El año que se inicia anuncia la persistencia del divorcio entre la dirigencia política y los intereses populares. Destacan en ese aspecto los sectores más vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, desvinculados de sus promesas incumplidas, ya con escaso disimulo. Si alguien podrá rearticular la política con las demandas de las clases populares constituye un gran interrogante.
El año de las claudicaciones y el de las elecciones.
En la trayectoria del gobierno de Alberto Fernández, pero sobre todo en la del kirchnerismo, julio de 2022 resulta un punto de inflexión. Nos referimos al aval a la designación de Sergio Massa y la correlativa asunción de un plan en las coordenadas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Massa, convertido en virtual “superministro”, ha dispuesto que la reducción del gasto estatal, con las políticas sociales a la cabeza, es un objetivo central para el gobierno. Los compromisos se asumen hacia arriba, con el FMI y el gran capital. Para los de abajo “austeridad” y a lo sumo algún paliativo, ínfimo y fugaz. Como el bono que se otorgó a fin de año.
El kirchnerismo venía de criticar “por izquierda” al ministro anterior, Martín Guzmán, tal como si tuviera un programa alternativo para llevar adelante. Cuando variables coyunturales como la inflación se agudizaron y los factores de poder insinuaron un “golpe de mercado”, durante el fugaz ministerio de Silvina Batakis, la respuesta fue la capitulación.
Tras haberse embanderado en contra de las políticas de ajuste, los allegados a Cristina Kirchner acallaron sus críticas y se tornaron el respaldo principal para la aplicación de esas políticas.
Cuando pudieron exhibir un plan distinto quedó en evidencia que no lo tenían. O tal vez, no se atrevieron a intentar ponerlo en práctica. ¿O no se supone que el gobernador Axel Kiciloff es un experto con una visión integral de la economía nacional, lo que debería conllevar a la elaboración de propuestas propias?
Un dirigente que había prometido en su momento llevar a prisión a figuras del kirchnerismo y terminar con “los ñoquis de La Campora” se convirtió en la posible tabla de salvación a la que apostaron la vicepresidenta y sus partidarios.
Los últimos meses del año fueron de deterioro de la capacidad política del kirchnerismo. Al mismo tiempo que acataban la política económica y escenificaban un enfrentamiento con Alberto
Fernández vaciado de contenido, no desarrollaron una actitud movilizadora.
Los ataques que sufrió Cristina Fernández, en forma de un atentado y luego de una sentencia condenatoria, solo acarrearon acciones limitadas, que no llegaron a ganar las calles. La “tocaron a Cristina” y la respuesta fue bien escasa.
2023 es un año electoral. Hace tiempo que los medios de comunicación de mayor llegada están llenos de especulaciones sobre las posibles candidaturas, que no están definidas en ninguna de las dos grandes coaliciones. Con sus líderes tradicionales, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri sin la vastedad de apoyos que solían tener, son varios los que aspiran a la candidatura presidencial, con o sin su consentimiento.
El Frente de Todos (FdT) es el que está en mayor nivel de indefinición. La reacción de la actual vicepresidenta de considerarse proscripta indujo desconcierto, a la vez que facilitó el emerger o el “revivir” de postulantes.
Hasta el presidente ha rescatado su ajado sueño de reelección. El ministro de Economía espera ansioso los resultados de su plan económico de ajuste para definir sus aspiraciones. El titular de Interior persiste en su papel de dirigente “moderado” de La Cámpora, que por lo tanto podría sostener una candidatura muy afín a CFK y al mismo tiempo “tolerada” por el establishment.
El jefe de gabinete Juan Manzur, pese a su gestión muy deslucida, se suma asimismo a la lista de prospectos “presidenciables”. Y se agregan algunos gobernadores de provincia, todavía con bajo perfil pero con expectativas de poder avanzar hacia el “premio mayor” de la presidencia.
No podía faltar Daniel Scioli, con su discurso inane y sus afanes de conciliador nato.
