Bolivia innova: nueva versión de la ley Boyle-Mariotte

El referéndum del 18 de julio en Bolivia va a ser probablemente un revés breve, temporal, para los oponentes radicales del gobierno del presidente Mesa. Su llamado a un boicot masivo no dio los resultados esperados. El gobierno logró impulsar una efectiva campaña de propaganda y pudo también basarse en penas legales que obligan a la gente a votar. En efecto, el disenso público contra el referéndum y a favor de un boicot fue criminalizado.

Muchos votantes de edad temieron perder los derechos a pensiones estatales si no votaban. Funcionarios públicos como los maestros, especialmente en las áreas rurales, también podrían haberse expuesto a sanciones que afectarían sus puestos de trabajo. Así es la democracia en Bolivia. Pero a pesar del brillo optimista aplicado por los encargados de las relaciones públicas gubernamentales, un análisis más cercano deja mal parado al presidente Mesa y augura una crisis política más profunda si no reconoce su significado.

La abstención de un 40% fue el doble de la de las recientes elecciones generales a pesar de la misma naturaleza obligatoria del voto. Votó un 60% de los electores y más de un 20% de los votantes lo hizo depositando votos nulos o posteriormente anulados. El Consejo Nacional Electoral hizo una proyección preliminar de entre un 10 y un 15% de votos por el «no» para tres de las cinco preguntas del referendo y de más de un 40% de votos por el «no» para las otras dos.

En el peor de los casos, esto significa que mucho menos de un 30% de los votantes registrados apoyó las proposiciones del gobierno Mesa. Una vez que haya terminado el recuento final en todas las áreas rurales, el apoyo para Mesa probablemente será aún inferior. El Consejo Nacional Electoral anunciará los resultados definitivos el 4 de agosto.

Incluso si un 30% hubiese apoyado realmente los cinco puntos de las proposiciones presentadas en el referendo, entre un 40 y un 50% de los que eligieron esta posición son con gran probabilidad partidarios de la política del principal partido de oposición, MAS, dirigido por Evo Morales, que se opone al presidente Mesa pero aprobó el referendo. Su posición es mucho más cercana a la nacionalización exigida por la oposición radical que a la posición del gobierno. Morales ha dicho: «Queremos la nacionalización por derecho sin confiscación o apropiación, con revisión de contratos». (Bolpress 20 de julio de 2004)

Así que, a fin de cuentas, a pesar de su artificial triunfalismo, el presidente Mesa probablemente cuenta con el apoyo sólido de sólo entre un 15 y un 18% del electorado, es casi seguro que hasta sea menos, para sus proposiciones que según su interpretación llegan casi a la nacionalización. Su interpretación coincide con el punto de vista de las multinacionales. No sorprende, ya que Mesa parece considerar que su papel es representar sus intereses contra los deseos del pueblo boliviano. Una gran mayoría del país apoya la nacionalización. Pero esa opción no fue aceptada en el voto del referéndum.

Mesa confronta un duro conflicto parlamentario y público antes de poder obtener la legislación que necesita para convertir en ley algo parecido a sus proposiciones del referéndum. A pesar de todo, la evidencia obvia de la mala fe de la administración Mesa apareció rápidamente después del referéndum. Incluso antes de algún debate parlamentario sobre el requerimiento, que ahora es compulsivo, de cambiar la actual Ley [de regalo]de Hidrocarburos, Mesa ha autorizado más exportaciones baratas de gas a Argentina.

Este cómodo acuerdo permite a la subsidiaria boliviana de la compañía petrolera española Repsol la venta de gas a la subsidiaria argentina de Repsol, liberando la producción de Repsol Argentina para su venta a Chile. El beneficio para Bolivia de esa transacción argentina es sólo de un 18% del valor del gas.

