Decía el pensador Carl Schmitt que la esencia de lo político se esconde en la lógica amigo – enemigo, tensión que podía aplicarse a cualquier ámbito de la vida. Sobre esa base, el recientemente fallecido Ernesto Laclau explicó la forma del populismo, sostenida en polarizar al interior de la comunidad política entre el pueblo como […]
Decía el pensador Carl Schmitt que la esencia de lo político se esconde en la lógica amigo – enemigo, tensión que podía aplicarse a cualquier ámbito de la vida. Sobre esa base, el recientemente fallecido Ernesto Laclau explicó la forma del populismo, sostenida en polarizar al interior de la comunidad política entre el pueblo como soberano y el pueblo legítimo como los relegados, desplazados, dañados. Todos somos el pueblo, pero algunos son más pueblo que otros, y esa diferencia se irá desplazando una y otra vez, conteniendo a distintos actores según el momento. Esta forma de construir hegemonía se sostiene en la capacidad de dividir el campo político en antagonismos tan fuertes que impidan tomar terceras posiciones: o se está con el pueblo, o se está contra él. Y una parte de la disputa es, justamente, determinar cuál es «el pueblo» y quién está con él.
El kirchnerismo se construyó sobre esta lógica de polarización desde el inicio, cuando el poco conocido Kirchner asume como presidente y recupera las demandas que las organizaciones populares habían puesto sobre el tapete durante largos años previos. Aunque Kirchner no tuviera ninguna relación previa con este movimiento popular, logró modificar el campo político de modo que su figura quedara representada del lado de esos demandantes, contra sus enemigos, aquellos que defendieron el neoliberalismo más acérrimo. Al recuperar esas demandas, ser votado por mayorías y atenerse a la Constitución, el gobierno kirchnerista se construyó a sí mismo como la parte del pueblo con la tarea especial.
Con esta forma de legitimarse, el gobierno enfrentó quizás su mayor desafío político hasta ahora: el conflicto con la Mesa de Enlace del agro en 2008. Su argumento fue que esas organizaciones eran una corporación con intereses particulares, pero el gobierno debía velar por el interés de la totalidad política. Contra la demanda egocéntrica, el Estado se erigía en nombre del pueblo.
Las patronales agropecuarias quisieron romper esta asociación, aludiendo a un pasado glorioso del «Granero del mundo», entonando himnos y diciendo defender instituciones de la república, lo que atrajo a los partidos mayoritarios de oposición, que empezaron a debatirse cómo representar esta nueva demanda. Para ello, había que resolver dos grandes problemas. Uno era que el discurso constitucionalista sobre la división de poderes apuntaba en realidad contra la potestad del Poder Ejecutivo de fijar alícuotas: la Mesa de Enlace nunca pudo superar su barrera corporativa de bregar sólo por la eliminación de las retenciones, sin ser capaz de tomar en cuenta otros reclamos. Su particularismo lo hacía difícil de representar como interés general. El otro problema era que asociar al agro concentrado y empresarial como el pueblo no era muy fácil de hacer creíble.
La expansión de la representación
Cuando en 2011 el kirchnerismo gana las elecciones con el 54% de los votos, el discurso de que el gobierno representaba la totalidad social se vio modificado, cuando se empezó a hablar de la mayoría. Al afirmarse sobre esa mayoría, en lugar de la totalidad, el gobierno abrió una brecha que la oposición patronal ha buscado explotar. Para ello, con distintas estrategias, la oposición empezó a hablar de «la gente», sustituto bienpensante y clasemediero de «el pueblo», agotada de los atropellos de un gobierno desenfrenado sin interés por negociar con las minorías. Un gobierno ensimismado en sus propios intereses que se olvida de los problemas «de la gente»: la inflación y la inseguridad a la cabeza. Al igual que el gobierno, pero con otros significantes, la oposición busca polarizar la comunidad política entre «la gente» y un tiránico gobierno, cuyo único interés es representar a los propios, descuidando toda garantía.
El caso Nisman reúne toda esta gran alegoría, explotándola a un nuevo nivel. Falta de ética pública, el desdén, las intrigas y, finalmente, muerte. Si el Estado no protege al fiscal, ¿qué les queda al resto de los(as) argentinos(as)? -aseguran los indignados locales. Los grandes multimedios y la oposición promueven esta sensación más allá de argumentos, haciendo a un lado cualquier resquicio de prueba o verdad que pueda llevar a un proceso ordenado: la verdad poco parece importar en esta disputa política.
