Las elecciones municipales del 5 de diciembre pasado han ratificado la inexistencia de un proyecto político hegemónico y de una fuerza partidaria aglutinadora de la mayoría nacional. La participación en los comicios de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas ha incrementado la dispersión, acentuada por el debilitamiento de los partidos políticos. En ese laberinto, la consigna […]
Las elecciones municipales del 5 de diciembre pasado han ratificado la inexistencia de un proyecto político hegemónico y de una fuerza partidaria aglutinadora de la mayoría nacional. La participación en los comicios de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas ha incrementado la dispersión, acentuada por el debilitamiento de los partidos políticos. En ese laberinto, la consigna más difundida, en beneficio de posiciones antinacionales, fue lanzada por el candidato Roberto Fernández que obtuvo la primera mayoría en la ciudad de Santa Cruz, al exclamar que la autonomía, la autonomía y la autonomía serán las tres tareas más importantes que cumplirá a la cabeza de su municipio.
No es que las autonomías regionales sean negativas en si mismas. Si ellas impulsan una democracia más participativa, en la que los gobernados fiscalicen mejor a sus gobernantes, y mayores decisiones en el ámbito público, obvio que serán bienvenidas. Sin embargo, si se convierten en instrumento de las petroleras para negociar concesiones con cada región por separado, marginando al Estado nacional, las autonomías serán seguidas de propuestas federalistas y separatistas. El avance de esta segunda alternativa es cada vez más desembozado. La oligarquía cruceña, supeditada sin rubor al poder transnacional, ha decidido auto convocarse a un referéndum vinculante, a realizarse en próximas semanas, sin esperar el llamado a una Asamblea Constituyente en la que debería discutirse los alcances de esa propuesta.
Saúl Lara, Ministro de Gobierno de Carlos Mesa, ha calificado la medida de separatista y sediciosa. Lara fue desautorizado por el Ministro de Participación Popular, Roberto Barbery, quien recordó que el Jefe de Estado es ardiente partidario de las autonomías. Los disgregadores recolectan firmas preguntando si los habitantes de Santa Cruz están de acuerdo con las autonomías y el empleo. Salta a la vista la maniobra de juntar ambos conceptos conocimiento la desesperación por fuentes de trabajo. En consecuencia, Mesa ha cambiado la «agenda de Octubre de 2003», la que, fruto de la rebelión popular que logró la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), incluía la recuperación de la propiedad estatal de los hidrocarburos, el cobro del 50 % de regalías a las compañías y la industrialización del gas en territorio nacional, por la «agenda de Junio de 2004», en la que las oligarquías de Tarija y Santa Cruz proclamaron el régimen autonómico, a fin de exportar el gas a Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, México y Estados Unidos. La discusión, lejos de estancarse en academicismos autonómicos, tiene como trasfondo la pugna por las utilidades que generarán 54 Trillones de Pies Cúbicos de gas y 900 millones de barriles de petróleo que, gracias a un decreto delincuencial de GSL, han quedado en manos, principalmente, de Repsol, de España, Total, de Francia, British Gas, de Inglaterra, Amoco, de EEUU y Petrobrás de Brasil, equivalentes a más de cien mil millones de dólares, cifra que podría multiplicarse si se añade valor agregado al gas y al petróleo. Esto explica la pasión con que las petroleras impulsan las autonomías de Tarija y Santa Cruz, a través de cúpulas foráneas.
Desde un punto de vista retrospectivo, se trata de un capítulo más de las maldades del poder petrolero, a lo largo del siglo pasado, en perjuicio de los países sometidos al capital financiero. Lo que llama la atención, en cambio, es la pasividad con que el movimiento popular boliviano, cuyo heroísmo ha llenado muchas páginas en la turbulenta historia de América Latina, observa el advenimiento de lo que podría ser una tragedia nacional. Existen ahora dos proyectos paralelos. En tanto las oligarquías citadas trabajan por un referéndum inmediato, los sectores populares discuten los alcances de una Constituyente a realizarse posteriormente en la que los citados grupos de poder no están interesados.
Por fin en los últimos días, el Comando del Ejército ha advertido que los recursos naturales son del conjunto del país y que el capital extranjero pretende explotarlos sin beneficio nacional. El Cardenal Julio Terrazas ha lanzado similar voz de alerta. Pero lo anotado es insuficiente, ya que la falta de iniciativas, como la apertura de libros en respaldo de la unidad nacional, de movilizaciones, pronunciamientos y de una campaña activa a través de los medios masivos de comunicación social, podría acelerar los intentos separatistas que podrían tornarse irreversibles.