Las comparaciones son difíciles para los ajenos a la industria no especializados, pero una comparación aproximada entre los productos energéticos europeos y bolivianos en cuanto a sus regímenes tributarios generales es instructiva. Las tasas de impuesto del Reino Unido sobre petróleo y gas son de un 50%, con tributos adicionales suplementarios que el Tesoro considere necesarios. Esto, además del impuesto normal a las sociedades de un 30%. El impuesto noruego sobre petróleo y gas ha llegado a un 78%. El equivalente del impuesto a las empresas es en este caso de un 28%.

Mesa facilita la extorsión por las multinacionales petroleras.

Para Mesa el acuerdo con Argentina es ventajoso. Le permite presentarse como un defensor de la solidaridad sudamericana – Bolivia ayuda noblemente a sus hermanos argentinos. También puede presentarse como un inquebrantable patriota boliviano que se niega a vender gas a su tradicional enemigo en Chile.

Las cosas se ven muy diferentes por debajo de la mesa. Mesa está permitiendo la venta de gas barato a través de la multinacional española Repsol para que la subsidiaria argentina de Repsol pueda vender caro su gas a los consumidores en Argentina y Chile. Eso también posibilita que Chile exporte gas para cumplir sus compromisos con los consumidores cortos de energía en California. Mientras los presidentes Lagos de Chile y Kirchner de Argentina se retuercen las manos hablando de la «crisis energética» en sus países, celebran los destinatarios de los dividendos de Repsol.

Como todos los gobiernos ansiosos de impulsar las acostumbradas medidas neoliberales fracasadas de privatización y desregulación, la administración Mesa también da precedencia a la apariencia por sobre la realidad. El presidente Mesa ha tratado de atemorizar a los bolivianos con historias de terror: que el capital y las instituciones internacionales evitarán Bolivia si el país no apoya sus planes. Estas admoniciones probablemente no tendrán gran influencia sobre la mayoría pobre del país. A pesar de que presenta una fachada satisfecha, Mesa se enfrenta a la realidad de sus miserables condiciones de vida material.

¿Qué han hecho jamás las multinacionales o el Banco Mundial o el FMI por los desposeídos de Bolivia? Los han enfangado en deudas injustas y han utilizado la pobreza de Bolivia para presionar a sucesivos gobiernos para que vendan barato los recursos bolivianos.

Dirigentes de la oposición radical consideran el referéndum como un revés en su lucha a largo plazo por cambiar la naturaleza del estado boliviano.

Las fuerzas extranjeras formadas contra la mayoría boliviana no prometen tregua alguna en sus esfuerzos por controlar el gas del país para su consumo en el exterior, con los menores beneficios posibles para la gente en Bolivia. La formación incluye al presidente de Brasil, da Silva, al presidente Kirchner de Argentina, al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (el brazo de inversiones y finanzas de la Comunidad Andina) y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial ejerce un poderoso control sobre el gobierno Mesa, que necesita hasta 120 millones de dólares en préstamos para cubrir los déficits presupuestarios de este año.

El referéndum boliviano es uno de tantos ejemplos de la versión imperial de la democracia electoral. La forma nunca cambia: «haz lo que queremos, o… » El falso «triunfo» del presidente Mesa equivale a una versión política de la ley Boyle Mariotte. Cuando la presión imperial aumenta, el volumen del gas boliviano disminuye.

Es improbable que el pueblo boliviano permita que perdure. Tiene bastante poco que perder. El dilema de Mesa es el de todos los embaucadores neoliberales, desde políticos capituladores como Carlos Menem, Sánchez de Lozada y, cada día más, Lula da Silva, a filibusteros como el representante comercial de EE.UU., Robert Zoellick.

Obsesionados por los beneficios a breve plazo para las elites que representan, no cumplen con sus hermosas promesas y terminan confrontando la masiva protesta popular. Tienen tres alternativas fundamentales – renunciar y abandonar la escena, como Sánchez de Lozada; tratar de seguir dando esperanzas falsas a la gente como Lula da Silvia; o sacar el ejército y la policía para aplastar el disenso como Pinochet. Probablemente no tardará mucho antes de que Bolivia descubra qué clase de presidente resulta ser Mesa.

22 de julio de 2004