El Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica resolvió convocar a un paro de 48 horas los días martes 21 y miércoles 22 de octubre, en reclamo de la aplicación plena y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y confirmada por el Congreso Nacional.
Durante 2025, la ley fue aprobada por ambas cámaras y ratificada tras el rechazo del veto presidencial. Representa un logro histórico de la comunidad universitaria y un freno a los planes de ajuste del gobierno, incluyendo presupuesto de funcionamiento, becas y actualización salarial mínima igual a la inflación, con origen de fondos garantizados.
Ahora resta su implementación efectiva. El lunes 20/10 vence el plazo para su promulgación. De no promulgarla, la ley quedará promulgada de hecho. Más allá de esto, el presidente anunció su negativa a aplicarla, violando toda norma básica de la democracia y de la separación de poderes del Estado.
La docencia exige la convocatoria inmediata a paritarias y la plena aplicación de la ley, en defensa de los salarios y derechos del sector universitario.
Paro docente convocado por CTERA
La Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA) realizó un paro por 24 horas el pasado martes 14 de octubre para protestar por la «situación crítica» que acarrea el sector educativo en el país.
La medida de fuerza consistirá en una marcha federal educativa de 24 horas. Por lo tanto no hubo clases en todas las escuelas del país, en ninguno de los niveles afectados.
En la jornada de lucha en todo el país enarboló la premisa de «defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas».
Por último, por un mayor presupuesto educativo «que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender».
Cierran las escuelas de todo el país: suspenden las clases en preescolar, primaria y secundaria
«Una continuidad que se va a expresar en visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le estamos haciendo desde cada provincia al Gobierno Nacional, al presidente Milei. Será una jornada nacional de lucha bajo el lema ‘La Escuela enseña y construye esperanza'», añadió.
Más allá de la suspensión de clases en las aulas, en la jornada se celebrarán eventos en carpas educativas, habrá clases públicas, radios abiertas, caravanas y otras actividades en plazas y espacios públicos.
En el comunicado, desde el gremio docente sostuvieron que reafirmarán su «compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrático y federal».
Entre los reclamos principales que tiene CTERA se encuentran los siguientes:
- Ley de reforma financiamiento educativo
- Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente
- Restitución del Fonid y pago de sumas adeudadas
- Aumento de presupuesto educativo y fondo de infraestructura escolar
- Mejoras salariales y laborales
- Defensa de los derechos previsionales
El 8 de octubre hubo paro en Provincia de Buenos Aires
Se resolvió en un plenario impulsado por la oposición Multicolor con el voto de más de 4200 docentes mediante mandatos de escuela. También se definió parar el 14 en el marco de la medida nacional convocada por Ctera.
Ante la inacción de Baradel y la Celeste de Suteba que convalida el ajuste salarial, el descontento crece en las escuelas. A las maestras se les impone trabajar una jornada de nueve o diez horas (con la quinta hora que incorporó Kicillof). Los salarios docentes son de pobreza; una maestra cobra $ 700.000 por un cargo y un preceptor $ 599.402.
Mientras tanto, según el último informe de la Junta Interna de ATE, en agosto una familia con 4 integrantes necesitó cobrar $ $1.939.698 para satisfacer sus necesidades mínimas. Este valor se compone de $662.423 -necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.277.275- para acceder a otros bienes y servicios básicos.
Para arañar el fin de mes, los docentes toman dos y hasta tres cargos. A la sobrecarga laboral se suma el pésimo estado edilicio y la falta de recursos para sobrellevar el impacto de una crisis social que se siente con fuerza en las escuelas. Por eso, se suma el reclamo de un aumento de presupuesto educativo para obras, comedores, cargos, becas y materiales. La pelea por salario y presupuesto es una pelea en defensa de la escuela pública.
Mientras tanto, las conducciones sindicales, dirigidas por el peronismo, plantean acciones a cuenta gotas. La Ctera anunció un tardío paro para el 14 de octubre, dejando pasar meses enteros sin medidas, dejando aislados importantes conflictos provinciales como en Misiones, Santa Cruz y Jujuy.
Defendamos el derecho a huelga
Desde la Multicolor, junto a Suteba Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz y el CeProDH, logramos un fallo judicial que reconoce el reclamo de casi 10.000 docentes frente a los ataques al derecho a huelga perpetrados por el gobierno provincial y la Dirección General de Cultura y Educación.
La medida cautelar declara que las autoridades escolares deben consignar en los registros lo que declaran los docentes, se abstengan de pasar faltas injustificadas cuando adhieren a medidas de fuerza convocadas por las Seccionales de conducción Multicolor.
Este fallo es un triunfo jurídico, que se pone al servicio una herramienta para fortalecer la organización docente frente a un panorama nacional de ajuste.
Mientras el gobierno en crisis presenta un presupuesto con una inflación “proyectada” del 10% hasta diciembre de 2026 —una cifra irreal que encubre recortes profundos—, se prepara además el desmantelamiento de la Ley de Financiamiento Educativo.
En la provincia de Kicillof, los salarios siguen por debajo de la línea de pobreza y el presupuesto educativo se ajusta , dejando a las comunidades educativas sin recursos básicos para enseñar y aprender.
Hoy más que nunca es importante fortalecer a los sectores combativos y los sindicatos recuperados para hacer valer nuestro derecho a huelga para ponerle un freno a los ataques de Milei y el ajuste de los gobernadores.
La tarea es clara: imponer desde abajo la continuidad en un plan de lucha nacional, con nuevas acciones, y en unidad con otros sectores de trabajadorxs que están luchando contra el cepo a las paritarias, y para derrotar este plan del FMI que aplica el gobierno de Milei, con la colaboración de los gobernadores y las cúpulas sindicales burocráticas que frenan la lucha.
Sentencia Judicial a favor del derecho a huelga de toda la docencia bonaerense
Desde el año 2023 y hasta el presente las autoridades del gobierno provincial han perseguido, amenazado y castigado a docentes adherentes a la medida de fuerza impulsada por la lista Multicolor que conduce el SUTEBA de Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz. El modo es descontando parte del sueldo y más grave aún consignando en diferentes niveles jurisdiccionales, la falta injustificada.
Con la firma de los jueces Mariela Elvira Sosa, Fabio Alberto Arechabala y Rodolfo Francisco Martiarena, la sentencia ordena a “los Responsables de los Establecimientos Educativos y/o las autoridades provinciales/seccionales, con competencia para ello, que deberán abstenerse de consignar “ausencia injustificada” en los casos en que la persona trabajadora hubiera adherido a cualquier medida de acción directa convocada por el gremio al que perteneciere” dado que aquella ausencia injustificada “afecta en concreto el derecho a la carrera docente, y el acceso a las prestaciones de seguridad social, alterando el cómputo de los plazos requeridos para acceder a dichos derechos.”
Este es un paso muy importante en la pelea en defensa del derecho a hacer huelga de la docencia bonaerense y que ubica al gobierno de la provincia de Buenos Aires del lado de la infracción, la persecución y la negación de derechos constitucionales con incidencia colectiva. Idéntica consecuencia procesal tiene la medida analizada tanto desde la Constitución Nacional como desde el prisma del art. 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales que también reconoce expresamente el derecho a huelga (arts. 5° inc. d) y ccts. ley 23.551).
En la causa se presentaron solidariamente como Amicus Curiae, dando fundamentos de la legitimidad y legalidad de los reclamos, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto al SERPAJ, Carmen Verdú (CORREPI), Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, Liliana Alaniz (APEL), Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, todos ellos con el patrocinio de la Dra. Victoria Moyano, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación de Abogados Laboralistas representada por Guillermo Pérez Crespo y Romina Stampone.
Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto les paga Kicillof a las y los docentes?
Por Pablo Herón
El miércoles 8 de octubre la provincia de Buenos Aires estuvo atravesada por un masivo paro docente, el motivo principal es que al ajuste que aplica Milei a nivel nacional se le suma el que ejecuta Kicillof por su parte.
El ajuste en la educación es un denominador común de cada rincón del país. Mientras Milei se prepara para “promulgar” sin dar los fondos para la Ley de financiamiento para las universidades, en las provincias la situación para maestras y docentes es de un verdadero ahogo. Va desde lo salarial, pasa por las condiciones de trabajo y llega hasta las condiciones de infraestructura y en las que tienen que enseñar a pibas y pibes cuyas familias están contando cada peso para (no) llegar a fin de mes. Un panorama que llevó a la realización de un paro importante el miércoles en la provincia de Buenos Aires.
La docencia viene de sufrir ataques de todo tipo gobierno tras gobierno. Al comienzo de su mandato La Libertad Avanza decidió eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una medida que representó un recorte directo entre 10% y 20% del sueldo según cada provincia. Las y los docentes de la provincia de Buenos Aires no quedaron exentos: sufrieron ese recorte, no tuvieron ningún tipo de compensación y a eso se le sumaron las paritarias de Robero Baradel y Axel Kicillof que ni siquiera llegan a cubrir la inflación.
¿Cuál es el salario docente en la provincia de Buenos Aires?
