Hace algunos días se presentó públicamente en la ciudad de La Paz, la denominada Agenda 21F que cuenta con el auspicioso respaldo de 180 personalidades. En el presente artículo se comparten algunas reflexiones en torno al contenido de dicho documento, atendiendo la invitación formulada al final del mismo, donde se convoca a enriquecerla colectivamente. Consideraciones […]
Hace algunos días se presentó públicamente en la ciudad de La Paz, la denominada Agenda 21F que cuenta con el auspicioso respaldo de 180 personalidades.
En el presente artículo se comparten algunas reflexiones en torno al contenido de dicho documento, atendiendo la invitación formulada al final del mismo, donde se convoca a enriquecerla colectivamente.
Consideraciones generales
El contenido del documento destaca que su principal propósito programático radica en lograr «la transición del actual Estado autoritario corporativo, hacia un Estado democrático que garantice los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza». Es decir, se propone transitar hacia un tipo de democracia diferente y un nuevo Estado de derecho, cuyo impulso emerge de la indignación nacional que rechaza el inconstitucional como obcecado intento para prorrogar en el poder al actual gobierno de Bolivia.
Para ello se propone un cambio de régimen, cuyo resultado sería «la vigencia plena del Estado social y democrático de derecho» que Bolivia tuvo en el pasado solo de una manera embrionaria.
Dicho tipo de Estado estaría basado en la independencia de poderes, una institucionalidad que garantice el cumplimiento de derechos y «en el principio republicano de la igualdad de todos frente a la ley y la limitación de los poderes públicos al derecho».
Como se puede apreciar claramente, dicha caracterización corresponde al modelo liberal y republicano, consustancial con el sistema capitalista y la democracia burguesa. Es decir, un tipo de Estado y una forma de democracia, que supondría un retorno al pasado para cumplir un ansiado (como conservador) proyecto burgués que siempre quiso desarrollar plenamente el ciclo capitalista en el país. Pero además, supondría la imposibilidad total de cumplir con aquel loable propósito de «respetar los derechos de la naturaleza, así como los límites biofísicos y la capacidad de regeneración de los ecosistemas» que se proclama en el documento, por la sencilla razón de que el capitalismo es el principal instrumento de explotación, extractivismo y depredación de los recursos naturales y del propio hombre. No se puede proteger la naturaleza, si la causa que origina su destrucción y depredación, es el mismo sistema que provoca el daño y su explotación salvaje.
Efectuando un apunte marginal al respecto, hay que señalar que la idea de «añadir (una nueva generación) de los derechos de la naturaleza» y crear una Defensoría de la misma, como si no existiesen; no es una propuesta original, en vista de que ya han sido contempladas en la ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien Nº 300 de octubre de 2012, como en la ley 071 de Derechos de la Madre Tierra de diciembre de 2010.
El asunto es que, en éste como en el caso propuesto, dicha iniciativa no tiene condiciones de aplicación y cumplimiento (como de hecho se ha podido comprobar a lo largo del gobierno del MAS), porque en ambas situaciones lo que se protege e impulsa es el sistema capitalista que, en el caso del gobierno de Evo Morales, inclusive ha exacerbado su carácter salvajemente desarrollista y extractivista. Afirmar que se defiende y protege a la naturaleza, pero manteniendo e incentivando el modelo y las prácticas capitalistas de explotación y extractivismo, equivale a sostener que se combate la rabia eliminando al perro, pero sin afectar en absoluto, ni preocuparse por la causa que lo origina.
Por otra parte y siguiendo con el razonamiento previo, si bien es cierto que aun cuando comparativamente al tipo de democracia y el modelo de Estado que actualmente sufre el país, es preferible plantear otro que al menos recupere elementales valores y principios de la democracia; lo que no parece advertirse (o se descarta fácticamente), es la propia historia, las luchas y conquistas democráticas que el pueblo boliviano ya ha transitado y conseguido en su largo proceso.
