Las medidas implementadas por el gobierno federal tras el acuerdo con Estados Unidos para contener la migración violan la Constitución Mexicana, así como las leyes Nacional de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, entre otras, denunciaron decenas de organizaciones no gubernamentales como Oxfam México, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad […]
Las medidas implementadas por el gobierno federal tras el acuerdo con Estados Unidos para contener la migración violan la Constitución Mexicana, así como las leyes Nacional de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, entre otras, denunciaron decenas de organizaciones no gubernamentales como Oxfam México, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, el Instituto para las Mujeres en la Migración y Alianza Américas.
Señalaron que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur del país y la exigencia para que las compañías de transporte no permitan el uso de sus unidades a quienes no presenten identificación violentan las garantías de individuales de los migrantes y contraviene al artículo 11 de la Constitución, que establece el derecho a entrar, salir, viajar y mudarse por el territorio nacional, sin la necesidad de contar con un pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. «Este derecho se restringe por la Ley de Migración que permite a los agentes migratorios verificar la estancia migratoria de personas extranjeras», indicaron.
Las organizaciones enfatizaron que por ley las empresas de transporte sólo tienen la responsabilidad administrativa o penal si llevan a personas indocumentadas con conocimiento y con el propósito de evadir las normas, y además lucran al hacerlo, pero que «si una persona indocumentada se sube a un autobús dentro de México y paga su boleto, eso no es responsabilidad de las compañías de transporte -no son autoridades para verificar el estatus migratorio».
«Sin embargo, el día de ayer el Grupo Flecha Amarilla de autotransporte y Autobuses de Oriente ADO emitieron un anuncio al público en el que señalan que para abordar alguno de sus autobuses se les solicitará un documento de identidad (credencial del Instituto Nacional Electoral, cartilla militar, pasaporte o cédula profesional, licencia de manejo) por disposición del gobierno federal, lo que es claramente inconstitucional por violar el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad, y la no discriminación», denunciaron las organizaciones, entre las que se encuentra la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres y Sin Fronteras IAP.
Entre las consecuencias de dicha medida se encuentra que ahora los menores de edad se verían obligados a viajar con su acta de nacimiento y la afectación directa a jornaleros agrícolas, jóvenes, estudiantes y migrantes mexicanos que no cuentan con ningún documento de identidad y que viajan por las carreteras del país para trabajar y alcanzar sus lugares de destino.