El poder del trabajo y el golpe de estado de 1976

Gramsci

Presentación

En los últimos 30 años se han escrito en la Argentina una serie de trabajos que tienden a explicar la recuperación de la hegemonía por parte de la burguesía -entendiendo su pérdida en el sentido gramsciano de crisis de autoridad o crisis del Estado en su conjunto-, a partir de la política desarrollada por la dictadura militar instaurada en 1976. Son ejemplos de ello Juan Villarreal (1984), Perry Anderson (1987) y Juan Manuel Abal Medina (1995), entre otros. Estos enfoques tienen la característica común de profundizar el análisis acerca del significado del Proceso abierto por los militares en el ’76 más allá de sus manifestaciones represivas y señalar su éxito al cerrar la crisis de hegemonía abierta en el ’55 con la caída del peronismo y sentar las bases económicas y sociales para la dominación de nuevas fracciones del capital que por primera vez ocupan conjuntamente el centro del proceso de acumulación y sintetizan un proyecto orgánico común: los Grupos Económicos de capital nacional, las Empresas Transnacionales (Azpiasu, Basualdo, Khavisse, 1995) y el capital financiero.

Además superan otros análisis que tienden a explicar la crisis del gobierno peronista a partir de concepciones autoritarias dominantes en el interior del partido gobernante que modificaron las reglas de funcionamiento institucional (Itzcovitz), o bien, por el pretorianismo propio de la sociedad argentina (O’Donnell).

Por mi parte pretendo poner el acento en el rol jugado por el poder del trabajo en el período previo a la irrupción militar.

Del «vandorismo» a la crisis de los sindicatos peronistas

Derrotadas las grandes huelgas de 1959, la burguesía argentina había logrado doblegar al movimiento obrero que se expresaba a través de los delegados y las Comisiones Internas que controlaban en las fábricas el número de hombres por tarea, los ritmos, el control de calidad, los turnos, etc.

El debilitamiento de la organización de base de los trabajadores benefició a las conducciones sindicales en el control de sus afiliados. El «vandorismo» fue la expresión de esta nueva situación. En general estaba dispuesto a aceptar la eliminación en los convenios laborales de las cláusulas que hacían al control de las condiciones de trabajo a cambio de aumentos salariales y la administración de una extensa gama de servicios sociales. Durante el gobierno autoritario del general Onganía, que suspendió las negociaciones de los convenios, se ve privado de aplicar esta política.

El gobierno del general Onganía (1966-70) desarrolla una política económica favorable a los grandes capitales industriales y financieros en detrimento de la pequeña y mediana empresa y de algunas economías regionales, propietarios rurales y trabajadores.

Esta situación se combinó con el congelamiento del sistema político abriendo una profunda grieta entre la sociedad civil y el poder. Mientras duró el repliegue político y social contó con un importante margen de maniobra para imponer su plan, pero hacia mediados de 1969, en Córdoba, se combinaron el descontento gremial y las tensiones de la sociedad civil en una ola de desobediencia social generalizada.

La actividad sindical que había tenido por escenario los despachos oficiales y las gerencias de las empresas, desciende a las fábricas y se vuelca a las calles.

Irrumpe un sindicalismo combativo a nivel de fábrica y en el interior del país que a partir de mediados del ’72 se extiende al cordón industrial del Gran Buenos Aires -hasta ese momento más controlado por los aparatos sindicales- y no detiene su accionar hasta marzo del ’76.

Los dirigentes de los sindicatos se vieron reiteradamente desbordados. La crisis de representación sindical, el surgimiento de nuevos delegados y el rol jugado por las asambleas de fábrica constituyen elementos claves para comprender la relevancia del poder del trabajo en el período.

La unidad obrero-estudiantil

Los sucesos de Córdoba fueron precedidos por una serie de levantamientos que tuvieron como protagonista central al movimiento estudiantil universitario que había sufrido un violento ataque de Onganía desde su subida al poder. Prácticamente, la Universidad fue el único sector que protestó desde el principio. No por casualidad la primera víctima que se cobró la dictadura a dos meses del golpe fue el estudiante Santiago Pampillón durante una manifestación en la ciudad de Córdoba.

