Inflación, tarifazos, aumento de la pobreza e indigencia. Paro en Tierra del Fuego. Paro nacional docente. Continúa el conflicto en varias provincias. Paro en bancarios y Unilever Pilar. Movilización telefónica en solidaridad con Nextel. Ruidazo en Clarín. Lucha contra los despidos en los ministerios de Trabajo y Economía. Paro por despidos en la Secretaría de […]
Inflación, tarifazos, aumento de la pobreza e indigencia. Paro en Tierra del Fuego. Paro nacional docente. Continúa el conflicto en varias provincias. Paro en bancarios y Unilever Pilar. Movilización telefónica en solidaridad con Nextel. Ruidazo en Clarín. Lucha contra los despidos en los ministerios de Trabajo y Economía. Paro por despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar. Cierre de Mina Pirquitas (Jujuy) y Aerolíneas Sol (Rosario). Invierten U$S 500 millones en Fiat y suspenden trabajadores.
Alentado por la votación favorable de la Ley Buitre con el apoyo imprescindible y mayoritario del bloque peronista de senadores, el gobierno macrista avanzó con su plan de despidos y los tarifazos en servicios y transporte. A lo cual se suma una inflación estimada para el primer semestre del 25%.
En febrero en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,7%, pero la canasta básica subió 4,08%. Fue el más alto en 2 años, por el impacto de las tarifas de la luz (324% promedio). En el mismo mes de 2015 había sido de 1,22%, recordó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las ventas minoristas cayeron 4,5% en el mismo mes.
Para la CGT Moyano la inflación fue superior (4,45%), los precios acumulan en un año un 35,14% de aumento y la Canasta Básica Total pasó a costar $ 11.260 para una familia tipo (matrimonio con dos hijos). En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que establece el límite de indigencia, quedó en $ 4.917. Para marzo la central calculó 4,83 %, por lo cual la interanual fue del 37,87%.
A tarifazo limpio
Durante el último día hábil de marzo, el gobierno hizo pública su decisión de aplicar un shock tarifario que comprende al gas, el agua potable, el transporte público, la telefonía y los combustibles.
El Ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que las medidas «buscan empezar a tratar de reflejar en la tarifa -y no de forma completa- el costo de generación eléctrica y el costo de producción de gas en la Argentina», tras años de retraso que «impidieron la realización de inversiones necesarias para la prestación de servicios adecuados».
Las tarifas de colectivos y trenes del Area Metropolitana de la CABA pasaron a costar $ 6 a partir del viernes, en el caso de los primeros, y entre 2 y 4 pesos los trenes. Además, desde fines de mayo próximo, la tarifa de subterráneo pasará a costar $ 7,50 contra los $ 4,50 actuales. Avalando el tarifazo, el ministro Guillermo Dietrich fue acompañado por el titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, que había obtenido un aumento salarial del 29% en cuotas para doce meses.
A no sorprenderse. El periodista Jorge Duarte publicó en el sitio Infogremiales que «la intranquilidad recorre los despachos de varios dirigentes sindicales del país. Es que la Caja de Pandora abierta por los Panamá Papers, y sus insospechados derivados, puede arrastrar a varios a un lugar incómodo y difícil de explicar. La posesión de corporaciones en el exterior» como son los casos (por ahora) de Omar Maturano (La Fraternidad), «Momo» Venegas (trabajadores rurales) y Guillermo Pereyra (petroleros) señalados por su participación como directores en corporaciones estadounidenses.
Durante la misma jornada se confirmó que el servicio de agua potable y cloaca registraría un ajuste de hasta 375% pero luego, haciendo lugar a un reclamo de consumidores, el alza promedio será de 295%.
A estos incrementos se suman los que se registrarán en el abono de telefonía fija. La medida, que entrará en vigencia en dos meses, contempla subas superiores al 100%.
Dados a conocer estos anuncios, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, anunció que no habrá más subas por este año (sic). Sin embargo, la edición dominical de Clarín consigna que para las petroleras, el precio de la nafta subirá 30% en el año, ya que en agosto aplicarán otro incremento del 6% y hacia fin de año avanzarán en otra «recomposición».
Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que no toma en cuenta los aumentos anunciados la semana pasada, afirma que tan solo en 3 meses los pobres crecieron en 1.400.000 personas y los indigentes en 350.000. Estimó en 34,5% el índice de pobreza en marzo, lo que equivale a 13.000.000 en todo el país.
Aclaran que «estas proyecciones no toman en cuenta las pérdidas de empleo ocurridas en el marco de una economía inflacionaria y afectada por ajustes macroeconómicos, ni los recientes anuncios de incremento en materia de transporte y servicios domiciliarios», por lo tanto, «cabe suponer que las proyecciones presentadas pueden estar subestimando las tasas de indigencia y de pobreza urbana, representando las mismas apenas el piso de la eventual situación actual».
El informe subrayó que «existe un fuerte empeoramiento en las condiciones de indigencia y de pobreza, durante el primer trimestre de 2016″ y precisó que la tasa de indigencia habría pasado de 5,3% a fines de 2015 a 6,9% en marzo de este año».
Así en tres meses la indigencia creció 16,27% y la pobreza 12%, de acuerdo con la medición de la UCA, que toma información de los índices de precios al consumidor que elabora la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de San Luis y datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Paro en Tierra del Fuego
Hoy, 11 de abril, la Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego realiza un paro total de actividades con una movilización que partirá desde el acampe, frente a Casa de Gobierno, hasta el Juzgado Electoral. La medida de fuerza se llevará a cabo en el marco del plan de lucha que cuenta con más de cuarenta días de persistencia, «pese a la sumatoria de trabas utilizadas por el gobierno y la clase política para impedir la organización de los trabajadores». Los veinticinco gremios en unidad encararon desde el primer día, medidas de fuerza por tiempo indeterminado, «hasta que se deroguen las leyes ajustadoras».
La convocatoria, entregará a la Justicia y a la Legislatura las más de 16.000 firmas de Iniciativa Popular que busca que la Cámara evalúe en sesión la derogación de las leyes 1068, 1069, 1070, 1071, 1074, 1075, 1076 y además, «crear una Comisión para discutir y generar normas para el bien común que atiendan las necesidades del Sistema de Seguridad Social».
El 31 de marzo se había logrado obtener la aprobación del Proyecto de Ley, mediante la iniciativa popular, de la derogación de todas las leyes mencionadas. Al mismo tiempo que la Unión de Gremios lograba arrancarles una mesa de diálogo a los legisladores de la oposición, radicales y del MPF, a los cuales se sumó un legislador «arrepentido» del FpV. Sin embargo, cinco días después, el juzgado que anteriormente había dado curso a la iniciativa popular decidió declarar «sustancialmente inadmisible» el proyecto. El mismo día martes se desarrolló la mesa de diálogo donde hubo legisladores que pidieron el levantamiento del paro y el acampe. Asimismo, dejaron sentada la postura de que la derogación y/o suspensión del paquete de leyes no estaban en consideración.
La actual gobernadora, Rossana Bertone, del Frente para la Victoria, junto con la Legislatura de Tierra del Fuego, aprobaron, a partir de los primeros días de enero, un paquete de leyes que encierra un cercenamiento a los derechos sociales y laborales como el aumento de la edad jubilatoria, el descuento salarial a los estatales activos, jubilados y a los pensionados por discapacidad. También los despidos y los recientes tarifazos, que afectan en el resto del país. Se le suma la sanción de un nuevo Código Fiscal y la creación de la Agencia de Recaudación, que tiene amplios poderes para recaudar, incluso superiores a los de los jueces en materia tributaria.
Paro docente y otros
La CTERA se vio obligada a convocar un paro nacional, que se esforzó por evitar al comienzo del ciclo lectivo, el pasado 4 de abril, presionada por las grandes luchas de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Mendoza.
La huelga fue masiva en la provincia Buenos Aires, expresando un claro cambio de humor de la docencia bonaerense respecto del Gobierno de Vidal, que a último momento arrastró también a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).
En Mendoza la jornada estuvo precedida por un plenario conjunto de delegados de Sute (docentes) y ATE (estatales) del que participaron más de 700 compañeros.
