La tragedia del Metro
La terrible tragedia del 3 de mayo cuando un convoy del tren urbano de la Ciudad de México, popularmente conocido como el Metro, colapsó en un tramo de su sector elevado, cerca de la estación Olivos de la Línea 12, ubicada en Tláhuac una de las alcaldías más proletarias y pobladas, conmocionó a la población de la ciudad y obviamente reverberó al nivel nacional: el balance letal oficialmente fue de 26 muertos y hubieron alrededor de 80 heridos muchos de ellos graves. Fue el peor desastre de construcción del enorme Sistema de Transporte Colectivo (STC) que hoy después de más de 50 años de existencia es una gigantesca red que sirve diariamente a más de seis millones de usuarios, la abrumadora mayoría trabajadores y trabajadoras que lo utilizan varias horas diarias para desplazarse en sus actividades, constituyendo así las venas de la circulación vital de la gran concentración urbana.
Los trabajadores y sus representantes en las diversas organizaciones sindicales del Metro ya habían advertido la ostensible disminución de su presupuesto y sus ominosas consecuencias que venía sufriendo el sistema. En efecto una consulta a las finanzas del STC no deja lugar a dudas: a partir de 2017 es palpable la disminución del presupuesto en varios cientoss de millones de pesos, lo cual se hizo más patente durante los últimos dos años. Una prueba elocuente de las políticas de austericidio y de privatización impuestas por los gobiernos neoliberales, que ha seguido el presente gobierno obradorista.
Fernando Espino dirigente de uno de los sindicatos del metro declaró en una entrevista que desde 2012 se venían reportando regularmente a las autoridades diversas fallas en la Línea 12, en especial de su viaducto elevado como frenados, golpeteos, vibraciones, chirridos de las ruedas y desgaste de los rieles. “Pero hasta el momento no nos han hecho caso”. (El Universal, 05.05.2021). Otros dirigentes añadían informaciones sobre los daños estructurales a lo largo de las decenas de kilómetros de la obra civil causante de filtraciones de agua, los cuales se habían intensificado con motivo del sismo del 29 de septiembre de 2017. También en una entrevista en el mismo día que la anterior, la directora del metro Florencia Serranía, quien por cierto no se presentó el 3 de mayo en la escena del desastre en ningún momento, negaba del todo tales afirmaciones diciendo que en las revisiones diarias nunca recibió reportes de fallas en su operación.
Una tragedia muy anunciada
Estamos ante un hecho que se venía venir. Desde la instauración de las políticas neoliberales el STC ha sido sometido a una deficiente labor de mantenimiento debido tanto a la mencionada política de austeridad como a la cada vez más torpe y negligente conducta de los funcionarios al mando del gobierno de la ciudad. En un reportaje a los trabajadores éstos afirman que la situación del STC “es una bomba de tiempo” y que “la tragedia del lunes 3 de mayo podría repetirse en cualquier momento en alguna otra de sus líneas”, (“El Metro es una bomba de tiempo”, Proceso, 09.05.2021).
Durante el periodo del PRIAN el descuido del Metro fue patente así como la detención de su ampliación hacia sectores de la ciudad con imperiosas necesidades de nuevos y mejores medios de transportación pública. La Línea 12 de STC ha sido la última construida hasta la fecha por el gobierno que llegó al poder de la gran metrópoli de la Ciudad de México a partir de la derrota del PRI en 1997. La llegada del PRD en ese año con Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno y después sucedido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el 2000 convirtió a la Ciudad de México en el baluarte más firme de este último, primero como candidato presidencial del PRD y después como de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional). Fue en la Ciudad de México que AMLO se proyectó como líder nacional y fueron precisamente Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A, Madero, las grandes delegaciones proletarias del oriente y el norte de la misma donde consiguió su primer apoyo masivo. Finalmente AMLO después de tres campañas presidenciales derrotó al PRIAN en 2018 y conquistó la presidencia de la República.