En mayo del ’69 se desarrolla en la ciudad de Corrientes una movilización contra el aumento del ticket en el comedor universitario que fue reprimida violentamente por la policía dando muerte al estudiante Cabral.

El 16 de mayo la CGT regional decreta el paro y se convoca a una manifestación -la de mayor envergadura en la historia de la ciudad-, a la que asisten más de 12.000 personas.

A partir de ese momento se suceden en el ámbito universitario de todo el país asambleas, actos relámpagos y discusiones públicas que llegan a su clímax en la Universidad de Rosario donde es asesinado el estudiante de Ciencias Económicas Adolfo Bello.

El 21 de mayo estudiantes universitarios, secundarios y obreros marchan en homenaje a Bello y Cabral hasta el centro de la ciudad de Rosario y se traban en lucha abierta contra la policía que va a ser desbordada. El obrero y estudiante secundario de 15 años, Luis Norberto Blanco, muere a causa de la represión. El día 23 la CGT regional lanza un paro general.

La movilización estudiantil por sí misma difícilmente hubiera podido variar la situación si no hubiera entrado en escena el movimiento obrero. Esta tendencia se expresará claramente en el Cordobazo donde a diferencia de los sucesos anteriores, el movimiento obrero pasa a ocupar el centro de la escena.

El Cordobazo fue una explosión de repudio popular al régimen autoritario, una protesta política. Cerca de 30.000 personas combatieron el 29 de mayo de 1969 contra la policía y la gendarmería contando con el apoyo de toda la población. Por primera vez desde la Semana Trágica, la policía fue puesta en retirada por las fuerzas populares.

Meses después, en setiembre, los ferroviarios rosarinos se levantan contra las sanciones que pretenden aplicarse contra los huelguistas que cumplieron el paro general del 1° de julio. El gobierno moviliza militarmente a los huelguistas, sin poder evitar que entre el 16 y el 22 de setiembre se combata en las calles y las barricadas cubran Rosario (2º Rosariazo).

En otros puntos del país se producen movilizaciones obreras significativas. En febrero, Onganía debe postergar su visita a la represa hidroeléctrica de El Chocón (Neuquén) ocupada durante cuatro meses. Para quebrarla interviene la Gendarmería.

Una de las victorias más importantes de la nueva vanguardia clasista fue la de Banco Nación con 6.000 trabajadores. También comienza un reanimamiento en textiles y metalúrgicos (Tamet).

En 1971 la CGT de Córdoba desencadenó 12 paros con manifestaciones callejeras, ocupaciones de plantas y toma de rehenes entre los gerentes.

El 12 de marzo (tercer paro activo del año), se producen choques en Ferreyra entre trabajadores de Concord y Materfer y la policía. Este conflicto, conocido como el Ferreyrazo, precedió el paro general del día 15. Ese día como parte del plan de lucha acordado con la CGT local, miles de trabajadores de la Fiat abandonan las plantas y marchan al centro de la ciudad para participar en un acto en la plaza Vélez Sársfield. El secretariado de la CGT no se hace presente y los sindicatos clasistas se hacen cargo de la dirección reeditando un nuevo Cordobazo que se conocerá con el nombre de Viborazo.

El gobierno dispone la intervención del Sitrac-Sitram y detiene a sus dirigentes.

El 18 la CGT cordobesa declara un nuevo paro general. El 23 de marzo de 1971 el general Lanusse asume el gobierno, deja sin efecto la proscripción de los partidos políticos y promete la realización de elecciones convocando al Gran Acuerdo Nacional (GAN), comprometiendo a todos los sectores burgueses -incluido el peronismo- a aceptar las reglas del juego democrático, a través del tradicional juego parlamentario, y sin exponer la estabilidad del régimen.