El sueldo inicial de una maestra por un cargo es de $ 700.000 que consta de 20 horas módulo más todo lo que conlleva la planificación. Salarios de miseria que no alcanzan ni siquiera la línea de pobreza calculada por el INDEC: un sueldo equivale a un 60% de la canasta básica total (que no contempla el alquiler por ejemplo) para una familia de cuatro integrantes ($1.160.780).
Una profesora de La Matanza muestra su recibo donde se exhiben 14 horas en 7 escuelas distintas por una materia que solo tiene 2 módulos por semana: recién llega a los $ 718.285. A la planificación de la materia que va por fuera de la carga horaria, se le suma el tiempo y gastos en viajes que aumentan todos los meses. Un verdadero tetris de colectivos y horarios. Lo mismo le sucede a un docente de música que por 16 horas en cinco escuelas recién llega a los $ 587.529 en Moreno.
Recién trabajando doble jornada, de 8:00 a 17:00, con una sobrecarga laboral completamente insalubre, una maestra inicial podría alcanzar $ 1.500.000. No muy lejos se encuentran docentes con décadas de profesión encima, una profesora de artes en La Plata con 18 horas módulo y 25 años de antigüedad recién llega a $1.052.000.
Un docente que trabaja en un Equipo de Orientación Escolar por 20 horas más 12 horas módulo frente a una clase (32 horas en toda la semana), con suerte llega a la misma suma de $1.056.000. El plantel de orientación escolar es un rol sumamente necesario para poder abordar las múltiples y cada vez más complejas problemáticas que atraviesan las infancias y adolescencias en el país.
Para darse una idea, una canasta básica familiar (4 integrantes contemplando necesidades básicas como un alquiler) calculada por las trabajadoras y los trabajadores ATE INDEC, en agosto de 2025 alcanzaba $ 1.939.698. Inalcanzable.
¿Cuáles fueron los motivos del paro?
El paro de hoy, surgió por el nivel de bronca de docentes que día a día ven deteriorarse la educación pública, una realidad que se vive en todo el sector público en todo el país: hospitales, universidades, jubilaciones o el área de Discapacidad.
El problema está lejos de circunscribirse a los salarios, el paro convocado hoy que tuvo adhesión masiva en distritos donde conduce la lista Multicolor, como Tigre y Bahía Blanca, tuvo además en el centro de los reclamos: presupuesto para infraestructura escuelas y comedores, así como el fin de la precarización y la sobrecarga laboral.
Las escuelas son parte del tejido vivo que sufre la degradación de una vida cotidiana arrastrada por las políticas del ajuste a la medida del FMI con familias cada vez más complicadas por la crisis económica, por la pérdida de trabajo, por salarios más bajos, con infancias y adolescencias atravesando problemáticas de todo tipo en cada casa y barrio. Imposible pensar una educación pública por fuera del hambre y la pauperización de la vida.
La medida fue resuelta en un plenario impulsado por la oposición a Baradel, la Lista Multicolor, donde participaron más de 4.200 docentes debatiendo en asambleas por escuela. Allí también definieron participar del paro nacional convocado por CTERA para el 14 de octubre. El paro tuvo fuerte presencia en ciudades donde el sindicato es dirigido por la lista de Baradel como La Matanza, La Plata, Ensenada, José C. Paz y Lomas de Zamora. Todo un síntoma del ajuste que aplica Milei a nivel nacional y por su parte gobernadores, como Kicillof, con sus propias formas y métodos aunque sostengan discursos opositores.
Más de 2.500 firmas en apoyo al docente Federico Puy
A un mes del ataque sufrido por el maestro luego del acto del Día del Maestro, cuando fue sumariado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por manifestar su solidaridad con las infancias y maestras palestinas, la campaña de apoyo no deja de crecer. Ya son más de 2.500 las firmas que exigen el cierre del sumario y el fin de la persecución política, entre las que se destacan personalidades de la educación como Henry Giroux y el investigador de Flacso Carlos Skliar.
El caso de Puy, que generó un amplio repudio nacional e internacional, se enmarca en un contexto de movilización mundial frente al genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel, que ya dejó más de 60.000 personas asesinadas, en su mayoría mujeres, niños y niñas.
En las últimas semanas, cientos de miles de personas se movilizaron en todo el mundo, con manifestaciones masivas en Alemania, el Estado español y una huelga general histórica en Italia, que expresan el rechazo al avance genocida y la complicidad de las potencias del mundo.
El repudio internacional también creció tras la intercepción ilegal de la Global Sumud Flotilla por parte del ejército israelí, que mantiene secuestradas a activistas internacionales que intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. Entre ellos se encontraban Celeste Fierro, diputada del Frente de Izquierda Unidad y Bruno Gilga de la red internacional de la Izquierda Diario en Brasil que ya fueron liberados.
Son una muestra de la solidaridad internacional que despierta la brutal situación en la Franja de Gaza donde se utiliza el hambre como arma de guerra. No es una guerra, es un genocidio gritan millones en todo el mundo. El silencio es cómplice, y por eso es importante continuar con la campaña contra la persecución.
No denunciar genocidio o persecución por miedo o desconocimiento es una posibilidad dentro de la sociedad argentina, pero, abrir un sumario a los que denuncian genocidio y perseguir a los que piensan la enseñanza desde otro enfoque; es llevar adelante una política educativa miserable y cobarde; una pedagogía de la persecución.
Mientras el presidente Javier Milei profundiza su alineamiento con el gobierno de Benjamín Netanyahu, manteniendo su apoyo incondicional a las políticas criminales del Estado de Israel, el repudio internacional crece día a día.
Acá podes encontrar el listado completo de las firmas hasta el momento, y el formulario para sumar tu firma.
Absuelven a la docente Ana Contreras
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa ratificó la absolución de la docente Ana Contreras, quien fue sometida a una insólita causa judicial por referirse a la situación humanitaria en Palestina, durante una clase de Cultura y Ciudadanía, a petición de sus alumnos.
En abril de este año, un juez de General Pico, Boga Doyheard, la había condenado por supuesto maltrato psicológico y ejercicio indebido de la labor docente, con una multa de casi un millón de pesos. Fue a raíz de la presentación del padre de una alumna, que adujo que los conceptos vertidos en la clase la habían afectado.
La causa desató un torrente de pronunciamientos de sindicatos de trabajadores de la educación de todos los niveles, que denunciaron una tentativa de criminalizar la tarea docente. En mayo, el Tribunal de Impugnación Penal absolvió a Contreras, decisión que convalidó ahora el STJ.
La causa contra Ana Contreras es uno de los episodios más escandalosos de un ataque en regla contra la libertad de expresión, que tiene como objetivos a aquellos que se Absuelven a la docente Ana Contreras, judicializada por referirse a la situación de Palestina en una clase
Resumen Latinoamericano, 04 de septiembre de 2025.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa ratificó la absolución de la docente Ana Contreras, quien fue sometida a una insólita causa judicial por referirse a la situación humanitaria en Palestina, durante una clase de Cultura y Ciudadanía, a petición de sus alumnos.
En abril de este año, un juez de General Pico, Boga Doyheard, la había condenado por supuesto maltrato psicológico y ejercicio indebido de la labor docente, con una multa de casi un millón de pesos. Fue a raíz de la presentación del padre de una alumna, que adujo que los conceptos vertidos en la clase la habían afectado.
La causa desató un torrente de pronunciamientos de sindicatos de trabajadores de la educación de todos los niveles, que denunciaron una tentativa de criminalizar la tarea docente. En mayo, el Tribunal de Impugnación Penal absolvió a Contreras, decisión que convalidó ahora el STJ.
La causa contra Ana Contreras es uno de los episodios más escandalosos de un ataque en regla contra la libertad de expresión, que tiene como objetivos a aquellos que se pronuncian sobre la situación palestina y hacen críticas al Estado de Israel. Vanina Biasi (legisladora porteña electa del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero) y Alejandro Bodart (dirigente del MST) enfrentan causas judiciales promovidas por la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) por mensajes en redes sociales en que denuncian las masacres que sufren los palestinos. Daniel Vera, un jubilado chaqueño, sufre arresto domiciliario por un posteo en Facebook contra Milei y Netanyahu. Cristian Díaz, obrero metalúrgico fallecido en 2024, estuvo detenido nueve meses en el penal de Marcos Paz, también por publicaciones en redes sociales.
Las mentiras de Weretilneck sobre el salario docente
Un día después del anuncio de una serie de paros docentes, el gobierno de Weretilneck salió a desparramar información errónea y engañosa para disimular el recorte que se siente no solo en las escuelas sino en las familias de todos los trabajadores estatales.
El gobierno subió a las redes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro una publicación exponiendo un supuesto «aumento superior a la inflación». Estas imágenes demuestran la intención del gobierno de mentir y desinformar a la población en plena campaña electoral. Weretilneck busca esconder el recorte que lleva adelante en los salarios de les trabajadores que es acompañado por el ajuste del presupuesto que puede notarse en la enorme crisis edilicia en las escuelas de la provincia.
La publicación compara un número de inflación que abarca 8 meses contra una evolución salarial de 9 meses:
El salario que se muestra de Enero 2025 (para Maestra de Grado $931.000 pesos), es en realidad el salario que ya se estaba pagando en el mes de diciembre. Es decir, en el mes de enero no hubo ningún aumento.
