Los neoliberales del Partido Revolucionario Institucional festejaron los 85 años de fundación de ese instituto político, y, desde luego, su retorno al control de la Presidencia de la República. No es para menos. El arranque de este fenómeno, hace más de ocho décadas se produjo en Querétaro, cuando Filiberto Gómez, presidente de la Convención Nacional […]
Los neoliberales del Partido Revolucionario Institucional festejaron los 85 años de fundación de ese instituto político, y, desde luego, su retorno al control de la Presidencia de la República. No es para menos. El arranque de este fenómeno, hace más de ocho décadas se produjo en Querétaro, cuando Filiberto Gómez, presidente de la Convención Nacional Constituyente del PNR, manifestó: «Hoy cuatro de marzo de mil novecientos veintinueve, declaro formal y legítimamente constituido el Partido Nacional Revolucionario». Nació, así, la criatura del jefe máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, que en marzo de 1938 adoptaría el nombre de Partido de la Revolución Mexicana y en enero de 1946 tomaría la denominación de Partido Revolucionario Institucional.
El maximato, para enfrentar la crisis
El asesinato del general Álvaro Obregón creó una situación irrepetible: la inexistencia de cuadros políticos y militares que le hicieran sombra a Calles. En tales condiciones, este caudillo aprovechó la coyuntura para iniciar la destrucción de los cacicazgos locales, construir un partido político de la familia revolucionaria y empujar el proceso de institucionalización política. En el mensaje político del Informe de Gobierno del político sonorense al Congreso de la Unión, el 1 de septiembre de 1928, planteó: «Todo esto determina la magnitud del problema; pero la misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en la que la nota dominante es la falta de ‘caudillos’, debe permitirnos, va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica del ‘país de un hombre’ a la de ‘nación de instituciones y de leyes…»
Y agregaba el jefe máximo: «…la entrada definitiva de México al campo de las instituciones y de las leyes, y el establecimiento, para regular nuestra vida política, de reales partidos nacionales orgánicos , con olvido e ignorancia, de hoy en adelante, de hombres necesarios como condición fatal y única para la vida y para la tranquilidad del país».
La muerte del Manco de Celaya y la constitución del PNR se dieron en un breve periodo que incluía la derrota de la asonada de marzo que encabezó José Gonzalo Escobar y de la rebelión cristera, la división de la Confederación Regional Obrera Mexicana y de la Liga Nacional Campesina, la represión anticomunista y la aparición de la gran depresión. Dada la inexistencia de un verdadero sistema de partidos políticos, los gobiernos mangoneados por el jefe máximo estuvieron en condiciones de sentar las bases para institucionalizar la vida pública nacional. Gracias a la conjunción de estos elementos y a la coyuntura internacional, fueron destruidos muchos cacicazgos militares y civiles, avanzó la profesionalización del Ejército y se alcanzó la centralización de la familia revolucionaria en un instituto político único.
No sólo los factores nacionales influían en la definición de la política de los gobiernos del maximato. También pesaban e influían los factores externos. La orientación anticomunista y antisoviética de los gobiernos imperialistas de Estados Unidos y Gran Bretaña, el ascenso del fascismo en Europa, las provocaciones chinojaponesas contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la agudización de los problemas económicos del capitalismo en el mundo, estimularon al gobierno portesgilista a desarrollar una amplia represión anticomunista. Las administraciones de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez prosiguieron, acrecentaron y profundizaron dicha política.
Desde su nacimiento el PNR fue un partido de estado. Emilio Portes Gil expidió un decreto sobre el financiamiento del nuevo partido, el 25 de enero de 1930, en el cual señalaba: «…he tenido a bien disponer que todo el personal civil de la administración pública dependiente del Poder Ejecutivo Federal contribuya con 7 días de sueldo, durante cada año…» Por esto, el PNR fue llamado el «partido de los 31», es decir, de los meses que traían 31 días.
En el discurso del 27 de mayo de 1930, Portes Gil, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PNR, sostuvo sin ambages: «El PNR es francamente un partido gobiernista, no vamos a engañar a la opinión pública, como se ha engañado en épocas anteriores, presumiendo que el PNR será un partido independiente, la revolución hecha gobierno necesita de un órgano de agitación y defensa del gobierno. El PNR se enorgullece de ser ese órgano de agitación y defensa del gobierno…»
En la iniciativa de reforma (luego aprobada) de la Constitución, del 10 de noviembre de 1932, se proponía: «Art. 83… El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese puesto«. Firmaban el proyecto Manuel Pérez Treviño y Fernando Moctezuma. Con esta medida la familia revolucionaria proporcionó una gran movilidad en la jefatura del Estado, impidiendo la eternización en la Presidencia de la República de cuadros dispuestos a perpetuarse en el poder.
Un programa de reformas
La Segunda Convención Nacional Ordinaria del PNR, tuvo lugar del 3 al 6 de diciembre de 1933 en la Ciudad de Querétaro.
En la reunión penerreana campeó un espíritu anticlerical. Así, Arnulfo Pérez expresó: «…modifiquemos el Artículo 3º constitucional, para que la revolución, convertida en escuela racionalista, pueda combatir al clero, a la religión y digámoslo francamente: ¡para que pueda combatir a ‘Dios’!…
«El Partido Nacional Revolucionario propugnará porque se lleve a cabo la reforma del Artículo 3º de la Constitución Política Federal, a fin de que se establezca en términos precisos el principio de la que la educación primaria y la secundaria se impartirán directamente por el Estado o bajo su inmediato control y dirección, y de que, en todo caso, la educación en esos dos grados deberá basarse en las orientaciones y postulados de la doctrina socialista, que sustenta la Revolución mexicana. (Aplausos)». Esta tesis quedó plasmada en el Plan Sexenal.
El 6 de diciembre, la Convención proclamó la candidatura del general Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República, y concluyó sus trabajos.