Fue el sucesor de AMLO en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2006-2012, Marcelo Ebrard, quien inició la construcción de la Línea 12, que bautizó como “Dorada”. Desde el inicio de su construcción fue viva materia de polémica y controversias. La conducta de Ebrard como jefe de la obra constructora de la Línea 12 está en el origen de la tragedia del 3 de mayo. Fue durante su gobierno que se decidió que la mitad de su recorrido fuera en una autovía elevada y no vía subterránea. Decisión contraindicada pues se trataba de la trayectoria correspondiente a su recorrido por Iztapalapa y Tláhuac, dos alcaldías proletarias densamente pobladas de la ciudad situadas en terrenos arcillosos muchos de los cuales todavía a principios del siglo XX eran el asiento de lagos y lagunas. Todos los datos señalan que las decisiones de Ebrard y su equipo, en el cual se encontraban tanto Miguel Ángel Mancera, quien lo sucedió como jefe de gobierno en 2012-2018 y Mario Delgado quien fue su secretario de finanzas y actualmente es el presidente de Morena, se debieron a su decisión de seguir los criterios de construcción prevalecientes inclinados a la utilización de materiales lo más económico posible; trenes con ruedas de acero en lugar de llantas, convoyes inadecuados para los rieles instalados, etcétera. Además Ebrard obviamente quería inaugurar la Línea 12 lo cual aceleró el ritmo de las obras. En efecto Ebrard la inauguró el 30 de octubre de 2012, sólo días antes del fin de su periodo de gobierno. Finalmente el sobreprecio que costó la obra, excediendo varios miles de millones de pesos su presupuesto original ha sido desde entonces materia de especulaciones que apuntan a una enorme corrupción.
Miguel Ángel Mancera, un personaje mediocre sin una pizca de orientación ideológica progresista, sucedió a Ebrard como candidato del PRD. Mancera se inclinó hacia Peña Nieto lo cual determinó que Ebrard en la práctica se exilara y así permaneció hasta 2018. Se realizó una auditoría de la construcción, aunque no se publicaron ninguna de sus conclusiones, las cuales siguen sin ser conocidas. Mancera cerró el trayecto elevado de la Línea 12 en el 2013 con el objetivo de revisar las ya muy evidentes fallas en su construcción. Un alto funcionario involucrado en la construcción fue inhabilitado para ejercer un trabajo en el gobierno por acusaciones de irresponsabilidad y negligencia. Varios empleados más también fueron señalados. Primero se pensó que el cierre del trayecto elevado sería de seis meses, finalmente duró cerrado veinte, pero cuando se reabrió no parecía en modo alguno que hubiera habido una verdadera y profunda compostura. Trabajadores, usuarios y todos los habitantes de Iztapalapa y Tláhuac seguían viendo directamente las fisuras en las columnas, oyendo los chirridos de las ruedas sobre los rieles y sentían el temblor al paso de los convoyes. Todos ellos no podían sino percatarse de que la Línea 12 estaba mal construida. El temblor de 2017 que dejó su huella en las fisuras de ciertas columnas y trabes tampoco pasaron desapercibidos.
Así estaban las cosas cuando en 2018 llegó, junto con AMLO, Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la situación del Metro no cambió sino se agravó. Durante su jefatura antes del colapso de los convoyes en la estación Olivos hubieron diversos accidentes entre los cuales destacaron dos grandes y ominosos: un choque de trenes en la Línea 1 en la estación de Tacubaya el 10 de marzo de 2020 y un incendio del Puesto Central de Control el 9 de enero de 2021 que obligó a suspender el servicio en cuatro líneas durante varias semanas. En estos hechos siempre destacó la torpeza de las “explicaciones” de la directora Florencia Serranía y cuya ausencia y protección ante los medios después del colapso de la estación Olivos sigue siendo una de las más escandalosas circunstancias de todo el caso.
La reacción del obradorismo
El desplome de los vagones del tren de la Línea 12 es el golpazo más duro recibido hasta la fecha por el grupo que constituye el corazón de la dirección de la Cuarta Transformación (4T), Lo ha recibido en el peor momento posible: sólo un mes antes de las elecciones de junio cuyos resultados serán cruciales para la segunda parte del gobierno obradorista, en la cual ya desde hoy se anuncian fuertes pugnas prematuras con vistas a la sucesión presidencial de 2024.
