Las organizaciones de las cooperativas mineras efectuaron durante una semana bloqueos de caminos que afectaron a los departamentos de la parte occidental de Bolivia. La acción de protesta alcanzó su pico máximo de violencia el jueves 25 de agosto con el asesinato del viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes. Luego de ese crimen y el […]
Las organizaciones de las cooperativas mineras efectuaron durante una semana bloqueos de caminos que afectaron a los departamentos de la parte occidental de Bolivia. La acción de protesta alcanzó su pico máximo de violencia el jueves 25 de agosto con el asesinato del viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes. Luego de ese crimen y el repudio ciudadano que generó hacia los cooperativistas, sus bloqueos fueron inmediatamente levantados. Sobre estos hechos conversamos con el viceministro de coordinación con movimientos sociales, Alfredo Rada.
-¿Cómo puede explicarse este conflicto con los cooperativistas mineros?
-Se explica en el contexto de una situación económica que se deteriora por el impacto de la caída de los precios internacionales de los minerales, además de los otros exportables que tiene Bolivia (gas, soya, quinua entre otros). Ante esta caída la dirigencia del cooperativismo minero, en la que predominan cada vez más los sectores patronales que han acumulado poder económico al interior de las cooperativas, reacciona violentamente buscando tres objetivos: 1) Lograr más concesiones, subvenciones y financiamientos estatales destinados a su sector, 2) Preservar dentro de las cooperativas las formas flexibilizadas de explotación de la fuerza de trabajo, evitando cualquier tipo de organización sindical dentro de las cooperativas, 3) Lograr el reconocimiento de facto de las sociedades entre el capital manejado por los patrones cooperativistas con el capital privado nacional y extranjero.
Los tres objetivos tienen un claro contenido de clase, en este caso de una nueva burguesía que en la última década fue incubándose en las cooperativas más grandes hasta que éstas dejaron de ser «entidades sin fines de lucro» para convertirse en empresas capitalistas semiformales. Cuando hablo de nueva burguesía me refiero a los nuevos ricos que se han encumbrado gracias a la explotación del trabajo de los llamados «segundas manos» o peones, a los que incorporan en las minas bajo la modalidad de pago a destajo, sin contrato de trabajo, sin derechos laborales y por supuesto sin derecho a organizarse en sindicato. Para prohibir la organización sindical acuden a un embuste: «dentro de las cooperativas todos somos iguales»; sabemos que eso no es cierto, que al interior de las cooperativas hay patrones y hay peones.
Pero volviendo al actual conflicto con las cooperativas mineras, si el movimiento de protesta tiene orientación y objetivos patronales, ¿cómo logran movilizar a grandes contingentes de trabajadores? Lo hacen convirtiendo su interés particular en interés general bajo la consigna de «estabilidad laboral»; los patrones les dicen a los trabajadores: «si no te movilizas para que el gobierno nos atienda entonces dentro de un tiempo ya no tendrás trabajo». De esta forma los jerarcas del cooperativismo minero (que son por lo general los socios más antiguos) se aprovechan de una base social a la que convierten en grupo de choque, que llega a actuar con la saña que mostró en el brutal asesinato del compañero viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes, ocurrido en la localidad de Panduro.
-¿Cómo pudo ocurrir que esta fracción patronal se adueñe de las organizaciones que representan al conjunto del cooperativismo minero?
-Porque dentro del gobierno el tema de la política hacia el cooperativismo minero nunca fue resuelto bajo un enfoque revolucionario. Se comete el error de considerar al conjunto de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) como entidad aliada, sin ver que a su interior se han ido constituyendo clases sociales, una burguesía semiformal por un lado y por el otro un proletariado precarizado, al que como gobierno debíamos sumarlo para el proceso de cambio apoyando su organización y defendiendo sus derechos laborales de los abusos que cometen los patrones. En otras palabras, dotarnos de una estrategia que diferencie la base laboral de la jerarquía patronal dentro de las cooperativas. En vez de esto se confiaba en los dirigentes, muchos de ellos afines al gobierno no por convicción y principios, sino por interés y conveniencia. Para mantener la alianza el gobierno no intervino en asuntos laborales dentro de las cooperativas, era flexible con ellas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental, no acentuaba la presión tributaria. Hoy vemos que esta orientación pragmática sólo condujo a fortalecer al enemigo de clase.
El tema de la relación entre patrones y trabajadores es medular para el cooperativismo; por ello no es ninguna casualidad que lo que originó este conflicto fue la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de una ley que reconoce a los sindicatos dentro de las cooperativas. Si al interior de las cooperativas mineras crece la tendencia hacia la autorganización de los trabajadores, entonces una de las fuentes del poderío económico de los patrones -la precariedad laboral- comienza a ser erosionado.
El momento actual de condena ciudadana generalizada a la dirigencia del cooperativismo minero es parecido por las circunstancias a la tragedia de septiembre de 2006, cuando la matanza entre cooperativistas y asalariados por el control del cerro Posokoni en Huanuni, devino en el cierre de 4 cooperativas y la estatización de todo ese distrito minero, además de la destitución del ministro de minería quien era nada menos que el presidente de la FENCOMIN. Ojalá que ahora sepamos como gobierno actuar sin vacilaciones ni pactismos, mandando mensajes claros a la base laboral del cooperativismo que ha sido engañada por su dirigencia patronal, sentando claramente la posición de que somos un gobierno de los trabajadores que no permitiremos más abusos y explotación dentro de las cooperativas mineras.
-¿Y qué hacer respecto a esa dirigencia patronal que controla la FENCOMIN?, ¿seguirá siendo aliada del gobierno?
-La dirigencia patronal de FENCOMIN deberá rendir cuentas ante la justicia por el intento desestabilizador de la democracia que ha realizado, por el atentado a la economía nacional y, fundamentalmente, por el vil secuestro, tortura y asesinato del compañero Rodolfo Illanes. Su autoría -intelectual, material o ambas- tiene que establecerse en los ámbitos judiciales. Pero además, hay que recortar el poderío económico de la burguesía «cooperativista», que ya hemos visto que no vacilará un segundo en tumbar a este proceso y a Evo. Ese poderío económico se origina en su propia acumulación de capital, gracias a la explotación laboral y a la depredación de la naturaleza; pero no hay que olvidar que también esa acumulación es facilitada por las concesiones gubernamentales.
Este conflicto ha puesto en la mesa nacional de debate los siguientes temas: 1) El rol del cooperativismo minero en la economía nacional, planteando el imperativo de cernir del sistema cooperativo a las empresas capitalistas semiformales que parasitan a su interior. 2) La necesidad de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, lo que tiende un puente de reconciliación con la Central Obrera Boliviana (COB) y debe servir para acercarnos a los trabajadores de las propias cooperativas mineras, 3) La necesidad de defender la Madre Tierra, tan dañada en sus aguas y tierras por la depredación que efectúan las cooperativas en su conjunto.
El enorme descrédito en que ha caído la dirigencia del cooperativismo minero, luego del asesinato del compañero Illanes, ha diezmado un movimiento desestabilizador que tuvo un enorme despliegue de recursos económicos y logística. La FENCOMIN atraviesa por una de sus peores crisis en que puede terminar perdiendo todas las concesiones obtenidas del gobierno. Se abre una oportunidad para avanzar con una política nacionalizadora en la minería, pues ha saltado uno de los obstáculos que siempre se ha opuesto a este avance.
Hay que honrar el sacrificio del compañero Illanes y la mejor forma es luchando por la justicia social y la plena soberanía sobre nuestra riqueza minera.
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