Entre las iniciativas presentadas y que se incluyeron en las resoluciones, quedó el proyecto de la Liga Nacional Campesina, que sostenía: «Que se considere con derecho a ejidos a los peones acasillados de las haciendas».
«I. Que exista solamente una Liga Nacional Campesina, disciplinándose a ella en materia social, las organizaciones estatales que se denominan ligas de comunidades agrarias.
«II. Que exista una Cámara Nacional del Trabajo, disciplinándose las cámaras estatales en materia social a ésta».
El Plan Sexenal planteó: «Consiguientemente, el ideal agrario contenido en el Artículo 27 de la Constitución General de la República seguirá siendo el eje de las cuestiones sociales mexicanas, mientras no se hayan logrado satisfacer, en toda su integridad, las necesidades de tierras y aguas de todos los campesinos del país.
«El Partido Nacional Revolucionario señala como primordial y apremiante obligación, y contrae el compromiso de su rápido cumplimiento, el seguir dotando de tierras y aguas, sin excepción alguna, a todos los núcleos de población que carezcan de ellas o no las tengan en cantidad bastante para satisfacer sus necesidades, de acuerdo con el Artículo 27 constitucional».
Sobre la cuestión sindical, el plan del partido oficial sostenía: «Sexto. Frente a la lucha de clases inherente al sistema de producción en que vivimos, el partido y el gobierno tiene el deber de contribuir al robustecimiento de las organizaciones sindicales de las clases trabajadoras; y en caso de conflictos intergremiales, las diferencias serán resueltas dentro de un régimen de mayorías. El Estado velará, asimismo, porque los sindicatos desempeñen lo más eficazmente posible la función social que les está encomendada, sin que puedan salirse de sus propios límites y convertirse en instrumentos de opresión, dentro de las clases que representan».
Acerca de la economía nacional quedó inscrito en el Plan Sexenal: «…el Partido Nacional Revolucionario considera que México se ve obligado, a su vez, a adoptar una política de nacionalismo económico, como recurso de legítima defensa, sin que contraiga por ello ninguna responsabilidad histórica».
En torno a la cuestión del petróleo, el plan del PNR afirmaba: «Se evitará el acaparamiento de terrenos y se ampliarán las zonas nacionales de reserva petrolera a fin de que en todo tiempo se cuente con una reserva fija de terrenos petrolíferos que cubra las necesidades futuras de nuestro país».
Con la elaboración del Plan Sexenal se sentaban las bases para concretar una política nacionalista y de reformas estructurales. El ascenso de masas durante el cardenismo –elemento número uno del proceso– conduciría a que el petróleo fuera nacionalizado, a que se llevara a un nuevo nivel la reforma agraria y a que se construyeran las grandes organizaciones sociales de los trabajadores. Las tareas de la Revolución mexicana, fueron concluidas en lo fundamental.
El periodo de reformas estructurales
El objetivo fundamental de la Revolución mexicana de 1910-1917 fue la reforma agraria, la cual, pese al reparto entre 1915 y 1934 de alrededor de 10 millones de hectáreas, seguía siendo un punto no resuelto. Sería el gobierno de Lázaro Cárdenas el que concretaría la supresión de los grandes latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos de manera amplia y radical al repartir más de 18 millones de hectáreas, incluidas las haciendas henequeneras de Yucatán y las plantaciones de algodón de la Laguna, además de refaccionar a núcleos importantes de campesinos. Con esta solución, la oligarquía terrateniente desapareció de México y esto introdujo una diferencia básica con el resto de los países hermanos de América Latina y el Caribe.
La reforma agraria en nuestro país se desenvolvió, centralmente, en función de la lucha masiva del campesinado y la clase obrera. Los campesinos, que habían tomado las armas en la revolución, en los años 30 ya no podían esperar más. Las condiciones, en consecuencia, habían madurado para el reparto agrario. El gobierno cardenista se hizo eco de las demandas campesinas.
Tras su fundación, e l Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tuvo que abordar como tarea inmediata la lucha por la contratación general única. En noviembre de 1936, la convención del sindicato elaboró su proyecto de contrato colectivo de trabajo tipo, emplazó a las empresas y se encaminó a preparar la huelga general de rama.
La huelga general petrolera empezó el 27 de mayo de 1937. Luego de acaloradas discusiones, la convención del STPRM aprobó por mayoría levantar el movimiento de huelga el 9 de junio, y tramitar las peticiones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por medio de una demanda de orden económico.
La lucha de los trabajadores petroleros por la firma del contrato colectivo de trabajo único se convirtió, por la cerrazón del capital foráneo, en un combate decisivo entre la nación mexicana y el imperialismo. Por eso, al desarrollar sus labores en febrero de 1938 el I Congreso Nacional Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México, Vicente Lombardo Toledano defendió la política patriótica de Cárdenas, rechazó las amenazas de los monopolios extranjeros, llamó a los trabajadores y el pueblo a hacer causa común, así como previó con gran visión la posibilidad de la expropiación petrolera.
El 18 de diciembre de 1937 fue expedido el laudo arbitral del Grupo Número 7 de la JFCA que precisaba que existía un desequilibrio entre los factores de la producción en la industria petrolera, que este desequilibrio era imputable a las empresas demandadas, y que dichas compañías estaban en posibilidad de aumentar los salarios de sus trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo de éstos hasta por la suma de 26 millones 332 mil 756 pesos.
Las empresas no acataron el laudo de la JFCA, con lo cual pusieron al gobierno de Cárdenas frente a la disyuntiva de ser derrotado por los monopolios extranjeros o aplicar la Ley de Expropiación de 1936. El empuje de los trabajadores petroleros, la clase obrera, el pueblo y las fuerzas de izquierda y nacionalistas, la prepotencia de las compañías extranjeras y las contradicciones en el seno de las potencias imperialistas, convencieron al gobierno de la necesidad de decretar la expropiación. Se declararon expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de 17 empresas extranjeras de la industria del petróleo.
