Hemos realizado este Congreso Nacional Extraordinario de la OPT (1) para llevar a la práctica los resolutivos del I Congreso Ordinario celebrado a fines del 2014 que propuso reformar y actualizar los documentos básicos de la organización. Con todo y la importancia de largo plazo que tiene la reforma de estos documentos, que sustentan la […]
Hemos realizado este Congreso Nacional Extraordinario de la OPT (1) para llevar a la práctica los resolutivos del I Congreso Ordinario celebrado a fines del 2014 que propuso reformar y actualizar los documentos básicos de la organización. Con todo y la importancia de largo plazo que tiene la reforma de estos documentos, que sustentan la existencia misma de la organización, no sería suficiente si no aprovecháramos la reunión nacional para analizar y discutir sobre la situación política actual y las propuestas y posiciones que debemos impulsar y llevar al seno de la lucha de clases. Este es el objetivo de este informe político que busca abrir el debate y reflexión sobre la situación actual, nuestras tareas y apuntar algunos elementos estratégicos que nos orientan o deberían orientarnos.
De entrada hay que decir que reivindicamos los aspectos medulares de la Resolución Política del I Congreso Nacional Ordinario de la OPT celebrado a fines del 2014 que, como ahí mismo se señala, ante la ausencia en esa ocasión de un debate sobre los documentos básicos se convirtió en una resolución central de definiciones y orientación políticas no solo para la coyuntura. Por lo mismo, algunos temas y tesis desarrolladas en esa resolución, que conservan su vigencia y actualidad, no las volvemos a abordar en aras de la economía del desarrollo y exposición de este informe. Ustedes pueden reconocer esos temas ya abordados en la Resolución del 2014 sobre las que no insistiremos, pero que tienen que ver con el análisis de la explicación del desarrollo del capitalismo en México, la subordinación al imperialismo, la crisis global actual del capitalismo, calificada como crisis civilizatoria, diversos aspectos y sectores participantes en la lucha de clases en México, nuestras posiciones ante la destrucción ambiental que provoca el capitalismo, la opresión y discriminación contra las mujeres y nuestras posiciones frente al feminicidio y la violencia general contra las mujeres, así como con respecto a la diversidad sexual y nuestro compromiso solidario con los derechos de los pueblos originarios, nuestro desarrollo de una posición ecosocialista y varios temas más. No abundaremos ahora sobre varios de esos aspectos para tratar de resumir nuestro análisis de la situación actual, sobre todo en el terreno político, nuestras tareas y algunos apuntes sobre definiciones de tipo estratégico.
La situación actual
El pasado Congreso examinó la gravedad de todas las reformas neoliberales impuestas por el gobierno de Peña Nieto y los partidos del Pacto por México(2). Parecía, hasta el primer semestre de 2014, que las reformas neoliberales se imponían sin una respuesta contundente de oposición del pueblo y los trabajadores. La impresión de unanimidad o aceptación salía especialmente del Congreso de la Unión donde ningún partido se opuso consecuentemente a la ofensiva neoliberal que llevó, finalmente, a modificar lo esencial de la Constitución heredada del Constituyente de 1917. Ciertamente hubo resistencias y oposiciones a cada reforma neoliberal en la calle y caminos con la movilización, pero por separado, sectorialmente y sin una oposición política unificada contra el régimen político, ya que la ofensiva e imposición se realizaba desde todo el aparato del Estado, Ejecutivo y Judicial y un Legislativo dominado por el PRI por medio del Pacto por México como en los tiempos en que el PRI sólo tenía mayoría absoluta.
La imagen de unanimidad que el régimen pretendía mostrar y supuesta pasividad ante su política (la prensa imperialista presentaba a EPN como «salvador» de México) se rompió definitivamente después de la agresión en Iguala a los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43 compañeros. El movimiento en solidaridad con Ayotzinapa que reclamó sobre los 43 que «vivos los llevaron, vivos los queremos» y que ante las maniobras del régimen de querer focalizar el conflicto como responsabilidad local de un presidente municipal perredista corrupto y de un gobernador príista-perredista que fueron encarcelado y defenestrado respectivamente no desvió al movimiento ni aceptó la interlocución de un supuesto nuevo gobernador de «izquierda», sino que el movimiento respondió diciendo claramente «Fue el Estado». Y de ahí pasó, en medio de gigantescas movilizaciones en todas las capitales del país y similar respaldo internacional, a demandar «Fuera Peña».
Este movimiento detonó una crisis de legitimidad del sistema político electoral, así como del sistema de justicia como nunca antes se había visto.
El gobierno, el conjunto del régimen político, quiso superar la crisis de legitimidad y política por medio de las elecciones de junio del 2015, incluso contando con la colaboración entusiasta de nuevos partidos, como Morena, que llamaban a centrar todo el descontento en el voto. El objetivo era institucionalizar la protesta que exigía ya la salida de Peña y señalaba la responsabilidad de la crisis en el Estado, sustituyendo o aislando la protesta más radical que se expresaba por fuera de los canales institucionales por la asistencia a las urnas a votar entre diferentes partidos que no representaban ninguna alternativa frente a la crisis.