El ascenso de masas y concretamente el segundo Cordobazo, es el factor determinante que obliga a los militares a plantearse la utilización de este recurso.

El Viborazo contiene significativas diferencias respecto de los levantamientos vividos casi dos años antes por su carácter predominantemente obrero, la presencia visible de la izquierda y los discursos anticapitalistas de los líderes obreros.

Por primera vez la izquierda revolucionaria tiene peso gremial en Córdoba en Sitrac-Sitram, Smata, SEP (empleados públicos provinciales), municipales, calzado y otros gremios menores.

El clasismo

La rebelión de los obreros de Fiat se estaba transformando en un movimiento político disidente que alentaba otros movimientos antiburocráticos más allá de los límites cordobeses.

El clasismo convoca el 28 y 29 de agosto a una Reunión Nacional de Sindicatos Combativos, Agrupaciones Clasistas y Obreros Revolucionarios. Estaban presentes los sindicatos farmacéutico y gráfico, la CGT de Corrientes, la Comisión Interna de Textil Escalada, los trabajadores ferroviarios de Tafí Viejo, representantes de 14 comisiones internas bonaerenses encabezadas por el Banco Nación y dirigentes despedidos de Chrysler y Petroquímica. Los delegados de la Intersindical de San Lorenzo (cinturón industrial del Paraná) fueron detenidos y no pudieron participar.

Adopta una serie de importantes resoluciones, entre ellas, luchar por una dirección independiente para la clase obrera que destierre definitivamente a burócratas y reformistas. Denuncia al GAN, la Hora del Pueblo -acuerdo político del peronismo, el radicalismo y partidos políticos menores para presionar por elecciones- y al Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA) -liderado por el Partido Comunista-, como las falsas opciones en que la burguesía pretende encerrar la lucha de los trabajadores. Se pronuncia por la destrucción definitiva del capitalismo y por la construcción del socialismo. Reclama la libertad de todos los condenados y procesados por razones gremiales, estudiantiles y políticas; la derogación del estado de sitio, la pena de muerte y toda legislación represiva.

El 26 de octubre tropas de Gendarmería ocuparán las fábricas de Ferreyra y el Ministerio de Trabajo cancela la personería gremial del Sitrac-Sitram impidiendo la posibilidad de consolidación de este esbozo de dirección de alternativa que estaba formándose.

Pese al GAN la lucha continúa

En diciembre la Policía Federal ocupa los tribunales de Buenos Aires para terminar con ocho meses de protestas. Una huelga de portuarios termina con muertos y heridos por la represión. Médicos, dentistas y fruticultores del Valle del Río Negro paran también en diciembre.

El 29 de febrero y el 1° de marzo se realiza el último paro nacional del período. Una vez más la paralización es total. En adelante la CGT ajustará su política a la sintonía de Lanusse, Perón y el resto de la patronal de canalizar el proceso de luchas hacia la salida electoral.

A principios de abril se produce en Mendoza un levantamiento popular contra el aumento de tarifas eléctricas que provoca la intervención de tropas militares y la suspensión de la medida.

La movilización se extenderá a San Juan y durará del 4 al 8 de abril. Córdoba realiza un paro activo de apoyo el 7 de abril.

En abril de 1972 la Lista Marrón, dominada por activistas marxistas y delegados de taller, triunfa en las elecciones del sindicato mecánico local que comprendía alrededor de 7.000 trabajadores de la fábrica Ika-Renault.

Meses después en General Roca (Río Negro) la población expulsó al intendente y llegó a gobernar la ciudad.

La izquierda frente a las elecciones

La influencia antiburocrática y del clasismo no se plasmó en las elecciones generales.

La posición de las organizaciones guerrilleras contribuyó para que los trabajadores permanecieran bajo la influencia política de los líderes y partidos patronales.

A partir de 1969, al calor de las luchas obreras y populares, se iniciará el desarrollo de una fuerte guerrilla urbana que reflejaba a sectores importantes de la clase media -incluso alta- golpeados por la crisis económica y el régimen autoritario de Onganía. Los elementos obreros que adherían eran escasos.