Es el cuarto paro de maestros provincial y marca la tenacidad para enfrentar el repudiado ítem aula y el decretazo que cerró las paritarias. Mendoza amaneció con las escuelas vacías y hospitales paralizados, los trolebuses y el Metrotranvía no circularon. En la Universidad Nacional de Cuyo el paro se sintió fuerte y en las escuelas privadas el acatamiento fue importante. Judiciales realizó asambleas, al igual que Ampross (profesionales de salud). Aunque las delegaciones cegetistas se vieron obligadas a participar del plenario de delegados mencionado, con pequeñas delegaciones que se comprometieron a parar, finalmente no lo hicieron.
En Santiago del Estero, la jornada estuvo precedida por una inmensa movilización provincial el 2 de abril, de la que participaron cerca de 20.000 personas, en Termas de Río Hondo, aprovechando la realización del premio internacional de motociclismo, Moto GP. El operativo represivo no pudo impedir la gigantesca movilización. Docentes de todas las localidades llegaron a Termas de Río Hondo, viajando en tren, autos particulares, micros de línea y hasta a dedo. La marcha conmovió a la ciudad, que se encontraba repleta de turistas.
El apoyo popular fue abrumador, la nota discordante la dio el secretario general de la CGT local y el secretario general de Sadop (docentes privados) que repudiaron el paro en conferencia de prensa.
El 6 de abril pararon por 24 horas a nivel provincial los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires por la reincorporación de siete despedidos en enero y contra el plan de ajuste que la gobernación de Vidal trata de imponer en el banco. Para el jueves de esta semana ha sido convocado un paro nacional bancario por la paritaria. Además, el acampe en el BCRA contra los despidos está próximo a cumplir dos meses.
También los trabajadores de Unilever Pilar iniciaron medidas de fuerza escalonadas, comenzando con paros de dos horas por turno. La adhesión es total.
Durante 2014, los trabajadores de Knorr conquistaron el «sábado a la tarde en casa», este año el reclamo junto a la planta de Hellmann’s es que los domingos a la noche no se trabaje, sin afectar el salario.
El segundo reclamo es una suma puente hasta paritarias de $ 5.000 por mes, como compensación por la inflación de precios. La empresa ofrece una suma de $ 4.000 para marzo y abril, pero atada a una cláusula de paz social.
El tercer reclamo es que la empresa absorba el Impuesto a las Ganancias y el último es la incorporación de un servicio de chárter para el personal de zona oeste, que morigere el tarifazo de peajes y combustible.
El jueves pasado enfrentaron un intento de desalojo del bloqueo de los portones, que se realizaba desde el día anterior. El sorpresivo y «dudosamente legal» despliegue policial incluyó carros, grúas, 4 patrulleros y personal de Infantería que ingresó al predio de la empresa, comandado personalmente por el Gerente de Recursos Humanos de Unilever Pilar, Lucas Flores.
La represión fue derrotada por la masiva reacción de los trabajadores de Hellmann´s y Knorr, que abandonando sus puestos de trabajo conformaron un cordón de 200 trabajadores que se plantó con la determinación de pelear. Los directivos de la empresa, al ver que no se trataría de un «trámite» sino de un enfrentamiento a gran escala, tomaron la determinación de echar para atrás su decisión.
En la última semana de marzo se produjeron alrededor de 40 despidos en la empresa de telecomunicaciones Nextel, que se suman a otros que se venían dando desde el año pasado en áreas de cobranzas, crédito, venta, etc., a partir de la compra en setiembre por Cablevisión/Clarín.
El objetivo de estos despidos es avanzar en el vaciamiento de Nextel a nivel nacional, cerrando sucursales y edificios y reduciendo la empresa a la que los usuarios denuncian por mal funcionamiento, que se debe a la falta de inversiones en equipos y terminales.
Ante los despidos, los delegados y trabajadores de Nextel impulsaron en la mayoría de los edificios asambleas permanentes. Esta medida fue levantada cuando el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria a cumplir desde el 1º de abril. Pero la patronal no la acató, impidiendo el ingreso de los despedidos, reforzando la seguridad policial en la puerta de los edificios y colocando un enorme vallado en la sede de Paseo Colón.
En respuesta, miles de trabajadores y trabajadoras de las empresas Telefónica, Telecom, Nextel, Movistar y Personal iniciaron el jueves pasado una manifestación en la Plaza de Mayo para repudiar los despidos como parte del plan de acción iniciado por el sindicato Foetra Buenos Aires.