La búsqueda de responsabilidades de la tragedia por parte de las autoridades se topa sin remedio con ellas mismas. Se trata en primer lugar de los personajes más cercanos a AMLO, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Se venía considerando ampliamente que alguno de los dos, él o ella, sería quien lo sucederá en 2024. Ellos y sus respectivos grupos son quienes manejan y deciden las políticas propuestas por AMLO, son sus operadores principales y por ello disponen de un gran poder. La espantosa crisis que representa el colapso del Metro ha caído sin remedio en el terreno del obradorismo: la negligencia, la irresponsabilidad, la corrupción, la opacidad, todos los aspectos nefastos que se expresan en la tragedia, AMLO no pudo atribuírselos a sus opositores. Por ello la táctica que de inmediato adoptó es la de la distracción. Referirse lo menos posible a lo sucedido en la estación Olivos. A todo eso hay que agregar la hipocresía exhibida crudamente por el presidente cuando por una parte declara que se irá a fondo en las investigaciones, que no habrá impunidad, que será transparente la información que merece el pueblo y poco después dice también que quienes exigen en efecto lo mismo que él propone “zopilotean” con la tragedia. Y sus seguidores en la Cámara de diputados la califican de “carroñería” y se oponen a la exigencia de crear una comisión legislativa que investigue a fondo lo sucedido y ejercen su mayoría para impedir que se cite a la directora Florencia Serranía. Tampoco es posible ignorar su mueca cuando contestó enojado en una mañanera a un reportero que le preguntaba que por qué no se había presentado en el lugar de la tragedia: “¡Carajo! No es mi estilo”
La tragedia ha repercutido obviamente en las filas mismas de Morena, en sus niveles más altos. Menos de una semana después del desplome del Metro Claudia Sheinbaum también se desplomó en las encuestas cayendo más de 20 puntos en sus índices favorables de popularidad, de casi 70 puntos (más que el propio AMLO) a menos de 50. La situación en la que se encuentra el canciller Ebrard no es de ninguna manera más cómoda. Las contradicciones proliferaron entre diputados, senadores y en todos los rumbos de los grupos burgueses oficiales y de oposición.
La bancada de congresistas de Morena se lanzó contra Miguel Ángel Mancera proponiendo su desafuero como senador del PRD para procesarlo como el principal responsable de la catástrofe. Sin embargo de modo inaudito la iniciativa fue parada en seco por el jefe morenista del Senado Ricardo Monreal argumentando que no hay que recurrir a “linchamientos” y esperar a las investigaciones de los expertos extranjeros ya contratados que entreguen sus veredictos sobre las causas técnicas de la tragedia. Es obvio que tanto Monreal como muchos otros dirigentes morenistas son conscientes que los involucrados son ante todo tres de sus dirigentes que están en la boca de la opinión pública: Ebrard, Sheinbaum y en menor medida Delgado. Entonces ¿por qué se protege a Mancera, quien también está involucrado directamente en las causas de la tragedia y además puede ser un perfecto chivo expiatorio pues ya no es un personaje importante en los corredores del poder del gobierno y de Morena? Seguramente por el temor de que Mancera, arrinconado pueda ser muy peligroso en su conducta para defenderse. De hecho eso está sucediendo con los políticos opositores en todos los niveles. Un ejemplo del momento actual muy notorio es el del gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca quien ha sido desaforado por los diputados morenistas y es perseguido por la justicia de Estados Unidos, ha sido defendido por la Legislatura de su estado y sigue libre, él mismo a su vez persiguiendo y arrestando a sus enemigos locales tanto opositores como de su propio partido. Una situación de una bulla verdaderamente caótica reina en los medios políticos gobernantes.
Tiempos difíciles
Para López Obrador la coyuntura a enfrentar en la recta final hacia las elecciones de junio se deterioró demasiado. De hecho el desastre de la Línea 12 fue la cúspide de una serie de tropiezos y fracasos que se venían acumulando. Su objetivo de lograr una victoria contundente como la de hace tres años en las elecciones de junio ya no aparece tan evidente como ocurría a principios de año. La crisis del desplome de los convoyes del Metro en la estación de Olivos ha agregado a una situación de por si complicada las pugnas internas en el gobierno y en Morena.
Complicaciones, enfrentamientos de todo tipo han proliferado y nublado el horizonte electoral. Una importante razón fue la dirección de Morena. La gestión de Mario Delgado, quien es un aliado clave de Ebrard, ha tenido enormes fallas: candidatos y candidatas impresentables, choque constante con las bases de militantes morenistas, torpeza mayúscula en su discurso soberbio, crudo y prepotente. Su confrontación con el viejo lobo Porfirio Muñoz Ledo, quien compitió con él para la dirección de Morena, le produjo serias raspaduras. Muñoz Ledo lo denunció como corrupto y desnudó la antidemocracia reinante en Morena.