Lograr canalizar el descontento hacia la institucionalidad electoral era la condición para buscar aislar al movimiento solidario de Ayotzinapa y poder desatar la represión que se le dificultaba descargar cuando los ojos del mundo estaban en los crímenes del Estado cometidos en Iguala. Así, inmediatamente después de las elecciones, desataron brutal represión contra los maestros, especialmente de Oaxaca, persiguiendo, encarcelando y ahora despidiendo a cientos de trabajadores de la educación. El objetivo de desviar la protesta hacia la vía institucional fue evidente en Oaxaca donde la semana previa a las elecciones anunciaron que se suspendía la reforma educativa y el lunes después de las elecciones dijeron que se reiniciaba la misma!…pero acompañada con las amenazas y represión para imponer la llamada evaluación educativa.
La crisis de legitimidad y política del sistema político electoral, como ya analizamos en su momento, no se superó ni con las elecciones de junio del 2015. Inmediatamente después que el gobierno, el INE (Intsituto Nacional Electoral que sustituye al IFE) y todos los partidos institucionales celebraban que supuestamente habían derrotado a la abstención y el voto nulo, empezaron a sacar los trapos sucios denunciando las trampas que se habían hecho entre ellos y cómo habían manipulado la abstención, habían inventado votos en casillas zapato y cómo partidos como el Verde violaron sistemáticamente la ley sin que le pasara nada, mas que pagando multas. El desprestigio y falta de credibilidad en las instituciones político electorales, especialmente los partidos reconocidos actualmente aumentó como nunca y mantiene la crisis de legitimidad.
Esta crisis de legitimidad se profundiza con los escándalos de corrupción cotidianos que se descubren desde la casa Blanca de EPN y las respectivas mansiones de sus colaboradores cercanos, el tren rápido a Querétaro, el nuevo avión presidencial, la participación en las offshore denunciadas por los Papeles de Panamá, entre muchas más y que se refleja en el hecho de que según las encuestas correspondientes Peña Nieto es el Presidente más impopular de los tiempos recientes.
Otro intento de salir de la crisis de legitimidad del sistema político en México es la Reforma Política de la Ciudad de México decidida en el Congreso de la Unión por los partidos del Pacto por México. La antigua demanda democrática de la izquierda mexicana de un nuevo Estado de Anáhuac ha sido adulterada y manoseada por los partidos del Pacto por México para darse una sobre representación por medio de diputados constituyentes designados que elaboren la nueva Constitución. El partido Morena dice que el esquema de conformación de la Constituyente de la CDMX (Ciudad de México) sobre representa a los partidos del Pacto por México en detrimento de Morena. Pero en realidad esa sobre representación no es solo con respecto a Morena, sino con respecto a los movimientos sociales, las luchas de resistencia, otra izquierda sin registro e incluso movimientos por derechos humanos o contra los megaproyectos y las desarrolladoras y las políticas de privatización de Mancera, que no están representados políticamente por ninguno de los partidos, ni por el PRD ni por Morena. Se dice frecuentemente que la CDMX es de izquierda. Es cierto, pero eso no quiere decir que toda esa izquierda, que se viene construyendo especialmente desde el 68, esté acuerpada exclusivamente en el PRD y/o Morena. La izquierda en la CDMX, cuya influencia se expresa también en el terreno de las ideas y de la cultura, va más allá del PRD y/o Morena (suponiendo que sean de izquierda). Lo que ocurre es que desde 1997, especialmente el PRD ha ejercido el chantaje del «mal menor» diciendo que la única opción frente al PRI son ellos mismos y que ellos son «la única izquierda». Ahora que es evidente la capitulación del PRD ante el PRI, Morena dice que no, que ellos son la verdadera izquierda y repiten el chantaje de que supuestamente no hay más izquierda que ellos como cuando AMLO insultaba el año pasado a la CNTE de Oaxaca o al SME aquí mismo, diciendo que por no llamar a votar por ellos, supuestamente se le hacía el juego al PRI.
No quieren entender que hay otra izquierda fuera de sus marcos y que está presente en los movimientos de resistencia y lucha contra el neoliberalismo y que también puede organizarse políticamente en forma autónoma e independiente como hacemos desde la OPT.
El desprestigio e ilegitimidad de los partidos institucionales también se reflejará en las elecciones de la Constituyente en junio próximo. Nosotros en consecuencia sumaremos esfuerzos con otros movimientos y sectores en lucha por una Constituyente paralela que sea popular e inclusiva y que no estará representada en la Constituyente oficial.
