La represión del martes 31 en Plaza de Mayo tiene el valor de una definición política. Luego de los ataques de los ‘servicios’ contra la movilización a la Legislatura, el 16 de julio pasado, y el enorme despliegue policial cuando volvió a tratarse el Código de Convivencia, resulta claro que el gobierno decidió salir con […]
La represión del martes 31 en Plaza de Mayo tiene el valor de una definición política. Luego de los ataques de los ‘servicios’ contra la movilización a la Legislatura, el 16 de julio pasado, y el enorme despliegue policial cuando volvió a tratarse el Código de Convivencia, resulta claro que el gobierno decidió salir con los tacones de punta contra las luchas populares, tal como lo vienen reclamando capitalistas, curas y alcahuetes.
La represión del martes 31 en Plaza de Mayo tiene el valor de una definición política. Luego de los ataques de los ‘servicios’ contra la movilización a la Legislatura, el 16 de julio pasado, y el enorme despliegue policial cuando volvió a tratarse el Código de convivencia, resulta claro que el gobierno decidió salir con los tapones de punta contra las luchas populares, tal como lo vienen reclamando capitalistas, curas y alcahuetes. El miércoles 1°, un enorme contingente policial se desplegó dispuesto a reprimir a los fleteros que reclamaban en distintos puntos de la Capital. Para conciliar el planteo de que no reprime la protesta social con la represión efectiva de esa misma protesta, los ‘servicios’ que ahora parecen haber pasado al control del puntero quilmeño Aníbal Fernández, han adoptado el método de la infiltración en las filas de los luchadores. Consecuentemente, el martes pasado se vio a personas disfrazadas de piqueteros, provocando, primero, y deteniendo sin discriminación, después, a cuanto bicho viviente luciera cara de luchador.
El movimiento piquetero deberá discutir el nuevo esquema político-represivo del gobierno y organizar las filas de los manifestantes para impedir las infiltraciones y expulsar a los infiltrados. Pero esto supone que los piqueteros lucharán unidos y que ninguna organización piquetera esgrimirá el ‘derecho a la autonomía’ para cortarse sola. La ‘autonomía’, no contra el Estado, sino entre los que luchan, es una señal inconfundible del método pequeño burgués y debe tener un resultado liquidacionista.
Esta tendencia se inspira en otra, que es la de negociar los reclamos separadamente con los gobiernos (sean el nacional y provinciales), lo cual comenzó cuando la CTA y la CCC corrieron a verlo a Rodríguez Saá, y luego siguió con Duhalde y Kirchner. La política de facción fue justificada por la tesis de que los funcionarios del post-Argentinazo eran ‘nacionales y populares’. Después de su apartamiento del plan de lucha aprobado por la última ANT, el Mijd también acentuó la metodología ‘separatista’, aunque ella venía de antes. Este divisionismo le acaba de salvar las papas al gobernador kirchnerista de Tucumán, Alperovich, cuando la CTA y la CCC se ‘cortaron solas’ e incluso sabotearon el primer congreso de bases de la historia de la provincia (firmaron una paz social que inhibe toda medida de lucha hasta abril del 2005). El divisionismo conduce, como por un tubo, a la cooptación de las organizaciones populares por parte del Estado. En Santiago del Estero, que Kirchner quiere convertir en un ejemplo de ‘Estado de derecho’, esto es manifiesto; los voceros del Interventor de la provincia, Lanusse, sin mosquearse en lo más mínimo por la contradicción, abogan por reformar la Constitución de Juárez, la cual es una copia literal de la que impusiera Kirchner en Santa Cruz.
Cuando el martes pasado la organización Quebracho decidió salir a repudiar al jefe del FMI, tomó el cuidado de hacerlo en el mismo momento en que varias organizaciones se movilizaban por la libertad de Castells. La acción de Quebracho tuvo un carácter típicamente petardista porque ignoró al resto de las organizaciones en lucha, e, incluso más, fue desvergonzadamente manipuladora. Cuando se trata de la lucha de las masas, la ‘autoconstrucción ‘ es un planteo antiobrero, pues supone la defensa de los intereses particulares en desmedro del conjunto. Las tendencias políticas en el campo de los trabajadores deben delimitarse y reconocerse en términos de programa, de ninguna manera en el planteo de la lucha de clases contra el Estado, que siempre debe estar inspirada por la unidad como método.