Frente al proceso electoral las principales organizaciones privilegiaron sus estrategias militaristas. Los Montoneros dirán, en setiembre del ’71, que la Hora del Pueblo era una treta de Perón, mientras el Movimiento se preparaba para emprender la guerra. En octubre, el PRT-ERP levantaría la consigna «ni golpe, ni elección: Guerra Revolucionaria». Recién en enero del ’73, se inclinarán por la abstención electoral. Mientras, los Montoneros, a través de la Juventud Peronista, se constituyen en los protagonistas centrales de la campaña electoral en apoyo de la fórmula Cámpora-Solano Lima, sostenida por Perón.

La corriente maoísta Vanguardia Comunista, influyente en el Sitrac-Sitram, levantó la consigna «ni golpe, ni elección, revolución», llamando a votar en blanco. La otra corriente maoísta de importancia, el PCR (actual PTP), cuyo principal dirigente obrero era René Salamanca, pasó del voto en blanco a votar la fórmula Perón-Perón en setiembre del ’73, para terminar apoyando al gobierno de Isabel y López Rega contra una supuesta conspiración soviética alentada por Videla y la futura junta militar.

El Partido Comunista participó de la Alianza Popular Revolucionaria junto al ex-frondicista Alende.

La única excepción la constituyó el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Esta pequeña organización trotskista, influyente en el gremio bancario y en las plantas metalúrgicas y automotrices del Gran Buenos Aires, obtuvo la personería electoral y la puso al servicio de un «Gran Acuerdo Obrero y Socialista». Llamó públicamente a elegir candidatos obreros en asambleas de fábrica, tendiendo a unificar la vanguardia surgida en las luchas del período, como la única manera de no hacer el juego a los partidos burgueses y reformistas representados en la Hora del Pueblo y el Encuentro Nacional de los Argentinos.

El peronismo en el gobierno

A principios de 1973, la escena política es dominada por el proceso electoral pero la agitación obrera no se detiene. El 25 de mayo asume el gobierno de Cámpora y pocos días después la central obrera, los empresarios (CGE) y el Gobierno con el posterior aval del Congreso, firman el Pacto Social que congela las negociaciones salariales por 2 años.

Durante el breve mandato de Cámpora fueron numerosas las ocupaciones de ministerios y dependencias públicas. De junio a octubre, el panorama va a ser dominado por los conflictos centrados en las empresas privadas.

Se presenció una intensificación de la lucha de clases a nivel de fábrica en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires. Los temas dominantes fueron las condiciones de seguridad e higiene del trabajo, salarios atrasados, reclasificación de tareas, contra el incremento de los ritmos de producción, por la reincorporación de los despedidos durante la dictadura y frecuentemente desembocan en la elección de nuevos delegados.

En cuanto a los métodos se caracterizan por la ocupación de las plantas (Terrabusi, Molinos, Astarsa, Acindar) y el rol jugado por la asamblea de fábrica que actúa como la representación de los trabajadores encargada de formular las demandas y adoptar las medidas de fuerza hasta tanto se renueven las Comisiones Internas.

El 12 de octubre, Juan Domingo Perón, jura como nuevo Presidente y su primera medida es reafirmar el Pacto Social. En noviembre promueve la Reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales. Según esta ley no podía existir más de un sindicato por rama de actividad, ilegaliza los sindicatos de empresa, posibilita la intervención de las filiales, los sindicatos pueden poner fin al mandato de los delegados de fábrica y amplía el mandato de las jerarquías sindicales de 2 a 4 años.

Sin embargo, hacia fines de año los mineros de Aguilar y Sierra Grande, Gráficos, Tabacaleros y Transportes de Córdoba, concretan medidas de fuerza en procura de mejoras salariales. Ya a principios de 1974 se produce la ocupación de Molinos Río de la Plata, el paro de papeleros de la Matanza, la toma de textil Bossi y se extiende una larga lista de conflictos.

