La militarización del país fue parte de la estrategia que impulsó Felipe Calderón en su sexenio (2006-2012), durante el cual sacó al ejército a las calles tras haber declarado «la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado». En esos años era común ver y leer noticias acerca de decapitados y ejecutados, escuchar que a […]
La militarización del país fue parte de la estrategia que impulsó Felipe Calderón en su sexenio (2006-2012), durante el cual sacó al ejército a las calles tras haber declarado «la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado». En esos años era común ver y leer noticias acerca de decapitados y ejecutados, escuchar que a cada rato encontraban las famosas narcofosas, que había enfrentamientos con el ejército o que se capturaban a algunos líderes menores del narcotráfico a través de operativos conjuntos, entre otras noticias sensacionalistas y amarillistas para hacernos creer que la estrategia funcionaba, que se estaba golpeando a los verdaderos criminales. Sin embargo, al mismo tiempo se comenzó a documentar que detrás de todo aquel montaje se encontraban las verdaderas víctimas de una guerra que no era contra el narcotráfico, sino contra el pueblo , como las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los resultados hasta ahora son reveladores: al menos 150 mil ejecuciones extrajudiciales y más de 30 mil desapariciones forzadas. Hijos, padres, hermanos y madres que definitivamente no eran parte de las filas de los cárteles de la droga.
Desde que Enrique Peña Nieto asumió su mandato el discurso cambió, ya no «combatiría al narcotráfico únicamente», sino que implementaría una serie de reformas que «moverían a México» para, de esta manera, sacar a los mexicanos de la pobreza, motivo principal por el cual, según él, las filas del narcotráfico se engrosan. Sin embargo, los hechos nos demuestran lo contrario: según cifras oficiales, hasta enero de este año se registraron 90 mil 694 ejecuciones, situando a nuestro país como uno de los más violentos, incluso por arriba de los que están en guerra en Medio Oriente y ni qué decir de las cifras de pobreza que sólo van en aumento.
Pero estas cifras no son fortuitas, ni se trata de un Estado fallido o debilitado que no ha podido acabar con los criminales que «generan» la violencia. Los gobiernos recientes saben muy bien lo que hacen: durante todos estos años han emprendido la configuración de un Estado Terrorista, es decir, un Estado que hace uso sistemático del terror contra su población, con el objetivo de combatir al «enemigo interno (crimen organizado)» mediante, entre otras cosas, el incremento del presupuesto en materia de seguridad y la militarización de la seguridad civil. Sin embargo, a través del ejercicio de documentación que han llevado a cabo las organizaciones sociales y de derechos humanos ha quedado demostrado que el verdadero «enemigo» de la fuerza pública y el ejército no es el crimen organizado, sino el movimiento social independiente; día con día conocemos casos en donde se utilizan a las fuerzas armadas para reprimir y acallar las voces de descontento social.
Es en este clima de violencia en el que se ha estado preparando el terreno para profundizar el neoliberalismo en México, es decir, las reformas estructurales necesarias para incrementar las ganancias de los empresarios nacionales y extranjeros, con el objetivo de sacar de la crisis al sistema capitalista.
El paramilitarismo también forma parte de esta estrategia que va dirigida en contra del pueblo y sus organizaciones. Un claro ejemplo es el constante hostigamiento que sufren algunas comunidades en Chiapas como el ejido El Carrizal, en donde los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) han sido atacados en múltiples ocasiones por el grupo paramilitar «Los petules», conformado por personas civiles que reciben financiamiento y operan bajo la protección de la policía municipal, el mando único y los gobiernos, para debilitar los esfuerzos organizativos independientes. Es en este tenor que se han perpetrado las ejecuciones extrajudiciales de Héctor Sántiz y el niño Humberto Morales Sántiz, así como la desaparición forzada de Fidencio Gómez.
El paramilitarismo no es una táctica nueva, recordemos que en la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, quienes hicieron el trabajo sucio del Estado fue el grupo paramilitar «Los halcones». Es parte de esta estrategia de financiar y armar a grupos de civiles para que realicen la tarea sucia de minar los esfuerzos organizativos, a través de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas, robo e invasión de tierras.
Además del uso excesivo de la fuerza contra el pueblo, también se impulsan leyes para justificar los crímenes cometidos. Tal es el caso de la «Ley bala», aprobada en Puebla, en la que se permite que los policías disparen contra la manifestación con balas de goma, forma como se asesinó al niño José Luis Tehuatlie, de 13 años, con un disparo en la cabeza. No conforme con esto, la respuesta del Estado burgués es seguir modificando las leyes y crear el marco jurídico para legalizar las atrocidades y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares y otras fuerzas especiales. Con la propuesta de Ley de Seguridad Interior se pretende normalizar el uso de la violencia como control social. Sin embargo, los gobiernos estatales no se quedan atrás en dichas leyes, por ejemplo, en el Estado de México se lucha contra la Ley que regula el uso de la fuerza pública o «Ley Atenco» encaminada a disolver las manifestaciones y protestas reprimiendo al pueblo.
Ante esta situación y los nuevos mecanismos que se implementan contra la población, grupos y organizaciones que luchamos ante las injusticias, es necesario enarbolar la demanda no sólo contra la militarización y paramilitarización del país, sino contra las leyes que legalizan el uso de violencia contra el pueblo, así como la criminalización de la protesta social. Por esta razón, c omo Organización de Lucha por la Emancipación Popular decimos alto a la guerra contra el pueblo, que los militares regresen a los cuarteles, que se deje de perseguir y criminalizar la protesta social y se deroguen todas las leyes que atentan contra la población.
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección NUESTRO PROGRAMA del No. 27 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Julio-Agosto 2017.Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.