Considerando esto, desde el salario cobrado los primeros días de enero hasta el que se cobrará los primeros días de octubre (el que se indica como «Septiembre 2025») transcurren los primeros 9 meses del año. ¿Es correcto contrastar contra la inflación de 8 meses? NO, se debe considerar también la inflación de septiembre.
La inflación para septiembre según todas las consultoras será de al menos 2%.
Esto nos da un aumento salarial de 20.3% contra una inflación que será de POR LO MENOS 21.9%. Es decir que las maestras son más pobres, no le ganaron a la inflación como el gobierno dice.
En la publicación se muestran los salarios de los docentes de nivel medio con mayor antigüedad, los directivos y los supervisores. Estos claramente representan la menor proporción del conjunto de les trabajadores de la provincia. Ese concepto de antigüedad recién se percibe a los 20 años de desempeñarse en la docencia. El gobierno este año se jugó a aumentar más a esos sectores minoritarios mientras ajusta a las maestras. El año pasado en cambio hizo demagogia aumentando más al nivel primario pero destruyendo los salarios del nivel medio y de maestras de jornada completa. Se muestra a modo de ejemplo la evolución de Enero a Mayo de 2024 construida a partir de las grillas salariales oficiales:
No es la primera vez que Weretilneck miente para esconder sus políticas de ajuste, el año pasado declaró que los docentes de la provincia tienen los mejores sueldos del país (amplificado por los medios afines).
El gobierno también informó que los salarios docentes le ganaron a la inflación mostrando solo los números de primaria. Además esta recomposición sólo se dio en la primera mitad del 2024 y no llegó a compensar la caída de entre 20 y 30% (según la antigüedad) que vienen sufriendo desde la salida de la pandemia.
Mientras les docentes pagan el ajuste, el gobierno está recibiendo por parte del consorcio petrolero VMOS un bono único de 60 millones de dólares y otros 40 millones de dólares anuales. El gobierno no puede decir que no tiene dinero. Aun así, este ingreso es poco comparado con las ganancias empresariales y los riesgos de contaminación en toda la cadena extractiva.
Es urgente que toda la provincia prepare un plan de lucha. Sólo en las calles podremos enfrentar el plan de ajuste de Weretilneck para pagar el Plan Castello (el mismo que siguen Milei y el FMI), junto a las universidades, salud, estatales y todos los sectores en lucha.
Río Negro: Histórico triunfo de la oposición DAF Multicolor docente en UnTER
Después de 25 años una lista opositora a las conducciones buocráticas de la Azul Arancibia y la Celeste, ganó la UnTER provincial y las principales seccionales. Se trata de la lista Docentes al Frente – Multicolor, integrada por las conducciones de las seccionales opositoras y agrupaciones de izquierda e independientes. Un paso adelante en la lucha contra el ajuste de Weretilneck y Milei.
El DAF Multicolor se impuso por una diferencia de más de 1.300 votos sobre más de 10.000 votos totales según datos aún extraoficiales, pero que resultan irreversibles. Como resultado de las elecciones locales la fuerza que compone el DAF Multicolor estaría reteniendo las seccionales que conduce y la importante recuperación de cuatro seccionales: Fiske, San Antonio Oeste, Sur Medio y Jacobacci donde dirigía la burocracia Azul Arancibia.
La nueva Secretaria General de UnTER será Laura Ortiz de la seccional Valle Medio. El resto de los cargos de la conducción entrante lo integrarán dirigentes y referentes de las seccionales de Cinco Saltos con Mauricio Ovadilla de Sec. Adjunto, Gabriela Aguilar de Río Colorado como Sec. Gremial, de Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Viedma, Allen y Regina, entre otras. Además forman parte del DAF las agrupaciones de izquierda como la 9 de Abril, de la que Cintia Saucedo será parte de la Secretaría de Género y Derechos Humanos y Sayonara Hernández y Macarena Canevari para representantes docentes en el IPROSS; así como miembros de Tribuna Docente.
Se trató de una gran elección en las seccionales opositoras que se retuvieron holgadamente. De nada sirvió la unidad burocrática de las listas del oficialismo provincial y nacional, del cual corrientes políticas del peronismo y del viejo socialismo forman parte.
Se trata de un triunfo histórico por parte de la lista unitaria de la oposición que se reclama democrática e independiente de todos los gobiernos. Históricamente la última vez que una oposición desde las bases dirigiera el sindicato fue con la experiencia de Convergencia, durante el mandato de 2001 a 2004.
Un sindicato independiente en medio de una crisis nacional y una paritaria caliente en la provincia, es una nueva preocupación para Weretilneck, golpeado por sus vinculaciones con narcotraficantes como Fred Machado y Cicarelli. La nueva conducción tendrá por delante el gran desafío de reorganizar el sindicato de cara a la base docente y como plantea en su programa, luchar por recuperar los derechos perdidos y afianzar la unidad con el conjunto de la comunidad educativa.
Río Gallegos: paro docente y corte de ruta
La semana pasada comenzó con un paro de 72 horas, con manifestación y corte de ruta. Fue votado en el Congreso extraordinario de la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC), del lunes 13 de octubre pasado. Denuncian que el gobierno provincial de Claudio Vidal suspendió las negociaciones que estaban realizando. Exigen la reapertura de paritarias e inversiones edilicias.
El corte de ruta que realizaron el jueves 16 de octubre, fue en el paraje Chimen Aike, a unos 30 kilómetros de Río Gallegos. Es el paso obligatorio para dirigirse hacia Tierra del Fuego o a la ciudad chilena de Punta Arenas. Hasta allí se dirigieron decenas de docentes que siguen con medidas de fuerza.
El comunicado de publicó ADOSAC, aclara los motivos de sus acciones.
EL GOBIERNO SUSPENDIÓ LAS NEGOCIACIONES CON ADOSAC, Y EL GREMIO REALIZA UN CORTE DE RUTA CHIMEN AIKE
ADOSAC informa que, en el marco del paro de 72 horas resuelto por el Congreso Provincial, el gremio realiza un corte de ruta en Chimen Aike debido la decisión de la presidenta del Consejo Provincial de Educación (Iris Rasgido), de suspender las negociaciones laborales y ataca nuevamente nuestro derecho a la huelga y profundiza el conflicto.
Los reclamos son claros:
- Pérdida de 1.500 puestos laborales ante el ajuste del Gobierno.
- Reapertura Inmediata de Paritarias Salariales. Exigimos discutir una recomposición salarial urgente para todos los docentes.
- Salario Digno y Cláusula Gatillo Garantizada. Demandamos la continuidad a la recomposición salarial y el mantenimiento de la Cláusula Gatillo en 2026 para evitar la pérdida del poder adquisitivo.
- Defensa de los Puestos de Trabajo. Exigimos mantener los puestos de trabajo y rechazamos cualquier intento de cierre de cargos o ajuste en el sistema educativo.
- Más Recursos para la Inclusión. Reclamamos la creación y provisión de más cargos y gabinetes interdisciplinarios para abordar la inclusión y los procesos de aprendizaje con las herramientas necesarias.
- Inversión en Infraestructura. Exigimos una inversión real y urgente en infraestructura para terminar con la grave problemática edilicia que afecta a todas las escuelas.
Denuncian el desfinanciamiento de los comedores escolares del Chaco
Tutores, educadores y trabajadores en general de la Escuela Pública de Gestión Social N°1 “Héroes Latinoamericanos” del Barrio Mate Cocido de la ciudad de Resistencia, capital de Chaco –provincia gobernada por Leandro Zdero– denunciaron en un comunicado conjunto: «queremos dar a conocer la situación de nuestro comedor escolar, aunque es de público conocimiento que esto se repite en muchas escuelas de la provincia. Durante la última semana de julio, los proveedores del comedor escolar nos comunicaron que se restringiría la entrega de alimentos debido a la falta de pago desde el mes de marzo por parte del Estado provincial. Esta medida incluye la eliminación de alimentos esenciales para la dieta de nuestras y nuestros estudiantes, tales como frutas, verduras y productos lácteos frescos. Esta decisión no solo impacta negativamente en el desarrollo físico y cognitivo de niños, niñas y adolescentes, sino que constituye una vulneración directa a un derecho humano básico reconocido por organismos nacionales e internacionales: el derecho a una alimentación adecuada», remarcan.
En esa línea, en una especie de crónica del desfinanciamiento de los comedores de Chaco, recordaron cómo se fue agudizando el ajuste y desfinanciamiento del área en los últimos meses: «durante el mes de agosto, hemos sido notificados por canales oficiales mediante la circular 0025/2025 de la Subsecretaría de Articulación y Administración para el Desarrollo Humano, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia del Chaco, que el presupuesto mensual para la compra de alimentos, que estaba congelado desde el mes de marzo, se vería reducido en un 32,5% para el mes de agosto. Esa medida se profundizó durante el mes de septiembre, donde hemos tomado conocimiento de un recorte del 17%. Esto significó una reducción total del 50% del presupuesto de nuestro comedor escolar», destacan.
