Empezó el 2017 con renovación gubernamental en el área de la Economía, y entre las primeras medidas aparece la liberalización del ingreso de capitales, que ya no deberán mantenerse inmovilizados por un tiempo. El libre movimiento de los capitales es una demanda de estos tiempos especulativos del capitalismo mundial. Es una medida coherente con el […]
Empezó el 2017 con renovación gubernamental en el área de la Economía, y entre las primeras medidas aparece la liberalización del ingreso de capitales, que ya no deberán mantenerse inmovilizados por un tiempo. El libre movimiento de los capitales es una demanda de estos tiempos especulativos del capitalismo mundial. Es una medida coherente con el saldo acrecido en reservas internacionales apenas por 8.000 millones de dólares durante el 2016, en comparación con salidas de recursos por pago de deuda, remesas de utilidades al exterior y otros giros que cuadriplican esa cifra de nuevas reservas.
La liberalización al ingreso de capitales tiene como principal propósito el financiamiento de la salida de capitales y la constante recreación del ciclo especulativo, especialmente estimulado con altas tasas de interés ofrecidas por el BCRA. Es curioso el señalamiento, ya que al tiempo que se estima exteriorizar capital fugado por 120.000 millones de dólares hacia fines de marzo próximo, las medidas asumidas ofrecen clara señal de continuidad de la apertura para el ingreso y salida de los capitales.
El ingreso de capital especulativo es en el imaginario gubernamental, el anticipo del desembarco de inversiones productivas, ausentes en un presente recesivo que acumula en el año calendario a noviembre 2016 una caída del PBI industrial cercano al 5%.
Puede señalarse la convergencia de política económica y monetaria entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, una de las motivaciones del cambio de responsable del manejo presupuestario (Dujovne por Prat Gay).
El Nuevo ministro Nicolás Dujovne sintoniza con el enfoque liberalizador del BCRA y se predispone a cumplir con los registros para el ajuste que impone el Presupuesto 2017, y si hay que abrir la importación para contener precios, se avanzará por ese camino, dijo el Ministro, aun cuando tenga costo social y dificultades en empresas locales.
El problema para el gobierno es como mantener el ajuste y ganar las elecciones de medio tiempo previstas para este año. Sus principales figuras no disputan cargos y se reconoce que la economía es un dato clave en el clima social a la hora de votar para disputar el consenso de la sociedad. En ese marco se entienden ciertas continuidades de políticas de arrastre, como el caso de precios cuidados e incluso su ampliación, o el «Ahora 18» extendiendo la financiación en cuotas para sostener el consumo a crédito.
Reformas estructurales
Claro que no hay resignación al plan de fondo y los precios se sostienen en alza con la actualización de combustibles, o la recurrente suba de los tarifas de servicios públicos, por caso el agua.
Según principales voceros del gobierno, entre ellos el titular del INDEC, se destaca que el problema de la distorsión de precios se mantendrá por un largo periodo. Sobre distorsiones, tanto en Hacienda como en Trabajo se predisponen a reducir los aportes patronales y personales con destino a la seguridad social.
El argumento apunta al carácter distorsivo de esas imposiciones que alejarían inversiones. Argumentan que el costo laboral impide el arribo de inversores para la producción, avalando sus dichos con comparaciones internacionales sobre el tema.
Más allá de cualquier comparación, la realidad del capitalismo mundial es el crecimiento de la irregularidad en el empleo, la flexibilización salarial y laboral, como la precariedad derivada de la impunidad empresaria construida por casi medio siglo de ofensiva capitalista.
En el imaginario discursivo del gobierno se supone que la reducción de la carga social sobre el empleo animará a los inversores internacionales. No es lo que ocurrió desde que se disminuyeran las aportaciones patronales y niega la realidad de la ofensiva del capital sobre el trabajo por décadas, no solo en la Argentina.
Claro que lo que se busca es ser atractivo a los inversores, a su rentabilidad y no otra racionalidad por el empleo y menos por la mejora de ingresos populares.
Para hacer atractiva la medida se propone no solo reducir las aportaciones patronales, sino también la de los trabajadores y así dejar la impresión que se mejoran los ingresos de bolsillo de los de abajo.
Se omite el desfinanciamiento de la seguridad social, que alimentará la demanda de reforma previsional sustentada desde el FMI para hacer viable el mantenimiento de la cobertura previsional actual y futura.
Por ello es que la recaudación fiscal cuenta y junto a los ingresos extraordinarios por el blanqueo, se actualizan las imposiciones del monotributo, que afectan a unas tres millones de personas. En muchos casos, son empleos encubiertos que animan la elusión fiscal y previsional de las patronales, las que sostienen trabajadores contratados contra facturación para obviar el pago de las cargas sociales.
Se sostiene la necesidad de luchar contra la irregularidad del empleo y la realidad monotributista indica la importancia de la impunidad empresaria descargada sobe una parte importante de la población trabajadora.
Claro que si no alcanza con la recaudación genuina, siempre queda la posibilidad de acrecentar el endeudamiento público y para eso ascendieron a Ministro a Luis Caputo, ex Secretario de Finanzas.
Consenso en disputa
En la cuestión fiscal se juega una variable esencial para el consenso social y la disputa electoral.
Ante la recesión y la inflación se buscará sustentar la estrategia de atraer inversores a cualquier costo y por eso la libre circulación de capitales.
Se trata de hacer los deberes en un momento de la economía mundial estará más atenta a los estímulos estadounidenses con Trump gobernando desde el próximo 20/1 que a lo que pueda significar la demanda inversora de la Argentina.
Pero también se busca ralentizar la escalada de precios y arrimar un diagnóstico social favorable aun con impacto social regresivo, con responsabilidades endosadas a la situación mundial o al arrastre del gobierno anterior.
Está en disputa el consenso electoral y por eso se apunta a un Ministro «comunicador», que pugne por el sentido común (reaccionario) y mantenga la cuota de apoyo para gestionar el capitalismo local.
Con el cambio ministerial se apuesta a recrear cierta credibilidad en el primer gobierno argentino que en tiempos constitucionales no proviene ni del peronismo ni del radicalismo.
Es un nuevo ensayo en la representación política de la Argentina y no sirve la reiteración de propuestas que evocan viejas expresiones del sentido social mayoritario, y demanda ensayos populares de nuevo tipo para pensar en alternativas más allá de aquellas que se imaginan para competir por la gestión del capitalismo local.
Desde el gobierno se busca consolidar un nuevo tiempo político bajo renovados paradigmas liberalizadores y liderazgos. En otro sentido, algunos imaginan que solo alcanza con recrear sentidos de consenso reciente, el kirchnerismo, o más antiguos, el peronismo. Son apuestas que se completan con otras, el radicalismo o el pan-radicalismo, que recrean las dificultades de la política para construir nuevos imaginarios sociales de un destino social y nacional que recupere sentido integral a las motivaciones de la población, especialmente los de abajo, respecto del destino del país.
Hay necesidad y posibilidad de construir un nuevo imaginario social para un proyecto colectivo de emancipación social, cuya materialización supera una instancia electoral y se define en la constitución de sujetos colectivos conscientes para la transformación social.
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