El Congreso legisla la Ley de Conciliación Obligatoria que ahora podría aplicarse a todo tipo de conflicto y se reglamenta la Ley de Prescindibilidad para los empleados de la Administración Nacional.

Estas medidas legales e institucionales tienen por objetivo poner fin a la agitación obrera dotando a las autoridades políticas y sindicales de mecanismos de coerción legal, a pesar de lo cual, entre marzo y junio de 1974 se registró el promedio mensual de conflictos más alto de los tres años de gobierno peronista.

A diferencia de los anteriores, la causa principal fueron las demandas salariales. A medida que el cuestionamiento al congelamiento salarial del Pacto Social era más importante en el plano de las reivindicaciones obreras, tanto mayor la manifiesta incapacidad de las jerarquías sindicales y el peronismo para controlar a los sindicalistas disidentes y las movilizaciones de las bases.

En marzo de 1974 se desarrolla un importante conflicto en Acindar (Villa Constitución) por las condiciones de trabajo. La patronal despide a los delegados y los trabajadores toman las plantas siete días y exigen la normalización de la seccional local de la UOM. Finalmente las elecciones darán el triunfo a la lista de activistas surgidos en el conflicto.

El 1° de mayo Perón rompe públicamente con los sectores radicalizados nucleados en la JP-Montoneros, inclinando la balanza al interior del movimiento peronista a favor de la CGT-62 Organizaciones y fortaleciendo el liderazgo burocrático.

En ese mismo mes se producen una serie de huelgas por aumentos de salario al margen de la conducción cegetista como consecuencia del incremento de precios y el desabastecimiento y en abierta rebeldía contra el Pacto Social. Varios gremios logran aumentos importantes.

Perón se ve obligado a actuar personalmente para frenar las demandas obreras en la que sería su última aparición pública el 12 de junio de 1974.

El Ministerio de Trabajo suspende la personería del sindicato fideero como consecuencia de importantes conflictos en la fábrica Mattarazzo de Villa Adelina y en Bagley.

El 1° de Julio muere Perón y ese mismo mes se inicia un conflicto en docentes (Ctera) y en las plantas automotrices cordobesas. Los trabajadores ocupan las plantas de Bagley en Buenos Aires y de Molinos en el Chaco.

A fines del mes inician medidas los gráficos y nuevamente interviene el Ministerio de Trabajo y retira la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense (Ongaro) y al sindicato de periodistas de Buenos Aires (APBA), en agosto.

La descomposición del gobierno de Isabel Perón

De agosto a octubre de 1974 el gobierno, a través de José López Rega y la Triple A, se lanza a poner remedio a la extensa e incesante movilización de base convirtiendo la violencia en el método privilegiado para enfrentar la oposición sindical. En total unos 200 activistas gremiales y partidarios fueron asesinados por la Triple A y los comandos civiles fascistas antes de setiembre. Sin embargo, esta violencia no puede considerarse una respuesta a la guerrilla. La gran mayoría de los ataques fueron dirigidos contra quienes intentaban desarrollar políticamente a la izquierda mediante el aprovechamiento de métodos legales o defendían los derechos democráticos existentes 1 . Paralelamente, el Parlamento puso en manos del Ministerio de Trabajo, a través de la Ley de Seguridad, facultades casi irrestrictas para la represión de las huelgas y combatir al sindicalismo clasista estipulando penas de prisión de uno a tres años para los líderes de las huelgas declaradas ilegales.

Luego de dos meses de conflicto en Ika-Renault, Salamanca es expulsado del sindicato y la Seccional Córdoba del Smata intervenida. Sin embargo, el movimiento de delegados seguía siendo fuerte en el lugar de producción y el 6 de noviembre, los trabajadores del Smata cordobés abandonaron sus tareas para exigir el retiro de las autoridades nacionales del sindicato y el retorno de los dirigentes locales.