Pero, incluso, señalaron que la situación «se tornó desesperante» desde el pasado lunes 29 de septiembre: «los proveedores no nos bajan los alimentos, argumentando que el Estado provincial no les realiza los pagos correspondientes. Asimismo, durante esta semana tomamos conocimiento de que nos sacan de la partida prevista la mayor parte del pan que corresponde a nuestro establecimiento. Al mismo tiempo, mientras recibíamos estos avisos por parte de los proveedores, nos comunicamos constantemente con el Ministerio de Desarrollo Humano, quien es el responsable de la ejecución de los recursos de comedores escolares. En todo momento, nos aseguraron que el servicio de comedores estaba en pleno funcionamiento y que no había interrupciones».
En cuanto al impacto de este desfinanciamiento gubernamental, explican: «cabe destacar que diariamente brindamos desayuno, almuerzo y merienda en nuestro complejo educativo a más de 200 estudiantes que muchas veces su única fuente de alimentación es lo que provee el comedor escolar». Por lo que solicitan «de forma urgente que se arbitren los canales institucionales pertinentes para solucionar la problemática que nos atraviesa ya que el derecho humano a la alimentación no puede ser una variante más del ajuste», sentencian.
La Justicia ordenó al gobierno de Zdero garantizar la participación indígena en una escuela de Chaco
En un fallo de gran relevancia para los derechos de los pueblos originarios, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Chaco hizo lugar a una acción de amparo y declaró la ilegitimidad y arbitrariedad de dos resoluciones del Ministerio de Educación provincial por vulnerar el derecho a la participación de la comunidad indígena del barrio Cacique Pelayo, en Fontana.
La sentencia fue dictada el jueves 25 de septiembre y lleva la firma por las juezas Geraldine Varas y Natalia Prato Stoffel. A mediados de agosto pasado, la misma Sala había dictado una medida cautelar en el mismo caso donde obligaba también al Estado provincial a garantizar la intervención del Consejo Comunitario “Cacique Esteban Moreno” en la gestión del proyecto educativo, tal como lo prescribe la ley de Educación Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena (Nº 2232-W).
La demanda fue presentada en julio de 2025 por el Consejo Comunitario y un grupo de docentes, quienes denunciaron el incumplimiento arbitrario e inconstitucional de la normativa que protege los derechos indígenas, específicamente en lo que respecta a la Educación Bilingüe e Intercultural. Se solicitaba, entre otros puntos, la nulidad del artículo 3 de dos resoluciones de 2024 y 2025, por excluir al Consejo en el proceso de designación de docentes y directivos del Bachillerato Libre para Adultos Bilingüe Intercultural del barrio Cacique Pelayo.
El Tribunal fundamentó su decisión en un extenso análisis del marco jurídico nacional e internacional, destacando que “la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales consagran los derechos colectivos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que afecten sus intereses”. Subrayó que estas prerrogativas son “la piedra angular del Convenio 169 de la OIT” y que el derecho de consulta previa “cobra virtualidad en los casos de que la medida regule de modo directo a las comunidades indígenas o a sus integrantes”.
El fallo enfatizó la gravedad de la omisión estatal, señalando que “las diversas presentaciones realizadas por el Consejo Comunitario Indígena ‘Cacique Esteban Moreno’ […] fueron desoídas sistemáticamente por la accionada, que no ha alegado ni probado otorgarle participación al disponer medidas que involucran a la comunidad indígena en la construcción de la educación intercultural, vulnerando el marco constitucional, convencional y legal aludido”. En este sentido, la Sala consideró que “es evidente que la participación no se agota con una consulta previa […] sino que debe efectuarse un análisis armónico” de toda la normativa.
En sus considerandos, la sentencia recordó que la ley provincial 2232-W establece específicamente que el Consejo Comunitario tiene derecho a “elegir el personal directivo; y proponer el cincuenta por ciento (50%) del personal docente”. Al dictarse las resoluciones impugnadas sin este procedimiento, el tribunal concluyó que se configuró una actuación “manifiestamente antijurídica”, admitiendo así la vía del amparo para su reparación.
En su parte resolutiva, la Cámara ordenó al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología “adoptar las medidas conducentes a fin de garantizar al Consejo Comunitario ‘Cacique Esteban Moreno’ […] la participación en los proyectos y establecimientos educativos ubicados en la comunidad indígena”, dándole un plazo de 30 días para informar sobre el cumplimiento. Asimismo, re-envió las actuaciones al ministerio para que encauce las peticiones del Consejo en los términos de la ley.
El fallo se inscribe en un reclamo histórico de la comunidad, que desde 2017 logró la creación del bachillerato como un “Proyecto Especial” de carácter transitorio, pero que nunca fue institucionalizado definitivamente, generando “una profunda inseguridad jurídica” para estudiantes y docentes. La sentencia no se pronuncia sobre las pretensiones individuales de reincorporación y pago de salarios de los docentes, las cuales deberán ser planteadas por la vía ordinaria correspondiente.
Los docentes pararon y se movilizaron contra los vetos de Milei en Chubut
La Junta Ejecutiva Provincial de ATECh anunció el lunes 15 de setiembre se sumaba al paro y a la marcha federal contra los vetos y por presupuesto para educación y salario digno para los docentes.
Esta convocatoria, una vez más, se da sin el llamado a asambleas o reuniones de delegados para que la docencia sea sujeto de las decisiones y tome la lucha en sus manos. A pesar de esto, la convocatoria a paro y a marchar del principal sindicato docente de la provincia fue tomado por la docencia para hacer un paro contundente y llenar las calles de la provincia.
Hubo convocatorias en Esquel, Trelew, Pto. Madryn y Comodoro Rivadavia, junto a estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad, familiares y pacientes del Garrahan y las y los jubilados contra los vetos de Milei al Garrahan y a la Universidad.
Es necesario exigir a las centrales sindicales que rompan la tregua y llamen a parar y movilizarse. Así también este paro de ATECh debe ser parte de un plan de lucha elaborado desde las escuelas con paros progresivos hasta conquistar las demandas de las y los trabajadores de la educación y derrotar el ajuste de los gobiernos y el FMI.
Repudian solicitada de Cámaras empresariales en Tierra del Fuego
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que mantiene un acampe educativo en cercanías a la Casa de Gobierno, repudió la solicitada publicada por las Cámaras empresariales de la provincia en la que intentan responsabilizar a la docencia de la profunda crisis social que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. “Calificar nuestras protestas como ‘intereses sectoriales y egoístas’ persigue la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes luchamos en defensa de nuestro salario y la educación pública. El acampe educativo no es un capricho ni una decisión unilateral, es una herramienta que nos queda frente a la indiferencia de la dirigencia política de la provincia”, remarcan.
En un comunicado titulado “Solicitada de Cámaras Empresariales: un ataque a toda la docencia fueguina”, así se expresó el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF): “repudiamos enérgicamente la solicitada publicada por las Cámaras Empresariales de la provincia, que intenta responsabilizar a la docencia de la profunda crisis social que atraviesa Tierra del Fuego AeIAS consecuencia de un modelo económico nacional al que ellos no responsabilizan”.
“Esa declaración constituye un intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo y guarda un claro correlato con los discursos de odio difundidos por las máximas autoridades del país –remarcan desde el gremio docente. Calificar nuestras protestas como ‘intereses sectoriales y egoístas’ persigue la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes luchamos en defensa de nuestro salario y la educación pública”, remarcan.
En la misma línea, agregan: “resulta inaceptable atribuir la crisis a la docencia cuando la realidad muestra que años de decisiones que priorizaron la rentabilidad empresarial sobre el bienestar de las mayorías son los verdaderos responsables. El acampe educativo no es un capricho ni una decisión unilateral, es una herramienta que nos queda frente a la indiferencia de la dirigencia política de la provincia.
Denunciamos que estas declaraciones no solo desvirtúan nuestras reivindicaciones, sino que también fomentan un clima de hostilidad y violencia institucional contra el sector docente. El discurso que culpa a las trabajadoras y trabajadores de la educación de la inestabilidad social, alimenta la polarización y legitima la represión, configurándose como un acto de odio dirigido a un colectivo que ejerce su derecho constitucional.
Rechazamos rotundamente cualquier intento de criminalizar la protesta y de usar la retórica del “interés general” para justificar la censura y el uso de la fuerza contra la docencia. La verdadera estabilidad laboral y social solo se logra mediante salarios dignos, empleo estable y el fortalecimiento de la educación pública, no mediante amenazas, intimidaciones ni campañas de difamación.
Para cerrar, destacan: “exigimos que las Cámaras Empresariales cesen inmediatamente la difusión de estos discursos de odio y respeten el derecho de la ciudadanía a expresar sus demandas sin ser tachada de ‘egoísta’ o ‘dañina’. Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo, la negociación colectiva y el respeto irrestricto a los derechos humanos como único camino para construir consensos sociales, defender con firmeza los valores de la democracia, la justicia social y la solidaridad”, finaliza el comunicado del SUTEF.
El SUTEF, gremio que nuclea a las y los docentes fueguinos mantiene un acampe en cercanías a la Casa de Gobierno, provocando el corte de la calle San Martín, hecho por el cual las Cámaras empresarias expresaron su malestar al gobernador Gustavo Melella, exigiéndole medidas urgentes. Se trata de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la Cámara de Comercio de Ushuaia, la Cámara de Comercio de Río Grande, la Asociación de Hoteleros de Tierra del Fuego y la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo, que consideran que la medida de lucha docente afecta a la actividad comercial y turística.