Llamamos a la unidad del movimiento piquetero sobre la base de un pliego común de reivindicaciones contra los capitalistas y el Estado.
Lo fundamental es que el acto mostró los límites de la pretensión de convertir a Blumberg en un referente político de la derecha. Como lo reiteran todos los días la UIA y los exportadores, y como lo muestra la mejoría de la cotización de la deuda argentina pos-defaultl (y aún la defaulteada), la clase capitalista está alineada en la defensa de la dupla Kirchner- Lavagna; o, lo que sería más exacto, la dupla asume mejor que cualquier otra alternativa las alternativas que tiene frente a sí la patronal. Incluso se ha roto el frente de los bonistas internacionales con el pasaje del comité proyanqui, que dirigen el norteamericano Lerrick y el mexicano Guría, al campo del acuerdo con el gobierno (se separó del Comité que encabeza Nicola Stock). Blumberg no puede ir más allá de las fronteras que le marcan los intereses y la política de su clase.
No solamente esto. Blumberg acabó viéndose envuelto en el berenjenal de la ‘interna’ del peronismo, como le ocurre a cualquiera que interviene en el juego de poder de la burguesía. Apareció ante la opinión pública manipulado por Kirchner contra Solá. El país se enteró, por Arslanián, que la Fundación Blumberg cobra del gobierno nacional y que le pidió plata al bonaerense; de todos modos, de algún lugar sale la plata. La ONG Red Solidaria, que manipuló la primera concentración, en abril, esta vez hizo mutis en acuerdo con el gobierno. En definitiva, a la hora de la politiquería patronal y capitalista, la preocupación por la ‘seguridad’ se fue al diablo. Está claro, entonces, que la lucha contra la policía, los ‘servicios’, el gatillo fácil y las ‘zonas liberadas’ sólo puede llevarla adelante el pueblo trabajador.
Lo que seguramente marcará la declinación de Blumberg será el acuerdo que los obispos están buscando con Kirchner. En la reunión del martes 31 el ‘pingüino’ les aseguró que el presupuesto del Estado se haría cargo de los aumentos de sueldos a los docentes privados. Después del acuerdo con Duhalde, Kirchner quiere lo mismo con la Iglesia; en Santiago del Estero, el decreto de reforma de la Constitución excluye los derechos de la mujer. Kirchner se podrá redimir ante los obispos con la elección de un candidato para la Corte ‘adecuado’ a los intereses clericales ahora que ‘renunció’ el menemista Vázquez. Como quiera que los nombramientos de Zaffaroni y de Argibay contrariaron a los curas, la designación de un chupacirios garantizará una mayoría clerical en la Corte. En definitiva, si Kirchner ‘cierra’ con la Iglesia, a Blumberg no le quedará otra que pasear el perro por San Isidro.
Toda la logística del acto de Blumberg fue pagada por el abogado de los derechos humanos que, desde hace seis años, oficia de intendente de la ciudad de Buenos Aires. Sonido, el escenario y sus estructuras, incluso el traslado del patrón textil al Congreso. La ‘derecha’ logró incluso algo que el pueblo sólo alcanzó durante el 19 de diciembre: ocupar las gradas que dan a Entre Ríos. Para los piqueteros, que el día antes habían acampado en Plaza de Mayo, no hubo nada de esto, ni siquiera baños químicos. Un contraste que habla más que mil libros sobre el Estado frente a las clases sociales. Semejante desamparo fue utilizado, en primer lugar por los curas, para denunciar las inmundicias que dejaron los piqueteros, y que no fueron mayores que las que quedan a la salida de un partido de fútbol. Algún día, los trabajadores tendrán derecho a la espuma de baño que los burgueses encuentran completamente natural para ellos; mientras tanto, deberán poblar de mierda sus jardines.
