Como una receta de cocina macabra, si se agregan ingredientes similares y se logran las mismas condiciones sociales, las prácticas del escuadrón de la muerte se repiten en toda la policía boanerense, y hasta en cualquier policía del país. A esta conclusión llegaron los investigadores que junto con la CORREPI recorrieron diferentes zonas del gran […]
Como una receta de cocina macabra, si se agregan ingredientes similares y se logran las mismas condiciones sociales, las prácticas del escuadrón de la muerte se repiten en toda la policía boanerense, y hasta en cualquier policía del país. A esta conclusión llegaron los investigadores que junto con la CORREPI recorrieron diferentes zonas del gran Buenos Aires y la Capital Federal durante las últimas semanas, luego de que se suspendiera por quince días el juicio contra los jefes del Escuadrón de Don Torcuato.
Para el 25 de Octubre estaba previsto sentar en el banquillo a los policias Hugo ‘Beto’ Caceres y Anselmo Puyó, acusados del asesinato de Jose ‘Nuni’ Rios, y señalados como jefes del escuadrón de la muerte que patrulla las calles de Don Torcuato. Por una indisposición del tribunal, el juicio se postergó hasta el 8 de Noviembre. «No nos íbamos a sentar a esperar -dice la Dra. Verdú, abogada de CORREPI- así que aprovechamos el tiempo para investigar situaciones similares que veníamos viendo, y profundizar un poco en los métodos que se estaban usando en el la zona donde actuaban Hugo Cáceres y su patota».
-La comisaría ideal
Un libro de movimientos que sigue el recorrido de los once móviles que patrullan las calles del barrio. Equipos de comunicación, chalecos antibalas y uniformes policiales. Una cantidad de armas de guerra -ilegales algunas- suficiciente para armar a un batallón. Prontuarios ilegales confeccionados en plena calle, con seguimientos, fotos y datos de inteligencia sobre los jóvenes del barrio. Tarifas asignadas para cada negocio, vivienda, ladrón o narcotraficante. Torturas ilegales y fusilamientos. Tales eran las herramientas del escuadrón de la muerte que la justicia encontró en el allanamiento a la casa de Hugo Cáceres. ¿Qué otra cosa hace falta para montar una comisaría?.
«En realidad– sostiene Verdú – lo que lograron es concentrar en un solo lugar todos los métodos habituales de la policía» . En la zona donde funcionó -y hoy sobrevive- el escuadrón de la muerte se dio » una interna que permitió que los negocios policiales pasaran a estar fuera de la comisaría, aunque pagando tributo a esta. Lo que logró el escuadrón es construir una comisaría ideal, donde la policía aplicó, con una sensación de impunidad mayor a la acostumbrada, todo lo aprendido en estas últimas décadas». La situación, agrega, «podría repetirse, y de hecho se repite en muchas zonas donde conviven sectores empobrecidos con otros más acomodados».
Otras de las características del Escuadrón de la Muerte, es la construcción de jerarquías diferentes a las que tiene la policía. «Un sargento puede ser tranquilamente el jefe de un escuadrón. Y llegan a una situación tal -explica Martín Alderete, abogado de la familia Rios- que las purgas casi no los afectan. La mayoría patrullan con el uniforme, pero sin las insignias, e incluso lo siguen haciendo después haber sido pasados a disponiblidad».
Entre los ejemplos de miembros del escuadrón que siguen trabajando luego de ser exonerados, se encuentran los suboficiales Miguel Angel Lemos y Oscar Casco, ambos separados de la fuerza luego de la muerte de Gastón «Monito» Galván, de 14, y Miguel «Piti» Burgos, de 16, fusilados el 24 de abril del 2002 de 11 y 7 tiros.
En el caso del ex suboficial Casco, se lo encuentra diariamente patrullando la zona en uno de los coches de la agencia de seguridad, pero vestido y armado como policía. A Miguel Angel Lemos, en cambio, se lo suele ver custodiando el reparto de cerveza Quilmes en el barrio. Tanto los familiares de Juan «Duende» Salto, fusilado el 15 de Agosto del 2001, como los de su amigo Fabián Blanco, fusilado pocos meses antes, lo ven cada vez que el camión llega para proveer a los negocios de la zona. «Es muy fuerte para mí verlo -explica Noemí, la madre de Salto- porque todavía anda vestido y armado como si siguiera siendo policía. Y el es uno de los que vivía amenazando a mi hijo». Noemí, que mantiene a su familia con un pequeño comercio, tuvo que hablar con sus proveedores «para que no vengan más con ese asesino a mi casa».
«No sabemos que otros antiguos miembros del escuadrón sigan trabajando en la zona – agrega Alderete- pero lo que es evidente que todavía se sienten impunes, y que la agencia de seguridad de Hugo Beto sigue funcionando como si nada hubiese pasado». Incluso algunas versiones especulan con que desde su lugar de detención, en el destacamento Ricardo Rojas, Caceres sigue manejando los hilos de su particular negocio. Allí, en el departamento que como celda comparte con su compañero Anselmo Puyó, Cáceres no tiene solamente un perro y un loro llamado Paco, sino también un equipo de comunicaciones que lo mantiene conectado con la sede central del escuadrón.