Todo esto en una situación económica y social que para nada garantiza que el actual oficialismo llegue con probabilidades de triunfo a los próximos comicios presidenciales.
La tienen difícil.
En el debilitamiento de las chances del peronismo no incide sólo el deterioro de las variables económicas, que persiste más allá del descenso, tal vez temporario, de la inflación. Tampoco es exclusividad del declive de las condiciones de vida de los sectores vinculados a la economía popular y que perciben prestaciones sociales. Son factores materiales que contribuyen de modo sustancial, pero son reforzados por la evidencia de la ausencia de un rumbo propio.
Una fuerte influencia en la endeblez de las perspectivas del FdT lo tiene asimismo la falta de disposición para reorientar el camino de su propio gobierno. En el ala “k” se convirtieron en “comentaristas”, de modo de eludir responsabilidad por los padecimientos de la población. Y se involucraron sobre todo con una agenda de disputa institucional que, sin desconocer su importancia, no conecta con los problemas populares.
El peronismo, que siempre blasonó de una particular sensibilidad acerca de las necesidades y sentimientos de las masas, parece haber extraviado esa percepción.
El Frente ha gobernado tres años y los ingresos populares en términos reales están debajo de los de diciembre de 2019. Y en ese entonces el nivel de los salarios y otros ingresos era descripto como una catástrofe, culpa de la ofensiva neoliberal contra los intereses populares.
La política económica se mueve estimulada por la propensión a favorecer los intereses de los grupos más concentrados. Y por la desesperación por conseguir la mayor cantidad posible de dólares, para solventar las exigencias de la deuda.
Cuando se suman ambas pulsiones, tenemos una decisión asegurada. Así, las dos ediciones del “dólar soja”, que podría ser acompañada por una tercera, para que los usufructuarios del agronegocio se dignen liquidar las divisas obtenidas en el comercio exterior.
Otras veces basta el primer objetivo, como en el gigantesco perdón de deuda a las compañías eléctricas que se acaba de disponer. Las que no por esa “compensación” dejarán pasar un día sin proseguir con los reclamos contra el “retraso tarifario”.
Las disquisiciones acerca de los enormes daños ocasionados por el gobierno de la derecha entre 2015 y 2019 suenan hoy a hueco, cuando, casi a punto de cumplirse el período presidencial, no se han revertido en ningún aspecto fundamental.
El kirchnerismo ha devenido en esta coyuntura, en un acompañante del ajuste y adversario de las organizaciones populares que no le responden.
El carácter “nacional y popular” del gobierno se vuelve una impostura fácil de percibir, una bandera deshilachada. CFK en persona se encargó de hacer su aporte al enfoque antipopular de los problemas argentinos. Nos referimos a la embestida contra los “piqueteros” y la percepción de planes sociales. A la hora de emitir observaciones críticas optó por el ataque a esa porción de trabajadores que están precarizados hasta un nivel que no les garantiza sustentarse por arriba del límite de indigencia.
La acometida tuvo un resultado previsible: Se fortalecieron los intentos de desprestigio a los perceptores de planes sociales. Se anunció una auditoría y tiempo después aparecieron supuestos datos de que habría centenares de miles de “beneficiarios” que obtuvieron las prestaciones de modo indebido.
No faltó el fiscal que denunciara a la ministra de Desarrollo Social por no proceder a una drástica quita de los planes objetados. Y la titular de la cartera buscó aventar esas sospechas dando de baja algunos miles de prestaciones.
El peronismo se encuentra en una situación declinante, que está por verse si puede revertir en el corto plazo. Experimenta pérdida de popularidad, patente ya en las elecciones de 2021, por conducir un gobierno que no ha cumplido ninguna de las expectativas con las que fue elegido. La economía nacional ha crecido cerca del 5% en 2022, nada de ese incremento benefició a quienes viven de salarios o jubilaciones.