“Señor Gobernador, resulta inadmisible que intereses sectoriales y egoístas se impongan sobre el bienestar general, agravando una crisis que ya golpea con fuerza a nuestras pymes, comercios, emprendedores e industrias, que luchamos día a día por sostener el empleo, pagar salarios y mantener abiertas nuestras puertas”, señalan las cámaras en la solicitada, por lo que le generan presión sobre el gobernador, a quien le reclaman “restablecer el orden público y la libre circulación”, “proteger la actividad comercial, industrial y de servicios”, “defender el derecho al trabajo y la estabilidad laboral”, y “garantizar la educación de nuestros niños”.
“Las Cámaras de Tierra del Fuego reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo y los consensos, pero no podemos permanecer pasivos ante acciones que destruyen empleo, frenan inversiones y comprometen el futuro económico y social de nuestra provincia”, finaliza el comunicado.
Contra el cierre de una escuela primaria
La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°16 del Distrito Escolar (D.E) N°14 «Fray Justo Santa María de Oro» realizó una nueva protesta contra el posible cierre de la institución. La comunidad de la escuela de La Paternal viene denunciando que el colegio se quedará sin sede por el traslado de otra escuela del barrio, la que hasta el momento funcionaba en el club Argentinos Juniors. Aseguran que el colegio ya ni siquiera aparece en el listado de ofertas de inscripción para el próximo ciclo lectivo.
El acto se realizó en las puertas del colegio, ubicado en la Avenida Álvarez Jonte al 1964. Allí se agruparon estudiantes, docentes y familiares de la comunidad del Fray Justo, pero también columnas de los gremios que por la mañana habían movilizado al Palacio Pizzurno en el marco del paro nacional de la docencia. «Desde hace ya casi dos meses estamos tratando de buscar una solución, pero desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) nos dicen que somos pocos en la escuela, algo que nos parece injusto porque venimos defendiendo este espacio como un lugar de inclusión», advierten desde la comunidad educativa.
La primera noticia sobre el posible cierre de la escuela se remonta a mediados de agosto, cuando los y las docentes recibieron la información interna sobre la decisión del ministerio de Educación, a la que catalogaron de «inconsulta e intempestiva». El movimiento se debe al conflicto por otra escuela de la zona, la que funcionaba hasta el momento en la sede de Argentinos Juniors. En un principio ese colegio iba a ser trasladado a un edificio en Mataderos, pero finalmente se habría decidido trasladarlo a la actual Fray Justo, dejando a la primaria sin lugar físico.
Ante una consulta, fuentes del Ministerio habían respondido que el conflicto «está en vía de solucionarse, siempre asegurando la continuidad escolar de los alumnos, sus vacantes, y la de los docentes». Desde la comunidad advierten, sin embargo, que la escuela ya no figura en las inscripciones para 2026.
Abrazo contra cierres en escuelas de CABA
Las familias y docentes de la Escuela Primera Junta (Nº3 DE 7), del barrio porteño de Caballito, convocaron para el miércoles 3 de septiembre, a las 12.15, a un abrazo a la escuela, ubicada en Avenida Rivadavia 4817, frente al Parque Rivadavia, para rechazar la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Jorge Macri, de cerrar grados a partir de 2026 y en defensa de la educación pública.
Desde la comunidad educativa señalan que el cierre de grados implica que haya más chicos y chicas por curso, en desmedro de la calidad educativa; menos vacantes disponibles en la educación pública y pone en riesgo la fuente de trabajo de los y las docentes de la escuela.
Aseguran, además, que esta decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, a través de su ministra de Educación, Mercedes Miguel, no es aislada: “Sólo en el Distrito Escolar 7 se anunció el cierre de grados en las escuelas 2, 3, 4, 8, 12 y 17. Además, también se decidió eliminar cursos en las escuelas 1, 2, 8, 19 y 22 del DE 15; 4 y 10 del DE 12; 13 del DE 9; 9 de DE 20, 24 del DE 14 y 6 del DE 8. Y días atrás se conoció la decisión de cerrar directamente la escuela 16 del DE. 14 Fray Justo Santa María de Oro, en La Paternal”, agregan.
Bolivia: Rodrigo Paz Pereira es el nuevo presidente tras romper 20 años de hegemonía del MAS
La división del campo popular definió que los bolivianos eligieran en el balotaje el rumbo que tomaría el país hacia la derecha. Rodrigo Paz y el expolicía Edmond Lara vencieron a ‘Tuto’ Quiroga por 10 puntos y asumirán el 9 de noviembre en medio de una profunda crisis económica.
Por Noelia Carrazana-Mink´a Comunicación
|En una jornada histórica para Bolivia, Rodrigo Paz Pereira fue elegido presidente tras imponerse en la segunda vuelta electoral realizada este domingo 19 de octubre de 2025.
El binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), integrado por Paz y su compañero de fórmula Edmand Lara Montaño, obtuvo el 54,5% de los votos, frente al 45,5% alcanzado por su rival Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre.
Con estos resultados, confirmados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), Bolivia cierra dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobierna desde 2006 con Evo Morales y luego con Luis Arce, a excepción del lapso de 361 días que, mediante el golpe de Estado de noveimbre de 2019, Jeanine Añez ocupó el Palacio Quemado y fue presidenta interinamente.
“Los resultados son irreversibles”, aseguró el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, al anunciar el 100% del cómputo oficial.
La victoria de Paz marca el regreso de una tradicional familia política a la primera magistratura boliviana -su padre es el expresidente Jaime Paz Zamora-, aunque con un discurso más centrista y un proyecto que busca equilibrar el gasto público con incentivos a la inversión privada bajo el lema “Capitalismo para todos”.
Un balotaje inédito y un mapa político en transformación
Estas fueron las primeras elecciones con segunda vuelta en la historia boliviana, tras la reforma electoral de 2023. El PDC había alcanzado el 32,06% de los votos en la primera ronda, mientras que la alianza Libre obtuvo 26,7%, obligando a definir la contienda en octubre.
Durante la campaña de segunda vuelta, Rodrigo Paz enfrentó una intensa guerra sucia mediática y digital, pero su estrategia se centró en la presencia territorial y el contacto directo con las comunidades, lo que le permitió sumar apoyos tanto entre sectores moderados como en antiguos votantes del MAS descontentos con la gestión de Luis Arce.
Analistas locales coinciden en que su triunfo reconfigura el mapa político boliviano, pero advierten que el nuevo gobierno enfrentará una difícil gobernabilidad en medio de una crisis económica marcada por la escasez de combustibles, inflación y falta de reservas internacionales.
Rodrigo Paz y su gestión en Tarija: entre obras emblemáticas y denuncias de corrupción
La gestión de Rodrigo Paz Pereira como alcalde de Tarija (2015-2020) estuvo marcada por un discurso de modernización urbana y fuertes controversias.
Durante su mandato impulsó obras de alto impacto visual, como el Puente 4 de Julio, con un costo superior a 73 millones de bolivianos, cuestionado por presuntos sobrecostos y falta de utilidad. La Fiscalía de Tarija imputó a Paz y a varios exconcejales por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Otra polémica fue el llamado “mástil millonario”, una estructura de 50 metros con una bandera gigante que costó alrededor de 5,5 millones de bolivianos. El actual alcalde denunció gastos excesivos de mantenimiento, aunque Paz negó las cifras.
Su administración fue catalogada por medios locales como “controvertida”: combinó proyectos de modernización y digitalización municipal con obras de alto costo y baja prioridad social. Hoy, el nuevo presidente de Bolivia arrastra al menos cinco procesos judiciales vinculados a su paso por la Alcaldía tarijeña.
Un outsider que llega a la vicepresidencia: ¿Quién es Edmand Lara Montaño?
Edmand Lara Montaño, abogado, expolicía y tiktoker cochabambino, irrumpió en la política nacional boliviana tras ser electo vicepresidente de Bolivia junto a Rodrigo Paz Pereira, en una fórmula que sorprendió por su perfil mediático y discurso “ciudadano”.
Lara se hizo conocido por sus videos en TikTok y Facebook, donde denunciaba presuntos casos de corrupción y abusos de poder en instituciones públicas, combinando humor, lenguaje popular y acusaciones directas. Su estilo confrontativo y su habilidad para viralizar contenido lo convirtieron en una figura fuera del circuito político tradicional, con un fuerte seguimiento juvenil y regional.
Sin embargo, su ascenso también estuvo acompañado de controversias: fue denunciado por difamación y uso político de redes sociales, y protagonizó enfrentamientos con autoridades locales y periodistas. Pese a ello, capitalizó su imagen de “voz del pueblo” y su discurso anticorrupción para posicionarse como una figura fresca frente al desgaste de los partidos tradicionales.
Hoy, su llegada a la Vicepresidencia es vista como un fenómeno inédito en la política boliviana: un influencer digital convertido en líder institucional, símbolo de la creciente influencia de las redes sociales en los procesos políticos del país.
