Todos los indicadores económicos y sociales se deterioran bajo las condiciones resultantes de la ampliación del acuerdo del Gobierno de Macri con el FMI. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, INDEC, crece el desempleo al 9,6%; la pobreza al 27,3% de las personas, en un marco de creciente inflación (¿6% a 7% mensual en […]
Todos los indicadores económicos y sociales se deterioran bajo las condiciones resultantes de la ampliación del acuerdo del Gobierno de Macri con el FMI. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, INDEC, crece el desempleo al 9,6%; la pobreza al 27,3% de las personas, en un marco de creciente inflación (¿6% a 7% mensual en septiembre? ¿42% al 45% durante el año?) y recesión de la actividad económica, con guarismos entre el -2,5% y -3% para el 2018.
Ahora se trata de un préstamo por 57.100 millones de dólares (se desembolsarán unos 52.000 millones antes de finalizar el mandato presidencial a fines del 2019) a cambio de un brutal ajuste del déficit primario, es decir, antes de pagar intereses de la deuda, la que crece a niveles inusitados para proyectar el stock de deuda pública por encima del 100% del PBI a comienzos del próximo 2019.
Junto al déficit primario «0», se suma la emisión monetaria «0» hasta mediados del 2019, promoviendo una restricción de la base monetaria para achicar la inflación, contener el dólar y causar enormes penurias a los sectores sociales de menores ingresos, la mayoría de la población.
La realidad es que el dólar crece un 12% en septiembre y un 121% durante los primeros 9 meses del año, cotizándose a $42 por dólar y una brecha establecida por el BCRA entre 34 y 44 pesos por dólar para intervenir desde la autoridad monetaria.
Por su parte, los combustibles crecen desde enero más del 60%, mostrando el impacto de la dolarización de algunos precios muy sensibles, caso de los combustibles o las tarifas de servicios públicos, con cronogramas de aumento en lo que resta del año.
A cuánto llegará la inflación a fin de año nadie lo sabe y menos cuál será el arrastre sobre el 2019, más allá del 23% establecido en el proyecto de Presupuesto que discute en estas horas el Parlamento, pero si queda clara la voluntad de ajustar a los sectores más empobrecidos para cumplir con el acuerdo con el FMI y los sectores hegemónicos del sistema mundial.
Tasas de interés de usura
Para sostener la nueva política monetaria y cambiaria se elevó la tasa de interés del 60 al 65%, lo que supone un crecimiento de las tasas sobre préstamos que llevan al default a la familia de sectores medios y bajos, endeudados con tarjeta de crédito, y ni hablar del costo financiero del descubierto bancario, una práctica generalizada entre los pequeños y medianos empresarios.
Altas tasas pasivas de interés para favorecer inversiones en activos financieros en pesos, letras ofrecidas por el BCRA o el Tesoro; o plazos fijos u otras colocaciones financieras, estimulan la especulación contra cualquier intento de aliento a la producción local, por eso se afirma la tendencia a la recesión recurrente.
El BCRA mantiene el mecanismo de desarme de la bomba de las LEBAC, pero las LELIQ que se colocan en la plaza financiera ya superan en stock a las LEBAC. Se cambia la vieja bomba por una nueva, a costa del presupuesto público que sostiene el conjunto del pueblo con miseria social extendida.
No cabe duda que el resultado combinado del déficit fiscal primario cero y la reducción de la base monetaria y emisión «0», combinada con altas tasas de interés favorece la tendencia recesiva de la economía local con claros y pocos beneficiados y muchos perjudicados.
Crecen los despidos y suspensiones como consecuencia directa de la situación, sumado al cierre de fábricas y empresas, con alza de los concursos de acreedores, donde las trabajadoras y los trabajadores son los principales perjudicados.
Los ganadores se cuentan entre los especuladores, lo que involucra la creciente fuga de capitales, unos 290.000 millones de dólares de activos de argentinos en el exterior, según las propias cifras oficiales.
A ellos se sumas los grandes productores y exportadores, como las empresas que lograron la dolarización de sus precios, caso de las petroleras y aquellas que comercializan los servicios públicos privatizados.
Producto de la devaluación podría beneficiarse el sector vinculado al turismo local, por mayor presencia de extranjeros y desestimulo a los viajes al exterior.
Solo en el tiempo se podrá verificar si el elevado tipo de cambio actual favorece la producción local para la exportación, cuestión negada con el elevado déficit comercial presente y proyectado aún para el 2019, nada menos que por 10.000 millones de dólares.
La ortodoxia como argumento
Sea por la exigencia del FMI o la propia decisión de los que deciden en el Gobierno Macri, se impuso la lógica monetarista, donde la causa de la inflación resulta de la emisión monetaria excesiva, por lo que la solución supone una fuerte restricción de la base monetaria congelando la emisión hasta mediados del 2019.
