Hace unos días en el estado de Zacatecas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la aplicación de un impuesto ecológico que será orientado a las empresas que están relacionadas con el Modelo Extractivo Depredador. Para REMA este impuesto significa la continuidad de la legitimización de un Modelo Extractivo que múltiples estudios e […]
Hace unos días en el estado de Zacatecas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la aplicación de un impuesto ecológico que será orientado a las empresas que están relacionadas con el Modelo Extractivo Depredador. Para REMA este impuesto significa la continuidad de la legitimización de un Modelo Extractivo que múltiples estudios e investigaciones han demostrado que destruye la vida, y en consecuencia, con estos tenues e irreales paliativos verdes, como el aprobado recientemente, envían un mensaje distorsionado y mentiroso para que la opinión pública crea que en Zacatecas hay un gobernador preocupado por el medio ambiente, cuando en realidad se sigue ponderando una visión de desarrollo a la que por supuesto le conviene seguir usando a la naturaleza de forma barata. Nuevamente se propaga el grito de que el que contamina paga, a pesar de ser una fórmula nacida -y ya oxidada-, desde el Zedillismo, pero que, sin embargo, para varios políticos y magistrados continúa siendo vigente a pesar del desastre socio-ambiental en el que nos encontramos.
Este y el resto de los gobernadores del país, en lugar de simular políticas públicas verdes, deberían ser proclives a establecer procesos para la rendición de cuentas y no para compensar o resarcir daños, que, además, ni siquiera el Estado está capacitado para determinar. Ya REMA lo ha dicho en varias ocasiones, si a la actividad minera se le agregara en su costo de producción el costo generado por daño ambiental y por daños a la salud de la población, sería una práctica económica inviable, porque los daños que ocasionan son desproporcionadamente mayores a la inversión orientada a esa supuesta atención.
REMA y muchos otros movimientos sociales en resistencia demandamos justicia socio-ambiental, y, en consecuencia, se debe prohibir la minería a cielo abierto y de tumbe y relleno, porque esta práctica pondera la visión de progreso y desarrollo que hace creer que podemos tener un crecimiento económico infinito en un planeta finito, que además genera más desigualdades, concentra y privatiza las ganancias y deja a la sociedad más vulnerable los costos y prejuicios socio-ambientales. REMA insiste; desarrollo para qué y para quiénes y si será de largo aliento como lo ha plateado Houtart (2011).
Giancarlo Delgado, economista por la UNAM con estudios de maestría y doctorado en «Ciencias Ambientales» por la Universidad Autónoma de Barcelona (España) e investigador titular de tiempo completo, definitivo, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, en su publicación «metabolismo social y energía», hace referencia lo que significa sacar un gramo de oro en la mina Cerro San Pedro; Cada gramo de oro trae consigo una carga ecológica de por lo menos 4 millones de gramos de desechos sólidos de diverso grado de toxicidad y 2 millones de gramos de agua altamente tóxica.
Esta carga, conocida como mochila ecológica, de manera inmediata hace ver que la actividad minera actual es insostenible y ayuda a entender que el «impuesto ecológico» establecido por la Suprema Corte raya en la burla y el desconocimiento de fondo de la problemática minera.
El Gobernador Tello cree que con maquillaje podrá perpetuar la rapacidad e impacto de las empresas extractivas, cree también que con este impuesto salvará al estado de no entrar de lleno a una crisis socio-ambiental sin precedentes. Falta ver las reacciones en contra de esta nueva tributación que por supuesto las empresas, por cierto, varias con amparos en la bolsa, podrán disernir para que su aplicación, si es que no la pueden esquivar, sea por lo menos subrepticia, oculta, oscura para que no se le pueda dar seguimiento, tal como sucede con el Fondo Minero.
Tampoco es real que, con el dinero de los impuestos, se podrán atender los problemas que históricamente ha presentado el extractivismo minero, cervecero, monoagroalimentario tales como los daños a la salud, la contaminación y agotamiento de recursos hídricos, el despojo y desplazamiento forzado y la destrucción de formas de vida campesinas por la imposición de formas organizativas distintas. Aludir que los impuestos ecológicos son sinónimo de justicia, reciprocidad y beneficio para el estado, significa acentuar la asignatura pendiente que se tiene con los pueblos saqueados y violentados.
Esta iniciativa verde centrada en el ecoeficientismo es sólo un discurso, y es aberrante hablar de minería sustentable, cuando la esencia de esta es la lógica capitalista de acumulación de ganancia.
Hay que hacer énfasis en que la minería que predomina en Latinoamérica, México y Zacatecas es una megaminería tóxica centrada en la extracción de metales y en la acumulación de desechos tóxicos como pasivos ambientales. Predomina también la acumulación de ganancias como sucedió en el 2017, cuando el total del valor de la extracción minera, fue 417 mil millones de pesos, el Estado sólo recaudó 4 mil 973 millones de pesos, el 1% del total y equivalente sólo al 0.35% del total de los ingresos del gobierno federal (FUNDAR, 2018).
Antes de aprobar impuestos ecológicos «por remediación ambiental de la extracción de materiales, de la emisión de gases a la atmósfera, de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y al depósito o almacenamiento de residuos», tanto el Gobernador Tello como los legisladores y las instancias de procuración de justicia, deberían concentrar sus esfuerzos en la reivindicación para las y los zacatecanos que históricamente han sido agraviados por la actividad minera. Mucho tienen que decir del despojo y desplazamiento forzado en el municipio de Noria de Ángeles; en Salaverna, Nuevo Mercurio y las comunidades aledañas al complejo Peñasquito en Mazapil; en la Colorada y la cabecera municipal en Chalchihuites; en Vetagrande, en San Martín y San José de Canutillo en Sombrerete, por mencionar algunas de las varias experiencias que falta citar.
Territorios libres de minería
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)