A comienzos de octubre la policía ocupó los locales del sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba y ordenó la captura de sus dirigentes.

En diciembre, el sindicato de los trabajadores azucareros de Tucumán (Fotia), también va a ser intervenido a raíz de una huelga.

Hacia fines de año el ambiente laboral estaba relativamente pacificado. Entre noviembre de 1974 y marzo de 1975, las huelgas cayeron en el nivel más bajo del gobierno justicialista. El ausentismo, calculado en un 20 % de la fuerza laboral, se convirtió entonces en la expresión del descontento obrero 2 .

El gobierno decidió convocar a empresarios y sindicatos a partir del 1° de marzo para comenzar a discutir los salarios y condiciones de trabajo.

Ese mes se produce un nuevo movimiento en Villa Constitución por aumento de salarios y el control de los ritmos de producción, también en protesta por negarse a reconocer la victoria de la lista opositora electa a fines de 1974. Son encarcelados más de 40 activistas gremiales y el comité ejecutivo electo. Se produce entonces una protesta popular que terminó dos meses después.

El 31 de mayo renuncia el titular del Ministerio de Economía, Gómez Morales, y es reemplazado por Celestino Rodrigo. El plan económico implementado resultó en un descalabro total. El costo de vida aumentó un 21% en junio y 35% en julio. El país fue escenario de una serie de huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas y manifestaciones que lo paralizan cerca de un mes.

En julio la CGT, en un intento por recuperar el control de la situación, convocó a un paro de 48 horas. Desbordada por la movilización obrera que exigía la renuncia de Rodrigo y López Rega, la CGT abandonó a su principal aliado en la represión al activismo sindical. En pocos días la exigencia de ratificación de los aumentos salariales que había reunido una multitud en apoyo al gobierno peronista, se transformó por primera vez en una movilización política en su contra 4 .

El remedio golpista

A pesar del triunfo que significó el alejamiento de los dos ministros cuestionados, los conflictos laborales no disminuyeron su intensidad ampliando su alcance a sectores de las clases medias. Los médicos de los hospitales y los empleados judiciales se sumaron a la protesta obrera.

En las fábricas y barrios empiezan a surgir «comisiones coordinadoras» para organizar la actividad entre obreros de distintas industrias en una zona determinada.

A principios de junio, activistas de la Fiat y del Smata de Córdoba habían constituido el más importante de estos comités de resistencia, La Mesa Provisoria de Gremios en Lucha, especie de CGT paralela local que unía a los sindicatos disidentes y dirigió las huelgas en la segunda mitad de 1975 por mejoras salariales y para exigir la liberación de la cárcel de la directiva del Smata cordobés y la anulación de la orden de detención de su secretario general. Fue el año de mayor cantidad de paros en el complejo Ika-Renault entre 1966-76 y obligó a la empresa a ignorar a los interventores del sindicato y tratar directamente con los comités de fábrica.

Las referencias del gobierno a la «subversión industrial» y a la «guerrilla industrial» -término acuñado por el titular de la UCR, Ricardo Balbín- eran frecuentes, así como la prohibición de huelgas. Es significativo que la primera acción «antisubversiva» de importancia, en noviembre, cuando el Ejército tomó en sus manos el control total de la «antiinsurgencia», se dirigiera contra los mineros de Sierra Grande que llevaban 44 días de ocupación por aumento de salarios y el derecho a elegir sus representantes sindicales 5 .

Aunque las coordinadoras se habían desintegrado en Córdoba a principios del ’76, siguieron siendo activas en las plantas del Gran Buenos Aires, sobre todo en el complejo de Ford y entre los trabajadores metalúrgicos del norte y el oeste del conurbano bonaerense.

En las primeras semanas de marzo una ola de protesta contra la política de austeridad anunciada por un nuevo ministro de Economía, Mondelli, comenzó a crecer en las fábricas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, reeditando la situación que dio origen al Rodrigazo 6 .