La clase obrera alcanzó un despliegue de sus fuerzas como en ningún otro período de la historia de México. El movimiento huelguístico, por su amplitud, su carácter y sus participantes no tenía precedentes. El proletariado mexicano pasó por las ricas experiencias de las huelgas económicas y políticas, la defensa masiva de las libertades democráticas, la lucha antimperialista y la solidaridad internacional, mas no impuso su hegemonía en el movimiento democrático y antimperialista.
La fundación de la CTM constituyó el paso más trascendente del movimiento obrero mexicano hacia su unidad y centralización. Nunca en la historia de México había existido una organización de masas con el prestigio y la autoridad de la central obrera mayoritaria. Sin embargo, se produjo un grave proceso de corporativización.
El corporativismo en el movimiento obrero y campesino fue impuesto por el propio presidente Cárdenas, que en su informe de gobierno de septiembre de 1935, expresó: «El Partido Nacional Revolucionario insistirá en la incorporación a sus filas de todos los campesinos y obreros del país, para que organizados debidamente estén en condiciones de garantizar la elección que hagan de elementos de su confianza para los puestos públicos y a este efecto el instituto político revolucionario ha iniciado ya su acción tendiente a unificar las agrupaciones campesinas del país…».
Por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 30 de marzo de 1938 el PNR se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, que se organizó sobre la base de sectores, entre los que estaba el obrero representado por la CTM, la CROM, la Confederación General de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Era, claramente, un partido corporativo.
Con Cárdenas se cierra el ciclo de las revoluciones burguesas en México. La reforma agraria, las nacionalizaciones, la redefinición de las relaciones con el imperialismo y la instauración de un nuevo régimen político consolidado y estable configuraron sus realizaciones centrales e históricas. El país se enfiló por nuevos rumbos. Las bases quedaron sentadas para un importante desarrollo del capitalismo, desarrollo que alcanzaría un fuerte impulso durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Además de las reformas estructurales, Cárdenas dejó al país un partido oficial estructurado sobre la base de las organizaciones sociales, esto es, corporativo. La etapa del PNR-federación de partidos quedó atrás.
La rectificación
Desde antes de finalizar el sexenio de Lázaro Cárdenas, la derechización en la vida pública nacional era evidente. La propia nominación de Manuel Ávila Camacho significó un golpe al ala jacobina y pequeñoburguesa del partido oficial; el arrastre del almazanismo fue otro indicador de las tendencias prevalecientes, y la represión a los petroleros en septiembre y los asaltos de octubre y noviembre de 1940 al local del Partido Comunista vinieron a reforzar la rectificación.
El nuevo equipo gobernante impulsó la política de unidad nacional, introdujo reformas reaccionarias a la legislación agraria y a la Ley Federal del Trabajo, suprimió la administración obrera e hizo intentos por dar marcha atrás en materia petrolera. Se inició, en pocas palabras, la contrarrevolución pacífica.
Con el objeto de adaptar el partido de estado a los cambios habidos y por venir, la Segunda Convención del PRM convirtió a éste, el 18 de enero de 1946, en el Partido Revolucionario Institucional. Entre sus postulados reconocía la existencia de la lucha de clases; planteaba colaborar con las mayorías populares; afirmaba pugnar por continuar con la reforma agraria y mantener la preeminencia del Estado. Miguel Alemán Valdés fue declarado, el día 19, candidato presidencial del PRI.
Con Alemán, otra política burguesa
Con el arribo de Miguel Alemán se produjeron cambios drásticos en las relaciones Estado-movimiento obrero. El paro de diciembre de 1946 del sindicato petrolero fue respondido por Mister Amigo con una violencia inusitada: los centros de trabajo fueron ocupados por el Ejército y se decretó un conflicto de orden económico. En enero de 1947, la IV Convención Extraordinaria del STPRM presenció la derrota de la corriente de Jorge A. Ortega y el ascenso a la dirección del sindicato de Antonio Hernández Ábrego, representante del alemanismo. El 27, el CEN del STPRM participó en el XXX Consejo Nacional de la CTM y reafirmó su militancia cetemista. Esta última dirección sería sustituida poco después por un equipo más avanzado y combativo.
En la disputa por la sucesión en el Comité Nacional de la CTM, se presentaron dos candidaturas: la de Luis Gómez Zepeda, del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, y la de Fernando Amilpa, de la burocracia sindical fidelista. La dirección del PCM, con Dionisio Encina a la cabeza, se sacó de la manga un llamado tercer candidato: Vicente Lombardo Toledano, para hacerle el juego a la costra burocrática de Fidel Velázquez. En realidad, la dirección encinista estaba en contra del ala izquierda de la CTM, que abarcaba a los principales sindicatos nacionales de industria y a la mayoría de los obreros organizados. La polémica se abrió paso.
La división de la principal central obrera fue inevitable. Del 20 al 22 de marzo desarrolló sus trabajos el Auténtico Congreso de Unidad Obrera, del cual nació la Confederación Única de Trabajadores de México, con organizaciones tan importantes como el STFRM, el Sindicato Nacional de Telefonistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares.
Los errores del encinismo y el lombardismo pronto fueron pagados. A principios de octubre de 1947, el XXXII Consejo Nacional de la CTM expulsó a los lombardistas Jacinto López, Alfonso Palacios y Javier Ramos Malzárraga, y acordó, asimismo, que todos los socios de la central fueran miembros del PRI.
En ese contexto se dio el charrazo en el sindicato ferroviario. El 14 de octubre de 1948 golpeadores, matraqueros, hampones, policías y militares se posesionaron del edificio central del STFRM, para sostener a Jesús Díaz de León, alias El Charro y destituir a los representantes legítimos de los trabajadores del riel. Posteriormente, serían charrificados el STPRM, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. El charrismo sindical fue el regalo de Miguel Alemán a la clase obrera mexicana.
