Las ONGs, Comité de Derechos Humanos de base Digna Ochoa, La Red Nacional de Derechos Humanos (RENADDHH) y el Consejo Nacional para la Defensa del Derechos Humano a la Salud, presentaron este viernes, comunicación ante la Relatoría Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de la ONU, con sede en Ginebra. […]
Las ONGs, Comité de Derechos Humanos de base Digna Ochoa, La Red Nacional de Derechos Humanos (RENADDHH) y el Consejo Nacional para la Defensa del Derechos Humano a la Salud, presentaron este viernes, comunicación ante la Relatoría Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de la ONU, con sede en Ginebra.
En el escrito, se denuncia el proceso de privatización del vital líquido, mediante el decreto firmado por el gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto, las organizaciones firmantes, expresan su preocupación ante las consecuencias negativa que esto representa, que va en beneficio de un sector económico empresarial y en detrimento de los derechos colectivos de la población en especial de los más vulnerables.
El decreto presidencial, estaría afectando a 300 cuencas hidrológicas en el país, que equivalen al 55% de lagos y ríos del país. Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas. Los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios.
Por último, se le informa al Relator de la ONU, que fue solicitado el recurso de Amparo contra el decreto de privatización del agua, el cual fue denegado; las organizaciones querellantes han activado el Recurso de Queja correspondiente.
Las ONGs aquí mencionadas, expresamos nuestro temor fundado contra el Poder Judicial; está actuando sin objetividad, profesionalismo, independencia y sin respeto de los derechos humanos; los jueces que le han correspondido resolver los Amparos contra los decretos del gobierno de Pena Nieto, terminan favoreciendo la decisión del ejecutivo, en afectación a derechos colectivos y difuso los población mexicana.