El 18 de febrero un grupo reducido de fiscales se movilizará en una marcha de silencio en reclamo por la resolución del caso Nisman. Clarín promueve esta movilización, tal como hizo con las de 2012 y 2013, como los indignados locales, en una especie de «primavera gaucha». La sociedad Macri-Carrió y el renovador Massa, desesperados por demostrar su compromiso con la causa impulsan la marcha de «la gente». De la Sota, y los radicales Cobos y Sanz confirman su presencia también. Blandiendo la consigna de su propia contradicción electoralista, Binner, Pino Solanas y Libres del Sur se suman a la convocatoria. Los dirigentes gremiales Moyano y Barrionuevo, en la misma lógica de alianzas, asistirán. Menos presentable pero igualmente presente estará la polémica defensora de represores Cecilia Pando.
Pero debe atenderse también que esta variopinta oposición partidaria se enreda en representar aquella parte de la clase dominante que se siente desplazada por el actual orden político. En una solicitada reciente, reclaman por la investigación AEA, Sociedad Rural, CRA, AACREA, AAPRESID, ABA, CEA, entre otras. Es decir, el arco liberal opositor de la patronal. La UIA se encuentra dividida internamente -como se vio con el acuerdo con China. De Mendiguren asistirá.
Las impresiones más desprolijas de esta denuncia y la marcha han ganado espacio en la prensa internacional, promoviendo la confusión en el mundo respecto de la situación en Argentina.
¿Como en el ’55?
El kirchnerismo ha criticado la marcha, pero de ninguna forma ha cuestionado el libre derecho a expresarse y manifestarse. La oposición confunde la discusión sobre los reclamos con el derecho a reclamar. El reducido grupo de fiscales está compuesto por una retahíla de encubridores, denunciados por las propias agrupaciones de víctimas, que no abandonarán sus sillas en diciembre, como sí hará la presidenta. Del mismo modo que con la denuncia de Nisman, de la cual se objeta que carece de fundamentos, pero esto no impidió que se dispusieran las medidas para avanzar con la investigación. Su lamentable muerte no le da la razón. La discusión se oscurece para evitar poner sobre la mesa los puntos que permitan una salida real al problema.
Tal como con Perón, la oposición busca explicar al gobierno como un totalitarismo excepcional al que hay que oponer todas las fuerzas democráticas. Sabemos a qué nos llevó en el ’55: la dictadura y los fusilamientos de José León Suárez. Y no terminó ahí. Contra «la fiesta del monstruo», todos debían levantarse. Incluso si eso generaba un régimen dictatorial que sí fuera totalitario: a diferencia del populismo, el totalitarismo sí expulsa de la comunidad política al adversario; lo calla, lo encierra, lo mata.
Esta vez, sin embargo, prácticamente toda la izquierda aprendió la lección. Se han expresado contra el 18F el FIT e Izquierda Socialista, Patria Grande, el PCR, MST, la CCC, Corriente Emancipación Sur, la CTA Autónoma, APEMIA, Asociación ex Detenidos Desaparecidos, Dialogo 2000/Jubileo Sur Argentina, SERPAJ, Fundación La Alameda, entre otros. El premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel y el ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas militares de Argentina Moreno Ocampo han repudiado la marcha. Los Curas en la Opción por los Pobres se oponen. Incluso asociaciones patronales evitaron expresarse o eludieron su presencia: Federación Agraria, CONINAGRO, la Cámara de la Construcción o la propia UIA.
Naturalmente, todas las organizaciones kirchneristas han hecho lo propio, lo que resaltamos aquí es la inteligencia de la izquierda que no adopta la polaridad establecida por las patronales y sus partidos. Además de denunciar las connivencias del gobierno con la inteligencia sobre organizaciones populares y su responsabilidad con las maniobras de la Justicia sobre esta causa, la izquierda ha resaltado la hipocresía de ponerles distintos valores a los muertos: ¿acaso no importaban igual Maxi y Darío, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreira, Luciano Arruga, Ismael Sosa? ¿No es igual cuando los muertos los ponemos los sectores populares y trabajadores?
Frente al consenso conservador que impulsa la patronal y las contradicciones del gobierno, la izquierda debe afirmarse como tercera opción. Lograr disputar el lugar del pueblo contra los enemigos presentes en la oposición patronal y también en el propio gobierno. Los llamados en este sentido ya han sido anunciados. Quedan meses antes de las elecciones para disputar este espacio también.
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