El gobierno de Mister Amigo llevó la rectificación a nuevos niveles: el Artículo 3º constitucional fue modificado, eliminándose la educación socialista y estableciéndose que la educación sería laica y gratuita; se introdujo el juicio de amparo para propiedades agrícolas y ganaderas en el Artículo 27 constitucional; fueron firmados cinco «contratos riesgo» con petroleras gringas, y el clero recobró nuevos espacios políticos.
La crisis del régimen del PRI
En 1958 el movimiento sindical vivió el primer empuje multisectorial por echar abajo a la burocracia priista, con los ferroviarios a la cabeza, quienes fueron desde 1921 hasta 1972 el destacamento de vanguardia de la clase obrera mexicana.
Delegados de todo el país se reunieron el 2 de mayo en la capital federal, constituyeron la Gran Comisión Pro Aumento General de Salarios y enarbolaron la demanda de 350 pesos mensuales de incremento salarial por trabajador. Los charros maniobraron enarbolando una demanda menor, mas no lograron convencer a los trabajadores. En las secciones 13 de Matías Romero, 28 de Veracruz, 26 de Tonalá y 25 de Tierra Blanca rechazaron la petición de los charros, defendieron la demanda de 350 pesos y plantearon la renovación de los comités ejecutivos, por medio del Plan del Sureste, nacido en Veracruz. En la Sección 13 fue elegido un Comité Ejecutivo local democrático. De esta manera, una lucha económica devino en una lucha por la democracia e independencia sindicales.
Los ferrocarrileros recurrieron a los paros escalonados y abrieron paso a la destitución de líderes apatronados y a la elección de comités ejecutivos representativos en varias secciones. El contenido de la lucha se elevó y la intervención de los obreros fue aplastantemente mayoritaria.
Las pérdidas económicas del transporte pesado, el fin de sexenio y la cercanía de las elecciones para la renovación del titular del Poder Ejecutivo, permitieron las negociaciones del gerente de los Ferrocarriles Nacionales de México y la dirección de la Gran Comisión.
El presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, se entrevistó el 1 de julio con el Comité Ejecutivo de la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios y ofreció 215 pesos de incremento salarial a 58,578 trabajadores activos y 100 pesos mensuales a 8,647 trabajadores en retiro. Los ferroviarios estuvieron de acuerdo. De este modo, el movimiento obtuvo un enorme triunfo.
La VI Convención Nacional Extraordinaria se verificó del 12 al 14 de julio, resolviendo elegir el Comité Ejecutivo General del STFRM, con Demetrio Vallejo al frente. Las autoridades no reconocieron al CEG del STFRM que presidía Demetrio Vallejo, por lo que los rieleros realizaron paros para alcanzar este objetivo. A resultas de la violencia estatal fueron asesinados, en estas jornadas, los ferrocarrileros Andrés Montaño H., Rafael Alday Sotelo y Leopoldo Álvarez García.
Demetrio Vallejo; Roberto Amorós, gerente de los Ferrocarriles Nacionales de México; Salomón González Blanco, subsecretario del Trabajo encargado del despacho, y Salvador Quezada, «líder» charro, acordaron realizar elecciones antes de 15 días, liberar a los detenidos, indemnizar a los familiares de los muertos y cesar la represión. Las elecciones se efectuaron del 7 al 22 de agosto, con dos planillas: la encabezada por Demetrio Vallejo y la que presidía José María Lara. La planilla clasista obtuvo 59,759 votos, y la de los charros nueve votos. El 27 de agosto Vallejo tomó posesión de la Secretaría General del CEG del STFRM.
Con la victoria ferrocarrilera, el movimiento obrero mexicano contó con el sindicato nacional de industria más importante de ese entonces, fuera del control gubernamental y con una dirección de izquierda, militando sus integrantes mayoritariamente en el POCM, el PP y el PCM. Después de la instauración del charrismo sindical, era la victoria más destacada del proletariado mexicano. El régimen del PRI se vio impugnado en una de sus bases de sustento: el control sobre la organización obrera.
Paralelamente al movimiento ferrocarrilero se desarrollaba el movimiento magisterial, que el 15 de abril de 1958 tomó un acuerdo histórico: estallar el paro indefinido. El día 30 nació la guardia permanente en la SEP.
El paro se coronó con la victoria el 2 de junio: el gobierno resolvió otorgar a l os mentores de las escuelas primarias del DF, cuyos sueldos fueran de 800 pesos, 150 pesos adicionales y sus percepciones reglamentarias. También obtuvieron incrementos otros profesores. El 5 de junio los maestros pusieron punto final al paro y a la guardia permanente.
Los líderes del SNTE se vieron orillados a lanzar, el 1 de agosto, la convocatoria para la realización del congreso de la Sección IX. Sin embargo, al efectuarse la reunión, impidieron la entrada de los delegados democráticos, que eran absoluta mayoría. Esto hizo que se realizaran dos congresos: uno, de los dirigentes priistas, en el auditorio del SNTE, y otro, democrático, en el local del sindicato del Ánfora. En el primero fue elegida como secretaria general Rita Sánchez de Valles, y en el segundo fue promovido para tal puesto Othón Salazar.
Después de la realización de paros y de la detención de Othón Salazar Ramírez y otros dirigentes, el Tribunal de Arbitraje resolvió el 14 de octubre no otorgar la toma de nota al comité de Othón Salazar ni al de Rita Sánchez, a la par que ordenó al CEN del SNTE convocar a elección directa del CES-9.
El CEN lanzó la convocatoria para llevar a efecto el VI Congreso Extraordinario de Masas de la Sección IX del SNTE, el 31 de octubre de 1958. La planilla del MRM obtuvo 9,805 votos, y la de Jorge Viñet alcanzó 37 votos.