En esas circunstancias, si no hay cambios que puedan modificar de modo radical la situación, la perspectiva más probable es el triunfo de JxC en los comicios de 2023. Lo que abriría el espacio para una ofensiva integral contra las clases explotadas. Una radicalización que de producirse será respaldada con entusiasmo por el gran capital.
Una vez más, la democracia menguante.
Entretanto la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad del trabajo, la inseguridad, están al frente de las preocupaciones. No es que la población no pueda levantar la vista del día a día, sino que se necesitaría de un motivo poderoso para ello, y antes aún, sentirse respaldado en el propósito de generar condiciones de vida más tolerables.
Y ninguna de las dos coaliciones aparece como vehículo para la atención de las necesidades populares, JxC por su propia ideología y las bases sociales de su electorado. Y el actual oficialismo por las abdicaciones que venimos reseñando.
Hay una gran ausencia. La dirigencia política parece orientada a la batalla del poder como fin en sí mismo. Una circunstancia en la que la apelación al bien público o a la mejora de la suerte de “los más postergados”, se presenta sólo como un recurso instrumental, base de artilugios discursivos puestos al servicio de la retención o de la búsqueda del voto.
El Congreso está paralizado, el Consejo de la Magistratura no funciona. La entente entre grandes empresarios, medios de comunicación, oposición de derecha y jueces es muy criticada. Pero no hay acciones consistentes para comprometer a las bases populares en acciones que puedan contrarrestarla siquiera en parte.
Una vieja y aparente paradoja: Cuando más cede el gobierno, más es presionado. Si se deja de atacarlo por un aspecto en el que se identifica por completo con las orientaciones del poder real, se lo agrede con más fuerza en aquellos en los que puede mostrar alguna mínima intención de autonomía.
La vicepresidenta mientras tanto reivindica el pasado, promete un futuro…Y el presente lo critica, como si no tuviera la mayoría en la coalición gobernante, la vicepresidencia de la Nación, gobernadores y legisladores que le responden en gran número y puestos clave en el poder ejecutivo.
Nada de ello basta para inducirla a hacerse cargo de la realidad que transita la sociedad argentina, y de las acciones de un gobierno al que integra desde lugares tan expectantes.
Su mayor responsabilidad debería ejercerla hacia los millones de argentinas y argentinos que aún la apoyan con tenacidad, una parte de ellos hasta el límite de la veneración. Ellxs están siendo dejados en situación de orfandad política.
Un interrogante que resta es acerca de la capacidad del peronismo para poder mantenerse como portador de esperanzas populares, como abanderado de propuestas sustancialmente diferentes a las del denostado neoliberalismo.
La confianza en la política como vía para transformar la realidad se encuentra en uno de sus puntos más bajos. Cada vez son menos los que creen en que vivamos “el gobierno del pueblo”. Muchxs piensan que en cambio transcurrimos bajo el “gobierno de los políticos”.
Una manifestación de ajenidad que al mismo tiempo exculpa de modo involuntario al poder económico y comunicacional y alienta a una “antipolítica” de derecha, que parapeta bajo sus diatribas la defensa más extrema de los intereses del capital.
La conflictividad social no ha alcanzado los niveles que podrían esperarse en las agobiantes circunstancias actuales. Las luchas son sectoriales y poco comunicadas entre sí. Nada que por ahora ponga en dificultades el ejercicio de la autoridad, pese a las debilidades del gobierno.
No hay que descartar que exista cierto efecto de resignación, de profundo desaliento ante la comprobación de que el tiempo transcurre y no adviene nada parecido a una solución, ni siquiera a un alivio consistente.
En la sociedad argentina sigue vacante el lugar de una alternativa política superadora. De una conjunción que sostenga con seriedad un programa distinto al del sometimiento al poder económico, político y comunicacional. Que reconstruya la creencia en que se puede apostar a la transformación social, a enfrentar a los intereses más concentrados.
Y le dé un verdadero contenido popular a la democracia, para que se torne digna de su nombre.
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