El nuevo gobierno asumirá el 8 de noviembre en un contexto económico crítico. Bolivia enfrenta una fuerte caída en sus reservas internacionales, escasez de combustibles, inflación sostenida y un déficit fiscal creciente. Además, el MAS mantiene el control de varias gobernaciones, sindicatos y movimientos sociales, lo que anticipa un escenario político tenso y con posibles focos de resistencia.
Tras su triunfo, Rodrigo Paz Pereira llamó a la unidad nacional: “Bolivia necesita reconciliación y resultados. No más odio, no más división. Vamos a gobernar para todos los bolivianos, sin colores, sin miedo y con esperanza.” Desde el Movimiento al Socialismo, en tanto, las primeras reacciones evidenciaron el golpe político. Analistas y medios internacionales coinciden en que el MAS atraviesa su mayor crisis desde su irrupción en 2005.
En este marco, la comunidad de la Escuela Primera Junta y del Jardín de Infantes Margarita Ravioli (Nº2 DE 7) llama a participar de este abrazo, que forma parte de un plan de actividades que estarán realizando para evitar el cierre de cursos y en defensa de la educación pública.
Conflicto por el posible cierre de un tradicional colegio privado de Belgrano
Por Santiago Brunetto
Más de 200 alumnos y alumnas, y sus docentes, enfrentan un futuro incierto por el posible cierre del Instituto Anunciación de María, un colegio privado del barrio de Belgrano R. con más de cincuenta años de historia. El cierre intempestivo fue informado de un día para el otro a la comunidad educativa a través de las monjas del establecimiento, que en principio cerrará sus puertas a fines de este año aún cuando la matriculación para 2026 ya estaba abierta. Pese a tener una subvención estatal del 80 80 %, la escuela argumenta problemas económicos por la tendencia a la baja de matrícula y el tradicional edificio de Belgrano saldría a la venta.
El ciclo lectivo transcurría de manera normal. Los alrededor de 230 chicos y chicas que asisten a los niveles inicial, primario y secundario del Anunciación de María, ubicado en la calle Virrey del Pino 3541, asistían diariamente a clases y en la puerta del colegio ya se había colgado el clásico cartel que todos los años anuncia la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo entrante. En las redes de la escuela el anuncio sigue vigente pese a que en una reunión de familias realizada el miércoles pasado, la dirección del colegio ya comunicó que el instituto cerrará tras finalizar este año.
Los argumentos esgrimidos en esa reunión por la madre superiora de la Congregación Hermanas de Caridad de San Vicente de Paul de Zagreb, a cargo del establecimiento de jornada simple, se centraron principalmente en la baja matrícula que tienen los primeros años y los problemas económicos que atravesaría el colegio por esa razón. En un discurso leído, se habló del impacto en la matrícula de la baja en la natalidad y de la pandemia, de una búsqueda de «todas las alternativas posibles», y de la decisión final de cerrar el instituto y vender el edificio para afrontar las indemnizaciones del personal que la escuela deberá pagar tras bajar las persianas del establecimiento.
La noticia fue un baldazo de agua fría para las familias y los estudiantes del lugar, que de inmediato se organizaron para intentar revertir la decisión en una campaña que ya incluyó protestas a las puertas del colegio. «Este reclamo será presentado ante las autoridades correspondientes, solicitando que se garantice la continuidad del colegio y del cuerpo docente», advirtieron en un comunicado y expresaron «nuestro compromiso con la educación y el derecho de los estudiantes a continuar sus estudios en su institución».
Rosana, madre de dos chicos que van al colegio desde sala de tres, advirtió que «una escuela no puede cerrarse como si fuera un kiosco, menos aún cuando recibe aporte estatal del 80 % y pertenece a una asociación civil religiosa sin fines de lucro, sujeta a normas y controles públicos». Según indicó la mujer, referente de las familias para la difusión del conflicto, el cierre se decidió «sin proceso administrativo ni intervención de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) de la Ciudad, por lo que viola derechos constitucionales, tratados internacionales y leyes educativas vigentes».
Las familias ya elevaron el reclamo a las autoridades del establecimiento pero también a la DGEGP y esperan la posibilidad de una apertura de diálogo con esa intervención. Fuentes del ministerio de Educación porteño respondieron que «es un privado y, como tal, toma decisiones por su cuenta», aunque aseguraron que están «dando apoyo a las familias y estudiantes para asegurarles la continuidad escolar en el ciclo lectivo 2026».
Aunque la amenaza de venta del edificio está latente, las familias pudieron averiguar que la enajenación todavía no se concretó: «Estamos a tiempo de salvar el colegio porque la propiedad no está vendida y la escuela no fue dada de baja oficialmente. Creemos que la estrategia que siguieron fue dar la noticia, cerrar el diálogo y especular con lo psicológico para que la gente se vaya en estampida. Eso les resolvería muchas cosas porque hoy es imposible que cierren con los chicos adentro», aseguró Rosana.
La «estampida», sin embargo, no parece estar cerca de ocurrir. Por el contrario, las familias y alumnos se organizan cada vez más para resistir un posible cierre. La comunidad educativa ya había realizado un proyecto interdisciplinario que buscaba sostener al colegio cuando las autoridades notificaron en 2024 que estaban atravesando la supuesta crisis económica: «Las familias trabajamos profesional y gratuitamente en un plan integral para sostener la institución, pero ese trabajo fue rechazado sin fundamentos ni diálogo por la representante legal», advirtió la mujer, que agregó que «hoy seguimos pidiendo algo elemental: apertura, diálogo y la posibilidad de aportar soluciones concretas».
Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también manifestaron su «más enérgico repudio» al cierre del colegio y advirtieron que la decisión es «un grave retroceso en materia de derechos, tanto para la comunidad educativa como para sus trabajadores y trabajadoras». Calificaron al accionar de los responsables del colegio como «unilateral, carente de sensibilidad y alejado de cualquier principio de responsabilidad social» y reclamaron la «inmediata revisión» del cierre, garantías de continuidad laboral, «intervención urgente» del GCBA y una «rendición pública de cuentas por parte de las autoridades».
Más de 300 docentes de Ademys votaron proceso electoral y plan de lucha
El sábado 30/8 se votó en una importante asamblea, los miembros de Junta electoral que llevarán a cabo el proceso de elecciones para nuevo Consejo Directivo que será el 27 de noviembre.
La presidencia honoraria de la asamblea fue la resistencia Palestina. Realizada en el Anfiteatro de ATE, 300 docentes afiliados y afiliadas a Ademys participaron de la asamblea convocada por el sindicato para elegir a la Junta Electoral que organizará las próximas elecciones de la Directiva.
A diferencia de otros gremios que deciden a espaldas de su base, Ademys sostiene una tradición democrática que pone en manos de sus afiliados la construcción de estas instancias y la conducción del proceso electoral.
La asamblea comenzó con las palabras de Mariana Scayola, secretaria general, dejando de manifiesto el rol que cumple Ademys siendo un sindicato reconocido por estar en las calles y acompañar las distintas luchas que se desarrollan, que busca la coordinación nacional y enfrenta todos los ataques. Planteó la necesidad de buscar las formas para desarrollar y fortalecer al sindicato Ademys ante el debilitamiento de Milei que viene sufriendo golpes. Luego, se votó la conducción de la asamblea compuesta por las compañeras Silvina Cuello (Lista de maestros y profesores), Valeria Filguera (Tribuna Docente) y Alicia Navarro (9 de Abril), jubilada de todos los miércoles, constructora y afiliada histórica del sindicato.
Para la votación de la composición de la junta electoral, hubo dos listas: la Lista 1 Multicolor de la actual conducción del sindicato y la Lista 2, conformada por las agrupaciones opositoras Haroldo Conti y Docentes en Clase. Con 256 a favor de la lista Multicolor y 28 de la lista opositora, la Junta quedó conformada de la siguiente manera:
Titulares:
Cardozo Edgardo (LMP)
Vilardo Claudio (9A)
Hereñu Legna Sebastián (TD)
Suplentes:
Román Andrea (AD)
Tejada Gómez Andrés (LMP)
Marcos Ahumada (9A)
El tercer lugar suplente, que iba a ser ocupado por Marcos Ahumada de la Corriente 9 de Abril como resultado de la votación anterior, fue cedido a la lista 2 para que la oposición tenga un miembro en la Junta.
Rechazo a la reforma del BA APRENDE por docentes de la escuela Norma Colombatto
Por la Delegada de la EEM N 4 DE 21-Norma Colombatto y Cuerpo de delegadxs
La reforma inconsulta que pretende imponer el Gobierno de la Ciudad empieza a ser amparada por decisiones individuales, también inconsultas, de algunas conducciones escolares. El viernes pasado, la dirección de la escuela Norma Colombatto informó al plantel docente que la institución había aceptado dicha reforma. El cuerpo delegado, y más de 30 docentes se reunieron para rechazar la decisión unilateral, autoritaria. Aquí, los hechos descriptos por los y las docentes organizadas.
Quiero hacer pública la situación que estamos atravesando en la Norma Colombatto, una escuela emblema por su historia de lucha y de vanguardia.