Parecería que con tal de no repetir el actual Estado corporativo y clientelar en el que prevalecen «el despilfarro prebendal, la corrupción, el patriarcalismo, la profundización del extractivismo, la ineptitud, el autoritarismo y la impostura»; importa más aferrarse a un ideal democrático y un tipo de Estado que al margen de corresponder al pasado, también responde a los intereses, la visión y el propósito trunco de una burguesía nacional que no pudo efectivizarlos hasta ahora. Es más, va en contra ruta de la acumulación histórica nacional, y rechaza la experiencia y las luchas del pueblo que ya marcaron una tónica y una forma de ejercicio democrático que se quiere desconocer.
Si bien sabemos y hemos podido comprobar que producto del prebendalismo, el clientelismo y la cooptación de las organizaciones sociales, se terminó corporativizando la democracia para imponer dictatorialmente decisiones de unos pocos; por otra parte no es menos cierto que la idea de establecer una democracia amplia, consensual, participativa, deliberativa y autodeterminativa, no responde a un sueño. Todo lo contrario, responde y rescata las prácticas de comunidad, asociatividad y participación social que son inherentes la comunidades campesinas, los pueblos indígenas, e inclusive los propios sindicatos y organizaciones sociales en las que se ejerce cotidianamente este tipo de democracia.
Aquel razonamiento basado en la idea de restablecer los principios y valores de la democracia representativa de carácter liberal y burgués, no contempla (o pretende desconocer), que si bien es cierto que los procesos nacionales encaminados a construir un tipo de democracia diferente para el país, terminaron evidentemente desvirtuados, envilecidos o prostituidos; ello no deslegitima ni se debe a la dinámica, los propósitos y el tipo de democracia que perseguían (o el proceso social que representaban), sino más bien al hecho de que dicho impulso y fuerza social motora, fue finalmente usurpada, secuestrada y traicionada por élites o grupos que se «adueñaron» de dichos procesos, para vaciarlos de contenido e imponerles nuevos (generalmente espurios).
Innegablemente la idea de tener una democracia asentada en un verdadero Estado de derecho, con institucionalidad, respeto de las minorías, ejercicio básico de derechos, contrapesos y equilibrios de fuerzas, etc., es verdaderamente atrayente, sobre todo cuando se hace cada vez más evidente la desinstitucionalización, la corporativización, las imposiciones autoritarias, el sectarismo y la polarización que se hacen cada vez más agudas en nuestro país. Pero de allí a desconocer y criticar procesos puestos en marcha por el pueblo (no por quiénes después se adueñaron y lo expropiaron en su favor), es cuando menos desentenderse y hacer caso omiso de procesos históricos de mayor envergadura, o sencillamente volver a reeditar un impulso que quiere imponer visiones e intereses minoritarios que no responden a la memoria, ni la experiencia de la lucha popular.
En otras palabras, el hecho de que procesos populares que perfilaron otro enfoque democrático hubiesen terminado mal, no es un argumento válido para sostener que ello justificaría la necesidad de establecer el Estado de derecho y el tipo de democracia burguesa que se postula en el documento de la Agenda 21F.
Es más, el Estado de derecho con independencia de poderes, equilibrios y contrapesos, institucionalidad, democracia representativa, etc.; responde y representa el prototipo más deseado y buscado por la burguesía y el capitalismo. El Estado de derecho democrático burgués, es uno de los idearios y propósitos más importantes del sistema occidental imperante, que se ha ido construyendo paulatinamente y al mismo ritmo del desarrollo del capitalismo. Por tanto, lo que se plantea como modelo para la transición democrática, no es otra cosa que desarrollar plenamente el sistema capitalista en nuestro país, de tal modo que pueda cumplirse con la tarea de efectivizar el Estado de derecho que nunca se realizó en el país.
En razón de ello, una propuesta de ese tipo también entraña la asimilación y sometimiento al modelo democrático occidental y capitalista, que por lo demás se encuentra en una profunda crisis nada menos que en los países más representativos donde se ejerce ese tipo de Estado y democracia, como claramente muestran los casos de Francia, la Unión Europea, o Chile y Uruguay (solo para mencionar algunos ejemplos).