El miércoles 30 de marzo los trabajadores de AGEA-Clarín decidieron hacer «un ruidazo que comenzó en la redacción, recorrió todos los pisos y llegó al subsuelo del diario», señala un comunicado.
Los trabajadores de prensa de Clarín junto a sus delegados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) reclaman: un bono por única vez de 6.000 pesos, en compensación por la inflación, un aumento del 20% a cuenta de la paritaria 2016, contra las promesas de aumentos en sueldos muy bajos y medios y efectivizaciones y recategorizaciones incumplidas, entre otros.
Por otra parte, la asamblea «votó de forma unánime declarar el estado de alerta por la situación de los compañeros que ya no serán parte de Muy y a los que la empresa se comprometió a reubicar respetando funciones y consensuando los nuevos francos y horarios.»
En el marco del paro judicial bonaerense de 48 horas el miércoles y jueves pasados, el último día marcharon al Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires más de 2.000 trabajadores y trabajadoras judiciales, muchxs vinieron a La Plata desde diferentes puntos de la provincia como Bahía Blanca, Quilmes, Lomas de Zamora o Necochea, entre otros. El principal reclamo fue por el salario. También por las condiciones de trabajo, contra la precarización y tercerización y por la licencia por violencia de género, entre otros puntos.
Luego de una jornada unitaria de lucha por un 40%de aumento en sus salarios y más puestos de trabajo, el viernes, más de 400 representantes y delegados del Polo Obrero, Barrios de Pie, FPDS, Agtcap, PeM, FOL, MST y otros, reunidos en el salón de actos de la sede de ATE Capital, votaron la continuidad del plan de lucha.
Previamente en Parque Lezama cientos de delegados de cooperativas y de desocupados, representantes de más de 15.000 trabajadores que se movilizaron el pasado 16 de marzo al Ministerio de Desarrollo Social habían deliberado en un plenario conjunto.
El dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo que «en el plenario se reflejaron situaciones dramáticas, que muestran la crisis social que hunde en la miseria a millones de trabajadores con cada nuevo aumento. Por eso votamos un corte y marcha, a pata y pulmón, desde Liniers a los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social por trabajo genuino, aumento y contra los tarifazos y despidos para el próximo 19 de abril. Y levantamos el reclamo de un paro nacional contra el ajuste de Macri y los gobernadores vaciadores, pagadores seriales de deuda externa y evasores de impuestos, que nos quieren cobrar la factura de la crisis a los trabajadores.»
Estatales
También la conducción nacional de ATE convocó a un paro nacional para el 19 de abril contra los despidos y el ajuste macrista. Mientras, en las dependencias pelean todos los días y sin tregua contra los despidos.
Dos buenos ejemplos son los trabajadores de los ministerios de Trabajo y Economía. En Trabajo con asambleas que superan los 1.000 trabajadores, las más grandes en la historia del organismo, y que incluso llevaron a la burocracia de UPCN a adaptarse a la situación y participar.
Hasta el momento los funcionarios han dicho que están dispuestos a reincorporar a las embarazadas, a los discapacitados y los veteranos de Malvinas, lo que representa una ínfima parte del universo de los despedidos.
El 6 de abril el paro nacional fue total, consiguiendo impedir el funcionamiento del ministerio por quinto día consecutivo. El paro es garantizado con retención de tareas e ingresos masivos colectivos de los trabajadores, no obstante la presencia policial y de seguridad interna.
En el acto convocado ese día hablaron representantes de todas las corrientes político-sindicales que tienen peso en ATE. Habló Julio Fuentes, secretario general adjunto de ATE nacional y miembro de la Lista Verde, Manuel Sueiro, secretario general adjunto de ATE Capital y miembro de la Lista Verde y Blanca, dirigentes de distintos sectores de la Junta Interna y de diversos sectores de izquierda.
Cerró el acto «el vasco» Hernán Izurieta, delegado general de ATE Trabajo, en medio de grandes aclamaciones y cánticos de unidad. En sus palabras remarcó que, siguiendo los mandatos de asamblea, en ningún caso se negociará la permanencia o reincorporación de algunos trabajadores a cambio de entregar a otros, que en ningún caso se elegirá proteger a unos pocos trabajadores por su afiliación gremial o por su adscripción política. La lucha, dijo, es «por todos adentro», «ningún despido». De esta manera algunos cánticos encontrados entre sectores kirchneristas y verdes, dejaron lugar a un unánime canto por «unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode».