Nuestra escuela es reconocida por ser la primera que llevó adelante el programa de alumnas madres (así se conoce informalmente) y la posibilidad de que aquellxs pibes sin documentación formal pudiesen seguir estudiando. Ambos son méritos de una visionaria y gran luchadora social que supo tener el coraje y la convicción de correr el límite de lo posible. Nuestra maestra de vida: Norma Colombatto, quien fuera su fundadora.
Nuestra escuela es un vespertino en que sus docentes desarrollaron un sentido de pertenencia, responsabilidad y comunidad donde lo dejan todo cada día. En un contexto en el que hay que poner el corazón y el cuerpo. A pesar de las adversidades, lo que más valoramos además del espíritu fraterno es el bienestar de lxs estudiantes que la mayoría de las veces no la tienen fácil. A eso nos dedicamos.
Hoy, en esta comunidad educativa emblema, bastión de lucha y de conquistas nos encontramos en situación de alerta y movilización porque se está desconociendo el pronunciamiento de más de 60 docentes, que son la mayoría, de no ingresar en la reforma cuyo ingreso es voluntario.
No se entiende por qué se nos niega como comunidad y se nos intenta meter como ganado. Entre gallos y medianoche, se fue tejiendo esta infamia con la triste complicidad de la cabeza de conducción, que no sólo ha desoído a sus trabajadores, sino que además se manejó prácticamente en la clandestinidad y con total cinismo una vez que a nuestras espaldas firmó el ingreso y nos lo ocultó hasta que no quedó más remedio que mostrar el juego. No estamos acostumbrados a este estilo de conducción donde el que dirige tiene actitudes de patrón.
En la mira de la reforma nos puso un directivo que en el mismo día que anunciaba su jubilación, declaraba el ingreso de la misma. Nunca se nos informó frontalmente nada, tampoco formalmente. Sospechamos incluso que no tienen idea de qué trata la reforma, y de lo que esta implica. Las presentaciones fueron vergonzosas. Y las evasivas se sostuvieron hasta que el viernes pasado no les quedó más que dar a conocer que la escuela aprobaba la reforma.
Frente a esta situación, no nos queda más que pensar que son intereses mezquinos los que mueven a quien nos conduce. Y que la negativa a escucharnos por parte de las autoridades competentes expresa mucho más que un destrato para toda la comunidad educativa.
Los detalles, las excusas y el cinismo son materia aparte pero parecen una forma sistemática. Entendemos que tampoco ha tenido mejores apreciaciones en otra institución que ha dirigido. Esta actitud nos hace pensar que prima la mezquindad, no el interés colectivo. Hoy la escuela no está en condiciones de ingresar a dicha reforma; se ha quebrado la confianza y lejos está de poder recomponerse si se sigue por este camino.
El año pasado nuestrxs compañerxs no cobraron sus salarios por un lapso de siete meses, todavía hoy tenemos otros tantos sin cobrar el complemento tutorial. Nos encontramos con cursos con horas sin cubrir desde el año pasado. Las situaciones de maltrato se han multiplicado. La escuela no está en condiciones de ingresar en la reforma.
Esperamos que se atiendan las razones fundamentadas de la mayoría que hacemos la escuela.
Ante lo incomprensible y la arbitrariedad, nos declaramos en estado de alerta y movilización.
De la simulación laboral a la tercerización educativa: la trama privatista detrás de las ACAP
La reciente publicación del Informe 2428/2025 de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirma, con datos oficiales, lo que desde hace años venimos denunciando desde el campo de la pedagogía crítica: que las llamadas Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo (ACAP), no son otra cosa que un dispositivo de tercerización educativa, subordinado a los intereses del mercado y funcional a la lógica empresarial que atraviesa las políticas públicas en educación.
Estas prácticas fueron diseñadas e impulsadas por el Ministerio de Educación porteño durante la gestión de Soledad Acuña, con el aval del entonces jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y desplegaron una red de convenios con fundaciones y empresas nucleadas en el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE). Ya lo advertíamos en 2022: “El programa de ‘prácticas educativas’, incluido en la currícula, implica 120 horas de un estudiante ‘premoderno’ del siglo XXI, trabajando gratis, para empresas o fundaciones pertenecientes al Grupo Fundaciones y Empresas (GDFE)…”.
En marzo de ese mismo año, para avanzar en la implementación de las ACAP y anunciar la creación de un “sello de empresa comprometida con la educación”, que otorgaría beneficios a las instituciones que participaran del programa. Así, bajo el ropaje de la “responsabilidad social”, se consolidó un esquema en el que las empresas accedían a incentivos fiscales mientras los estudiantes eran obligados a realizar tareas gratuitas, muchas veces sin relación con su formación.
Esta política no solo no fue revisada, sino que hoy es sostenida por el actual jefe de gobierno Jorge Macri y profundizada por su ministra de Educación, Mercedes Miguel, como continuidad sin fisuras del mismo proyecto privatista. La simulación continúa, ahora con respaldo institucional y silencio político.
La Auditoría porteña como confirmación tardía de una denuncia sostenida desde el campo crítico
El Informe 2428/2025 de la Auditoría General de la Ciudad expone con precisión lo que desde hace años se viene señalando en los espacios de pensamiento y militancia pedagógica crítica: el programa ACAP no se erige como una estrategia de fortalecimiento institucional o pedagógico, sino como un dispositivo que opera por fuera de toda lógica formativa, bajo criterios de eficiencia y alineamiento empresarial.
El documento señala que, “en el 12% de las divisiones analizadas, las actividades realizadas no guardaban relación con la orientación de la división”, lo que implica una violación directa del principio de pertinencia formativa. Además, se registra un “déficit del 76% en la cobertura de vacantes en escuelas artísticas”, mientras que las escuelas normales superiores presentaron un “excedente del 747%”, sin que medie criterio pedagógico alguno que justifique ese desequilibrio. A esto se suma una exclusión estructural: “Durante el año 2023 no se asignaron vacantes a estudiantes del turno noche”.
El informe también remarca la ausencia de normativa específica que regule las condiciones en que los y las estudiantes participan de estas prácticas: “No se identificaron mecanismos de compensación económica, ni normativa específica que regule las condiciones de las actividades realizadas”. Lejos de tratarse de una estrategia de formación profesional, lo que aparece es un modelo de trabajo gratuito impulsado y legitimado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Auditoría va más allá y establece el incumplimiento de la Ley 3.541, [1] al señalar que, “las actividades desarrolladas no se ajustan a los principios establecidos en la ley, en tanto no garantizan el carácter formativo, la supervisión pedagógica ni la adecuación a los diseños curriculares”. Además, se advierte una omisión deliberada del proceso de evaluación y consulta a los actores escolares: “No se encontraron evidencias de instancias de evaluación institucional del programa ni de participación de los actores escolares en su diseño”.
Cada uno de estos puntos revela una estructura institucional que excluye a los sujetos pedagógicos (docentes, estudiantes, equipos directivos), del proceso de construcción educativa y que adopta, en su lugar, un marco de decisiones verticales, instrumentales y vaciadas de sentido. Lo que el informe presenta en registros técnicos, se enraíza en un proyecto político: tercerizar, desescolarizar y funcionalizar lo educativo como mercancía.
Lo que la Auditoría presenta como hallazgos, ya lo habíamos propuesto como diagnóstico político y pedagógico. En 2022 habíamos escrito: “La escuela como empresa requiere de estudiantes funcionales, dóciles, maleables; de un conocimiento útil para el mercado, pero prescindible para la emancipación”. Esa frase hoy resuena con más fuerza, no solo como advertencia, sino como evidencia.
Continuidades sin ruptura: Jorge Macri y Mercedes Miguel profundizan lo heredado
Los hallazgos del informe 2428/2025 de la Auditoría General no revelan una falla administrativa ni un error de implementación: dan cuenta de un diseño político deliberado, cuyas bases fueron establecidas bajo la gestión de Soledad Acuña con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta y que continúa vigente —sin fisuras— bajo el actual gobierno de Jorge Macri y su ministra de Educación, Mercedes Miguel.
Miguel no es ajena a esta arquitectura. Formó parte del mismo engranaje político-pedagógico que impulsó las ACAP, primero desde la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y luego, como secretaria de Innovación del Ministerio Nacional durante la gestión de Esteban Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri. Su llegada al gabinete de Jorge Macri en la Ciudad no implicó una ruptura con el modelo anterior, sino su legitimación y profundización.
El programa de prácticas obligatorias sigue vigente, sin revisión ni evaluación pública, consolidando esa pedagogía de la simulación que ya fue descripta en “8.000 estudiantes, Endeavor…”. Vínculos ficticios con el mundo del trabajo, tareas sin contenido formativo y jornadas laborales encubiertas bajo el eslogan de «experiencia educativa».
Como señalamos, esta continuidad no es casual: “Las fundaciones empresariales no solo ocupan la escena pedagógica, sino que diseñan los sentidos y los objetivos de lo educativo como si fueran políticas públicas”. Esa captura del sentido por parte de corporaciones y la (pseudo) filantropía tecnocrática permanece intacta.
Las ACAP son solo una pieza de una maquinaria más amplia, donde la escuela deja de ser espacio de derecho para devenir en herramienta de inserción laboral precarizada. Que ese diseño persista, incluso luego de las evidencias recolectadas por un organismo de control estatal, no hace más que confirmar que el problema no es técnico, es ideológico.