En el marco de la crisis del sistema político electoral y especialmente del desprestigio del actual sistema de partidos, asumimos que es central mantener la independencia política de la OPT con respecto a cualquiera de los partidos institucionales, aunque se digan de izquierda. Hemos intentado, para dar voz a los trabajadores y sus luchas, utilizar la figura de candidaturas independientes para ejercer este derecho defendiendo al mismo tiempo nuestra independencia con respecto a los demás partidos. Así apoyamos la pre candidatura de Toñita, una trabajadora de Ciudad Juárez, pero sobre todo el de postular una candidatura de la OPT como independiente para la elección de la Constituyente de la CDMX. Las restricciones y exceso de requisitos (y de firmas de apoyo) así como nuestra inexperiencia en este terreno a la vez que la necesidad de rápidamente consensar internamente lanzar la candidatura dieron como resultado que no pudimos registrar la pre candidatura. De todos modos la experiencia es útil para ubicar nuestra posición en futuras coyunturas electorales, en forma relevante la del 2018. Aunque nuestro proyecto requiere la proyección de la OPT como un referente político de la clase trabajadora, mas que la figura individual de «candidatos independientes», el recurso de esta figura en las actuales circunstancias, mientras no haya un cambio en las reglas del actual restrictivo y antidemocrático sistema electoral, debe tomarse en cuenta para futuras experiencias y la necesidad de dar voz a los trabajadores en lucha y romper el chantaje de los partidos que llaman a votar por el «mal menor».
La ofensiva neoliberal en el marco de la crisis económica actual
La crisis política y crisis de legitimidad del régimen no impide o inhibe la continuación de la política neoliberal que es impuesta por la fuerza, incluso policiaca o militar, como se muestra claramente en el caso de la llamada reforma educativa y por ejemplo la evaluación educativa que se hace bajo la vigilancia policiaca y con despidos a quienes se niegan a participar. El neoliberalismo, en realidad es profundamente antidemocrático y junto con sus medidas económicas privatizadoras van eliminando derechos democráticos y sociales previamente conquistados. Imponiendo prácticamente un estado de excepción, policiaco militar para asegurar sus políticas privatizadoras.
De todos modos, las reformas neoliberales que van imponiendo están ocurriendo en el marco de la crisis económica actual que frecuentemente modifican los alcances de los logros que querían realizar. Ejemplo claro de ello es que inmediatamente después de que imponen la joya de la corona de todas las reformas, es decir la reforma energética, empieza la caída de los precios del petróleo que impactará también en los procesos de licitación abiertos con la reforma. En concordancia con otras economías periféricas, la mexicana se está viendo particularmente afectada por la caída internacional de los precios de materias primas; destacadamente el petróleo, pero también minerales, semillas, alimentos. Todo lo cual, como ha resultado evidente, y a pesar de declaraciones «tranquilizantes» de parte de Luis Videgaray o del propio Agustín Carstens (3), han significado una reducción del ingreso de divisas extranjeras (dólares) al país. Este hecho, junto con la apreciación mundial del dólar (también explicada por la crisis de la Unión Europea y en consecuencia del euro), han depreciado al peso frente a la moneda estadounidense en casi un 30%. Esto, aunque no ha generado una inflación generalizada, sí ha significado un incremento notable en los productos de primera necesidad y de consumo popular y acompañado del estancamiento sistemático de los salarios en el país, el incremento del trabajo informal y la precariedad en general, producen una degradación creciente de las condiciones de vida del pueblo trabajador en el país.
En este marco, la firma del TPP, por parte de México y los países de la Cuenca del Pacífico que, en el fondo, busca generar un espacio de contención económica para proteger los intereses estadounidenses ante una expansión de la influencia china en Latinoamérica, no hace sino profundizar la dependencia productiva, comercial y financiera de México para con los Estados Unidos. Limitando, más, las posibilidades de una mejora general de la economía, sin una ruptura política que la preceda.
Si bien ésta es una tendencia de las últimas décadas, en las recientes semanas y hacia el futuro inmediato, ésta puede agudizarse dramáticamente. La caída en los ingresos públicos provenientes del petróleo (tanto por la privatización en curso del sector, como de la caída internacional de precios), pone sobre la mesa el problema de los recortes al gasto público en educación, salud, servicios públicos, despido de trabajadores, etc.
Por otro lado, al incrementarse, finalmente, las tasas de interés desde la Reserva Federal de Estados Unidos si bien por ahora poco significativas, anuncian una nueva tendencia en cuanto a la gestión de la deuda externa se refiere, prefigurando, en no mucho tiempo una nueva crisis de la deuda latinoamericana. No hay que olvidar en este terreno la dimensión del problema de la deuda en la crisis de países europeos como Grecia.
