El reacomodo de los grupos de poder es un hecho innegable, el escenario internacional se convierte en un terreno fangoso donde las pugnas interimperialistas apuntan a la solución violenta de la crisis económica. La pugna entre las economías hegemónicas encuentran su botón de muestra en el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, el imperialismo norteamericano […]
El reacomodo de los grupos de poder es un hecho innegable, el escenario internacional se convierte en un terreno fangoso donde las pugnas interimperialistas apuntan a la solución violenta de la crisis económica. La pugna entre las economías hegemónicas encuentran su botón de muestra en el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, el imperialismo norteamericano intenta defender sus intereses por medio de la injerencia directa, mientras países como Rusia y China hacen contrapeso a la voracidad de quien se erige como el gendarme del mundo.
Venezuela expresa el punto de inflexión donde convergen los intereses económicos de los grupos internacionales de poder, representa el epicentro de una amalgama de contradicciones que son la objetivación de la lucha de clases a nivel internacional. La «resistencia» encabezada por Juan Guaidó y el gobierno electo de Nicolás Maduro expresan los bandos del antagonismo donde los primeros pugnan por un desarrollo dependiente del imperialismo y los segundos por romper con esa dependencia con un desarrollo relativamente autárquico del capital monopolista transnacional.
La agudización de la política injerencista del imperialismo en los asuntos internos de Venezuela es un hecho evidente, se realiza sin tapujos a través de los órganos de inteligencia yanqui así como sus departamentos de seguridad. En declaraciones de secretarios de Estado expresan las intenciones anexionistas y expansionistas del capital monopolista transnacional a través de la anacrónica Doctrina Monroe.
«América para los americanos» es un argumento fútil para el intervencionismo yanqui en territorio sudamericano, significa la imposición de los designios del capital sobre el pueblo venezolano. «Recuperar la democracia» en aquel país significa el sometimiento de las masas proletarias al yugo del capital monopolista transnacional.
Los Estados colombiano y brasileño fungen como la cabeza de playa del imperialismo norteamericano en el Cono Sur, son el puntal represivo para implementar la política contrainsurgente para intentar quebrantar la decisión de lucha del pueblo venezolano y su gobierno.
Juan Guaidó es el alfil con el cual el imperialismo norteamericano impulsa una intervención armada con el sofisma de ayuda humanitaria, es el palero de los designios imperialistas. No es casual la retahíla de declaraciones de distintos secretarios de Estado del gobierno norteamericano donde llaman abiertamente a la intervención en Venezuela.
La voracidad imperialista no tiene límites, emplean actos de sabotaje para mermar la capacidad organizativa del pueblo venezolano y su gobierno. Es una lucha desigual, pero cuándo los explotados y oprimidos han tenido amplias ventajas a su favor, la historia demuestra que no hay enemigo pequeño, el imperialismo ha sufrido derrotas siempre que se le hace frente con organización y determinación popular.
La crisis económica incentiva un proceso de agudización de la lucha de clases a nivel internacional, las indefiniciones y actitudes pusilánimes deben hacerse a un lado, es momento de abrazar con determinación un proyecto de nación que supere de una vez por todas, los lastres del capitalismo. La lucha por el socialismo toma vital relevancia en momentos de ofensiva imperialista para organizar y estructurar la lucha desde los principios del marxismo leninismo.
En nuestro país los efectos de la correlación de fuerzas en el ámbito internacional manifiesta matices particulares. La amplia «simpatía» con la que arribó una nueva administración al poder político sirve de cobertura para imponer su interpretación de los fenómenos y la implementación de soluciones. Tiende un cerco ideológico, estigmatiza al descontento y abre el camino para la confrontación entre hermanos de clase.
La creación de la Guardia Nacional (GN) significa la ampliación de poderes del Estado policíaco militar que redunda en su fortalecimiento como instrumento para imponer los designios de los grupos empresariales oligárquicos. En su conformación va implícito la intentona de continuar con la militarización del país y la discrecionalidad para el cometido de más crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
El criticismo desde el poder Ejecutivo y la crítica desde las masas organizadas es una manifestación de la lucha de clases en el terreno de las ideas, pero los descalificativos desde la voz oficial indican la intolerancia del gobierno mexicano a la disidencia política y contra todo esfuerzo que no piense como él.
Las contradicciones que surgen en el seno del régimen no son antagónicas, dan cabida a la negociación y al establecimiento de acuerdos entre las cúpulas de poder con el objetivo de determinar las canonjías que corresponden a cada uno en función de los servicios prestados a los dueños del capital. En síntesis, toda diferencia que emana entre los distintos partidos políticos se dirime en la identificación a la clase que representan con la cual cierran filas.
El gobierno mexicano experimenta una serie de divergencias interpartidistas producto del jaloneo para asegurar sus feudos políticos. Tal encono respecto al proyecto de nación que emana del partido en el poder político son de matiz porque de esencia se resuelven mediante el acuerdo para dar continuidad a la política de Estado que garantice el poder del capital.
