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El gobierno sacrifica a una compañía francesa de agua para desactivar la protesta social, pero las organizaciones sociales y populares quieren más y ahora van contra el presidente Mesa y el decreto que eleva el precio de los carburantes

Expulsión de multinacional no calma tormenta social en Bolivia

Fuentes:

Una marea humana marchará este jueves sobre La Paz, mientras los campesinos organizan la arremetida para el lunes. En Santa Cruz se alistan nuevas protestas. La Paz, enero 12, 2005.- Las organizaciones sociales y populares están comenzado a redoblar la presión sobre el debilitado gobierno del neoliberal Carlos Mesa, que no ha podido calmar la […]

Una marea humana marchará este jueves sobre La Paz, mientras los campesinos organizan la arremetida para el lunes. En Santa Cruz se alistan nuevas protestas.

La Paz, enero 12, 2005.- Las organizaciones sociales y populares están comenzado a redoblar la presión sobre el debilitado gobierno del neoliberal Carlos Mesa, que no ha podido calmar la tormenta social a pesar de haber cedido parcialmente a las demandas de los vecinos de El Alto y de las organizaciones cívico laborales de Santa Cruz, que son los principales focos del descontento social.

En un intento por neutralizar la protesta social, que en estos tres días ya ha puesto en vilo a Bolivia y a todo su carcomido sistema político, el gobierno sacrificó a la empresa Aguas del Illimani, filial de la francesa Lyonnaise des Eaux, a la que virtualmente anuló su contrato de explotación del servicio de agua en La Paz y El Alto, y ofreció varios decretos favorables a pequeños productores y empresarios de la agroindustria cruceña. Todo ello para poner a salvo sus medidas económicas pro petroleras y desactivar simultáneamente la huelga indefinida que ejecutan desde el lunes con extremo rigor los más de 700 mil habitantes de El Alto y, al mismo tiempo, frenar la creciente convulsión política y social desatada en Santa Cruz, donde menudean los pedidos para que Mesa renuncie de inmediato.

Este miércoles, un decreto que pone fin al contrato de la compañía francesa del agua fue recibido en El Alto como una victoria popular, pero fue insuficiente para parar la protesta. Los vecinos de esta empobrecida ciudad, epicentro de la rebelión popular que derrocó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del 2003, exigen, además, la anulación del decreto del 30 de diciembre que eleva el precio de la gasolina, el diesel y otros combustibles en una escala del 10 al 23 por ciento. Lo mismo demandan las organizaciones cívicas y populares de Santa Cruz, que culminaron este miércoles exitosamente su paro de protesta de 48 horas.

Para la mañana de este jueves, los trabajadores y vecinos de El Alto tienen previsto marchar sobre la ciudad de La Paz, distante a 12 kilómetros, y que hoy fue escenario también de protestas y manifestaciones, especialmente en la zona sur y en algunas villas como Copacabana, San Antonio y Fátima, donde hubo bloqueos y muestras de solidaridad y apoyo para expulsar a la transnacional del agua y lograr la anulación del gasolinazo, impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Para horas de la tarde, en Santa Cruz, los dirigentes cívicos, empresariales y laborales definirán nuevas medidas de presión en contra del gobierno de Mesa, cuyo mandato que culmina el 2007 fue cuestionado por su principal aliado, el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.

«El MAS no está pidiendo su renuncia (la de Mesa), está proponiendo cambios estructurales. El MAS está proponiendo la abrogación de los decretos supremos y si no quiere es mejor que el Presidente adelante las elecciones nacionales», afirmó. Dijo que su partido no pide una sucesión presidencial. «Hemos analizado que el primer enemigo de Bolivia es Carlos Mesa, ya que más favorece a los intereses de los saqueadores de nuestros recursos naturales y ayuda a los extorsionadores», dijo Morales.

Más radical, el principal dirigente de la Confederación de Campesinos, el «Mallku» Felipe Quispe, dijo que su sector se movilizará desde el lunes 17 en demanda de la atención de su pliego, en el que incluye la anulación del gasolinazo y la nacionalización del gas y el petróleo.

Quispe convocó a los comunarios «a organizarse para entrar a las movilizaciones porque ya no se puede esperar más al gobierno hambreador». «Es tiempo que nos pongamos de pie y respondamos a este gobierno servil», dijo.

El líder campesino anunció que los dirigentes ingresarán en huelga de hambre y que las federaciones provinciales marcharán sobre La Paz. Después se convocará a un ampliado nacional y luego»bajaremos a los caminos para cortar los productos de primera necesidad a las ciudades»

«Los campesinos no tenemos miedo. Hemos tumbado a Banzer, hemos tumbado a Sánchez de Lozada y ahora nos toca tumbar a Carlos Mesa», amenazó.