Después en abril la confrontación con el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo también serias consecuencias. El INE, en un acto de claro desafío, le echó abajo a Morena dos candidatos en Michoacán Raúl Morón y en Guerrero Félix Salgado Macedonio. En especial este último, defendido fuertemente por AMLO, con una gran clientela en el propio Guerrero pero ampliamente impugnado como violador por varias mujeres y con un historial de arbitrariedades y complicidades impresentables, como contactos con el mundo del narco en su estado denunciados por varios periodistas. Después de que AMLO debió frenar cualquier represalia de sus seguidores contra el INE, anunció que el INE, esta institución icónica de la “transición democrática” tal y como hoy está deberá desaparecer después de las elecciones. Mientras tanto, Salgado Macedonio en un acto del más crudo nepotismo impuso como la candidata a gobernadora de Guerrero a su hija Evelyn Salgado.
Otra confrontación importante se ha dado estos días por parte de AMLO con sectores clave del poder judicial. Dos leyes fundamentales para AMLO aprobadas recientemente por el Congreso, la Ley de la de Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, con las cuales intenta echar abajo muchas normas de las reformas energéticas de su antecesor Peña Nieto se han topado con jueces que han aceptado suspenderlas ante las quejas de más de una docena de permisionarios de los mercados eléctrico, de hidrocarburos, hidroeléctricos y petroquímicos.
Precisamente sabiendo la importancia del control del poder judicial, AMLO promovió en abril en el Senado una ley completamente inconstitucional consistente en extender dos años el periodo de cuatro años del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Arturo Zaldívar, afín a la 4T, para que también presidiera la judicatura durante todo el sexenio de AMLO. Ciertamente todavía la SCJN, que es la instancia definitiva al respecto, debe decidir finalmente, pero la intención de hacer un cambio constitucional en esa importante relación entre los poderes judicial y ejecutivo ha sido evidente por parte del presidente de la República.
El temple autoritario de AMLO tiende a desbordar los límites que representan los jueces y todo el tinglado de la judicatura. Se trata de la representación por excelencia del “estado de derecho”, la encarnación sacrosanta de la Ley de la burguesía con mayúscula. Es decir una situación cuya evidente transgresión va más allá de los límites institucionales burgueses que hasta hoy la política obradorista ha respetado y aceptado. Lo mismo ha ocurrido con respecto a la participación de AMLO en las campañas electorales. Las pifias de Morena con candidatos impresentables como los de Guerrero y Michoacán, fueron las más notables pero hubo otras.
Destacó mucho junto a las anteriores la de la candidata de Morena en Nuevo León Clara Luz Flores, una antigua priista, apoyada también por los partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde (PVEM) y Nueva Alianza. Al principio de la campaña iba en el primer lugar de las encuestas, pero un video lanzado por su opositor del PRI fue directo a su línea de flotación y la hundió quedando hoy en el cuarto lugar. (El video la presentaba en una entrevista de una hora con Keith Raniere, jefe de la secta NXIVM, sentenciado hace meses a cadena perpetua en EUA por crímenes abominables). Después AMLO se ha dedicado a tratar que los candidatos neoloneses opositores sean descalificados por delitos electorales pues para él la gubernatura de Nuevo León, el estado sede de las grandes finanzas, es muy importante. Esta situación lo ha confrontado con la influyente y poderosa gran burguesía de la entidad la cual se encuentra actualmente en muy malos términos con el presidente. El empresario Fernando Turner Dávila, fundador y dirigente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) con sede en Monterrey y que fungió como uno de los colaboradores cercanos de AMLO durante su campaña electoral y en los primeros meses de su gobierno se ha alejado por completo de él. En una entrevista ha declarado sin tapujos que “la intromisión del presidente en las elecciones aumenta mucho el desasosiego entre empresarios, clase media y alta [….] Vemos que hay un poder Ejecutivo autoritario que, sin límites, amenaza la libertad, la vida y el patrimonio de casi cualquiera que el poder tenga el deseo de afectar. Entre los empresarios lo que veo y oigo es un generalizado disgusto por la actuación del gobierno federal en aspectos económicos, en la pandemia y de seguridad y ahora en lo político”. (“Nada detiene el desplome de Morena”, Proceso, 14.05.2021.)
