La Paz, julio 21, 2004.- En Bolivia no hay vergüenza. Las empresas petroleras están financiando los trabajos de elaboración de la nueva ley de Hidrocarburos, que está a cargo de expertos del Banco Mundial y de consultores extranjeros. El trabajo de interpretación y adecuación de los resultados del referéndum del pasado domingo han sido encomendados […]
La Paz, julio 21, 2004.- En Bolivia no hay vergüenza. Las empresas petroleras están financiando los trabajos de elaboración de la nueva ley de Hidrocarburos, que está a cargo de expertos del Banco Mundial y de consultores extranjeros.
El trabajo de interpretación y adecuación de los resultados del referéndum del pasado domingo han sido encomendados a un equipo de consultores extranjeros, que son pagados con dineros de las empresas petroleras, dice un informe del matutino «El Diario».
La nota destaca que el consultor externo Jan Sullivan habría sido contratado para este trabajo por el gobierno boliviano, pero su salario de 123.200 dólares sería cancelado por la empresa petrolera argentina de Pluspetrol. Este pago se realiza en el marco del Anexo D de los contratos de riesgo compartido y que establece que las compañías deben sufragar determinados gastos definidos por el gobierno boliviano.
Según establece el Decreto que norma estos pagos, todos los bienes que se compren con estos dineros son de propiedad de las petroleras, mientras que los servicios y consultorías que se contraten a cargo de estos fondos deben ser también de propiedad de las petroleras o deben ir en su beneficio.
Con estos mismos fondos, las petroleras pagaron casi nueve mil dólares en viáticos y honorarios al actual delegado Presidencial para la capitalización, el italiano Francesco Zaratti, uno de los principales propulsores de la nueva Ley de Hidrocarburos y del referéndum. Las petroleras también financiaron encuestas y varios de los gastos del referéndum del pasado domingo y que, como estaba previsto, arrojaron resultados favorables para las compañías extranjeras.
En torno a la adecuación de estos resultados a la nueva ley, el matutino paceño señala que «el contrato (de adecuación) no tiene tiempo determinado, sino tan sólo indica «gestión» con un costo total de 123.200 dólares, Sullivan es consultor contratado para el Ministerio de Minería e Hidrocarburos»
«El proyecto de ley que presentará el Poder Ejecutivo al Legislativo es revisado por consultores externos y no así por el personal del Ministerio de Minería e Hidrocarburos ni siquiera los asesores del titular Guillermo Torres».
«Marchando «contra reloj» los consultores externos, presididos por Sullivan tienen plazos limitados para presentar el documento adecuado, por lo que trabajan a tiempo completo, hasta la media noche del lunes habían avanzado 35 artículos, según versiones oficiales», agrega El Diario, confirmando el informe presentado por esta agencia y que da cuenta del cumplimiento del acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo establece que son funcionarios del Banco Mundial y expertos internacionales los que elaborarán la nueva ley de Hidrocarburos.
EL BANCO MUNDIAL TRABAJA LA LEY DEL GAS DE BOLIVIA
Funcionarios de Banco Mundial trabajan conjuntamente con autoridades del gobierno en la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos de Bolivia orientada a dar estabilidad a la inversión extranjera, garantizar las millonarias operaciones de las petroleras, dar vía libre a sus proyectos de exportación y evitar todo aquello que suene o huela a nacionalización.
La nueva ley, que sintetizará los resultados del referéndum y reemplazará a la aprobada durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, será presentada en las próximas semanas a consideración del Parlamento, donde se prevé una nueva batalla con los parlamentarios de los partidos neoliberales y los del Movimiento al Socialismo (MAS), que habían apoyado la consulta del domingo, pero que ahora muestran sus diferencias sobre el alcance y magnitud de las reformas que introducirá la nueva legislación.
Todos ellos deberán enfrentar, además, la presión de los sindicatos y organizaciones sociales que no participaron del referéndum, propiciando un fuerte ausentismo (más del 40% de los inscritos) y que reclaman por la nacionalización del gas y el petróleo, a través de movilizaciones y acciones de masas.
La nueva ley, trabajada por los expertos del Banco Mundial y del gobierno está muy lejos de la expropiación y de la confiscación de las reservas hidrocarburíferas y de las propiedades de las petroleras, como exigen los sindicatos que quieren que pase al Estado la riqueza petrolera que hoy atesoran las transnacionales y que alcanza a por lo menos cien mil millones de dólares.