Es en el marco de esta crisis económica, en la continuación destructiva de conquistas y derechos sociales y democráticos por parte del neoliberalismo, junto con la crisis y desprestigio de los partidos tradicionales que en varios países del mundo se presenta un auge de corrientes y organizaciones de extrema derecha en algunos casos con cierta influencia social y de masas. No es solamente el auge de corrientes fascistas en países europeos, sino en general de fuerzas de derecha incluso de corte fundamentalista y religioso. La respuesta de los Estados, como los de la Unión Europea, está siendo el fortalecimiento de medidas de represión, de control policial y en general de limitación de derechos democráticos, incluso abiertamente de estados de excepción como es el estado de emergencia impuesto en Francia.
Si bien en América Latina el desarrollo de fuerzas de derecha no toma la forma europea o de países del Oriente Medio, hay también un auge en la actividad y ofensiva de la derecha, aunque en este caso directamente ligadas al imperialismo yanqui que aprovechan las dificultades (sobre todo por la caída de los precios del petróleo) y las limitaciones de diversos gobiernos progresistas en la región, como lo muestra ejemplarmente el caso de Brasil, aunque no sea el único.
En este marco, también el fracaso y contradicciones de las reformas neoliberales impuestas en México empiezan a mostrarse rápidamente. El ejemplo más dramático y criminal es el incendio y explosiones ocurridas en Pajaritos, en realidad no directamente en Pemex, sino en una de las compañías beneficiadas con la privatización ansiosa de rápidas ganancias aun en detrimento de medidas de seguridad industriales y mantenimiento que ha costado ya decenas de vidas especialmente de trabajadores de estas compañías.
La lógica de pérdida de derechos, de empleos, de estabilidad laboral y ahora se ve incluso de vidas en lo inmediato, pretende continuarse no solo con las reformas energéticas y educativa, sino con las siguientes como la de salud.
En la resistencia a esta política criminal nuevamente destaca la diferencia de perspectiva emprendida por el SME, con la de direcciones sindicales en las empresas que les ha llegado la hora como el caso de los petroleros o del SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana afiliado corporativamente al PRI). Si no hay resistencia, el futuro de destrucción de la fuerza sindical es una historia conocida como lo mostraron en su momento sindicatos charrificados como el ferrocarrilero.
La crisis de derechos humanos y la barbarie capitalista
En paralelo con la crisis de legitimidad política del régimen, la violencia generalizada en el país junto a la militarización impuesta desde la «guerra contra el narcotráfico» de Calderón y continuada por Peña, han evidenciado lo que ya internacionalmente se conoce como la crisis de derechos humanos en México. Una crisis por las dimensiones masivas, sociales, en que se expresa esta violencia y al mismo tiempo por la impunidad con que ocurren estas violaciones a derechos humanos con la evidente complicidad del Estado, como claramente denunció el movimiento solidario con Ayotzinapa al decir «Fue el Estado».
Fue el Estado quiere decir que no se trata de «excesos» de algún cuerpo policiaco o militar, sino de una política de Estado; quiere decir que la violencia desatada no es simplemente obra de sicarios y mentes perversas, sino resultado de la política de privatizaciones impuesta por el neoliberalismo y de una guerra entre grupos burgueses por el control del negocio de la droga en que la vida humana y los derechos humanos no valen en la búsqueda de mayores ganancias y menos si las víctimas son gente pobre que es considerada como desechable. Todo en medio de un proceso de desmantelamiento de las instituciones estatales y responsabilidades sociales del Estado en beneficio de intereses privados que permiten por tanto el control, hasta territorial, por parte de grupos criminales ligados a diversos niveles del aparato estatal.
La violencia desatada incluye una amplia gama de violaciones a derechos humanos que se refleja en decenas de miles de desaparecidos (que se suman a los desparecidos políticos de la primera época del PRI), también decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales en el marco de la supuesta guerra contra el narcotráfico, asesinatos y extorsiones sin fin a miles de migrantes de paso por México hacia Estados Unidos, la trata de personas para trabajo esclavizado con las bandas de narcotraficantes o para la explotación sexual de mujeres, el feminicidio una ola creciente de violencia extrema contra las mujeres ya extendida por todo el país, la tortura, una práctica generalizada como lo han denunciado los órganos correspondientes de la ONU con el enojo del gobierno mexicano.
Ya decíamos en la Resolución Política de fines del 2014, que hay que evitar la naturalización de la violencia. Este domingo 24 tenemos una importante respuesta del movimiento de mujeres contra esta naturalización de la violencia con decenas de marchas en todo el país gritando «nos queremos vivas» y contra la violencia machista que, incluso en el caso de la CDMX pasará frente a este Congreso proveniente del Estado de México y a la que no solamente hay que saludar sino incorporarnos al terminar los trabajos del Congreso Extraordinario.
Hay que evitar la naturalización de la violencia; aceptarla como normal, acostumbrarse a vivir en la barbarie sanguinaria. Esto implica, necesariamente, la lucha política contra este sistema. Sin lucha política, ganan la batalla el miedo y la ruptura de los lazos de solidaridad entre los trabajadores y los ciudadanos, con lo que se produce el que todos sospechemos de todos.
