Investigadores y víctimas de la violencia, reunidos en el Conversatorio: Seguridad, Justicia y Derechos Humanos en Michoacán, organizado por El Colegio de Michoacán en la ciudad de Zamora, coincidieron en que la realidad del estado se transmite de dos formas: una por el discurso del gobierno estatal que se repite en los medios de comunicación […]
Investigadores y víctimas de la violencia, reunidos en el Conversatorio: Seguridad, Justicia y Derechos Humanos en Michoacán, organizado por El Colegio de Michoacán en la ciudad de Zamora, coincidieron en que la realidad del estado se transmite de dos formas: una por el discurso del gobierno estatal que se repite en los medios de comunicación y la segunda por la cotidiana realidad en la que viven las familias michoacanas.
Las voces y demandas de justicia de las mujeres y hombres de las comunidades de Cherán, Ostula y Caleta de Ocampo que compartieron sus testimonio en este conversatorio son una muestra de lo que acontece en Michoacán; del silencio por la violenta cotidianidad, de las falsas promesas de justicia del gobierno, del arrebato de la seguridad comunitaria por parte de policía federal y Ejército a trevés del Mando Único.
En la comunidad de Ostula, en la costa de Michoacán, «hemos tenido de todo: desaparecidos, muertos y presos. El 19 de julio de 2015 el ejército mexicano mató a Hedilberto Reyes García, un niño de esta comunidad. Ese día los habitantes nos estábamos manifestando en contra del encarcelamiento del comandante de nuestra Policía Comunitaria» relata un comunero de Ostula comisionado, quien omitió dar su nombre. «Al principio el gobierno del estado dijo que los que dispararon eran personas ajenas a la comunidad y que el ejército no había disparado», sin embargo, «en los videos que tomaron los compañeros resultó otra cosa, fue el ejército».
Emilia García, madre de Hedilberto Reyes García, originaria de Santa María Ostula, relata que «ya son 32 asesinados, y existen desaparecidos y mujeres solas. El gobierno no se compadece, el gobierno nos mató.¿Dónde está la justicia para nosotros? No nos dejen en el olvido».
El caso del niño está cerrado para el gobierno, denuncian los comuneros de Ostula, «porque los mandos militares no quieren que declare nadie, pues saben que militares irían a la cárcel».
Las señoras María Luisa y Teresa son integrantes de la comunidad de Cherán. Desde que asesinaron a sus familiares,l a palabra justicia la han repetido constantemente enfrente a distintas instituciones de gobierno. Les asesinaron a sus esposos durante el movimiento indígena, campesino y popular que se opuso a los talamontes y al crimen organizado en la región Purépecha de Michoacán.
María Luisa o Licha denuncia que su esposo fue asesinado el 27 de abril de 2011, poco antes del levantamiento y que nunca obtuvo justicia. «Fuimos a tocar puertas con el gobernador, con senadores y nadie nos quiso escuchar. No existe justicia, lo que existe son muchos huérfanos de los caídos, hemos tocado puertas y nadie sale». Teresa, también de Cherán, denuncia que el 18 de abril del 2012 fue asesinado su esposo en el cerro de San Miguel, cuando realizaba tareas de reforestación. «Desde que lo mataron, la justicia no ha llegado».
El representante comunal de Ostula menciona que desde el año de 2008 a la fecha el saldo de la lucha por la defensa del territorio ha sido de 32 dos muertos y 6 desaparecidos. El último asesinado fue en el mes de abril 2015. «Dos de nuestros integrantes estaban fuera de la comunidad. Desde un coche les dispararon».
Al Conversatorio:Seguridad, Justicia y Derechos Humanos en Michoacán también asistió una mujer de la comunidad de Caleta de Ocampo, municipio de Lázaro Cárdenas. «Yo vengo de Caleta de Ocampo, vengo por parte del grupo de Mireles y de las autodefensas, son dos años ya y no han sido libres. Ellos han sido acusados de portación de armas de uso exclusivo del ejército.Nosotros sabemos que las cosas no fueron como las cuenta el gobierno. Estas autodefensas estaban defendiendo a su pueblo a sus familias. Tuvieron que tomar las armas ya que el gobierno no hacía su trabajo, el pueblo estaba cansados de la extorsión, del despojo de sus viviendas, del secuestro y de la violación a las mujeres».
La naturalización de la violencia
«En Michoacán se ha naturalizado la violencia porque se han establecido relaciones de poder en un sistema patriarcal como el michoacano. Vemos los periódicos y las noticias y no nos impactan. Las distintas violencias se transmiten mediante el ejercicio del poder», señala Verónica Oikión Solano, investigadora de El Colegio de Michoacán.
