Este martes 2 de junio, la OPT (Organización Política del Pueblo y Trabajadores) ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer su posición frente al proceso electoral actual llamando a no votar; La OPT surgida en 2011 de la convocatoria emitida por dirigentes del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas estuvo representada por miembros de […]
Este martes 2 de junio, la OPT (Organización Política del Pueblo y Trabajadores) ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer su posición frente al proceso electoral actual llamando a no votar; La OPT surgida en 2011 de la convocatoria emitida por dirigentes del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas estuvo representada por miembros de su Comisión Ejecutiva Nacional, entre ellos Héctor Becerra (también dirigente del SME) Héctor Valadez (también dirigente de la asamblea de usuarios de energía eléctrica) Humberto Martínez Brizuela (maestro de la CNTE desde hace muchos años) y Edgard Sánchez quien leyó el siguiente pronunciamiento :
A unos días que el proceso electoral actual concluya con las votaciones del 7 de junio, la OPT reafirma con mayor convicción la posición que en diversos momentos e instancias de la organización, hemos tomado oponiéndonos a participar en cualquier forma en este proceso electoral de junio del 2015.
A punto de concluir el espectáculo patético que las campañas políticas de los partidos contendientes en este proceso han exhibido, estamos más convencidos que una organización partidaria de la clase trabajadora como es la OPT no debía hacer el juego a este intento ridículo y desesperado del sistema de recuperar una credibilidad perdida irremediablemente y que día con día, antes de las votaciones, se confirma con nuevos escándalos de corrupción, de saltos de candidatos entre partidos variados sin ninguna base política o programática, de campañas de lodo y ataques entre los contendientes pero donde generalmente todas las acusaciones son ciertas o de partidos como el Verde que sistemáticamente viola las reglas electorales, como nuevo ejemplo del mercantilismo y el predominio del dinero en la política institucional, pues simplemente paga por violar la ley.
La posición de la OPT de no participar en este proceso electoral se ha tomado a partir de varias definiciones políticas fundamentales en este periodo y no como una posición abstencionista de principio válida para todo momento y lugar.
Durante el 2013 la OPT se movilizó reclamando su reconocimiento legal como partido político todavía ante el IFE. La imposibilidad de obtener ese registro legal como partido evidenció el antidemocrático sistema de partidos que impera en la ley vigente, que desfavorece la existencia de partidos propios de la clase trabajadora, pues las condiciones y requisitos a cubrir requieren de una cantidad extraordinaria de recursos que solamente partidos sostenidos por fuerzas burguesas pueden sufragar, más aún cuando la ley explícitamente se opone a la existencia de partidos impulsados por fuerzas sindicales, es decir de los trabajadores. Este sistema de partidos dominado por la hegemonía del dinero, aunque después ellos mismos se escandalicen de los permanentes casos de corrupción, confirmó también la premisa con la que surgió la OPT: ninguno de los partidos existentes en el terreno institucional nos representa. Ninguno de los partidos existentes defiende y se compromete con los intereses del pueblo trabajador, sino cuando mucho con una idea abstracta de la ciudadanía, del pueblo, de los mexicanos, pero eludiendo reconocer que la existencia de clases sociales en nuestra sociedad marca también los intereses a los que responden cada partido.
En segundo lugar, la OPT, junto con muchas fuerzas sindicales y de movimientos sociales, se opuso y denunció el carácter del llamado Pacto por México, suscrito en diciembre del 2012 por la mayoría de los partidos pero relevantemente por el PRI, PAN y PRD por medio del cual se reconoció a Peña Nieto como Presidente y al mismo tiempo esos partidos se comprometieron con las llamadas reformas estructurales impulsadas por Peña. De esta manera en 2013 y 2014, Peña logró imponer las reformas neoliberales más reaccionarias y graves desde la llegada de Salinas pues prácticamente desmontaron todos los aspectos nacionales de la Constitución heredada desde 1917. La reforma laboral, la educativa, la fiscal y como la corona de esa reacción, la reforma energética que privatiza recursos petroleros, electricidad, minería, gas, fueron aprobadas en el Congreso de la Unión por los partidos del Pacto por México.
En medio de la lucha y resistencia contra las reformas neoliberales, desde julio de 2014, la OPT planteó una definición que fue ratificada por el Congreso Nacional de la OPT: no hacemos acuerdo electoral con ninguno de los partidos del Pacto por México, ni apoyamos a partido ni a candidatura alguna ni aceptamos candidaturas de esos partidos que claramente se colocaron del lado de la barricada de la oligarquía neoliberal y las fuerzas imperialistas, especialmente yanquis, a las que sirve el régimen de Peña Nieto. Nos oponemos a instituciones político electorales y al Congreso que ilegítimamente modificaron aspectos centrales y sustanciales de la Constitución que juraron defender.
Esta definición de la OPT se vio confirmada con acontecimientos más graves. Una nueva situación política se abrió después de septiembre de 2014 cuando en Iguala son atacados los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, asesinados seis de ellos y desaparecidos 43.
