45 días de lucha por el gas y el poder

En el último mes y medio, las ciudades bolivianas, especialmente La Paz, han visto en varias oportunidades gigantescas marchas de protesta de los militantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y han sentido la presión de maestros, camineros, gremialistas, rentistas y fabriles, que bloqueaban calles y avenidas, y marchaban, a veces, mañana, tarde y noche.

En el campo, la presión de campesinos y colonizadores, al cortar los caminos del Altiplano y las rutas hacia el Perú y los valles del norte de La Paz, también se hace sentir cada vez con más fuerza, aunque aún en forma limitada y focalizada en los distritos de La Paz, Cochabamba y Tarija.

La ofensiva de la COB, dirigida por el minero Jaime Solares, es parcial y hasta hace una semana se había sostenido sobre la radicalidad de los maestros urbanos y rurales, que cumplieron una huelga de más de un mes, convulsionando las ciudades, cortando sus accesos y enfrentándose con las fuerzas policiales. Hoy, concluida la huelga, tras la aceptación parcial de algunas demandas socioeconómicas de los maestros, el eje de la arremetida popular se asienta sobre los bloqueos campesinos, liderados por el «Mallku» Felipe Quispe.

La táctica de la COB es consolidar los bloqueos del Altiplano, lo que paulatinamente va logrando, y cortar las rutas del valle de Cochabamba y los accesos a Oruro, Potosí y Sucre, lo que aún no ha conseguido. Con la fuerza de los campesinos, la COB prevé también reforzar las movilizaciones de masas en las grandes ciudades, organizando una nueva marcha hacia La Paz, esta vez con el masivo apoyo de las poblaciones de El Alto y Cochabamba, que son dos de las cuatro más numerosas e importantes del país.

Por la lucha de la COB y la decisión gubernamental de convocar a un referéndum sobre el gas, en el que no se incluye la nacionalización, tal como demanda el 81% de la población boliviana, los pueblos de El Alto y de Cochabamba, con todas sus organizaciones sociales, cívicas y populares, se volcaron en contra de Mesa y de su consulta, calificada como tramposa.

En lo inmediato, los dirigentes y activistas de la Central Obrera se han fijado la tarea de organizar el creciente repudio popular ante el referéndum, convocado para el 18 de julio y que ha sido hecho a medida de los intereses de las transnacionales petroleras como Repsol y de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los que por separado han manifestado su respaldo y apoyo a la consulta. Y no es para menos, ya que el propio presidente Mesa aseguró que, sea cual fuere el resultado del referéndum, el Estado boliviano respetaría todos los contratos de las petroleras, lo que garantiza que éstas seguirán teniendo la propiedad real de las reservas de gas y petróleo, y de todos los beneficios que derivan de su explotación, por lo menos por los siguientes 36 años.

La lucha social ha posibilitado también que sean cada vez más los sectores sociales que comprendan que el referéndum, a pesar de la intencional ambiguedad de sus preguntas para confundir a la población, está diseñado sólo para dar a escoger entre mantener la actual política hidrocarburífera antinacional del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre por una insurrección popular, o cambiar esta política por una muy similar, como es la del neoliberal Mesa. Ambas totalmente favorables a las transnacionales.

En los sindicatos y organizaciones sociales y populares, los únicos que defendían el referéndum de Mesa eran los partidarios del líder cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, aunque ya van siendo desplazados y rebasados por las bases. La tarea trazada por la COB es acelerar esta depuración, para así superar el boicot a las movilizaciones que estaban ejecutando los militantes del MAS desde el interior de las organizaciones sociales y populares.

La presión sobre la burocracia que apoya silenciosamente al actual gobierno y maneja varios sindicatos y organizaciones sociales es intensa y paulatinamente va dando frutos. Este es el caso, por ejemplo, de la denominada Coordinadora del Gas, dirigida por Oscar Olivera, que hasta hace poco se había mantenido al margen de la lucha social y habían evitado cuestionar la política de Mesa.

Hasta ahora, en la batalla del gas, el presidente Mesa ha logrado, con matices de forma pero no de fondo, el respaldo del Congreso y de casi todos los partidos neoliberales que gobernaron con Sánchez de Lozada (con la excepción de la derechista Nueva Fuerza Republicana), de la Embajada de Estados Unidos, del Banco Mundial, del FMI, de la Iglesia Católica, de las Fuerzas Armadas, de las transnacionales petroleras, de los empresarios nacionales, de intelectuales y clases medias con ingresos elevados, de casi todos los medios de comunicación, de los comités cívicos de Tarija y Santa Cruz y del MAS de Evo Morales.

Sin muchas variantes, los mismos que gobernaron y apoyaron a Sánchez de Lozada, y que hoy, al igual que en las jornadas insurreccionales de octubre, se enfrentan a las fuerzas de la COB de Solares y a la Confederación de campesinos de Quispe.

La COB y los campesinos apuestan a consolidar los bloqueos y a las movilizaciones de masas para arrinconar a Mesa y liquidar su referéndum, avanzando hacia la nacionalización del gas y el petróleo. Aunque para ello, deberán resolver antes sus graves problemas organizativos, superar la ausencia de amplios canales de movilización, unificar las demandas sectoriales, lograr la unidad de los sectores y poblaciones en la lucha, articular la participación de los sectores de vanguardia (mineros y fabriles) y delinear una estrategia de poder.

En cambio, Mesa y sus aliados creen, por el contrario, que el tiempo y una represión selectiva y controlada de los conflictos erosionarán la lucha social y abrirán paso al referéndum que consolidará el poder de las transnacionales sobre el gas y el destino de Bolivia. La lucha promete ser cada vez más intensa, a medida que se acerque la fecha del referéndum, a medida que se acerque la fecha en que ambos bandos decidan la suerte del gas y del poder.

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Los Aymaras bolivianos reclaman ayuda del gobierno, para afrontar las pérdidas en sus cosechas debido a las bajas temperaturas y denuncian al referéndum como «tramposo» por no preguntar por la nacionalización del gas.

Por otra parte, pobladores de Villamontes, en la frontera con Argentina y Paraguay reclaman la construcción de una carretera internacional, que mejore las rutas de transporte.

La medida responde al incumplimiento del Poder Ejecutivo de un convenio firmado el 15 de diciembre de 2003, mediante el cual se comprometía a buscar recursos para el asfaltado de la mencionada ruta.