Este proyecto de ley tampoco acepta la modificación y/o alteración de los contratos que tienen las petroleras con el Estado, ni las ventajas ni privilegios que gozan, cual es el reclamo del MAS de diputado cocalero Evo Morales, el principal aliado de Mesa. Entre estos dos socios, el principal problema radica en definir los plazos en que se modificarán los impuestos que deben pagar las petroleras. El proyecto de Mesa establece que será poco a poco y en la medida que las petroleras exporten masivamente a los mercados de Argentina, México y Estados Unidos, por lo que el aumento impositivo regiría desde la próxima década. En cambio, el MAS exige que el aumento tributario sea inmediato.
En declaraciones a la prensa internacional, el propio presidente se ha encargado de señalar que no habrá expropiación ni confiscación y que la «recuperación de la propiedad estatal de todos los hidrocarburos», apoyada en el referéndum, se ejecutará sólo para los nuevos contratos que firme el Estado y no para los actuales.
«La definición impositiva es soberana e indiscutible del Estado boliviano. No tiene nada que ver con los contratos y que nosotros aumentemos un impuesto complementario es nuestro derecho y no modifica un milímetro el contrato. En cuanto a la propiedad del gas o petróleo en boca de pozo la ley lo planteará de cara al futuro y no de cara a los contratos preexistentes. Intentaré la migración de los contratos de la ley actual a la ley nueva en función de un interés compartido. Además, haré que se cumplan los contratos en un tema tan crítico como la inversión de pozo por parcela, que no se cumplieron, y eso es mucho dinero. Quien no quiera modificar el contrato tendrá que hacer la inversión, ante lo cual yo podré ofrecerle un nuevo contrato más interesante», aseguró Mesa.
La presencia del Banco Mundial en la elaboración de la nueva ley garantizaría, además, que no quede nada de la promesa que hizo Mesa para ir hacia la «nacionalización responsable». Esto quedó claro en el acuerdo que el gobierno boliviano firmó el pasado 2 de junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el que se establece que Bolivia presentará ante el Congreso una ley que facilite las exportaciones de las petroleras, en torno a una estrategia que debe ser aprobada hasta fines de octubre.
El acuerdo con el FMI fue suscrito, a nombre de Bolivia, por el ministro de Hacienda, Javier Cuevas, y el presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, en el marco del «Memorando Suplementario de Políticas Económicas y Financieras», que anualmente rigen las relaciones entre el Fondo y el país más pobre del Sur de América.
«Estamos trabajando de cerca con el Banco Mundial y nos proponemos designar a una comisión de expertos internacionales para revisar la nueva Ley y para que den consejo en la elaboración de la estrategia apropiada para las grandes reservas del hidrocarburo que tiene Bolivia», dice el Memorando enviado en inglés por Cuevas y Morales el 2 de junio del 2004 a la Directora del FMI Anne Krueger.
Según lo comprometido por el gobierno nacional al FMI, el referéndum sería el instrumento para viabilizar que las transnacionales como Repsol, Petrobras, Bristish Gas, Total y otras puedan exportar gas a los mercados de Argentina, México y Estados Unidos, refrendando las negociaciones ya adelantadas por Mesa con los presidentes y autoridades de esos países.
Así, uno de los efectos inmediatos de estos compromisos será la ampliación de los contratos que tienen Repsol y Petrobras para exportar gas a la Argentina, pasando de los actuales 4 millones de metros cúbicos diario a 30 millones, durante los próximos 20 años.
Esta venta, que superaría lo que actualmente envían las petroleras asentadas en Bolivia al Brasil, se realizaría bajo los mismos parámetros tributarios que rigen la actividad hirdocarburífera en Bolivia: 18% de impuestos para el Estado y el resto para las empresas que participen del negocio.
Otro emprendimiento que se iniciaría de inmediato, en su primera fase, sería la venta de otros 30 millones de metros cúbicos de gas a México, según los acuerdos previos establecidos por los gobiernos de ambos países. En este negocio también participarían Repsol, que controla casi un tercio de todas las reservas de gas de Bolivia, British Gas, Petrobras, Total y otras.
La venta de gas al Estado norteamericano de California también sería reasumida de inmediato por Repsol y sus socios, que han decidido respaldar el referéndum del domingo, en el entendido que viabilizará la exportación de gas, hasta ahora cerrada por la insurrección de octubre del 2003.