Cuidar la espalda de los políticos de oficio, empresarios y mandos policíacos militares que impusieron sus designios desde la administración pública mediante el terror es el objetivo de estas pugnas surgidas en la institucionalidad burguesa, mientras tanto, el reacomodo de fuerzas resulta violento porque cada grupo de poder se aferra la posición política que dejaba jugosas ganancias tanto de negocios lícitos como ilícitos.
La moneda de cambio para dejar gobernar a la actual administración es mantener la impunidad, esa es la esencia del cabildeo político. Priistas de viejo cuño pretenden garantizar su permanencia en la palestra nacional con un número importante de sus cuadros enquistados en las estructuras del Estado mexicano y con ello velar por los intereses económicos que representan.
Las investigaciones sobre la corrupción en la venta y sustracción ilegal de hidrocarburos se encontraron con un tope, cuando aparecieron en la nómina de este jugoso negocio altos mandos militares, exfuncionarios de la administración pasada y empresarios de renombre, dejó de ser noticia y la lógica mediática se dirigió en crear un grupo «delincuencial» dedicado a este negocio «ilícito». ¿A condición de qué se guarda silencio? ¿Cuál fue el trato para virar el rumbo de las pesquisas?
Las escaramuzas para capturar al líder huachicolero significa un distractor mediático, y no porque no sea real su existencia, sino porque la venta de hidrocarburos extraídos de manera ilegal no se hace en bidones de 20 o 200 litros. Este jugoso negocio se realizó a grande escala desde las entrañas mismas de la administración y los apellidos de la familia Murillo Karam y cercanos al exsecretario de gobernación saltan a la luz pública como unos de los beneficiados de este negocio ilegal.
La identidad de clase de los partidos políticos es evidente, independientemente del color y la siglas el distintivo es que fungen como un apéndice del capital, el margen de maniobra es mínimo cuando todo partido burgués se rige por las leyes del desarrollo capitalista, máxime en los tiempos actuales donde la crisis económica tiende a agudizarse y reclama vientos violentos para ser superada.
Los vericuetos de la democracia burguesa son malos consejeros si de verdad se quiere corresponder con las necesidades del pueblo, éstos únicamente son considerados para medrar con el hambre y la pobreza. Los «beneficios» que puedan obtener las masas trabajadoras son pasados por la ecuación capitalista, donde el saldo final debe corresponder con ganancias estratosféricas para la cúpula de empresarios.
Muchos aplaudieron las medidas asumidas para combatir la pobreza, el desempleo, la corrupción… sin embargo, en el fondo del fenómeno se encuentra el interés de un grupo oligárquico. Verbigracia, las tarjetas para el cobro de programa de apoyo a adultos mayores, en este «inofensivo» y «benevolente» proyecto están consagrados los negocios del Grupo Salinas, como una de las principales firmas oligárquicas en nuestro país.
Es imposible quedar bien con dios y con el diablo, experiencias sobran en la historia de la humanidad y de México, tarde que temprano llegan las definiciones de clase que conducen a adoptar cierta ideología y posición política. Aún quedan resabios del sentimiento esperanzador que despertó en algunos sectores el cambio en la coyuntura nacional, pero paulatinamente se difumina ante la actitud que lo identifican con cercanía a los grupos económicos responsables de la pobreza y miseria en las masas proletarias.
El intento por estigmatizar a las organizaciones del pueblo y generar la atomización del movimiento popular quedó evidenciado por la conceptualización que realizó el gobierno federal de la movilización popular magisterial en el estado de Michoacán. En los hechos criminalizó la protesta popular, juzgó de «intransigentes» a quienes no comulgan con su forma de pensar, tachó de «ultraradicales» a quienes no transitan por los vericuetos de las formas corporativas de organización burguesa.
La intolerancia no está del lado de las masas organizadas, el conservadurismo no se encuentra dentro del movimiento popular. Afirmacionesque diluyen la lucha de clases y minimizan las contradicciones inherentes al régimen, son expresiones propias de la descontextualización del momento, del desconocimiento ingenuo o por dolo de las relaciones de producción capitalistas.
Retorcer la interpretación de los acontecimientos históricos y reducirlos al ámbito moralino expresa una actitud irresponsable con la objetividad de los sucesos. La historia de México se fraguó por el empuje de las masas trabajadoras en correspondencia de cada momento socioeconómico, por lo que revivir los postulados de la ideología liberal burguesa significa un esfuerzo por echar la rueda de la historia hacia atrás.
El eclecticismo ideológico fundamenta los conceptos que dan vida al proyecto de nación de la actual administración federal. En sus discursos se encuentran imbuidos todo un amasijo de frases, premisas y sentencias de la ideología burguesa en la etapa de lucha que desarrolló contra el oscurantismo feudal.
