Recuperadores urbanos: creadores de trabajo y conciencia ambiental

En Argentina se estima que son 200 mil las personas que viven de la basura. Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzan los 30 mil, que recuperan al menos diez mil toneladas diarias de residuos reciclables. Son cartoneras y cartoneros, recuperadores urbanos, que inventaron su propio trabajo para sobrevivir a las recurrentes crisis económicas y sociales del país. En el Día Mundial del Reciclado, es preciso conocerlos para entender por que reciclar se ha transformado en una necesidad socioambiental.

“Lo esencial es invisible a los ojos”, escribió Antoine de Saint Exupéry. Los invisibles, los marginados, son también los indispensables en la lucha contra la crisis climática, sanitaria y ecológica mundial. Porque han logrado lo que ninguna política estatal ha conseguido en años: generar conciencia ambiental al tiempo que transforman la recolección de residuos en su sustento diario.

Según el último informe sobre el estado del ambiente, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la nación, la composición de los residuos sólidos urbanos es un 50 por ciento material reciclable. Entre lo que llamamos basura, hay plástico, cartón, papel, vidrio y metales que puede volver a los distintos procesos productivos como materia prima.

Del mismo informe se desprende que el promedio diario de residuos por persona alcanza el kilogramo, lo que representa 18 millones de toneladas anuales en todo el país.

La escasa planificación en materia de gestión de residuos permitió que hoy coexistan basurales a cielo abierto junto con rellenos sanitarios y quemas ilegales.

El rol de los recuperadores urbanos en la gestión de residuos

El principal destino final de la basura que generamos diariamente en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires es el entierro en rellenos sanitarios. Con la creación de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) a fines de los 70, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como los municipios del AMBA, resuelven el problema de la basura enviando los residuos allí.

Un actor fundamental en el tratamiento del material reciclable es el movimiento cartonero. En los años 80 aparecen los primeros trabajadores atomizados, se afianza en los noventa, producto de las políticas neoliberales y se consolida con fuerza, a partir del colapso económico y social del 2001.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) nace en 2002 con el propósito de acompañar a esos trabajadores de la economía popular que se organizaban como podían para palear la crisis. Cuenta con varias ramas de trabajo, entre ellas la cartonera, a través de las cuales apoya y promueve la organización de los trabajadores y la conformación de unidades productivas.

Forma parte de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), una herramienta colectiva de lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de un sector de la población que es expulsada del sistema económico formal.

La fuerza de esa organización llevó a que se sancionara ese mismo año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 992. La norma reconoció como un servicio público a los servicios de higiene urbana e incorporó a los recuperadores de residuos reciclables a la recolección diferenciada dentro del servicio de recolección de basura, a través del Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables.

Empieza entonces a vislumbrarse lo que años más tarde se convertiría en la Ley 1854 de Residuos Sólidos Urbanos, conocida también como «Ley de basura cero» y sancionada por la legislatura porteña en 2005. En aquella ambiciosa norma se fijan los lineamientos para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y se promueve la participación de cooperativas y organizaciones no gubernamentales en la recolección y reciclado de los mismos.

La Federación de Cartoneros nuclea a 145 cooperativas y unidades productivas y a unos 17.000 trabajadores organizados. Esto permite que los cartoneros cuenten con cobertura social, un salario de base y logística para regularizar el sistema de recupero de material.

Agruparse también permitió que los mismos trabajadores sostuvieran guarderías para sacar a sus hijos e hijas de los carros y las calles. Una de las más grandes unidades productivas en el país es el Amanecer de los Cartoneros, que fue fundada en CABA en 2005 y hoy cuenta con 4000 trabajadores en todo el país.

De la cooperativa al ministerio

María Castillo fue cartonera desde el año 2000 en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora. Fundó la cooperativa Jóvenes en Progreso, que cuenta hoy con una planta de 150 trabajadores. Y desde el 2020 cumple funciones como Directora Nacional de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Uno de los programas que impulsa es “Argentina Recicla”, que busca implementar sistemas de reciclado con inclusión social a través del financiamiento y asistencia a diferentes unidades productivas y municipios.