Empresarios y militares deciden entonces atacar frontalmente al poder del trabajo que no pudo ser destruido en los conflictos industriales ni por el peronismo en el gobierno.

El 24 de marzo, con el concurso de los poderes represivos del Estado, se iniciaba una nueva etapa: la domesticación del poder del trabajo a sangre y fuego 7.

Conclusión

La etapa abierta por el Cordobazo como presencia del poder del trabajo que amenazaba las bases de dominación de la burguesía, no fue cerrada por el gobierno peronista instalado en el ’73, ni siquiera durante el mandato de Juan Domingo Perón, pese a su indiscutible ascendiente sobre los trabajadores y sectores populares. Fue precisamente esa incapacidad del peronismo la que obligó a los militares a entrar en escena desarrollando paralelamente un plan estratégico en el terreno económico y social que perseguía el objetivo de replantear las bases de dominación de la burguesía superando lo que Juan Carlos Portantiero (1972) denominara «el empate histórico».

Si bien en el período analizado (1969-76) hay momentos en que la burguesía coyunturalmente retoma la iniciativa política institucional, no tiene éxito en detener la crisis abierta por la movilización obrera y popular en las unidades productivas.

En este sentido seguimos a John Holloway cuando señala que, a nivel mundial, a fines de los ’60 y principios del ’70 el patrón de dominación y producción comenzó a sacudirse por la pérdida de autoridad dentro de las fábricas que es la base del desarrollo capitalista (Bonefeld/Holloway, 1992) 8 .

Esta crisis sólo puede ser resuelta a través de la lucha, del restablecimiento de la autoridad, del derecho a dirigir, y de la búsqueda de nuevos patrones de dominación. La crisis era sobre todo una crisis en la relación de dominación: se habían roto los patrones establecidos de control sobre el trabajo. Era una crisis de dominación empresarial pero también de los sindicatos, porque la estructura sindical se basaba en el mantenimiento de cierto tipo de equilibrio entre el capital y el trabajo. La crisis fue un estallido de lucha abierta entre capital y trabajo. El capital no podía permitir que eso continuara: tenía que restablecer su derecho al mando, su derecho a determinar qué es posible y qué no lo es (La Rosa Roja de Nissan).

El rol central que ocupan los sindicalistas peronistas, particularmente el predominio que van a alcanzar la UOM y su líder Lorenzo Miguel en el gobierno a partir del Rodrigazo, es consecuencia directa del creciente poder de la movilización obrera y la apuesta para mantener la paz social y controlar al movimiento obrero a cambio de una mayor participación de los sindicatos en la administración del Estado.

Pero esta solución significaba para la patronal más concesiones económicas, al tiempo que no lograba reafirmar la autoridad de gerentes y empresarios en las plantas para establecer una nueva base de acumulación frente a la crisis económica y la pérdida de rentabilidad.

Paralelamente se desarrollará otro fenómeno incipiente pero más preocupante para los sectores dominantes del capital.

La apertura política hacia el peronismo y su líder luego de 17 años de proscripción y su posterior presencia en el poder introdujo un quiebre entre las luchas de fábrica y las luchas contra la política del Estado que fue característico del período que va del Cordobazo hasta comienzos del ’72. A partir de ese momento, los conflictos se desarticularon entre estos dos planos -sindical y político- bloqueando la unidad de la movilización obrera. Esta situación comienza a modificarse a partir del Rodrigazo.

A partir de las movilizaciones de junio/julio del ’75 esta situación cambió y aumentaron los conflictos fabriles en repudio a la violencia y la persecución política. El propio Rodrigazo que había comenzado como un gran movimiento reivindicativo por cuenta de las Comisiones Internas y los Cuerpos de Delegados fue superando los límites puramente gremiales y pasó a cuestionar abiertamente al gobierno peronista.

El golpe de Estado vino a poner remedio a esta situación de movilización ininterrumpida de los trabajadores a lo largo de siete años. Donde habían fracasado la Revolución Argentina, el Gran Acuerdo Nacional, el peronismo en su versión de izquierda (Cámpora), el Pacto Social, Perón, la derecha peronista con Isabel y López Rega y los sindicalistas en el gobierno, el golpe triunfó.