-Las coincidencias de Fiorito
Una de las cosas que motivó esta investigación es la similitud de las prácticas del escuadrón con la situación que se da en Villa Fiorito. Allí, policías que habían sido pasados a disponibilidad por denuncias de CORREPI, siguen trabajando casi normalmente. Los sargentos Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo, ambos de la comisaría 5ta, fueron pasados a disponibilidad luego de la muerte de Jorge «Chaco» González, un joven de 31 años por el que pedían 2000 pesos de rescate.
Ambos policías fueron declarados prescindibles el 28 de Junio del 2004. Desde entonces, Segundo Concha custodia varios negocios de la zona, a dos cuadras de donde vivía su última víctima. En el caso de Quevedo, todas las mañanas regresa a su casa de Banfield en patrullero. «Los dos -señala Verdú- están en la calle y armados de común acuerdo con la comisaría de la zona, si no, tendrían otra forma de trabajar».
En una recorrida de dos semanas por el barrio, los investigadores encontraron muchos elementos para determinar que en la zona de Fiorito funciona «una especie de escuadrón de la muerte, con la sola diferencia: aquí trabajan directamente desde la comisaría».
Los elementos que se encontrarían en ambas zonas son, sintéticamente:
-El cobro de peajes, coimas y servicios de custodia conpulsivo: Todo lo que se mueve en Villa Fiorito, desde almacenes hasta narcotraficantes, paga un tributo a la policía. La tarifa por liberar a un detenido es de 2000 pesos, por vender mercadería en la calle se paga desde 10 pesos en adelante, y por vender droga entre 200 y 500 pesos semanales.
-Una denuncia también sostiene que la patrulla de calle «suele detener pibes a los que les arman causas si no aceptan robar para ellos». El denunciante y varias fuentes señalan que la relación entre el nuevo jefe de calle, Osvaldo Garabati, y conocidas bandas de la zona, como «Los Carlos» y «Los García», es más que fluida.
-El trabajo de policías exonerados o retirados de la actividad. Además de Segundo Concha y Ramón Quevedo, otro policía de apellido Peloso, retirado hace varios años, es acusado de fusilar de un tiro en la cabeza a Matías Barzola, mientras este caminaba por la calle. Antes de esa muerte, varios testigos lo escucharon vanagloriarse de ser «un mata-guachos» , frase que pronunció dentro de la comisaría.
-La confección de prontuarios ilegales de los jóvenes, y los interrogatorios que incluyen torturas y amenazas. Mediante la ‘averiguación de antecedentes’, y la toma de fotografías ilegales se ‘marca’ a los jóvenes ‘indeseables’, candidatos a correr la misma suerte que Matias Barzola.
-Los intocables de siempre
«Lo mas preocupante de todo -dice Verdú- es que el ministerio de seguridad de la provincia está enterado de esta situación. En la zona de Tigre, hasta hace una semana estuvieron trabajando los famosos Intocables de Arslanian, pero parece que a la agencia de Hugo Cáceres tampoco la han tocado». Para la CORREPI, en Villa Fiorito, la situación es similar. «Hay una denuncia penal contra la brigada de calle de la comisaría 5ta, que fue girada por la Auditoría de Asuntos Internos a la justicia de Lomas de Zamora. En ninguno de los dos lugares se hizo nada para investigar el tema: es un simple papel que quedó olvidado en un cajón de la fiscalía. Da la sensación de que estas prácticas son funcionales a algún sector, porque ya no podemos hablar de una cosa aislada».
Que las prácticas de los escuadrones de la muerte no son algo aislado, no sólo lo demuestran las coincidencias de Villa Fiorito. «Hasta el gobernador Solá tuvo que reconocer – dice Verdú- que en el 2002 en El Jagüel funcionaba un escuadrón de la muerte, pero solamente lo terminaron de desmantelar luego de la muerte de Diego Peralta, cuando algunos de los policías fueron vinculados con los secuestros de Echarri y Riquelme». Pero lo más preocupante, sigue siendo que las condiciones políticas, sociales y económicas están dadas para que «los escuadrones de la muerte se conviertan en parte de la vida cotidiana no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino en gran parte del país».
A esta situación ni siquiera escapa la Capital Federal. En Agosto de este año, fue señalado el sargento de la federal Ruben «Percha» Solanes, como depositario de prácticas similares a las de cualquier escuadrón de la muerte. Acusado de fusilamientos, torturas, de armar causas, de amenazar y de regentear el robo y el narcotráfico en la zona, Percha Solanes había desparecido de la escena luego de que un programa de televisión denunciara la venta de pasta base de cocaína en su zona de influencia, Mataderos y Villa Lugano. Desde entonces, el cuestionado sargento parecía haberse esfumado, hasta que hace pocas semanas atrás fue encontrado por CORREPI trabajando en la comisaría 14ª, en el barrio de Barracas.
Como para marcar una diferencia con sus colegas de la bonaerense, Solanes innovó en las algunas prácticas: en vez de sacarles fotos a sus futuras víctimas, las retrataba después de muertas. Con ellas recorría el barrio, mostrándoselas a los testigos para hacerlos saber que si hablaban, a ellos les esperaba el mismo destino.
Pero la desidia judicial y política tiene su contracara, y los recursos del estado son utilizados en cosas que quizás sus depositarios consideran más útiles. En el transcurso de las últimas dos semanas, a todos lo que de alguna u otra forma participamos de esta investigación, se nos hizo saber -en forma por cierto muy infantil – que nuestras conversaciones telefónicas estaban siendo monitoreadas. Como si fuéramos nosotros los que tuviéramos algo para esconder.