Cunden los comentarios que la conducta de AMLO prefigura la de Trump, a saber que se inclinaría a impugnar como fraudulentos los resultados electorales que no le favorezcan. Aunque no es candidato, es claro que para AMLO las elecciones son una suerte de plebiscito de su presidencia y es consciente que su intervención es decisiva para lograr la contundente victoria que desea obtener. Por ello ha decidido intervenir en ellas sabiendo que se arriesga a ser acusado de violar las leyes electorales. Pero el objetivo va más allá de las elecciones. De hecho la dinámica de su política tiende a la imposición de un autoritarismo sin límites.
Carácter del obradorismo
Las elecciones que se realizarán en los próximos veinte días no les ofrecen a los trabajadores y al pueblo de México en general prácticamente nada. No hay un solo candidato o candidata entre los casi 90 por ciento de los actuales diputados y diputadas que se intentan reelegir que responda verdaderamente a los intereses profundos de las masas populares. Es el caudillaje de AMLO el que está en el centro.
A partir de julio de 2018 en los tres años transcurridos en los que AMLO ha presidido como el hombre fuerte del país, como el indiscutible líder político mayoritario, México no ha salido de la profunda crisis que 32 millones de ciudadanos y ciudadanas que votaron por él tenían el deseo ardiente de superar. Más bien el balance es negativo. La crisis se ha profundizado: en 2019 el decrecimiento económico fue 2 por ciento negativo y en el 2020 fue de 8.5 negativo, la peor depresión económica nacional en noventa años. Ciertamente el efecto de la terrible pandemia del Covid-19 es en buena parte responsable de la depresión, pero las políticas puestas en práctica del gobierno de AMLO sin duda contribuyeron tanto a la mala gestión de la economía como de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 cuya letalidad subestimó desde un principio. Cualquier estudiante universitario de economía sabe que en las crisis económicas depresivas las políticas indicadas son las anticíclicas, en cambio las políticas del gobierno obradorista han enfatizado la austeridad del gasto gubernamental, el apretarse el cinturón de las finanzas públicas a costa de las inversiones, la concentración del presupuesto en proyectos de obras que no influyen en la activación del empleo y del mercado interno. Tanto el tren maya, como la refinería de Tabasco y el aeropuerto de Santa Lucía son los ejemplos perfectos de proyectos que no inciden en el meollo de la crisis para neutralizarla. Todo ello en detrimento del gasto social (o sea, el colectivo no vía tarjetas individuales) en los rubros de la salud, la educación y el necesario para atacar el desempleo explosivo que produjo la pandemia. Un ejemplo elocuente de este desequilibrio de las prioridades de la 4T lo proporciona la construcción del tren maya y sus obras complementarias: su costo podría llegar a 348 mil millones de pesos, suma que pagaría el sistema de salud varias veces. Resultado, ha rebrotado la pobreza masiva. En sus últimos informe el Coneval, el organismo que mide el nivel de pobreza en el país, estima un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas que no pueden cubrir el gasto de los alimentos básicos por la crisis de la Covid-19. Ante este crecimiento masivo mayor de la pobreza los programas de AMLO de compensaciones monetarias a las personas de la tercera edad y a los jóvenes se demuestran claramente insuficientes.
En el balance obradorista es necesario señalar la política social por lo menos conservadora sino es que reaccionaria del todo con respecto a las mujeres y los trabajadores incluidos en el Apartado B del Artículo 123 constitucional. Sin duda uno de los choques más notorios y señalados del presidente fue el que tuvo con las mujeres movilizadas que lo arrinconaron en 2019 y que sólo el estallido de la pandemia evitó que se viera aún más arrollado por la ira feminista. Es evidente que AMLO no es feminista pero ni siquiera es sensible a las normas más elementales de la igualdad de género. No hablemos de su posición con respecto al aborto sobre la cual nunca se ha pronunciado clara y contundentemente siempre evadiendo su postura con el argumento que “el pueblo decida”.