In extremis, podría arguirse que no existe ni se ha podido imaginar un mejor sistema que el democrático (tal como el que se propone); sin embargo, también es claro que existe una sustancial diferencia entre un modelo burgués y republicano-liberal, que un Estado nacional-popular.
Debe considerarse que al sostener la idea de retroceder al pasado para construir un régimen democrático que Bolivia solo tuvo de manera embrionaria, en donde la ciudadanía recupere los valores mínimos esenciales para la convivencia pacífica, el respeto a la decisión de las mayorías y el ejercicio de los derechos básicos; en realidad expresa que ni siquiera se contempla la posibilidad de pensar en una nueva forma de organizarse para decidir y luchar.
Ello sin mencionar que una propuesta de este tipo también resulta muy atrayente y puede calzar perfectamente a los intereses político electorales (y económicos) de una derecha ansiosa por arrimarse o descubrir un modo para catalizar y atraer el gran descontento, la bronca y el rechazo popular mayoritario contra el régimen actual, pero que también desdeña y desprecia a esa misma derecha conservadora y neoliberal, precisamente porque representan un pasado al que no se quiere volver.
Quizás por todo ello, es razonable concluir que existe el empeño por constituir un tipo de Estado de derecho (con el argumento de que nunca se concretó en el país, o lo hizo de manera embrionaria), con la esperanza de que este ideal burgués y capitalista, pueda ser el motivo aglutinante para una ciudadanía nacional que quiere cambiar. Sin embargo, ello no contempla que el país evidentemente quiere cambiar el estado de situación actual, pero no a costa de reeditar las viejas formas de gobierno, la democracia pactada y los acuerdos neoliberales que se dieron en el pasado.
Es decir, que si lo que verdaderamente se busca es un «cambio de proceso para la transición política, económica, social y ambiental»; entonces no basta con entenderla únicamente como un cambio en el régimen democrático y la vigencia plena de un nuevo Estado de derecho. Además, para ser congruente con el propósito de «redefinir la relación de la sociedad y el Estado con la naturaleza, y responder adecuadamente al nuevo contexto ambiental y civilizatorio», sería imperioso deshacerse del contenido burgués y capitalista que todavía persiste en la propuesta, así como marcar explícitamente una clara distancia y diferencia con la partidocracia tradicional de derecha, así como con sus intereses económicos y políticos. Hacer otra cosa, no solo favorecería la repetición de un modelo extractivista en la relación con la naturaleza, sino que implicaría reeditar y/o abrirse al tipo de alianzas, pactos y contubernios a las que nos tiene tan acostumbrados la política tradicional reaccionaria.
Sobre algunas ambigüedades encontradas
A nuestro modesto entender, una de las más importantes ambigüedades está incluida en el acápite de Nueva Matriz Energética y Productiva del documento. Allí se sostiene que «la transición política irá acompañada de una transición hacia una nueva matriz energética y productiva». Para ello, «la economía boliviana debe abandonar aceleradamente el modelo extractivista y la dependencia de los combustibles fósiles …».
Se trata de una afirmación indiscutiblemente clave. De todas formas, vale la pena precisar y subrayar que el modelo económico extractivista predominante no está relacionado únicamente a la matriz energética e hidrocarburo-dependiente. No debe olvidarse que también está relacionado con los demás recursos naturales (incluidos la tierra, los bosques y la biodiversidad), y sobre todo con el carácter entreguista, antinacional y depredatorio que se ha impuesto. Por eso, cuando se habla de «abandonar aceleradamente el modelo extractivista», no basta con hacerlo sustituyendo únicamente las fuentes energéticas que dependen de los combustibles fósiles. Es indispensable expresar claramente que de lo que se trata es de establecer un modelo alternativo al capitalismo depredador, que se exprese en el establecimiento de una relación armoniosa Integral con la naturaleza. De no hacerlo, solo se estará repitiendo una similar idea difundida por el ex vicepresidente Al Gore de los EE.UU., que para mitigar en alguna medida los efectos del cambio climático, pero sobre todo respetando el marco de expansión del sistema capitalista, propone deshacerse y sustituir paulatinamente las fuentes de energía contaminantes (dependientes de los combustibles fósiles, el carbón y eventualmente las centrales atómicas), sin por ello afectar los intereses corporativos transnacionales.
