Tras arduas negociaciones y una lucha que lleva más de siete años, los obreros ceramistas lograron un acuerdo con el ejecutivo provincial. Se presentará a la legislatura un proyecto de ley que haría efectiva la expropiación con advenimiento y sin pago por parte de los obreros. Por otro lado, exigen subsidios para garantizar la continuidad […]
Tras arduas negociaciones y una lucha que lleva más de siete años, los obreros ceramistas lograron un acuerdo con el ejecutivo provincial. Se presentará a la legislatura un proyecto de ley que haría efectiva la expropiación con advenimiento y sin pago por parte de los obreros. Por otro lado, exigen subsidios para garantizar la continuidad laboral ante el contexto de crisis.
Desde 2001, los obreros y obreras de Cerámica Zanon edificaron uno de los procesos más paradigmáticos que se vive en Argentina respecto a la toma y puesta en producción bajo modalidad de gestión obrera de fábricas que fueron vaciadas por sus empresarios.
Llevan años de resistencia ceramista, superaron agresiones judiciales y políticas. El respeto, la admiración y la fuerte adhesión que despertaron en la comunidad, desde el inicio del conflicto, cobró fuerza de presión y comenzó a colarse en los despachos del poder institucional. Manifestaciones, protestas, solicitadas, cartas, documentales, campañas internacionales, pedidos de intelectuales y hasta recitales musicales de bandas nacionales se sucedieron a lo largo de los años tejiendo una red en apoyo al proceso y al pedido de expropiación de la fábrica
Desde 2005 Zanon es administrada a través de la cooperativa FaSinPat (Fábrica sin Patrones), creada por los obreros como amparo jurídico la cual les permitió operar la planta poniéndole freno a los intentos de desalojos y al mismo tiempo abriéndoles mayores posibilidades en el circuito comercial.
Pese a ello, el reclamo superador es la estatización con un plan de obras públicas manteniendo el control obrero para evitar ser parte de la dinámica de competencia de mercado. Con todo, el modelo cooperativo tradicional es lo que menos impera, más bien se orienta a la democracia directa.
A un paso de la expropiación
La unidad, la solidaridad, el compromiso y la fuerza de convicción conquistaron, tras siete años de disputas, solidaridades y producción, que el ejecutivo provincial no solo hiciera público que es viable expropiar Zanon sino que conformara una mesa de negociación para discutir junto a los obreros un proyecto que será presentado a la legislatura neuquina para que se haga efectiva la expropiación con advenimiento y sin pago por parte de los obreros, algo inédito en una provincia como la de Neuquén.
Al borrador le tuvimos que hacer muchísimas modificaciones porque no tenemos acuerdo con lo que ellos plantean», y explicó que como «no quieren expropiar y estatizar, nos parece que la expropiación por advenimiento es un paso adelante», sostuvo Alejandro López, secretario general del SOECN y dirección política de Zanon, y agregó: «Hubo mucho debate porque llegaron a plantear que el valor de la expropiación lo paguemos los trabajadores. Terminamos modificando ese punto porque no nos hacemos cargo los trabajadores de pagar una deuda fraudulenta e incluso ni siquiera el gobierno se tendría que hacer cargo porque es una deuda fraudulenta que dejó la familia Zanon»
Semanas atrás, el ministro de Gobierno, Educación y Cultura local, Jorge Tobares, anunció que este mes se presentará el proyecto de ley de expropiación con advenimiento, es decir, con acuerdo de los acreedores, para que la fábrica sea transferida a la cooperativa FaSinPat. El mismo será tratado los primeros días de marzo en sesión ordinaria.
De esta manera, se cree que la provincia se haría cargo de desembolsar el pago de al menos el 10 por ciento de la deuda que reclaman los acreedores privilegiados, lo que sumaría un total cercano a 20 millones de pesos, pese a que aún no estipulado el monto definitivo.