La pedagogía de la simulación que persiste
La publicación del informe de la Auditoría no inaugura un conflicto, lo confirma. Lo que desde el campo pedagógico venimos señalando como parte de un proceso de mercantilización del saber, ahora queda expuesto por el propio Estado, que —tardíamente— da cuenta de las consecuencias de haber cedido el sentido de la educación a fundaciones, CEOs y gestores estudiantiles.
Las ACAP no son un programa aislado, sino la expresión sintética de un paradigma educativo que renuncia a formar sujetos críticos para producir performatividad mercantil. Una escuela domesticada, desligada del pensamiento y subordinada a la empleabilidad es la escuela que necesitan los dueños del presente.
No asistimos a un simulacro, en sentido tradicional que quienes lo protagonizan saben que no es real, sino que presenciamos una simulación en el sentido baudrillardiano [2]: una política que se presenta como verdad pedagógica, pero que enmascara su carácter de dispositivo de disciplinamiento a los intereses del mercado y de vaciamiento del sentido público de la educación. Frente a eso, pensar, escribir y denunciar no es un gesto testimonial, es una acción pedagógica.
La simulación persiste, pero también la potencia de quienes nos negamos a naturalizarla.
[1] La Ley 3.541 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 2010, crea el Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales para estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario (media, técnica, artística y normales). Esta norma establece que las prácticas deben tener carácter exclusivamente pedagógico, ser no obligatorias y estar articuladas con los planes de estudio y el Proyecto Educativo Institucional de cada escuela.
[2] Baudrillard, Jean. La transparencia del mal: Ensayo sobre los fenómenos extremos. Barcelona: Editorial Anagrama, 1991, p. 51.
Los gremios resisten el recorte impuesto por el Presupuesto 2026
Por Santiago Brunetto
La presentación del Presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei vino con un combo de recortes para la educación en el que se encuentra un sector apuntado en particular: la educación técnica y de formación profesional, que de aprobarse el proyecto tal como fue presentado perdería el porcentaje de presupuesto que tiene definido por ley desde hace veinte años. Los gremios del sector se declaran en estado de «alerta y preocupación» en diálogo con Página 12, y advierten que la decisión terminaría de liquidar a un área que ya viene sufriendo un especial proceso de ajuste dentro de los recortes generalizados en educación.
El gran golpe del paquete de ajustes a la educación y a la ciencia aparece en el proyecto de presupuesto por la vía de la derogación de dos puntos sustanciales del financiamiento del sector: la eliminación del Artículo N°9 de la Ley de Educación Nacional, que establece que el porcentaje del PBI destinado a educación no puede ser inferior al 6 %, y de los artículos de la ley de financiación en Ciencia y Tecnología que estipulan un aumento progresivo para llegar en 2032 al 1 % del PBI.
Pero en medio de esos recortes generales aparece la educación técnica, particularmente afectada por la propuesta de derogar el Artículo N°52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que desde 2005 estipula que ese sector se debe financiar cada año con un mínimo del 0,2 % de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto. La misma ley estipula que el llamado Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional debe ser destinado a «equipamiento, mantenimiento de equipos, insumos de operación, desarrollo de proyectos institucionales y condiciones edilicias» en establecimientos que de por sí necesitan más equipamiento que las escuelas sin formación técnica.
Miguel Duhalde, secretario de Educación de Ctera, gremio que ya se manifestó abiertamente en contra de las modificaciones en educación propuestas por Milei para 2026, indicó a este diario que «el ítem que se quiere eliminar para técnica es un programa que mientras funcionó fue muy importante para elaborar programas de mejora y significó una inversión muy grande para cualificar todo el sistema de educación técnico profesional».
Coincide en este punto Ariel Guede, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el sindicato que nuclea a docentes específicos del sector: «El financiamiento hizo que las escuelas pudieran mejorar su infraestructura, pero también que pudieran presentar proyectos para encontrar financiamiento y equiparse en tecnología para capacitar a los chicos para lo que se necesita hoy en el mundo del trabajo. Al no tener financiamiento, cada máquina que se descomponga no se va a poder arreglar y ese chico se va a ver impedido de poder aprender», sostiene y agrega que «es una destrucción del presente pero una condena hacia los chicos del futuro».
Además de las escuelas técnicas y centros de formación profesional, la medida afectaría también a las escuelas agrarias, todos establecimientos educativos en los que, según señala Guede, «la matrícula viene creciendo mucho y de forma progresiva»: «Volvieron a tener un rol muy importante para el futuro de los pibes y de esta manera nos condenamos a un futuro con generaciones sin formación para el trabajo, un momento parecido al que ya sufrimos en los ’90, cuando nos pasó lo mismo y sólo pudimos subsistir gracias al trabajo de los compañeros y compañeras», advierte.
Duhalde añade que, más allá de la posible eliminación del fondo, la situación presupuestaria del sector viene siendo crítica dentro de una educación ya golpeada por el ajuste libertario. Advierte así que el proyecto de presupuesto «nos pone en una encerrona en el sentido de que, si se aprueba, va a empezar a regir esto con todo lo que afecta, pero si no se aprueba van a seguir ejecutando el presupuesto que se les ocurra en el marco de un ajuste terrible que impacta a la educación técnica independientemente de que el ítem esté o no en el presupuesto».
Según pudo saber este diario, el ítem del fondo, ejecutado oficialmente en la Secretaría de Educación a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica bajo la figura del Programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, ya viene teniendo porcentajes mínimos. El crédito vigente, es decir lo disponible para gastar en el año corriente, constituye para 2025 sólo un 0,68 por ciento del presupuesto total de educación.
Llamativamente, pese a proponer la derogación del artículo de creación del fondo, el presupuesto 2026 sigue incorporando el ítem del programa, pero con un crédito de 18.429 millones de pesos, casi la mitad del monto anterior y con la diferencia de que el programa ya no se ejecutaría con el peso de la obligación de la ley, sino de forma discrecional. Así, el Ejecutivo podría definir, por ejemplo, destinar cero presupuesto para 2027 sin tener que responder a lo establecido por la norma.
Guede apunta en este sentido que «es muy dificil que las escuelas técnicas puedan seguir formando a los próximos técnicos sin financiamiento, por eso la presentación nos hace poner en alerta y con una preocupación terrible porque queremos que el Gobierno nacional entienda que éste no es el camino». Desde Amet contaron a este diario que ya comenzaron a reunirse con legisladores nacionales para intentar torcer el rumbo de la eliminación del fondo.
«Tenemos que defender a muerte el Fondo Nacional para la Educación Técnica»
La semana pasada se cumplieron veinte años de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional y el senador Eduardo «Wado» de Pedro organizó una jornada de debate y reflexión sobre el devenir de esta norma. En ese encuentro, realizado en la sede del Senado de la Nación participó el tesorero de la UIA y presidente de su Departamento de Educación y Tecnología, Silvio Zurzolo, quien reclamó la continuidad del financiamiento de la educación técnica en la Ley de Presupuesto 2026 que debe debatir el Congreso. «No nos podemos dar el lujo de que no haya presupuesto para la educación en este país”, afirmó el miembro de la conducción de UIA.
La jornada de debate, que llevó por título «Repensar la Educación Técnico Profesional en tiempos de revolución tecnológica”, fue organizada por la Comisión de Educación y Cultura que preside De Pedro. Ahí participaron representantes del sistema educativo, del sector productivo, sindicatos, universidades, y actores del ámbito científico-tecnológico.
Una de las preocupaciones que destacaron los expositores fue el recorte que está previsto en este rubro en el proyecto de ley de Presupuesto 2026. De hecho, la mala noticia de ese texto normativo es que elimina de cuajo el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
En ese sentido, Zurzolo fue contundente: «Tengo la obligación de decirlo: hay que sostener el financiamiento. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y las herramientas de crédito fiscal las tenemos que defender a muerte. No nos podemos dar el lujo de que no haya presupuesto para la educación en este país”, afirmó.
El fondo para la educación Técnica que el presidente Javier Milei pretende eliminar se conforma con el equivalente al 0,2 % del PBI cada año, de acuerdo a la Ley 26.058 de Educación Técnica.
De Pedro indicó, durante la jornada de reflexión y debate que es preciso «diseñar un modelo educativo y productivo que agregue valor, genere trabajo y le dé horizonte a las nuevas generaciones”. Por otra parte rechazó las políticas de desfinanciamiento del gobierno libertario: “Nunca más a gobiernos que vienen a destruir el trabajo, la industria nacional y el sistema de educación en la Argentina”, indicó.
Anunciaron un aumento para docentes y no docentes universitarios
La subsecretaría de Políticas Universitarias, que se encuentra bajo el ala del ministerio de Capital Humano, estableció una suba salarial para docentes y no docentes de Universidades Nacionales del 7,5%.
El mismo se emitirá entre septiembre y noviembre de este año y se fijó una suma fija de $25.000 adicionales para el personal no docente. Del mismo modo, los docentes percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de manera proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.
Fuentes: ANRed, La Izquierda Diario, Perfil, Página/12, Resumen Latinoamericano, Litigio-Periodismo Digital / Infoterritorial