El gobierno de Adolfo López Mateos reprimió brutalmente, a partir del 28 de marzo de 1959, la huelga ferrocarrilera. El PCM describió gráficamente la agresión antiobrera: «Aprehensión ilegal en toda la República de más de ocho mil trabajadores ferrocarrileros, militantes sindicales de otras ramas de la industria y dirigentes populares; la Procuraduría General de Justicia apenas ha confesado que fueron más de tres mil seiscientas personas detenidas; incomunicación de los aprehendidos y confinamiento de los mismos en cuarteles y campos militares; violación flagrante de los plazos legales; asalto, cateo y ocupación, absolutamente al margen de la ley, de partidos democráticos; el local del Comité Central del Partido Comunista Mexicano permanece aún ocupado por la policía después de más de 30 días de que fue asaltado; secuestro de decenas de ciudadanos que no aparecen todavía en las largas listas de consignados y procesados por ‘disolución social’, ‘asonada o motín’, ‘ataques a las vías generales de comunicación’, ‘atentados contra la economía’, ‘amenazas’, ‘resistencia a la autoridad’; designación unas cuantas horas después de la aprehensión de Demetrio Vallejo y demás dirigentes sindicales auténticos del STFRM, del tristemente célebre ‘cuadrilátero’ de charros sindicales a quien el ejército y la policía entregaron el mando ‘provisional’ del propio sindicato ferrocarrilero ; imposición gubernamental de nuevos dirigentes sindicales y de espurio Comité Ejecutivo General del sindicato ferrocarrilero, cuyo nombramiento, producto de la destrucción de la independencia y la democracia sindicales por medio de la injerencia y abierta intromisión del gobierno se hizo con toda celeridad a base de mantener la incomunicación hasta la designación del nuevo Ejecutivo General impuesto por el gobierno. Ahora en la penitenciaría se ha vuelto a imponer de hecho la incomunicación».
En marzo-agosto de 1960 el CE de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue «conminado» por el CEN del SNTE a rectificar su «política de indisciplina constante» y consignado ante la Comisión Nacional de Vigilancia; «establecida» su presunta responsabilidad por la CNV, ésta formó una Comisión Nacional de Honor y Justicia que dio al CES-9 por juzgado, suspendido «provisionalmente» de la dirección seccional, desalojado de las oficinas sindicales del magisterio capitalino, y desconocido y expulsado del sindicato.
La primera impugnación de masas contra la dominación priista fue enfrentada por el Estado con la utilización de las fuerzas armadas, la policía, la legislación laboral y el aparato sindical charro.
La crisis del PRI en aumento
1968 fue un auténtico parteaguas en la historia contemporánea de México. Según José Blanco, ese movimiento se dio en el marco siguiente: «Respecto a los cambios en la esfera económica y política, resumiría diciendo que ha de tomarse en cuenta, en primer lugar, los que pueden señalarse como los éxitos económicos de la Revolución mexicana. Entre 1940 y los años finales de la década de los sesentas, en tan sólo esos muy pocos años, realmente las transformaciones económicas y sociales fueron muchas: se pasa de ser una sociedad predominantemente rural a otra predominantemente urbana; la esperanza media de vida de los mexicanos aumenta más de 20 años; en ese corto lapso el país monta un significativo sector industrial; el analfabetismo se abate de manera considerable; las condiciones generales de mortalidad y morbilidad mejoran notoriamente; el número de quienes alcanzan la posibilidad y la oportunidad de acceder a la educación superior venía observando un ritmo muy rápido de ascenso; en particular, la UNAM pasa de menos de quince mil alumnos a cerca de cien mil en 1968. Derivado o asociado al acelerado proceso de industrialización y de urbanización, ocurre, durante ese lapso, un muy acelerado crecimiento del número de obreros asalariados, y una ampliación muy sustantiva de las llamadas clases o sectores medios.
«Hacia fines de los años sesentas se ha operado, en síntesis, una real transformación de la estructura económica y, con ella, de la estructura de las clases y los grupos sociales del país. No obstante el sistema político seguía siendo básicamente el mismo. Las reglas del juego de la esfera política de un Estado semicorporativo no habían variado. Y el significado de esta invariancia básica es más o menos obvio: la esfera política se había convertido en una estrecha camisa de fuerza para la nueva estructura social del país. Había, por eso, hacia fines de los años sesentas –dada la estrechez y la escasez de los canales de participación política–, un claro sentimiento de exclusión política, especialmente sentido por los sectores más ilustrados del país, entre quienes es necesario anotar precisamente a los jóvenes universitarios.
«Vivíamos un sistema político vertical, autoritario, no democrático al que, no obstante, le había sido posible procesar sus consensos básicos gracias precisamente a los éxitos de la economía y de los índices de bienestar social en mejoría».
En 1968 la sociedad mexicana fue sacudida por el movimiento estudiantil-popular que enarboló como pliego petitorio las siguientes demandas: libertad de los presos políticos; destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del teniente coronel Armando Frías; extinción del Cuerpo de Granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes; derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal (delito de disolución social); indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante, y deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y Ejército.
El pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga no incluía una sola demanda escolar, sino únicamente reivindicaciones políticas. Era, claramente, un movimiento por la democracia, y, en el fondo, contra la vieja dominación del PRI. Se produjo, pues, un rompimiento entre una franja de la juventud y el régimen priista, por la represión contra los universitarios, politécnicos y normalistas.
El 10 junio de 1971 ocurrió uno de los actos violentos que complicarían todo el cuadro de fuerzas sociales y políticas en la nación: la matanza del Jueves de Corpus en San Cosme. Una importante manifestación estudiantil en solidaridad con los universitarios neoleoneses y por las libertades democráticas fue sangrientamente reprimida, con la intervención del grupo paramilitar de los halcones. Murieron decenas de estudiantes.