«La premisa es que todo se interconecta con el tema de la violencia; mujeres, género, feminicidios, trata, son temas que se interconectan al mismo tiempo con temas de defensa del territorio, migración y amenaza a los defensores de derechos humanos.No debemos verlos de manera aislada», explica Carlos Peralta Varela, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Eduardo Nava Hernández, catedrático de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, analiza que «vivimos una crisis por la violencia y se acentúa en la violación a los derechos humanos, ya que existe una expansión de los grupos de la delincuencia organizada».
Existe una situación de enorme gravedad, explica; sin embargo, las estadísticas sobre incidencia delictiva divulgadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública se basan solamente en denuncias documentadas por el Ministerio Público. Un ejemplo son «los homicidios dolosos en el periodo 2000-2013, que sólo en el estado de Michoacán alcanzaron la cifra aproximada de 900 denuncias».
De acuerdo a las cifras proporcionadas por el SNSP, entre los años 2000 a 2010 los homicidios dolosos en Michoacán ascienden de 427 a 728 casos. Para el periodo 2000 -2005 no se rebasaron las 500 denuncias. En el 2006 la cifra ascendió a 661 y en el 2009 repuntó a 728 casos, para bajar en 2010 a 661 denuncias.
A partir del año 2013 la tendencia fue ascendente hasta junio del 2015. Destaca la ausencia de la estadística para todo el año del 2015.Para el año 2014 se registraron 555 denuncias antes el MP, 327 de ellas concentradas en el segundo semestre.
Para la opinión publica los datos presentados por el gobierno de Michoacán hablan de la eficacia de la política pública de seguridad para disminuir la violencia en términos de datos, sin embargo en términos de seguridad, las organizaciones campesinas e indígenas, de productores y colonos han establecido formas de organización y seguridad propias que evidencian la ineficacia del estado, ya sean Autodefensas, Guardias Comunales o Policías Comunitarias.
Nuestra organización de seguridad comunitaria
Ante la falta de justicia y frente a la agresión, los asesinatos y la desaparición de sus habitantes, los pueblos de Michoacán experimentan diversas formas organizativas. El representante de la comunidad de Santa María Ostula en el Conversatorio, explica: «nosotros tenemos una policía comunitaria que depende de cada encargatura y cada año toma protesta ante una Asamblea General. Todos los habitante del pueblo, al cumplir 18 años, tienen la obligación de servir como policía comunitario».
El representante indígena señala que por acuerdo de la asamblea comunitaria, elementos de la Secretaria de Marina «sólo pueden transitar en la carretera número 200 y a las comunidades no tienen porque entrar».
«Nosotros decimos: ¿de qué parte está el gobierno? o está del lado del pueblo o de los delincuentes. Al gobierno no le interesa que haya muertos, está con los brazos cruzados».
Gloria Fabián Campos del Consejo de Barrios deCherán, explica que «nuestros representantes son nombrados por los cuatro barrios que tenemos, cada barrio propone a las personas que han vivido en la comunidad, que tienen una familia honesta y realizan una labor comunitaria».
«Tenemos paz porque existe nuestra ronda comunitaria, ellos reciben una compensación y también lo hacen por convicción, están encargados de la seguridad de cada uno de nosotros. Cuando estás en Cherán estás seguro, cuando sales de ahí, quien sabe. Tenemos tres barricadas en los tres puntos de acceso a la ciudad del Cherán».
El municipio de Cherán se rige por usos y costumbres desde abril 2012.El 15 de abril del 2011 se inició una lucha por la defensa de los bosques y por la restitución del territorio marcada por el rechazo al sistemade partidos políticos.
En el 2011, el Partido Revolucionario Institucional gobernaba la comunidad de Cherán, en evidente complicidad con el crimen organizado, responsable de la tala clandestina de más de 25 mil hectáreas de bosque comunal. Ante esta realidad la comunidad se organizó a los criminales y expulsando a la mafia de los partidos. «Nosotros nos sentimos fortalecidos con este sistema de usos y costumbres, de esta manera se organizaban nuestras comunidades indígenas», enfatiza Gloria Fabián Campos, representante indígena.
En Caleta de Ocampo, municipio de Apatzingán, explica la representante de los presos de las autodefensas de esa zona, «ellos se cansaron de todo esto y empuñaron las armas, fueron defendiéndose, sufrieron las traiciones de parte del gobierno y fueron detenidos. Unos se exiliaron y el gobierno está entregando los pueblos al crimen organizado nuevamente».
Hay 20 desaparecidos y un numero indeterminado de asesinadosjunto con la presión del gobierno en contra de las autodefensas que quedan. «No sabemos si el gobierno quiere entregar los pueblos o venderlos. Michoacán no es seguro y todos lo estamos viendo: existen asesinados diario. El problema ya está y se tiene que solucionar. Nosotros como pueblo tenemos mucho que hacer. Queremos hacer la seguridad desde los pueblos», concluye la representante de los presos de las autodefensas de Apatzingan.
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