A esa violencia desmedida, es necesario sumar otra particularmente inaceptable: la oleada de violencia contra las mujeres, una violencia diversa (intrafamiliar, laboral, sexual) pero sobre todo feminicida. De hecho, la imposición del neoliberalismo se pudo dar por medio de la alianza entre las fuerzas liberales y las más conservadoras, en la defensa abierta de un capitalismo que tenía como tarea desmantelar los derechos y libertades conquistadas a lo largo del siglo XX (la educación pública y la herencia del Estado laico, por ejemplo) para que el capital circulara más libremente aumentando sus ganancias. Como reacción a las luchas y victorias de las mujeres impulsadas por el feminismo, en los sexenios neoliberales del PRI y del PAN (y ahora del Pacto por México) se ha reforzado una sociedad patriarcal y misógina que alimenta una terrible ola de violencia contra las mujeres de nuestro país.
Nuevamente tenemos que acordar sumarnos a la lucha contra el feminicidio y por la declaratoria de alerta de violencia de género prácticamente ya en todo el país El apoyo también al movimiento organizado de las propias mujeres en forma autónoma contra esta violencia.
El paradigmático caso de Ayotzinapa deja claras lecciones sobre la situación a la que nos enfrentamos
Las investigaciones de la GIEI no solamente desmontaron la falsedad de la «verdad histórica» del gobierno mexicano sobre lo ocurrido en Iguala el 26-27 de septiembre de 2014. Las investigaciones llegaron hasta la puerta de la institución que -ahí sí- el gobierno mexicano no permite trasponer: el ejército.
En paralelo se ha comprobado la responsabilidad del ejército en casos como los de Tlatlaya o el reciente de la tortura videograbada a una mujer en Ajuchitán del Progreso, Guerrero, o antes en el caso de la desaparición de Jehtro en Morelos. ¿Son casos «aislados» como dice el General Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional? O lo que es evidente: una política desarrollada por el ejército violatoria de los derechos humanos en forma persistente y agudizada desde que oficialmente se incorporó al ejército a labores policiacas con el pretexto de la «guerra contra el narcotráfico»
La investigación del GIEI (el grupo independiente de expertos propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) sobre Ayotzinapa apunta claramente a señalar la responsabilidad del ejército en la desaparición de los 43. Es lo mismo que ocurrió en los años 70 y 80s con la mayoría de los desaparecidos políticos -y especialmente en Guerrero como señaló la Comisión de la Verdad- en que es el ejército quien tiene la responsabilidad de las desapariciones y su confinamiento en campos militares. La legítima demanda de la presentación con vida de los 43, su liberación de las cárceles del ejército, apunta al mismo tiempo en la perspectiva política que el respeto pleno a los derechos humanos en el país implica también la salida de este régimen sostenido por la corrupción, la violencia, la militarización y la impunidad.
En esta misma lógica están promoviendo reformas para legalizar lo ilegal, como la «Ley Atenco» o las facultades para que el Ejecutivo suspenda derechos. Se habla de un giro autoritario, pero en realidad es la misma dinámica que los neoliberales han impuesto en que al mismo tiempo que van abandonando responsabilidades sociales y privatizando para «adelgazar» al Estado, como ellos dicen, al mismo tiempo fortalecen el carácter represivo del Estado, en la vía de un Estado policiaco, cancelando derechos democráticos.
Se anuncia la inminente legalización de la mariguana lo que supuestamente alejaría la violencia desatada por el tráfico ilegal y la criminalización del uso y consumo en algunas circunstancias. Es una lógica que se está imponiendo internacionalmente, donde incluso voceros imperialistas reconocen el fracaso de la «guerra contra el narcotráfico». Si realmente ocurriera esto a corto plazo, se evidenciará que la militarización, el control, las restricciones a derechos que trajo la supuesta «guerra contra el narcotráfico» se quedarán con su verdadero propósito: el control social.
Pese a todo lo anterior infinidad de luchas y protestas continúan expresándose, mostrando que la resistencia continúa. Toma múltiples formas y destinos. Destaca, por supuesto, la continuada resistencia del magisterio democrático contra la reforma laboral llamada reforma educativa, desde la CNTE (4) pero también desde otros y diversos contingentes del magisterio. Es también el resurgimiento de la lucha en el Instituto Politécnico Nacional. O la resistencia que se inicia contra la reforma a la salud. O el regreso y reivindicación del derecho de huelga por diversos sectores de trabajadores. Incluso si las huelgas se declaran inexistentes éstas se han realizado y algunas pese a la declaración de inexistencia han conseguido parte de sus demandas. Destaca el caso de la huelga en Lázaro Cárdenas, en textiles en Cuernavaca, protestas o paros incluso en maquiladoras, entre otras.
El problema sigue siendo el mismo, que las resistencias marchan en paralelo y en momentos diversos, sin que podamos articular un gran movimiento social unitario que plantee el problema político de la lucha contra el régimen de la oligarquía neoliberal.