El rompimiento de sectores de la joven generación con el régimen del partido tricolor aumentó y se profundizó, debido en gran parte al fracaso de la política represiva de los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), pese a la apertura democrática y a la reforma política . En el caso de JLP, el descontento tendió a crecer por la irresponsable explotación petrolera y la política económica, que en lugar de desarrollar la industrialización y fortalecer la independencia nacional, condujeron a un crecimiento desmedido de la deuda externa y a la crisis de la economía mexicana, cuando este presidente había ofrecido a los mexicanos «administrar la abundancia». López Portillo implantó un nepotismo desmedido y una inmensa corrupción. La crisis del populismo demagógico allanó el camino al programa y la práctica neoliberales. México fue lanzado a un despeñadero, del que aún no sale en los días que corren.
Neoliberalismo y agotamiento priista
El PRI dio el salto: del nacionalismo verbal al neoliberalismo antinacional y pro gringo. Con Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) comenzó el ciclo de administraciones neoliberales. La crisis económica fue enfrentada con la aplicación a pie juntillas de las orientaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A partir de diciembre de 1982, el país sería conducido por un equipo tecnocrático neoliberal y entreguista que haría descansar todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo; las puertas se abrirían de par en par al capital extranjero y el movimiento obrero sería hostigado como nunca antes. En otras palabras, se impuso el gobierno del capitalismo salvaje.
La fuerza de trabajo creció y la creación de nuevos empleos se estancó. Para 1987, la población en edad laboral era de 25.6 millones de personas, mientras los puestos de trabajo eran 20.7 millones, es decir, alrededor de 4.9 millones de mexicanos no encontraron ocupación, lo cual significaba el 19 por ciento de la mano de obra.
El deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros, empleados, técnicos y profesionistas asalariados queda ilustrado con un hecho: los salarios en México durante la administración delamadridista perdieron alrededor del 60 por ciento de su poder adquisitivo.
El neocardenismo, respuesta política de masas
La política neoliberal del gobierno de Miguel de la Madrid, la profundización de la crisis económica, la antidemocracia y la candidatura oficial de Carlos Salinas de Gortari introdujeron la división en las filas del PRI, crearon las condiciones para la eclosión del neocardenismo y permitieron que las masas se expresaran de manera abierta en el terreno de la política. Para amplios sectores de la ciudadanía quedó en claro que la conquista de la democracia, la defensa de la soberanía nacional y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo sólo serían alcanzados si se desplazaba del poder a los priistas.
En 1987 estalló la crisis del PRI, apareció la Corriente Democrática y se desenvolvió la extraordinaria campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas. El 14 de octubre de ese año, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana registró como su candidato a la Presidencia de la República al hijo del general Lázaro Cárdenas. Esta candidatura sacudió a la izquierda anticapitalista: el Partido Mexicano Socialista vivió una lucha interna por definir si se luchaba por un candidato único o se perseveraba en la candidatura testimonial de Heberto Castillo Martínez, en tanto que en el Partido Revolucionario de los Trabajadores las diferencias dieron origen a escisiones y pugnas muy agudas ante el mantenimiento de la candidatura de Rosario Ibarra. El nacionalismo arrasó con el socialismo opositor mexicano .
El 12 de enero de 1988 surgió el Frente Democrático Nacional, en Jalapa, Veracruz, sobre la base del PARM, el Partido Popular Socialista, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y otras organizaciones.
De inmediato quedó evidenciado que la campaña del FDN era una gran campaña electoral. En la Comarca Lagunera, en el Zócalo de la capital federal, en la Ciudad Universitaria de la UNAM y en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero las masas se volcaron a las calles, caminos y plazas. El PRI fue arrinconado.
El 6 de julio de 1988 los votantes le pasaron la cuenta al régimen del PRI: el sistema de dominación fue sacudido de arriba abajo, en especial en el Distrito Federal, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Baja California y Morelos. Conforme a los datos disponibles, la votación favoreció a Cuauhtémoc Cárdenas y los partidos del Frente Democrático Nacional; sin embargo, la alquimia de la Secretaría de Gobernación dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.
Carlos Salinas de Gortari tomó posesión de la Presidencia de la República el 1 de diciembre de 1988, con lo que se entró al segundo sexenio neoliberal. La gestión salinista representó para los trabajadores la continuación de la política que, desde 1982, les despojó de muchas de las conquistas obtenidas a lo largo de más de 60 años de lucha organizada. Despidos selectivos y masivos, mutilación de contratos colectivos de trabajo, eliminación de prestaciones, limitación de las funciones sindicales, y represión de huelgas y luchas que en varios casos produjo presos, heridos y hasta muertos (como ocurrió en la Ford Motor Company con Cleto Nigmo Urbina).
Como resultado de esa política neoliberal desaparecieron más de 2 mil 900 contratos colectivos de trabajo, se liquidó el contrato ley de la industria textil de fibras duras –y otros que sólo existen en el papel–, fueron declaradas en quiebra empresas boyantes con el fin de eliminar sindicatos y secciones sindicales, proliferaron los contratos de protección y surgieron núcleos de trabajadores que –como los de las maquiladoras– se han constituido bajo los criterios del obrero polivalente, los círculos de calidad y el asalariado sin derechos elementales.
El gobierno salinista malbarató empresas paraestatales, desapareció empresas e instituciones del Estado, reformó los artículos 3º, 5º, 27, 24 y 130 de la Constitución General de la República y sus leyes reglamentarias para terminar la reforma agraria, destruir la propiedad ejidal y comunal, permitir la «asociación» entre ejidatarios e inversionistas privados, facilitar la concentración de la tierra en manos del gran capital, establecer nuevas relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, golpear la laicidad de la educación, privatizar la educación pública y poner en bandeja de plata el territorio nacional a los monopolios mineros para saquear las riquezas naturales de la nación y destruir selvas, bosques, ríos, lagos, lagunas, arroyos, costas y manglares, dejando como recuerdos montes pelones y toneladas de desechos perjudiciales para la naturaleza y el ser humano.
