LA PAZ. Miles de mineros bloquearon el miércoles importantes calles de esta ciudad e hicieron detonar cartuchos de dinamita exigiendo al gobierno que atienda pedidos para reactivar la minería. Otros cientos de mineros cortaron la vital carretera La Paz-Oruro-Cochabamba a la altura de la población de Caracollo, 190 kilómetros al sur de La Paz. En […]
LA PAZ. Miles de mineros bloquearon el miércoles importantes calles de esta ciudad e hicieron detonar cartuchos de dinamita exigiendo al gobierno que atienda pedidos para reactivar la minería.
Otros cientos de mineros cortaron la vital carretera La Paz-Oruro-Cochabamba a la altura de la población de Caracollo, 190 kilómetros al sur de La Paz.
En tanto, cientos de campesinos cocaleros que, al igual que los mineros llegaron marchando a La Paz el lunes, se mantenían movilizados exigiendo al Congreso que se apruebe la nacionalización de los hidrocarburos y que se acelere un juicio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
La policía impuso el miércoles un fuerte dispositivo represivo en la Plaza Murillo donde están el Palacio Presidencial y el Congreso para evitar que los manifestantes ingresen, mientras los legisladores debatían una nueva legislación petrolera y realizaban una sesión especial por el centenario de un Tratado firmado con Chile, por el que Bolivia perdió su costa.
La norma sobre los hidrocarburos que exigen los cocaleros, encabezados por el diputado Evo Morales, incrementa las regalías que deben pagar las petroleras transnacionales del 18 al 50% y abre las puertas a la confiscación de los bienes de esas empresas.
El presidente Carlos Mesa ha pedido al Congreso que trate en primer lugar el proyecto de ley que envió y no el del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo. El proyecto gubernamental crea un impuesto complementario y apunta a renegociar los contratos con las petroleras.
Mesa ha señalado que su propuesta es de «nacionalización responsable» de los hidrocarburos al recuperar para el estado los derechos de comercialización de los hidrocarburos en boca de pozo.
El Congreso autorizó la semana pasada la apertura de un juicio a Sánchez de Lozada y sus ministros por la muerte de 56 personas durante la protesta popular de octubre del año pasado que derrocó al gobierno.