Si esta lógica de las resistencias actuales y todas las expresiones de la crisis (sin mencionar la ambiental que ya desarrollamos en el pasado congreso como parte de una crisis civilizatoria) muestran que no hay salida parcial o plena si no es con el cambio de régimen se plantea entonces el que además del apoyo e impulso a las demandas de resistencia de cada caso poder unir todas en la perspectiva de la lucha por el poder, por el cambio de régimen. Es esta necesidad que plantea el debate sobre la estrategia, sobre varias cuestiones estratégicas para la lucha política.
Abriendo el debate estratégico
Es paradójico que en el momento en que la crisis de las instituciones político electorales es mayor y la evidencia de la corrupción, la subordinación a los intereses del poder por la vía del dinero, por tanto la falta de neutralidad y funcionamiento democrático así como la actualización permanente de formas fraudulentas de instituciones electorales como el INE, haya quien insista en que el único camino para lograr cambiar la situación del país sea por medio del voto. No es cierto que los cambios sociales se logran exclusivamente por la vía institucional, por medio del voto. Especialmente cuando el sistema electoral mismo está totalmente corrompido y no es garantía del respeto a derechos democráticos de todos. Incluso para lograr cambios democráticos, como el voto o el reconocimiento de otros partidos, la experiencia muestra que se han logrado no votando por el «mal menor» sino incluso no votando, rechazando la participación en un sistema electoral viciado de origen. Si estas formas de protesta logran modificar la relación de fuerzas sociales y políticas en un sentido democrático los cambios pueden lograrse aun sin ceñirse exclusivamente a las vías institucionales o al chantaje de los partidos que llaman al «voto útil», una expresión del «mal menor». López Obrador insiste en que la única opción para lograr un cambio es votando por Morena y que la única otra opción es la lucha armada. Esta disyuntiva es falsa y es solamente un recurso de propaganda electoral. Las opciones son diferentes. La que ellos están proponiendo es una vía institucionalista exclusiva en el momento de decadencia de las instituciones electorales en que, como en el 2015, la participación ayuda a re estabilizar la situación política por los canales institucionales. Nuestra perspectiva es diferente pues se apoya en la perspectiva de la movilización política de masas y sus formas de lucha y resistencia, incluidas tácticas de desobediencia civil (desde la abstención o el boicot electoral hasta la huelga de pagos) No es que somos abstencionistas por principio. Eso corresponde a una decisión táctica para cada momento. Pero si no somos abstencionistas tampoco somos obsesivos en la participación electoral o institucional. Por eso la OPT es construida como un partido para la lucha y no como un partido exclusivo para la participación electoral.
Y no se trata de una discusión abstracta sobre formas de lucha. La experiencia nos ha dado ya ejemplos sobre lo que decimos. La lucha del SME es el mejor ejemplo. Y nuevamente hacemos el reconocimiento del triunfo político que ha logrado en relación la reinserción laboral. AMLO dijo en 2015 que si votas por ellos revertirían las reformas neoliberales. Ahora lo repite para el 2018 o para las elecciones en Oaxaca en relación a la reforma educativa. Morena ya tiene representación en la Cámara de Diputados y no pueden revertir las reformas neoliberales porque no es suficiente votar por ellos o que cuenten con un cierto número de diputados. En cambio el SME en su lucha no se circunscribió a votar o participar electoralmente. Centró su esfuerzo en la resistencia y en la lucha organizada, en la movilización de muchas formas (huelgas de hambre, marchas, plantones, protestas, etc) ha promovido también la organización de los usuarios y el no pago de las injustas tarifas eléctricas. Finalmente en un marco político muy desfavorable por la imposición de las reformas neoliberales, especialmente la energética, ha logrado un acuerdo político que permite la reinserción laboral. Este acuerdo, con todo y sus dificultades y limitaciones, no se habría logrado si se hubiera ceñido, como Morena propone hoy a otros movimientos, limitarse a votar y esperar a que te resuelvan la demanda por esa única y exclusiva vía.
La lección es clara también en términos de lo que dice la vieja consigna: sólo la lucha paga. Y esta es parte de la dimensión clave de la resistencia. La resistencia es una opción de dignidad, pero no es sólo un símbolo, es la vía para posiblemente ganar. Las condiciones pueden ser muy desfavorables en algún caso y quizá la resistencia no gana, pero si no se resiste, si no se lucha, la derrota es segura. Porque la resistencia implica la autorganización para defenderse y luchar y no esperar a que una entidad externa te haga el favor de resolverte el problema. Por eso formas de lucha de la resistencia, como el boicot o la desobediencia civil, o la experiencia de policías comunitarias, no son necesariamente marginales, sectarias o ultras, si incluyen la componente de autorganización de sectores amplios, masivos, en la lucha.