Con los maestros de la CNTE tampoco se ha comportado a la altura de sus promesas de campaña. La “reforma educativa” de Peña Nieto sigue vigente en su mayor parte y la imposición de la medición de las pensiones de acuerdo al UMA (Unidad de Medida Actualizada) y no de acuerdo al salario mínimo ha significado un auténtico atraco a los pensionados y jubilados al reducírseles significativamente sus ingresos.
Y coronando todo un curso político estéril y peligroso no se puede dejar de señalar el hecho nefasto que ha representado la estrategia de profundizar la militarización iniciada por el panista Calderón y continuada por el priista Peña Nieto. La creación de la Guardia Nacional irónicamente, en lugar de contribuir a la disminución de las acciones delictivas ha coincidido con el incremento de una devastadora oleada delictiva de asesinatos, desapariciones e inseguridad omnipresente.
Perspectivas
Con su gobierno AMLO ha significado un drástico cambio de la dinámica que “la transición democrática” quería imponer. El fracaso de lo que representó el periodo de los 18 años del PRIAN fue para AMLO la gran coartada política que sin embargo la ineficacia y la nula presentación de acervos notables en los tres años de la 4T están agotando. Las elecciones próximas medirán la maduración de la consciencia popular. Ciertamente la tragedia del Metro al caer por completo en terreno obradorista ayudará a medir la maduración de la indignación de sectores populares claves de la Ciudad de México, densamente habitados por poblaciones proletarias afectadas directamente con las nefastas consecuencias del desastre de la estación Olivos. La cuestión del control y administración de este sistema de transportación pública crucial para la gran concentración urbana planteará de entrada el control de sus trabajadores y usuarios ante la ineficacia y negligencia de su administración por parte del gobierno obradorista.
Ciertamente es imposible precisar lo que será el resultado de las elecciones más grandes de la historia de México. Se pueden sin embargo sin grandes riesgos prever algunas cuestiones centrales. En primer lugar que la ausencia total de una alternativa que represente y exprese los verdaderos intereses de la población trabajadora es un factor cuya importancia cae por su propio peso. Como clase, como protagonistas los trabajadores y sus aliados las mujeres, los indígenas y la juventud más oprimidos siguen sin representación política. Un hecho que añade más volatibilidad a la coyuntura electoral que es de por sí esencialmente volátil.
En lo referente al propio gobierno de AMLO toda la relación desplegada en estas páginas podrá permitir comprender que las tendencias autoritarias presentes en su seno tenderán a desplegarse después del 6 de junio con más fuerza. No hay una vocación verdaderamente democrática en el proyecto obradorista. Después del tiempo perdido, en las próximas elecciones es muy probable que no se repita un tsunami electoral como el de hace tres años. Así el nuevo régimen se inclinará hacia una dictadura aunque los obstáculos han aparecido tanto de uno como de otro lado: cada vez más sectores burgueses discrepan abiertamente con su gobierno y el giro que significó el desplome del Metro abrió una primera gran brecha en la confianza popular masiva.
Los tiempos después de las elecciones serán muy conflictivos. Las fuerzas populares debemos permanecer independientes y concentradas en la preparación de las movilizaciones que forjarán en las calles y en las huelgas los frentes y las nuevas organizaciones que dirigirán y triunfarán en las luchas que vendrán.
Una vuelta a las soluciones burguesas estilo PRIAN es imposible. Con el proyecto de gobierno fuerte que es el de AMLO sólo puede repetirse la vuelta de los gobiernos del auge del priismo, lo cual también representa un gigantesco retroceso.
El pueblo de México se encuentra en una situación en la que los gobernantes representantes de las clases capitalistas dominantes, sus fracciones “nacionales” y los grandes capitalistas-imperialistas, en especial estadounidenses, han conducido al país a su gravísima situación actual. Sólo la lucha firme, democrática y emancipadora de los trabajadores y sus aliados populares será capaz de superarla.
La agenda del pueblo mexicano señala a esa lucha de liberación como la tarea histórica fundamental. Para prepararla y culminarla a ella hay que dedicar la organización revolucionaria socialista.
Manuel Aguilar Mora, militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS), profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), En 1968 integró el Comité de lucha de Filosofía y Letras al lado de José Revueltas. Autor de numerosos libros sobre la historia política y social de México.