Tomar mecánicamente estos conceptos no sólo representa una incoherencia en relación tiempo y espacio, sino que denota la toma de partido hacia la clase que pretende perpetuar la explotación y la opresión.
La personalización de los asuntos políticos no conduce a buen derrotero, estar en el escaño más alto de la vida institucional en el país no es lo mismo que cuando se fue oposición. La crítica política que esbozan las masas populares con su acción o sus conceptos no es en el aspecto personal, es contra el fundamento teórico filosófico sobre el que se erige el programa de gobierno, el cual pretende cercenar la creatividad del pueblo para obstaculizar la adquisición de la conciencia proletaria.
La fuente de la ideología burguesa es la que utilizan para saciar la sed de conceptos, de ella sólo pueden emanar premisas para perpetuar el régimen de explotación, para ceñir aún más las cadenas del yugo imperialista. Conservadurismo sí, pero desde el poder político burgués, actitudes retrógradas son las que asumen ante las necesidades sociohistóricas que se develan como inaplazables.
Se requiere seriedad en el análisis para comprender el curso del desarrollo de las leyes del capital, para abstraer de ellas las necesidades a resolver. Considerar en tiempo y espacio adecuados las relaciones de producción capitalistas que condujeron a la fase monopolista del capital y de ahí determinar los planes concretos para emancipar a las masas trabajadoras.
El titular del ejecutivo está en la libertad de exponer su ideario político, pero de ahí a tender el manto del estigma y de la criminalización es de contenido y forma diferente. En consecuencia las masas trabajadoras están en su derecho de ejercer la crítica con base en el sustento teórico filosófico que ayude a enfrentar las vicisitudes de la lucha de clases, por ello, reivindicar la lucha por el socialismo en México es una tarea imprescindible.
La aprobación de la Guardia Nacional es un mecanismo represivo en toda la extensión de la palabra; por cualquier ángulo que se analice, la verdad sale a flote, es un cuerpo policíaco militar cuyo papel será sostener el desarrollo capitalista, salvaguardar el nuevo proceso de acumulación y centralización de capital que es promovido desde el Plan de Desarrollo 2018-2024, en suma, el cancerbero del capital monopolista transnacional.
La disyuntiva entre el mando civil o militar constituyó una cortina de humo para simular una aprobación democrática e incluyente. En la esencia nunca hubo una disonancia, la militarización es un hecho inminente. Es absurdo que los panistas colocaran en el centro de la discusión a las víctimas de múltiples crímenes de Estado y de lesa humanidad, cuando fue su partido quien inició una nueva fase en los niveles de violencia al imponer el terrorismo de Estado en la vía de los hechos.
La tesis del combate a la inseguridad se sostiene como premisa para incentivar el desarrollo económico del país, por ello se deduce que la conformación de un nuevo cuerpo policíaco militar es para garantizar la continuidad del régimen.
El cometido de crímenes de lesa humanidad sigue su curso en los primeros días de gobierno. La desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y otras violaciones a los derechos humanos permanecen inmutables con lo que queda evidenciado que la pacificación del país es una realidad inasequible mientras la base económica del régimen se mantenga intacta.
La ejecución extrajudicial de activistas, periodistas y luchadores sociales son el fiel testimonio de que la violencia tiene sello de clase, no basta afirmar que el gobierno no tiene responsabilidad en estos hechos, se requiere investigar puntualmente y determinar quiénes son los responsables para juzgarlos de acuerdo con la gravedad de los crímenes establecidos en organismos internacionales de derechos humanos.
Las disculpas no resuelven el problema que viven millones de familias mexicanas, porque el cometido de crímenes de lesa humanidad no es un fenómeno moralino producto de mentes desquiciadas. La pregunta sigue sin responderse ¿La justicia para cuándo?
Si desde la versión oficial se afirma que no habrá represión, persecución y hostigamiento, es preciso que las autoridades expliquen quién o quiénes son los responsables de actos de esta naturaleza, qué poder político o económico impone su voluntad al amparo del Estado mexicano.
Afirmar en el acto que las líneas de investigación en el cometido de crímenes contra luchadores sociales apuntan a la «delincuencia organizada» es criminalizar el descontento, describe la misma ruta que emplearon los priistas y panistas para crear expedientes incriminatorios que «justificaran» cebarse contra las masas inermes. Es un subterfugio ruin que pretende extender el manto de la impunidad a los criminales de Estado.
La realidad es inobjetable, a 100 días del gobierno federal existen condiciones económicas, políticas y sociales que expresan la continuidad de la política neoliberal del régimen, éstas son premisas que sostienen la necesidad de la lucha independiente porque desde la oficialidad burguesa los derechos del pueblo son escamoteados, por lo tanto, impulsar la lucha por el socialismo en México es la antítesis ante el oprobio que genera el capitalismo.
Articulo de la revista Consigna Socialista