Al finalizar el acto se realizó una asamblea general de los trabajadores del ministerio, incluyendo sedes del Gran Buenos Aires, en la cual se resolvió seguir la semana pasada con asambleas por sector, culminando el viernes con un ruidazo y asamblea general para definir la continuidad de las medidas de fuerza. Se votó asistir a la conferencia de prensa en ATE Economía, acompañando las protestas decididas para el viernes en ese ministerio.
También se votó exigir que las seccionales de ATE Ciudad y Nación dejen de lado sus internas y convoquen unitariamente a un plenario unificado de ATE.
En el Ministerio de Economía, la asamblea permanente establecida por ATE ha logrado el compromiso por parte de los funcionarios de reincorporar alrededor de 30 trabajadores.
No es casualidad que las luchas más importantes registradas hasta el momento contra los despidos vengan de juntas internas combativas, que fueron ejemplos en la lucha contra la precarización laboral en los últimos años, y que no responden a la Verde ni a la verde-Blanca. En estos dos organismos, la Lista Bermellón de oposición ganó ampliamente en las últimas elecciones de ATE.
Por otra parte, los trabajadores nucleados en la Mesa Coordinadora de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar denuncian la falta de cumplimiento del compromiso asumido por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, ante el Consejo Directivo de ATE de garantizar la continuidad laboral de todo el personal de la Secretaría de Agricultura Familiar en todo el país.
El ministro tampoco cumple con la realización de una mesa de negociación donde se tratarían los 13 despidos pendientes de reincorporación en Jujuy.
Producto de los más de 200 despidos en 18 provincias del país, los trabajadores realizarán un paro nacional con acciones coordinadas en todas las provincias el lunes 11.
«Volveremos usando la fuerza del diálogo», dijo Macri al recordar el sábado 2 de abril los 34 años de la Guerra de Malvinas. Sólo 24 horas antes desmanteló la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y despidió a todo su personal.
Al respecto, el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, reconoció oficialmente que los despedidos del Poder Ejecutivo son 10.921, que equivalen al 5% de los 217.000 empleados que conforman la plantilla total.
A los cuales se suman los últimos 1.000 despedidos del Estado nacional que surgen de: 250 en la Biblioteca Nacional, 200 en el Ministerio de Hacienda, más de 200 en el Ministerio de Trabajo, más 100 en Cancillería, 120 en Migraciones y 100 en el RENAR.
Desde el 10 diciembre en el Estado nacional la cifra de los despedidos llega a 10.000 y en los estados provinciales y municipales hubo más de 20.000, lo que suma 30.000 expulsados del sector público.
Anticipan despidos en Jujuy
Durante la semana pasada el gobernador Gerardo Morales junto a un nutrido grupo de ministros se hizo presente en la localidad de Mina Pirquitas. Allí participó en una reunión con trabajadores y miembros de las cinco comunidades de la región, para confirmar la decisión de la multinacional canadiense Silver Standard de cerrar la mina en dos etapas entre agosto y marzo de 2017. En septiembre despedirían a 190 obreros y el resto al finalizar el procesamiento del stock.
Por parte del Gobierno reiteró su plan de ofrecer microemprendimientos a los trabajadores que van a quedar desocupados. La propuesta es que se transformen en pequeños empresarios del campo y sembrar quinoa y otros cultivos, criar ganado, generar emprendimientos turísticos, realizar extracciones mineras en forma artesanal, integrarse al sistema educativo a través de la docencia o convertirse en efectivos de seguridad.
Recordamos, que una propuesta muy similar ya se implementó cuando fue la privatización en 1991 y despido de cerca de 4.000 obreros en Altos Hornos Zapla, quienes aconsejados por el Gobierno y el intendente, Rubén Daza (hoy Secretario de Economía Popular nuevamente a cargo de aconsejar a los despedidos de Mina Pirquitas), pasaron a armar cooperativas con sus indemnizaciones para quebrar al poco tiempo como es tristemente recordado en la localidad de Palpalá y en sus alrededores.