Autorganización pero también unidad en la lucha. Pero no confundimos la necesidad de la unidad en la lucha con los llamados a la unidad que busca subordinar a otra fuerza política. Esa no es unidad y es un recurso para manipular y hablar y administrar a un movimiento. La unidad en la lucha requiere el respeto a la autonomía e identidad de todos.
La lucha sectorial contra el neoliberalismo en realidad es una lucha política y para ello se requiere partido político de la clase trabajadora, independiente por tanto de los partidos burgueses. A cada movimiento de lucha y resistencia con cierta dimensión, tarde o temprano se le plantea el problema. El ejemplo más reciente es el de los compañeros del magisterio en Oaxaca. Tomaron una importante resolución en la sección 22 diciendo que no apoyarán a los partidos del Pacto por México. Pero la situación actual encierra en un callejón si la resolución lleva al llamado voto de castigo contra los partidos del Pacto por México, pues implica de todos modos votar pero por otro partido institucional, en este caso Morena. Objetivamente el problema plantea que no hay alternativa en el arco iris de partidos institucionales, actualmente reconocidos. Se requiere una fuerza política partidaria propia de la clase trabajadora. Un partido de la clase trabajadora como queremos construir a la OPT.
Este momento de recapitulación que significa el Congreso Extraordinario de la OPT y las condiciones de las luchas de resistencia hoy en día confrontadas a la ofensiva neoliberal de los partidos del Pacto por México, subordinados al PRI, y la crisis del actual sistema de partidos es un buen momento para hacer un nuevo llamado, como el que hizo el compañero Martín Esparza en octubre de 2010, para unirse al esfuerzo en la construcción de un partido de la clase trabajadora y de los movimiento en lucha. Con respeto a las otras experiencias de lucha y de organización pero haciendo un fraternal llamado a todos los que en su lucha ya se confrontan con reconocer la ausencia de este instrumento político de clase.
Porque, como decimos, la construcción de la OPT como partido de la clase trabajadora es un objetivo estratégico. La OPT como referencia de la clase trabajadora y de una propuesta de izquierda socialista no institucional. Aquí está la originalidad de la OPT, su carácter de clase, su definición de clase. Distinto a cualquiera de los partidos institucionales, incluso de los que se dicen de izquierda.
Manteniendo su independencia política, la OPT, busca construir un fuerte movimiento popular que sea una referencia política alternativa ante el poder de la burguesía oligárquica y de los partidos del Pacto por México e institucionales, para impulsar en la lucha un nuevo bloque social alternativo al de los neoliberales.
La combinación y unidad de todas estas experiencias de lucha y resistencia debe apuntar a la conformación de un bloque de fuerzas sociales y políticas alternativo al del poder oligárquico para finalmente sustituirlo en el poder. Lograr la conformación de ese bloque social alternativo es claramente una perspectiva política y de poder. Es la vía para lograr el poder para los trabajadores, para un gobierno propio de la clase trabajadora y el pueblo.
Por eso es que al mismo tiempo se requiere la existencia, crecimiento y posicionamiento de un partido del pueblo trabajador -tal como queremos sea la OPT- para que apunte en esa dirección. Y por eso también es que la construcción de ese partido de los trabajadores es en sí mismo una necesidad estratégica. No podrá conformarse un bloque social alternativo al del poder burgués neoliberal de la oligarquía, si no existe en el impulso al bloque alternativo una fuerza política organizada de la clase trabajadora y el pueblo, con una definida postura no sólo antineoliberal, sino claramente anticapitalista.
Convertir a esta fuerza en el referente político proletario frente a los otros actores políticos es necesario para asegurar la conformación del bloque alternativo. Por eso también es estratégica una referencia organizada de la clase trabajadora en lucha y resistencia como es la Nueva Central de Trabajadores que eleve el peso obrero en la circunstancia actual, pero con independencia política y libre de los controles corporativos del priísmo y sus charros sindicales.
La lucha por el poder que incluye el fin del sistema político actual y nuevas reglas de participación política institucional hoy dominadas por el dinero y la corrupción, así como el carácter excluyente de organizaciones y partidos representativos de la mayoría del pueblo trabajador y de sus luchas. En realidad, todas las luchas actuales de resistencia no tienen mayores posibilidades de éxito sino en la politización de su reclamo para converger con la perspectiva del poder, de la salida del régimen actual.
Algunas tareas
1.- Apoyar la huelga y luchas decisivas del magisterio de estas semanas, especialmente las convocatorias a paro el 15 o 16 de mayo.
2.- Apoyar la movilización del día 26 por Ayotznapa.
3.- Apoyar y sumar más fuerzas a la iniciativa de la Nueva Central de Trabajadores y del SME para la movilización del 1 de Mayo.
4.- Profundizar la lucha de la ANUE para que en el marco de la solución política conseguida por el SME, avanzar a su triunfo por la vía del «borrón y cuenta nueva», una tarifa social justa así como el impulso a la iniciativa de convertir el acceso a la energía eléctrica como derecho humano.
