Como no funciona, el gobierno de México está revisando el Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pero a pesar de que se identificaron problemas en su operación, hay más fallas sin atender a las que el gobierno no se refirió, señalan representantes de periodistas. Durante la conferencia de prensa matutina […]
Como no funciona, el gobierno de México está revisando el Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pero a pesar de que se identificaron problemas en su operación, hay más fallas sin atender a las que el gobierno no se refirió, señalan representantes de periodistas.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes 25, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, expuso una revisión del estado actual del Mecanismo.
«Yo creo que el Mecanismo debe de entrar en una nueva etapa de desarrollo con una participación más activa por parte del gremio periodístico y por parte de los defensores de derechos humanos», dijo.
El Mecanismo funciona a través de una Junta de Gobierno integrada por nueve funcionarios del gobierno con derecho a voz y voto.
Además cuenta con cinco invitados permanentes con derecho a voz, que incluyen a un representante del Alto Comisionado de la ONU, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, del poder judicial federal y dos representantes del Congreso de la Unión; así como por un consejo consultivo en el que hay un presidente, cuatro periodistas y cuatro defensores de Derechos Humanos, que no tienen ni voz ni voto.
«Hace falta hacer un replanteamiento a su propio diseño, creo que es muy importante que la mayor parte de los integrantes de la Junta de Gobierno no sean del gobierno federal», advirtió Encinas.
El Mecanismo fue creó en 2012 después de muchos esfuerzos y presiones de la sociedad civil, y actualmente se da atención a 790 personas, 498 son defensores de derechos humanos y 292 son periodistas.
La semana precedente, el presidente anunció que presentaría algo al respecto.
El gobierno federal realiza una auditoría al fideicomiso con el que opera el mecanismo y evalúa el reemplazo de los escoltas que brindan seguridad a los periodistas y defensores en peligro; además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realiza una evaluación del mecanismo que estará lista en abril.
Con el diagnóstico resultante, informó la Secretaría (ministerio) de Gobernación (Segob), se rediseñará el mecanismo de protección que opera sólo de manera reactiva y únicamente protege a los periodistas que están sujetos al mismo.
En lo que va de la actual administración, cuyo sexenio comenzó el 1 de diciembre, han sido asesinados seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos en México.
Encinas aseguró que en un futuro el Mecanismo contará con todos los recursos necesarios para operar, pues ha tenido un aumento de 20 por ciento en solicitudes de protección que no se han reflejado en la asignación de recursos.
Una de las principales fallas del Mecanismo es que no es operado por el Estado, sino que está concesionado a la empresa RCU Sistemas, a través de una adjudicación directa, y que tiene problemas para su operación, como carecer de elementos con licencia para portar armas.
Al respecto, Encinas señaló que está en proceso el reemplazo de las escoltas privadas por personal capacitado por la Policía Federal, y que intervendrá también el área de protección a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional. La empresa privada seguirá prestando sus servicios, hasta que el gobierno pueda tomarla por su cuenta.
«Con toda seguridad en el momento en que asumamos esto, como debe de ser, una responsabilidad del Estado que no puede delegarse a un particular, haremos un replanteamiento de todo, lo cual nos implicará incluso un ahorro por lo menos del 15 por ciento», aseguró el subsecretario, pero de nuevo, sin especificar cuándo sucedería.
Otros pendientes
Hace unas semanas, la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acudeh) logró que en el Senado se retomara la discusión de la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con Jade Ramírez Cuevas Villanueva, oficial de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie, una organización que busca mejorar el ejercicio periodístico en el país, esta ley podría ser una de las piezas que faltan para mejorar el trabajo del Mecanismo.
«El gran problema del mecanismo es que a una sola instancia de gobierno le toca resolver dos modalidades del problema. Lo político y lo operativo-administrativo», explica´, «Gobernación tiene que ver lo político de cumplir leyes y tratados internacionales, y lo operativo de dar protección, pero Segob no es policía».
Esta iniciativa tiene una visión más integral en la que sienta a la mesa de discusión la todas las partes encargadas de prestar atención, como policías y otras autoridades, a la colaboración, asegura Jade Ramírez.
«Hay gobernadores, presidentes municipales, regidores, y funcionarios federales que desconocen el mecanismo y que dicen ‘por qué me mandan a hacer tal o cual cosa’ y no la hacen y no pasa nada. Con la nueva ley sí estarían obligados», explica Ramírez Cuevas Villanueva.
Durante su presentación, el subsecretario Encinas no hizo ninguna mención a la propuesta de ley.
De acuerdo con Ramírez Cuevas Villanueva, al mecanismo le falta personal bien capacitado, que entienda las problemáticas que está tratando y, sobre todo, que no sea una empresa privada, sino personal que esté formado y que tenga una idea real de qué es ser periodista o defensor en México.
«Tienes a un funcionario de Gobernación que ha estado trabajando en una oficina por más de 15 años y después lo pones a resolver tareas de análisis de riesgo, pues obviamente vas a necesitar concesionar la operación».
Aseguró, además, que el mecanismo necesita promover mejores medidas de prevención. «No es necesario blindar hasta los dientes a un periodista si se mandan medidas políticas desde la Secretaría de Gobernación, en las que un gobernador que denuesta a periodistas se retracte de lo que dijo públicamente».
Ramírez Cuevas Villanueva pone de ejemplo la disculpa pública a la periodista Lydia Cacho. La disculpa que se le ofreció era parte de una medida de reparación de daño, y no de prevención. «Si esas se ponen como preventivas, en gran medida se pueden aminorar los daños», asegura.
Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie. IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.