Esta vez la novedad vino de parte del Ministro de Trabajo (sic), Jorge Cabana Fusz, quien en declaraciones a Canal 2 explicó que los motivos de retirada de la multinacional obedecían a razones de rentabilidad exclusivamente, aunque tanto desde la empresa como desde las autoridades del Gobierno, e incluso el Secretario General de AOMA, habían afirmado que el cese de las operaciones respondía al agotamiento del mineral.
La aerolínea rosarina Sol se quedó sin compradores y 30 de marzo en el Ministerio de Trabajo de la Nación se anunció su cierre definitivo. El Secretario Gremial de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Mateo Ferrería, dijo que «tendremos una reunión en el Ministerio de Trabajo con representantes de la empresa, donde seguramente se anunciará su cierre porque no hay compradores y tampoco hay posibilidades de volver a ponerla en funcionamiento».
Ferrería aclaró que «la principal preocupación del gremio es la situación de los 220 empleados, no sólo porque se quedan sin trabajo, sino porque puedan cobrar también todo lo que les corresponde».
Sol lleva dos meses de inactividad y había versiones sobre el interés de las empresas aéreas Amazonas y Air Nostrum para adquirir la firma, pero esas posibilidades se cayeron y ahora no existe ninguna otra que pueda hacerles albergar a los empleados una esperanza de solución.
Por su parte la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) también confirmó el cierre de Sol Líneas Aéreas y que en las próximas horas se deberían comenzar a cursar los telegramas de despido para los 220 empleados de la compañía. El anuncio fue realizado en el aeropuerto de Sauce Viejo, Santa Fe.
Los empleados de Sol presumen que la llegada de la aerolínea Avianca al país fue uno de los factores que complicó las negociaciones con los grupos interesados en la firma local. La empresa colombiana desembarcó en la Argentina tras la compra de MacAir, la compañía de aviones que pertenece a la familia Macri.
El cierre de Sol se desencadenó cuando a mediados de enero, Aerolíneas Argentinas canceló un acuerdo que la gestión kichnerista había entablado con Sol. Allí se establecía que la línea de bandera le pague 1.000.000 de pesos diarios para complementar frecuencias que Aerolíneas no cubría.
La AFIP embargó las cuentas del Centro Gallego. Al respecto, ATSA (Sanidad) cuestionó la medida y advirtió que: «Solo los trabajadores con nuestro esfuerzo diario pudimos sostener el Hospital activo durante tantos años de errores de los administradores, abuso de los contratistas, evasión fiscal y pésima gestión comercial».
Trabajadores del Sindicato de Trabajadores de juegos de azar (Aleara) se movilizaron hacia el Bingo Congreso, para protestar por el anunciado cierre de las cinco salas de juego de la Ciudad, donde trabajan aproximadamente 500 empleados.
El martes 29 de marzo los metrodelegados hicieron un paro sorpresivo en la línea C que no funcionó entre las 5 y las 11.05. Reclaman la reincorporación de 300 trabajadores y denuncian «incumplimiento de compromisos de 2013, en los que se garantizan los puestos de trabajo y las condiciones laborales» en las estaciones.
Macri en Fiat
Mientras Mauricio Macri visitaba la planta cordobesa de Fiat, donde la automotriz italiana anunció inversiones por U$S 500 millones, se conocía el plan de suspensiones que se aplicará en la fábrica.
Durante abril unos 1.500 operarios sufrirán suspensiones. La medida se extendería por 10 días, de los 20 laborables al mes, que incluiría a los trabajadores de la planta de ensamblado, chapistería y pintura. La situación se genera debido a la crítica situación económica de Brasil.
En marzo, la producción de autos cayó 8,4% y las exportaciones se derrumbaron 37,9%. En el acumulado del primer trimestre, el sector produjo un 18,1% por debajo del volumen del 2015 y las exportaciones se hundieron 40,2%. Sin embargo, las ventas a nivel mayorista crecieron un 29,4%.
Fuentes: La Razón, Clarín, La Capital (Mar del Plata), Prensa Obrera, Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, ACTA, Infogremiales, Indymedia Argentina y www.elancasti.com.ar
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.