Tobares dio a conocer que existe un preacuerdo con el Banco Mundial y la empresa italiana SACMI para que el pago de la deuda que exigen no supere el resultado de la tasación en curso que está a cargo del Tribunal de Tasación Provincial en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue.
«Hay un techo de referencia para el pago de la provincia por las instalaciones: 43 millones de pesos, establecido por los síndicos en una tasación anterior a valor remate. Pero nuestras aspiraciones son las de pagar un monto mucho menor que ese», dijo.
La deuda que dejó Luis Zanon asciende a 315 millones de pesos, de los cuales 150 millones conciernen al Banco Mundial como acreedor privilegiado mayoritario, 30 millones a SACMI en segundo lugar y en ocho millones al IADEP, organismo dependiente de la provincia.
Los motivos que señala la provincia para que Zanon sea expropiada a manos de los trabajadores, entre otros factores, apunta a: «el importante desarrollo generado por la cooperativa» (…) no sólo «porque han preservado los puestos de trabajo sino porque los han incrementado»., según declaró Tobares.
Se estima que 1500 personas viven directamente de la fábrica sin contabilizar los puestos de trabajo indirecto que rondan en los 5000.
Desde aquel día que recibieron los telegramas masivos, acamparan seis meses en la puerta y tomaran la fábrica tras el dictamen judicial de lock out patronal ofensivo se transformaron en sujetos políticos activos sentando una presencia política de tal magnitud que tuvo resonancias inclusive a nivel internacional. El camino se iniciaría con la organización colectiva como forma de contrapoder, luego, el acampe, la recolección de fondos, la vigilancia de la fábrica, la intensa difusión del conflicto… la lucha política en las calles. Todo ello derivó en un sesgo político-organizativo colectivo que dio lugar a la consolidación de dos aspectos imbricados en forma coordinada de la autogestión: el ala política y el ala productiva.
Inevitablemente ello derivó a que finalmente la provincia reconociera el valor social y económico que representa Zanon en la comunidad neuquina.
En el anteproyecto se declara a Cerámica Zanon de (…) «utilidad pública y sujeto a expropiación (…) la totalidad de los bienes muebles, maquinarias e instalaciones y todo otro bien tangible o intangible que sea parte accesoria de la planta industrial, incluida la marca comercial» y (…) «determínase que la totalidad de los bienes expropiados serán cedidos de manera definitiva a la «Cooperativa de Trabajo Fasinpat LTDA (…), a los fines de posibilitar la continuidad de la actividad productiva de la mencionada planta en el marco de sus fines cooperativos».
Por otra parte, se concordó que los ceramistas sean proveedores de cerámicos para todo tipo de planes de obras públicas como forma de compensación al desembolso que efectuaría el estado provincial por la expropiación.
La semana próxima entregarán 220 mil m2 de cerámicos a un precio bonificado para la construcción de 1400 viviendas durante el 2009.
Por otro lado, López destacó que con esa ley lo único que se logra es que no los desalojen pero no garantiza la continuidad laboral. «La continuidad de la fábrica para que siga teniendo el sentido social depende de otros factores depende de otras decisiones políticas que también estamos reclamando. Como por ejemplo subsidios y algún tipo de beneficio. Sino ante esta crisis financiera internacional que pega durísimo en la gestión obrera se vuelve a poner en riesgo todos los puestos de trabajo que hemos generado».
Por tal motivo, reclaman un amparo económico de la provincia ante las multas excesivas de 300 mil pesos mensuales que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), le cobra a la cooperativa por sobrepasar el límite de consumo y que es cobrado tres veces el valor.
En ese sentido, denunciaron que la familia Zanon recibía un 80 por ciento de subsidios en materia de electricidad y un 70 por ciento en gas y que actualmente se designan a otras industrias. «Mostramos la última factura que tuvo que pagar Zanon que era de 21 mil pesos mensuales con el 80% de la factura subsidiada», expresó López. Tras la solicitud, la provincia ofreció bonificar a FaSinPAT entre un 25 y 35 por ciento y en seis meses revisar el acuerdo.