Según detalla Castillo, se les otorga “uniformes, bolsones, elementos de seguridad e higiene y herramientas que permitan darle valor agregado a los materiales que reciclan”. Además, se busca fortalecer las redes de comercialización para evitar los intermediarios y así lograr la bancarización de los trabajadores.

Considera que existe un cambio de paradigma en materia de reciclado, aunque admite que no sólo debe haber un cambio, sino que deben verse hechos concretos. “El cambio de opinión debe estar acompañado con procesos organizativos y de inversión”, afirma.

Castillo está convencida de que se puede cambiar la realidad que vive el sector, si se escucha a les trabajadores. “Saben hacer promoción ambiental, recuperar el material, generar empleo, erradicar el trabajo infantil, promover la integración de compañeras en situación de violencia y de compañeros con consumo problemático”, detalla.

Mujeres cartoneras, «dejar el carro y educar para que se separen los residuos»

Las mujeres son las que salen en grupo, casa por casa, a enseñar cómo hacer la separación de los residuos. Y las que organizan el trabajo de selección y diferenciación del material en los mesones o cintas de trabajo.

Roxana Lastra es cartonera y promotora ambiental en la cooperativa de recuperadores urbanos Plaza Lavalle, que forma parte de la Faccyr y el MTE, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Trabaja allí hace siete años, pero lleva 19 con los residuos. Empezó como muchas, en las quemas junto a otras vecinas y familiares en Villa Fiorito.

“Empezamos a cartonear por muchas razones. La que más se ve es la de las madres solteras, porque es la manera de llevar un mango a la casa y poder al menos comprar pañales y leche para los chicos”, cuenta Lastra.

Junto a más de 100 trabajadores, la cooperativa sostiene a pulmón un sistema de recolección diferenciada a domicilio, siete puntos verdes en espacios públicos y barrios cerrados, y un sistema de rutas que organiza el trabajo de más de 60 carreros.

“Cuanto mejor organizado está el trabajo, mejor es la producción. Y si mejora, se puede ayudar a otros compañeros que están en la misma situación en la que estabas vos”, explica Lastra, haciendo referencia al trabajo en equipo que sostienen diariamente en la cooperativa.

El trabajo de hormiga que hacen es digno de análisis sociológico. Porque a través del contacto directo con vecinos, afianzan las redes de recolección, hacen crecer las rutas del recupero y educan en materia socioambiental desde su experiencia laboral.

Cristina Lezcano formalizó, en 2001, la Cooperativa El Ceibo en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con 225 trabajadores, en su mayoría mujeres. Es cartonera desde 1989, cuando la hiperinflación la empujó a la calle. “Vivíamos de la basura, comíamos de ahí”, comenta para dar dimensión de lo que representaban los residuos en aquella época. 

La realidad de aquel tiempo no es la de ahora. «Las trabajadoras hoy son un eslabón importante en la cadena de valor del reciclado», destaca y cuenta que siempre tuvieron dos objetivos claros: «Dejar de usar el carro y educar al vecino para que separe».

De la calle al poder legislativo

Por esta razón, se formaron y se unieron a otras organizaciones para elaborar el texto inicial de la «Ley Basura Cero». A 15 años de la sanción de la norma, Lezcano analiza: «La ley salió y hoy los residuos se están separando, pero no todos como quisiéramos. El Estado se tiene que poner de acuerdo en las campañas de comunicación. Ser simples para no marear al vecino».

Las campañas de comunicación a las que apunta Lezcano resultan centrales en el proceso circular del reciclaje, ya que la separación en origen en casas y comercios es el punto de partida de la enorme cadena de recuperación y reciclado. Y, al hacerlo, se reducen los volúmenes de residuos totales que van a entierro, disminuye el costo de la disposición final de los mismos, se ahorra energía en el proceso de fabricación de nuevas materias primas y se generan fuentes de trabajo para un sector que no para de crecer.