Más adelante, en lo que corresponde a la matriz productiva, la Agenda 21F sostiene que «se requiere apostar por la diversificación productiva en armonía con la vocación natural de las diversas ecorregiones (…) empleando las innovaciones tecnológicas que ofrece la comunidad mundial».
Como se puede apreciar, también es un asunto clave. Aquí lo que se debería aclarar es: ¿qué sentido tendría apostar por la diversificación productiva, aun respetando la vocación natural de las ecoregiones, si al mismo tiempo en vez de incorporar prácticas ecológicas y armoniosas con la naturaleza, se emplean «innovaciones tecnológicas» con el uso de transgénicos, agrotóxicos, y que generalmente suponen la quema y destrucción de grandes extensiones de bosques y biodiversidad, para expandir el latifundismo y las grandes extensiones de monocultivos de exportación que no tienen nada que ver con seguridad y soberanía alimentaria?
Omisiones y vacíos destacables
Reconociendo que un documento como la Agenda 21F solo puede incluir y hacer referencia a los aspectos centrales más importantes del programa político que busca divulgar, llama la atención que no se hayan incluido algunos temas verdaderamente claves (al menos para una visión de izquierda y popular).
Es el caso del machismo y patriarcalismo imperantes, asuntos tan caros y estratégicos para el conjunto de las mujeres del país (y especialmente para los sectores feministas); pero sobre todo en la perspectiva de construir una agenda integral y holística de cambio. Resulta extraño que a pesar del respaldo y la adherencia expresadas por connotadas representantes de las luchas feministas al contenido de la Agenda 21F, este documento no incluya ni haga prácticamente ninguna mención sobre el asunto.
En ese mismo rango de importancia, tampoco existe la más mínima referencia sobre la descolonización y la lucha contra los intereses corporativos transnacionales. El asunto no es menor, habida cuenta de su impacto y las profundas implicaciones sobre la soberanía, la independencia y la liberación nacional.
En cuanto a aquellos valores fundamentales como la libertad y la igualdad (igualmente estratégicos para la construcción de una sociedad solidaria, socialista y no competitiva), se ha podido advertir que la mención a la igualdad solo parece ser entendida como un atributo frente a la ley y el derecho, pero no necesariamente en la sociedad, la economía y en la producción.
En el acápite del Estado Autonómico propuesto, ha llamado la atención de que no se haga ninguna referencia (como si no existiesen), las autonomías indígenas (y por tanto sus gobiernos), a la hora de sustentar el concepto de Estado Autonómico que se defiende. No puede entenderse razonablemente esta ausencia, habida cuenta que no se trata únicamente de propuestas relacionadas con la transferencia de competencias y recursos económicos (que solo se menciona para gobiernos municipales y departamentales), sino de la construcción del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y su autogobierno.
Para finalizar, sea oportuno mencionar que la complementariedad de opuestos no es la mera suma de sus componentes que supondría únicamente una agregación mecánica y acrítica de las partes que lo componen. Tampoco es un producto híbrido resultante de la mezcla o la unión de elementos de distinta naturaleza. En realidad, es una síntesis, cualitativamente superior, de los componentes (en este caso ideas) que componen el conjunto pero que se encuentran en pugna y contradicción. Este es el espíritu con el que se han planteado las reflexiones, esperando contribuyan a encontrar ese producto nuevo que, como en la naturaleza al unir la semilla con la tierra, permite la germinación de una nueva vida.
Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.