El último presidente priista del siglo XX fue Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), agente directo del capital extranjero, principalmente norteamericano. Continuó con enorme entusiasmo la destrucción de México: fue creador del «error de diciembre» que produjo una enorme crisis económica sin parangón en la historia nacional; intentó capturar a principios de 1995 al subcomandante Marcos; permitió la masacre de aguas Blancas, en Guerrero, el 28 de junio de 1995; desapareció el sistema ferroviario nacional; facilitó la matanza de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997; consiguió que los diputados priistas y panistas legalizaran el rescate bancario por medio del FOBAPROA, el 12 de diciembre de 1998; buscó privatizar en 1999 la industria eléctrica nacionalizada, pero fue derrotado por el SME, la oposición del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y los integrantes del Frente Nacional de Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica, e hizo entrar en Ciudad Universitaria a la Policía Federal Preventiva el 6 de febrero de 2000.
Este burócrata oscuro, criminal redomado y politicastro corrupto al concluir su mandato se fue de ejecutivo de consorcios imperialistas norteamericanos, entre ellos la empresa Kansas City Southern, de la cual es administrador, aunque dicen los bien informados que es un importante accionista. No en balde se exige juicio político para este criminal saqueador de bienes públicos y entreguista pro gringo.
Docena trágica panista, la lumpen-burguesía en el poder
La desastrosa política económica de los gobiernos neoliberales priistas, los hechos de sangre ocurridos en estas gestiones, el constante ascenso electoral del Partido Acción Nacional y la incapacidad de la izquierda para mantener la unidad y ofrecer un curso de acción viable, condujeron a la victoria panista de 2000, con un conocido lumpen-burgués y agente de los gringos: Vicente Fox Quesada. En el terreno económico no hubo grandes diferencias entre panistas y priistas y más bien hubo continuidad entre los tecnócratas blanquiazules y los tricolores. Donde sí hubo diferencias fue en la política exterior, en la política frente al clero católico y en el nepotismo y la corrupción.
En efecto, Vicente Fox se colocó abiertamente del lado de los monopolios y gobiernos norteamericanos para provocar y agredir a Cuba, Venezuela y otros países de América Latina; «defender» los derechos humanos en Cuba, ¡cuando los yanquis encarcelaban y asesinaban a cientos de mexicanos al norte del río Bravo!; ser correveidile de EU en los países hermanos latinoamericanos; proclamar que dirigía un gobierno de los empresarios, y desatar a la reacción ensotanada promoviendo como héroes a los cristeros. Los hijos de Marta Sahagún, esposa de Fox, se enriquecieron con gran descaro. Los políticos panistas fueron discípulos aventajados de los priistas. El gobierno federal mexicano quedó en manos de representantes de la lumpen-burguesía.
Para impedir la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, los líderes del neoliberalismo priista y de la ultraderecha albiceleste, Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos organizaron, prepararon y ejecutaron campañas mediáticas, apoyados en las malas artes de un empresario argentino vinculado a los negocios turbios y el crimen organizado. Como fracasaron en el intento de impedir la candidatura de AMLO, organizaron un gigantesco fraude en 2006 y elevaron a la Presidencia de la República a un criminal discípulo de Antonio López de Santa Anna que responde al nombre de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
El gobierno de Calderón sobresalió por incrementar el número de pobres en seis millones de personas; aumentar el número de parados, subempleados y trabajadores ocupados en la economía informal; establecer salarios de hambre; disminuir y desmantelar la seguridad social; reprimir y buscar suprimir al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el SME y otros sindicatos democráticos e independientes, al mismo tiempo que promover a los sindicatos blancos; continuar con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que fue suscrita el 23 de marzo de 2005 por Vicente Fox con el presidente gringo George W. Bush y el primer ministro canadiense Stephen Harper, para extender el área de seguridad de EU; suscribir el 30 de junio de 2008 la Iniciativa Mérida con Estados Unidos para, supuestamente, combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el «terrorismo»; desarrollar una llamada guerra contra el narcotráfico, que costó a la nación más 122 mil muertos; solicitar a los genocidas y criminales de guerra estadunidenses la vigilancia aérea del territorio mexicano por medio de drones, y llenar a México de agentes, asesores y espías de la DEA, la FBI, la CIA, el Ejército, la Marina y otras agencias de seguridad, espionaje y provocación de la Unión Americana.
2012-2014: México, rumbo a ser semicolonia yanqui
La presidencia de Enrique Peña Nieto representa la culminación del proyecto neoliberal en nuestro país: la entrega de las zonas fronterizas y las costas a los gringos; la desnacionalización de la industria petrolera y de la industria eléctrica, que caerán en manos de norteamericanos y otros capitalistas foráneos; las concesiones en la minería a los consorcios canadienses, yanquis y mexicanos, que imponen el saqueo de los recursos de la nación, la destrucción de la naturaleza y la expoliación de las comunidades indígenas y los campesinos; la persistencia de la supuesta guerra contra el narcotráfico, bajo supervisión gringa, que ha conducido y conduce al control de ciudades, regiones y estados enteros por parte del crimen organizado; la supresión de la soberanía nacional y la supeditación a los intereses y políticas de EU, y la eliminación de los derechos fundamentales de los trabajadores y el pueblo. Este programa resume más de 30 años de neoliberalismo priista y panista.
La obra suprema del gobierno peñista es la derogación de la Constitución de 1917, y su sustitución por los parches neoliberales impuestos por Carlos Salinas de Gortari y el propio Enrique Peña Nieto. De esta manera, si se suman las reformas constitucionales de Salinas y Peña Nieto con las reformas legales de De la Madrid, Zedillo, Fox y Calderón, el marco jurídico está integrado por instrumentos evidentemente al servicio de los monopolios yanquis, canadienses, españoles y mexicanos, que explican la ofensiva legislativa de Enrique Peña Nieto en contra de la clase obrera, el pueblo y la nación mexicanos.
