Despreciados por el Estado, pero fomentados por su misma ausencia, los sistemas autónomos de justicia persisten después de cinco siglos
«Nosotros cuando arreglamos problemas no pedimos dinero, multas ni castigos. Lo que hacemos es buscar la raíz del problema, dónde empezó, cómo empezó y nuestro trabajo es la reconciliación de ambas partes», explica Rebeca Gutiérrez, jueza autónoma de San Jerónimo Tulijá, Chiapas. «Nosotros tenemos nuestras propias leyes, y de ellas no tenemos ningún temor, porque nosotros mismos las creamos y las acordamos en asamblea», señala el aayuk Emiliano López. En Guerrero, explica Claudio Carrasco, de la Policía Comunitaria, «de las personas que han sido reeducadas, la mayor parte no vuelve a reincidir». Son pinceladas de la forma en que los pueblos indígenas resuelven los problemas día a día en sus comunidades.
Históricamente, la justicia indígena ha sido subordinada, explica el Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro, limitada a los asuntos ‘menores’ y al espacio reducido de las pequeñas comunidades, sin ser considerada por el Estado como expresión plena de sistemas normativos propios.
Han pasado más de 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, que mantienen formas propias de ejercer la convivencia en sus comunidades con sistemas propios de seguridad y de justicia, coinciden indígenas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y de Durango, en el video «Raíces de Nuestra Justicia», realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
«Los sistemas autóctonos de justicia y de resolución de conflictos están vigentes en las regiones indígenas e interculturales. Son el otro extremo de lo coyuntural de las autodefensas», explica la antropóloga y realizadora de video Giovanna Gasparello. Las experiencias de los pueblos originarios, expone, «hunden profundas raíces en las estructuras organizativas de los pueblos, en los sistemas de cargos, en las comisiones que articulan la vida comunitaria, como lo explican las autoridades ayuuk, pueblo con una larga tradición comunal y autonómica».
Hildeberto Díaz, ayuuk de Jaltepec de Candayoc, Oaxaca, establece que los indígenas no se sienten ciudadanos de segunda o de tercera, pues «estamos conscientes de nuestros derechos, de lo que la ley nos permite y lo que no. Nuestros pueblos y comunidades se harán más fuertes». Díaz define al territorio no solo como un espacio de tierra, sino como un espacio de vida para todos, «y por eso tenemos que defenderlo».
Para Juan Méndez, j´meltsa’anwanej (juez tzeltal) de la comunidad San Jerónimo Tulijá, Chilón, Chiapas, expresa que es muy importante que cada pueblo reconozca cómo puede arreglar sus problemas, «porque los mestizos no conocen el trato que se puede dar a los indígenas. Tienen otra mentalidad y otra forma de arreglar sus conflictos. Cada etnia debe tener su justicia propia para que ellos puedan resolver sus problemas tal como ellos vean».
Al mismo tiempo se reconocen en un sistema democrático para el ejercicio de la justicia, explica Juan González, Consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, de la comunidad de San José Vista Hermosa, Guerrero. «Nosotros estamos nombrados por las comunidades, no decidimos, deciden las autoridades, la asamblea».
En «Raíces de Nuestra Justicia» se hace hincapié en que el derecho de los pueblos indígenas a administrar la justicia en sus territorios es parte del derecho más amplio a la autonomía y a la libre determinación, reconocido formalmente en la legislación nacional e internacional, pero en buena medida ignorado por el Estado mexicano.
La administración de justicia propia persiste, explican los realizadores, entre otros factores, por la falta de acceso a la justicia del Estado debido a las barreras geográficas (la lejanía de las comunidades de las cabeceras donde se asientan las sedes del poder judicial), las barreras lingüísticas (la justicia se administra en español y no se respeta el derecho a un traductor o intérprete) y barreras culturales (las leyes están hechas con base en una tradición jurídica occidental y no corresponden a la cosmovisión indígena).
Para Gasparello, «en México se está viviendo una situación de violencia social generalizada sin precedentes. Mientras el Estado emprende una verdadera guerra en contra de sectores de la delincuencia organizada, empleando para tal fin la militarización capilar de la entera sociedad y la suspensión de garantías y derechos civiles en todo el país, es fundamental investigar y difundir experiencias que, desde contextos sociales y culturales diferentes al sistema dominante, buscan modificar el entramado de la violencia y desactivarla sin recurrir a una respuesta igualmente violenta».
«Las justicias propias no necesariamente vienen de una herencia ancestral, son incluso muy innovadoras», precisa la investigadora. A estas experiencias «las caracteriza el arraigo en las estructuras asamblearias y en la toma de decisiones colectivas, y el hecho de que es una justicia ejercida por autoridades colegiadas que por definición responden a la comunidad que los ha elegido».