Precisamente, los objetivos de la «Ley de Basura Cero» normativa tuvieron que ser modificadas en 2018, para estirar los tiempos de las metas de reducción de residuos sólidos con destino a rellenos sanitarios: este año debería alcanzarse la meta de un reducción del 50 por ciento y para 2028 deberían recuperarse el 100 por ciento de los desechos reciclables. Para Lezcano representa el puntapié inicial para pensar en proyectos más ambiciosos, como una ley de reciclado que contemple a todo el territorio nacional.

Un avance positivo respecto de la concientización ocurrió el 15 de mayo último, cuando gracias al impulso de los movimientos socioambientales, se logró que el Congreso Nacional sancione la Ley de Educación Ambiental. La norma promueve un enfoque transversal e integrador en todos los establecimientos educativos del país, que resultarán en otro espacio clave para hablar de reciclado con una perspectiva social, que incluya a los invisibilizados, a las y los recuperadores urbanos.

Si Separa no es basura, por una ley nacional de reciclado

 Una legislación nacional podría entonces modificar el tratamiento de los residuos, para regularizar la situación puntual de cada provincia. Al respecto, Lezcano explicar una de las dificultades para expandir el modelo de recuperación de residuos que creció en el AMBA: «La comercialización está en Buenos Aires. No todos compran todo en el interior, es difícil y tiene otro costo el traslado. El Estado debería invertir para que no muera todo en CABA y Gran Buenos Aires».

Las diferencias incluso se hacen evidentes en el Conurbano bonaerense, donde las diferencias en la gestión de los residuos son enormes entre municipios. Mientras que en CABA, por ejemplo, existe un centro de reciclaje que cuenta con cinco plantas de tratamiento. Se procesan allí residuos de construcción y demolición, botellas PET (tereftalato de polietileno), vidrio, papel y cartón, residuos forestales de restos de podas y orgánicos.

En paralelo, en los últimos años se han presentado diversos proyectos de ley en el Congreso —como la ley de envases o de responsabilidad extendida del productor— con el objetivo legislar sobre la responsabilidad de los productores de plásticos, o sea, normas nacionales contemplen la responsabilidad de ese sector de la industria en el ciclo de vida de los productos y del costo que tiene su reciclado.

Francisco Suárez, Director Provincial de Residuos del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de Buenos Aires, indica que del material que se recicla en el AMBA, un 15 por ciento es plástico, un 50 por ciento papel y cartón, y un 35 por ciento es hierro. Y reconoce como un «salto cualitativo» la Ley 992 de CABA en materia de recupero de material porque «gracias a los recuperadores urbanos se impulsó el reciclado en Argentina y hoy la gestión social de los residuos es gracias a ellos».

Suárez reconoce la falta de una normativa tanto en el ámbito bonaerense como en el nacional y señala que están en discusión proyectos que contemplan sistemas públicos o mixtos para el tratamiento de residuos, con un fuerte rol de los recuperadores. En la provincia de Buenos Aires, desde 2006, está vigente la ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, espejo de la Ley nacional 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios, pero que a diferencia de la norma de CABA no reconocen el rol de los recuperadores urbanos.

En ese camino, en el territorio bonaerense, una resolución del OPDS reconoció en noviembre pasado la actividad desarrollada por las cooperativas y asociaciones civiles de recuperadores como «servicio esencial para la comunidad, la preservación del ambiente y la salud pública» y planteó una política pública para el sector: los grandes comercios e instituciones públicas que generen más de 1000 kilos de residuos por mes deberán presentar un plan de gestión social integral e inclusivo de residuos.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/recuperadores-urbanos-creadores-de-trabajo-y-conciencia-ambiental/