Los medios de comunicación volvieron a propalar la especie de que un llanero solitario podría convertirse en el intérprete de la voluntad popular e incluso sustituir a los partidos patronales en la tarea de manejar las instituciones del Estado capitalista representativo. Olvidaron, con rapidez inusitada, la reciente experiencia de Nito Artaza, al que en su momento habían ungido como el vocero de la ‘mayoría silenciosa’. Fenómenos similares en la historia reciente de Europa (Austria, Dinamarca, Inglaterra) ya están guardados en la carpeta del recuerdo. Los movimientos que se inspiran en el resentimiento social de la clase media, ante la decadencia del capitalismo, cuando no llegan a tomar una forma fascista se disipan como consecuencia de los reacomodamientos que opera el propio sistema burgués. Los que concurren a las marchas de Blumberg reflejan ese resentimiento social más que cualquier otra cosa, como lo prueban sus reivindicaciones de ‘mano dura’ y de ‘mejor policía’. Pero todo lo que tiene que ver con la ‘gente’, el ‘tipo del montón’, el hombre ‘qualunque’, etc., no puede sobrevivir en cuanto tal; se encuentra al final condicionado por la lucha de clases. Lamentablemente, también en la ‘izquierda’ existe una tendencia fuerte a reemplazar la estrategia de clase y socialista por el ‘hombre surgido de la base’.
Libertad a Castells
La detención de Raúl Castells se inscribe en la política represiva que el gobierno está poniendo en marcha. O sea en la valorización del Estado de derecho como el instrumento de represión clasista que es. Hay diecisiete compañeros presos por defender la venta ambulante, es decir su medio de vida; su derecho a reclamar ha sido convertido por la jueza en una acusación de extorsión. Existe un lazo de continuidad entre las represiones en la Legislatura y la Plaza de Mayo, y el encarcelamiento de Castells. La lucha por su libertad forma parte de la lucha por la libertad de acción del movimiento piquetero y aún de todo el movimiento popular.
La caracterización de que Raúl buscó hacerse detener para obtener un rédito mediático forma parte de la intoxicación ideológica que quiere prolongar su detención por tiempo indefinido, como ya ocurre con los vendedores ambulantes detenidos hace un mes y medio en la Legislatura.
De cualquier modo, como lo ha señalado expresamente el propio Castells, su peregrinaje de reclamos por el país está relacionado con la cancelación de la asistencia social que los gobiernos se habían visto obligados a conceder en el período más extremo de la crisis que estalló al final del 2001. Ya desde la época en que militaba en la CCC, Castells había construido una red asistencial, que ahora se encuentra amenazada por la política rupturista del gobierno con las organizaciones piqueteras. Los Kirchner y compañía tienen como socios privilegiados a las ONG registradas ante el Banco Mundial, a las de la Iglesia y, por supuesto, a los punteros de los municipios afines (es grotesca la corruptela en este aspecto en Santiago del Estero) y a D’Elía y Ceballos. Kirchner quiere convertir a los desocupados en trabajadores que ganen menos que el salario mínimo.
La impasse que enfrentó Castells sólo se puede resolver con una acción conjunta y organizada de todo el movimiento piquetero -es decir lo contrario de lo que hace Castells, que incluso lleva su tendencia a ‘cortarse’ por la suya al extremo de reivindicarse candidato a presidente de la Nación (curioso para quien últimamente ha votado en blanco) o a dejarse manipular por lo más amarillo de los medios de comunicación. Castells ha buscado el apoyo político de la burocracia cegetista de Moyano, la cual más pérfidamente está tratando de aislar y derrotar al movimiento piquetero. Estas deformaciones les están reservadas, igualmente, a todas las tendencias:
– grupos que se quieran ‘autoconstruir’ como organizaciones reivindicativas
– territoriales, o sea en detrimento de la unidad de clase de los obreros ocupados y desocupados.
Lo que es cierto es que la tendencia que se observa en algunos movimientos, de retacear la lucha por la libertad de Castells, esgrimiendo delimitaciones políticas o de método, no solamente es equivocada: es criminal. El peor error de método es no defender al compañero contra el Estado represor y es igualar a la delimitación política con el sectarismo frente a la acción.