La antropóloga señala que se trata de una justicia cercana a la gente, que refleja valores y normas compartidas que animan la vida diaria en las comunidades. El trabajo audiovisual retrata la diferencia de la justicia propia, basada en la búsqueda de la conciliación y en normas entendibles y compartidas, y la justicia oficial o del Estado, que invariablemente es denunciada como corrupta, injusta, inaccesible e incomprensible.
«Nuestra forma de organización nos da garantía de convivencia. Los agentes del Ministerio Público, aún siendo indígenas, no tienen esa sensibilidad, ese conocimiento cercano de cómo se administra la justicia en la comunidad, por eso a la hora de resolver siempre van a ir con cosas que van a perjudicar en lugar de sanar», detalla Hildeberto Díaz.
A lo largo del territorio mexicano conviven más de 60 pueblos indígenas, con diferentes cosmovisiones y formas de organización social, política y cultural. Dentro de esta riqueza, la resolución de los conflictos internos es uno de los elementos centrales en la organización y el autogobierno indígena.
Estas experiencias se fundamentan en el derecho nacional e internacional: por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en, y por el otro, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
«Nosotros tenemos nuestras propias leyes, y de ellas no tenemos ningún temor, porque nosotros mismos las creamos y las acordamos en asamblea. Las leyes del gobierno hay unas que no las entendemos…con nuestras propias autoridades internas tenemos confianza, nos conocemos, sabemos que nuestras leyes no nos afectan, en cambio las del gobierno sí porque son trámites burocráticos, para luego al final de cuenta pensar que siempre vamos a necesitar dinero», acusa Emiliano López Victoriano, también ayuuk de Jaltepec de Candayoc.
Delfino Procopio, Consejero de la CRAC-PC, explica que «la diferencia de la justicia de los pueblos con la que hace el gobierno, es que la del gobierno se concreta a agarrar a gente, sacar dinero y soltarla. La justicia comunitaria, con participación de la gente, busca lo más concreto para hacer la justicia, para no lastimar a la gente, no violar sus derechos humanos. Aquí no se maneja el dinero, no se debe pagar. Aquí quien comete un error no paga, su pago será el trabajo comunitario. Lo que queremos es que se integren a la sociedad, que sean buenas personas, que participen».
Las que se relatan en el largometraje son experiencias que tratan de resolver a la raíz las situaciones de violencia, antes de que se vuelvan un problema de seguridad ciudadana o comunitaria, explica Giovanna Gasparello. «La resolución de los conflictos es clave, pues busca desactivarlos de forma pacífica, a través del acuerdo, la conciliación y la concientización de las partes involucradas. Es una constante en todas las experiencias de justicia indígena e intercultural, y es su corazón mismo».
Hay experiencias que se abocan principalmente a la resolución de los conflictos comunitarios, como los jmeltsa’anwanej de Bachajón (Chiapas), influidos por el profundo trabajo cumplido en tal sentido por la Diócesis de San Cristóbal. En otras experiencias, la conciliación es parte de un sistema de administración de justicia más complejo que incluye también el juicio de los que cometieron algún error, y su reeducación por medio del trabajo comunitario, como en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero o en las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas.
Sanar y conservar la comunidad
Históricamente, los pueblos indígenas han vivido situaciones de violencia (violencia de Estado y represión, caciquismo, racismo, violencia inter e intraétnica, delincuencia común, crimen organizado, violencia política y violencia estructural), explica la realizadora. Los procesos de organización y construcción de autonomía, y los sistemas de justicia -como una expresión de dicha autonomía-, representan una respuesta positiva a estas variadas situaciones de violencia, complementa.
En Guerrero, explica Claudio Carrasco, de la CRAC, «de las personas que han sido reeducadas, la mayor parte no vuelve a reincidir. Lo importante es que quien cometió el error lo tiene que componer para que pueda incorporarse a la vida normal de su pueblo. El primer trabajo que hacemos es la reconciliación, nadie puede liberar ni un preso o llegar a un acuerdo si no hay reconciliación, el que cometió error tiene que pedir disculpa, apostamos a que las dos partes se tienen que reconciliar».
Rebeca Gutiérrez, J´meltsa´anwanej de San Jerónimo Tulijá, Chilón, Chiapas, menciona que «nosotros cuando arreglamos problemas no pedimos dinero ni multas ni castigos. Lo que hacemos es buscar la raíz del problema, dónde empezó, cómo empezó y nuestro trabajo es la reconciliación de ambas partes, lo dialogan y llegan a un acuerdo».
«A futuro yo veo que va a ir creciendo y fortaleciéndose nuestro sistema de cargos indígenas. Habrá un futuro mayor si ponemos mayor anhelo en aprender cómo va a ser trabajar en el derecho indígena», concluye Karina, j´meltsa’anwanej de Bachajón.
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