5.- Impulsar y participar en la iniciativa de una Asamblea Constituyente alternativa a la oficial que sea popular e incluyente.
6.- Avanzar en la propuesta, planteada incluso en la inauguración de este Congreso, de una alianza de la OPT con la NCT y el SME en la vía de conformación de un amplio movimiento político en la lucha contra el poder oligárquico.
7.- Hacer un nuevo llamado a la construcción de la OPT como partido de la clase trabajadora y el pueblo en el marco de la crisis, descomposición y degeneración de los partidos y fuerzas políticas institucionales, invitando a nuevas fuerzas sociales y políticas, así como movimientos en lucha, como se hizo en octubre del 2010 desde el mitin del SME en el Estadio Azteca en la voz del compañero Martín Esparza..
8.- Encargar al Consejo Nacional de la OPT la definición de una posición frente a los procesos electorales del 2017 y 2018 que asegure la independencia política de la OPT y su no subordinación a ningún partido institucional y que fortalezca, más bien, procesos de organización popular.
9.- Encargar igualmente al Consejo Nacional las decisiones necesarias para contar con un sistema de comunicación y difusión de nuestras ideas y propuestas, así como un sistema de educación y formación política de cuadros.
* Militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), informe presentado a nombre de la CEN de la OPT en el Congreso Extraordinario de la OPT celebrado el 23 y 24 de abril de 2016.
Notas
1.- La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) surgió a iniciativa de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como parte de la lucha que inició contra la disolución de la Compañía de Luz y Fuerza. En octubre de 2009, el gobierno de Felipe Calderón liquidó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro , con el doble propósito de avanzar en la privatización energética y la destrucción del SME, sindicato que tiene 100 años y que está colocado a la cabeza de las luchas de resistencia y que ha sido siempre independiente del PRI. El SME se opuso a la liquidación de la Compañía de Luz y se negó a aceptar la liquidación económica que se ofrecía a los trabajadores despedidos. Empezó así una larga lucha de resistencia -que continúa hasta la fecha- en que la mitad de los 40 mil trabajadores despedidos no aceptan la liquidación. En octubre de 2010 en un gran mitin celebrado por el SME en el Estadio Azteca , Martin Esparza, secretario general del SME, planteó que siendo la lucha en que están inmersos contra la oligarquía neoliberal una lucha política y no solo gremial, se requería además del sindicato, una organización política. Así es que convocó a la formación de esta nueva organización sobre la base de los electricistas en resistencia. En agosto de 2011 se realzó el congreso de fundación de la nueva organización que adoptó el nombre de OPT. A la convocatoria de los líderes del SME concurrieron militantes de varias corrientes y organizaciones de la izquierda socialista, entre ellos el PRT. El 23 y 24 de abril se realizó el Congreso Extraordinario de la OPT para reformar y actualizar los documentos básicos de la organización (Principios, Programa y Estatutos). Adicionalmente se incluyó un de análisis de la situación política y perspectivas que es el motivo del presente informe.
2.- El Pacto por México es el acuerdo establecido en diciembre del 2012, cuando tomó posesión como Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Es un acuerdo entre todos los partidos institucionales, alrededor del PRI y de Peña Nieto. El eje del Pacto es el PRI, el PAN y el PRD. El Pacto reconoce a Peña Nieto como Presidente, pues estaba ampliamente cuestionado por nuevas prácticas fraudulentas del voto. Al mismo tiempo compromete a los partidos del Pacto a apoyar las reformas neoliberales que se proponía Peña. Así entre 2012 y 2014, Peña hizo aprobar en el Congreso de la Unión las reformas laboral, educativa, fiscal y sobre todo la energética que permite la privatización del petróleo y la electricidad. No tuvo oposición en el Congreso . Al mismo tiempo que se firmaba el Pacto por México, Andrés Manuel López Obrador rompe con el PRD y llama a formar y legalizar su nuevo partido MORENA. En el 2013 se dio el periodo de registro de nuevos partidos y MORENA consiguió el reconocimiento legal. La OPT, recién organizada, intentó también obtener el registro legal en una campaña nacional pero no lo pudo conseguir al no lograr superar los excesivos requisitos de afiliación en asamblea con fiscales del IFE (Instituto Federal Electoral) presentes.
(3) Luis Videgaray, secretario de Hacienda del gobierno de Peña Nieto. Agustín Cartnes, Presidente del Banco de México.
(4) La CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) la principal corriente sindical de oposición a la dirección burocrática y subordinada al PRI del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). La CNTE dirige o tiene presencia decisiva en varias secciones estatales del sindicato como la de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Hay otras corrientes sindicales de oposición aunque no dirigen secciones estatales y la oposición está creciendo por la imposición de la llamada Reforma Educativa a la que se subordina la dirección del SNTE.