Pero el golpe no fue sólo eso. También fue dirigido a abortar la posibilidad de que el amplio y masivo movimiento que se expresaba en las fábricas y movilizaciones, y había desplazado del gobierno al ala más reaccionaria del peronismo, se orientara hacia una salida política independiente. De esta manera congeló la crisis del peronismo, abriendo el camino para su recuperación política en las décadas siguientes, y fundamentalmente liquidó físicamente y en la conciencia de los trabajadores y sectores populares la posibilidad histórica de que las masas peronistas confluyeron con una dirección auténticamente revolucionaria.

Notas  

1 Durante el discurso de la CGT de mediados de julio de 1974 (posterior a la muerte de Perón), el Ministro de Trabajo, el metalúrgico Otero, advirtió a sus adversarios: «Iremos a las fábricas a persuadir y si la persuasión no alcanza, a sacar a patadas a los mercenarios».

2 En febrero de 1975 se inicia el Operativo Independencia. El ejército no se limitó a combatir a la guerrilla. Produjo detenciones masivas de militantes políticos y trabajadores del gremio azucarero. «Desde el comienzo del operativo todo se centró en las ciudades de San Miguel y Concepción», recordó tiempo después el general Acdel Vilas, a cargo del mismo.

4 Martínez de Hoz diría muchos años después que el Plan Rodrigo contenía los elementos del programa que él mismo aplicaría luego con mayor gradualismo y apoyo de los militares. Después del Rodrigazo la lucha de los trabajadores por mantener el poder adquisitivo de los salarios se convertía en el eje de la pelea interna por obtener mayores cuotas en el reparto de la renta. La productividad de las empresas había caído considerablemente. Cuando Isabel retoma el mando el 17 de octubre prometió que acentuaría «la lucha sin pausa contra el terrorismo económico, socio y aliado de la subversión».

5 En la primavera de 1975, el general Emilio Jáuregui señala en la ciudad de Paraná que el enemigo no era sólo la guerrilla: «Sabemos cómo es esta guerra y la vamos a ganar en el terreno que ellos elijan; en los montes tucumanos, en las calles de nuestras ciudades, en las fábricas donde se pretende sabotear nuestra capacidad de producir y en la universidades donde se envenena a nuestra juventud con doctrinas foráneas».

6 El 4 de febrero de 1976 asume Emilio Mondelli. Ese mismo día Isabel Perón le dice a Herminio Iglesias que: «A los militares los vamos a dejar sin verso. Con el plan económico de Mondelli no van a tener nada que decir. Es el mismo que quieren aplicar ellos. Como van a ser medidas muy impopulares, les conviene que el deterioro lo suframos nosotros. Mientras tanto pasará el tiempo y llegaremos a las elecciones».

El 16 de febrero la APEGE llevó adelante un paro empresarial que tuvo una gran repercusión. Reclamaba un plan similar al de Mondelli pero sostenido por un gobierno fuerte.

7 Según Juan Carlos Marín el 80% de los muertos y heridos fueron militantes populares y obreros «no armados». La inserción ocupacional de los prisioneros desaparecidos mostraba que el 32,5% eran asalariados urbanos calificados y el 34,7% eran asalariados urbanos y rurales.

8 La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en un estudio de 1998, consigna entre el 11.3.1973 y el 24.3.1976 un total de 8.400 conflictos de acuerdo a los siguientes por día: 1973 del 11.3 al 24.5: 4,3; 1973 del 25.5 al 14.7: 5,2; 1973 del 15.7 al 11.10 (Presidencia Lastiri): 5,5; Perón: 7,6; Isabel-López Rega: 7,7; Isabel: 9,4. Citado por Izaguirre, Inés y Aristizábal, Zulema en Las luchas obreras 1973-6, Buenos Aires, Mayo 2000.

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