Ya no existe la Constitución de 1917. Ahora está vigente un engendro que entrega el subsuelo y las industrias estratégicas al mejor postor, que son, precisamente, las trasnacionales de EU, Canadá y España, acompañadas por algunos consorcios mexicanos. En lugar de la Ley Federal del Trabajo ahora está vigente una ley que lleva ese nombre pero que, en realidad, es una Ley Federal del Capital, que modifica, regresivamente, los derechos de contratación colectiva, de organización sindical, de huelga y de estabilidad en el empleo , que legaliza la subcontratación (outsourcing) y los contratos temporales, la contratación y el pago por horas, y otras aberraciones jurídicas que convierten a la LFT en una auténtica ley al servicio de la gran burguesía desnacionalizada y pro gringa. La jornada de ocho horas ha dejado de existir e igualmente la bilateralidad en las relaciones entre los trabajadores y las empresas. L a antigüedad es limitada como fuente de prestaciones. La seguridad social, en gran parte, ha sido privatizada y los trabajadores en retiro se hallan ante un futuro incierto, con el real peligro de tener pensiones francamente insuficientes y miserables.
En diciembre de 2012 y a lo largo de 2013 se avanzó en la liquidación del Apartado B, el Artículo 3º y el Artículo 73 de la Constitución General de la República, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, bajo el señuelo de llamarla reforma educativa. Es una contrarreforma laboral que afecta los aspectos centrales de los derechos laborales y sindicales. Estas modificaciones responden a las indicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Jamás en la historia de la legislación laboral se había llegado a los extremos de las reformas de Peña Nieto. Ciertamente, las restricciones en materia laboral y sindical para los trabajadores en general y para algunos grupos de éstos, se impusieron en la LFT y en leyes y reglamentos especiales, como el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, publicado el 5 de diciembre de 1938; el Reglamento de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, del 20 de noviembre de 1937, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada el 28 de diciembre de 1963, que reglamenta el apartado B. El Estatuto Jurídico, el Reglamento bancario y la Ley burocrática tenían o tienen como rasgo distintivo el colocar a grupos de trabajadores en regímenes especiales que limitan o niegan total o parcialmente los derechos de contratación colectiva, de organización sindical y de huelga, aunque establecen o establecían la estabilidad en el empleo y la antigüedad como fuente de prestaciones.
Las reformas constitucionales y legales, impulsadas y dirigidas por el PRI, con el apoyo del PAN y otros partidos menores, persiguen el objetivo de entregar el subsuelo y las industrias estratégicas al capital extranjero, principalmente norteamericano; continuar la política de bajos salarios y malas prestaciones; mantener trabajadores ayunos de organización y un marco jurídico que impidan la movilización y concientización de los obreros, empleados, técnicos y profesionistas asalariados. Significa, en síntesis, dejar a los trabajadores en la indefensión.
Por lo señalado, el PRI llega a sus 85 años de edad con un largo trecho recorrido de abyección, de sumisión y de entreguismo hacia sus jefes y contlapaches del norte bárbaro y brutal. De seguir este rumbo, el Estado mexicano se encamina hacia la construcción de un país semicolonial, es decir, un Estado independiente de nombre y la existencia real de un país en el que las decisiones claves en las industrias y servicios fundamentales se toman en el extranjero, como ocurrirá de continuar las políticas de Calderón y Peña Nieto con la intervención gringa en la explotación del petróleo, la minería y los servicios de transporte, además del control del comercio exterior y la participación en la preparación, calificación y conducción de las fuerzas armadas y los servicios de seguridad pública. De no revertir esta nefasta tendencia, México dejará de ser un Estado independiente y soberano. Los trabajadores y el pueblo deben decidir el rumbo nacional, no los líderes agachones del PRI y el PAN, partidos profundamente antinacionales y entreguistas.
Bibliohemerografía básica
-
Libros
Cárdenas, Cuauhtémoc, Sobre mis pasos, México, Aguilar, 2010.
Córdova, Arnaldo, La ideología de la Revolución mexicana, México, Ed. Era, 1973.
CTM: 50 años de lucha obrera, t. 1 (1936-1941), México, PRI ICAP, 1986; t. II (1941-1947), México, PRIICAP, 1986; t. 3, México, PRI ICAP, 1986.
Fuentes para la Historia de la Revolución Mexicana, 1. Planes políticos y otros documentos, pról. de Manuel González Ramírez, México, FCE, 1ª reimpr., 1974. Hay una reedición del INEHRM, de 2003.
Garrido, Luis Javier, El partido de la Revolución institucionalizada, México, Siglo XXI Ed., 1982.
Gómez Tagle, Silvia y María Eugenia Valdés Vega (coord.), La geografía del poder y las elecciones en México, México, IFE y PyV, 2000.
Historia documental del Partido de la Revolución, tomos 1-10, México, ICAP PRI, 1981-1984.
Loyola, Rafael (coord.), Entre la guerra y la estabilidad política. El México de los 40, México, CNCA Grijalbo, 1990.
Mena Brito, Bernardino, El PRUN, Almazán y el desastre final, México, Ed. Botas, 1941.
Peláez Ramos, Gerardo, «Cronología de la izquierda mexicana del siglo XX», en tomo 1 de la Enciclopedia de la izquierda mexicana del siglo XX, México, UNAM, 2014.
-
Artículos y ensayos
Campuzano Montoya, Irma, «Las elecciones de 1988», en Estudios de historia moderna y contemporánea de México, vol. 23, 2002.
José Blanco, «Rupturas en la cultura política en 1968 (comentario a la conferencia de Gabriel Careaga)», en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, a. XXXIX, núm. 158, nva. ép., octubre-diciembre de 1994.
Valdés Vega, María Eugenia, «Una nueva legitimidad en el DF. Las elecciones de 1997», en Nueva Antropología, vol. XVI, núm. 54, junio de 1998.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.