» a capital extranjero, como es el caso del gas boliviano. En esta materia como en otras, la falta de organización social y política de las clases populares permite que las decisiones sean tomadas desde la dirección del Estado y sin mayor participación social. Hasta que ese factor no sea revertido, el debate sobre el modelo de desarrollo necesita acompañarse de una mínima (diríamos, metodológica) sospecha sobre el estatismo como paradigma, y de una visión continental de las alianzas necesarias para que las políticas nacionalizadoras contribuyan efectivamente al desarrollo social de un continente en que aún un 40% de la población vive en condición de pobreza.
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