El movimiento solidario con Ayotzinapa detonó una crisis política de falta de legitimidad del régimen, especialmente de sus instituciones político electorales y del sistema de justicia, cuando rechazó las falsas explicaciones oficiales de lo ocurrido en Iguala. La supuesta «verdad histórica» fue evidenciada por Ayotzinapa como la gran farsa y mentira histórica. La explicación oficial quiso reducir el crimen de Estado a un caso local, de un presidente municipal corrupto y ligado al narcotráfico y que por medio de sicarios a su servicio habría incinerado a los 43 desaparecidos hasta hacer imposible demostrar científicamente esta afirmación pues habrían sido reducidos a cenizas arrojadas al río. La respuesta del movimiento fue creciendo del grito de «Vivos los llevaron, vivos los queremos» hasta «Fue el Estado», acompañado del señalamiento concreto de la participación del ejército en la desaparición de los 43, como en los años 70s en que eran encerrados en campos militares, hasta la conclusión política de «Fuera Peña Nieto».
Aunque Peña y otros voceros gubernamentales piden, al mismo tiempo que amenazan, superar «ya el trauma», cerrar este capítulo y seguir adelante, la crisis del régimen, su falta de legitimidad y credibilidad se mantiene y agudiza en medio de recurrentes escándalos de corrupción. Los amagos de represión y provocaciones tampoco han podido desbaratar al movimiento. En estas condiciones el elemento central con que cuenta ahora el régimen para intentar re estabilizar la situación política y recuperar legitimidad, es el proceso electoral que lleva a las votaciones del 7 de junio. La aspiración del régimen es convencer y canalizar el descontento social y la protesta hacia el terreno institucional. Que la gente exprese ese descontento votando por cualquiera de los partidos, incluso a los que dicen oponerse al PRI, pero descarrilando la protesta de la movilización en las calles que reclama la presentación con vida de los 43 y que señala al régimen de Peña como el responsable, para que en vez de eso, la gente vaya a los mítines de promoción electoral y a las urnas el 7 de junio. Si logran canalizar hacia allá a la mayoría del movimiento incluso el riesgo de represión masiva se aumenta, al contrario de los que piensan que la participación electoral es la mejor protección ante la represión.
Las campañas electorales sirven, objetivamente, incluso de los que se dicen de oposición, al intento del régimen de re estabilizar la situación política, cerrar la crisis y dotarle de nueva legitimidad a las instituciones decadentes y corruptas que el movimiento ya ha denostado y cuestionado. Por eso, la OPT junto con otros sectores del movimiento social y del movimiento solidario de Ayotzinapa decide no participar en el proceso electoral que lleva al 7 de junio. No iremos a las urnas y no participaremos de ninguna forma. Algunos compañeros sugieren ir a anular el voto, romper la boleta o escribir 43 en la misma. Es mejor no asistir y hacer el vacío a las votaciones todas, pues quien se presenten a anular el voto también son contabilizados como partícipes del proceso. Compañeros en el estado de Guerrero, en Oaxaca y otros lugares proponen boicotear las elecciones al grado de impedirlas. Nos solidarizamos con estas expresiones del repudio al proceso electoral «normalizador» y conscientes de que no hay condiciones en el resto del país para un boicot con esas dimensiones, en similar actitud proponemos no asistir a las urnas, no votar de ninguna manera, hacerle el vació al proceso y donde sea posible, a diferencia de la abstención pasiva y apolítica, expresarse y movilizarse para realizar una abstención activa y cuestionadora del proceso.
El rechazo al sistema político electoral actual, a sus instituciones y partidos se expresará seguramente con una abstención en la urnas de proporciones históricas. Dicen que abstenerse de votar favorece al PRI, que de todos modos gana fraudulentamente contra la oposición ahora reconocida y sabe que, como en diciembre del 2012, cuenta con el colaboracionismo de partidos como los del Pacto por México para llevar adelante el proyecto neoliberal. No hay opción propia del pueblo trabajador de todos modos. Y los electos así el 7 de junio agregarán más ilegitimidad a las instituciones del régimen político de modo que no recuperara credibilidad o legitimidad. La crisis del régimen político continuará, no concluirá el 7 de junio y seguramente se prolongará hasta poder sustituirlas por otras en el marco de un nuevo proceso de asamblea constituyente que deje atrás a las corruptas y decadentes instituciones actuales que sostienen a la burguesía oligárquica y neoliberal.
El 8 de junio, es decir después de las elecciones, no solamente la crisis del sistema continuará, sino también las luchas y resistencias que se dan por todo el país, como comprobamos hace días con la Caravana por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Se requiere ahora mayor coordinación en la lucha pero también de una perspectiva política de poder que se forje además con independencia de todos los partidos del sistema.
Por la demostración que este proceso ha ofrecido del carácter y subordinación a las instituciones actuales de todos los partidos reconocidos, el esfuerzo iniciado por la OPT desde 2011, merece y urge continuarse y profundizarse: dotar a la clase trabajadora, al pueblo en lucha y todos los movimientos en resistencia contra la política depredadora del neoliberalismo una organización político partidaria propia del pueblo y los trabajadores. Ese es el esfuerzo que hacemos con la OPT.
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