El costo social es y será gigantesco, si es que la sociedad lo permite y no se generan las suficientes resistencias y confrontaciones.
Resulta de interés apuntar lo que hay detrás de la ortodoxia en la formulación de política monetaria, financiera, cambiaria y económica, para afirmar que es una cuestión de poder, que remite a que fracción de la burguesía actuante en el mercado argentino, de origen externo o local, puede disciplinar al conjunto de las clases dominantes y desde allí lograr la dominación sobre las clases subalternas, la condición de posibilidad para el funcionamiento del capitalismo local bajos condiciones «normales».
Una normalidad relativa a la evolución contenida de los precios, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo; a la estabilidad de la macroeconomía y a viabilizar un ritmo de crecimiento acorde con las normas mezquinas de la lógica contemporánea.
No se trata solo de economía y políticas económicas, sino de política y consensos sociales en el bloque del poder para reestructurar regresivamente el funcionamiento del capitalismo en la Argentina.
El discurso ortodoxo asumido por las nuevas autoridades del BCRA converge con las críticas discursivas por derecha al macrismo y acelera los tiempos del ajuste fiscal y el cambio de precios relativos para favorecer la ganancia en desmedro de los ingresos populares. Se consolida así la ofensiva del capital contra el trabajo.
La sola devaluación ocurrida durante el año, del 120% de corrección cambiaria, confronta con actualizaciones salariales del orden del 25%, que aun cuando se habiliten reaperturas de convenios colectivos en torno al 40/42%, la pérdida de los ingresos por la venta de la fuerza de trabajo contrasta contra los ingresos elevados por los propietarios de los medios de producción, sea vía renta o ganancias.
El objetivo de reformas laborales se demora por vía legislativa, pero se resuelve vía medidas económicas con disminución de los salarios en dólares y por ende reduciendo el costo de inversores internacionales en la contratación de fuerza de trabajo.
A modo de ejemplo señalemos que un salario de $20.000 podía cambiarse hasta hace poco tiempo por 1.000 dólares y ahora solo puede aspirar a cambiarse por 500 dólares, favoreciendo el ingreso externo de capitales para invertir en la economía local. Argentina se hizo más barata para los tenedores de divisas con intención de invertir en el país.
Lo que está en juego
Es mucho lo que se juega en la coyuntura, con impacto en lo económico social y en lo político.
Sin perjuicio de la continuidad de la regresiva transferencia de ingresos que supone la política del gobierno Macri desde fines del 2015, lo que ocurre es una reestructuración del capitalismo local con un nuevo intento de consolidación de la extranjerización y subordinación de la estructura económica y social local a la dinámica de la dominación transnacional, en momentos de disputa del liderazgo del orden mundial.
Argentina intenta una pragmática política de alineación ideológica política con EEUU, al tiempo que afianza relaciones económicas, comerciales y financieras con China.
El acuerdo con el FMI, fuertemente apoyado por EEUU intenta contener a la Argentina como aliado imprescindible para la política exterior de Washington en el continente americano.
Sin EEUU no hay acuerdo con el FMI y Trump necesita a Macri en la cruzada contra Venezuela y el «populismo» en la región, forma de denominar cualquier intento de política diferenciada de la imaginación del poder estadounidense o la corriente principal neoliberal.
Todo esto se juega en el debate del Presupuesto 2019, el del profundo ajuste explícito en el acuerdo con el FMI, pero también en la Cumbre presidencial del G20 el 30/11 y el 1/12.
En la ocasión del cónclave presidencial del G20, Macri intentará mediar entre el poder de EEUU y sus aliados mundiales, contra la alianza entre China y Rusia, para encontrar un lugar para la Argentina en el marco de la disputa de la geopolítica global.
La gran incógnita es la respuesta popular, anticipada en variados conflictos, entre los que sobresale el del pasado 24 y 25 de septiembre, un paro de 36 horas y el plan de acción en proceso para confrontar con el ajuste actual, el Presupuesto 2019 y la propia contra cumbre del G20. Contra el G20 emerge una amplia organización popular que aspira a unificar variadas protestas contra la política del poder mundial.
Resulta en conjunto una lógica de conflicto que habilita a pensar las construcciones político electorales que disputen el destino de la Argentina en la renovación electoral del 2019.
Algunos imaginan el desplazamiento del macrismo en el ejecutivo nacional, pero sosteniendo el mismo plan de reestructuración regresiva de la Economía, del Estado y la Sociedad.
Lo que importa es la posibilidad de habilitar otras propuestas políticas, que en acuerdo con la lógica radicalizada del conflicto apunte a soluciones populares para la mayoría y más allá del orden capitalista.
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